Cuando en octubre de 1982 el Partido Socialista llegó al poder lo hizo después de haber concurrido a tres elecciones democráticas: Generales del 77 y del 79 y Municipales del 79, partiendo de las siguientes bases:
1. Una buena organización, basada en un Partido sólidamente implantado, que gobernaba en las principales ciudades y tenía una presencia significativa en los distintos núcleos rurales y urbanos.
2. Una clara hegemonía en su espacio político y electoral, potenciada a partir de los Pactos Municipales de la Izquierda en el año 79.
3. Un sistema de estructura interna que, a pesar de su denominación f federal, ha estado fuertemente centralizado regional y nacionalmente.
4. Un liderazgo carismático e indiscutido.
5. Un programa reformista y moderadamente izquierdista.
6. Un Sindicato (UGT) integrado políticamente en la estrategia de acceso al poder diseñada por el Partido Socialista, que robustecía por tanto el bloque social de apoyo a la oferta política del Partido.
7. Una durísima oposición parlamentaria en las cámaras del 77 y del 79, nada constructiva, sin acuerdos con el Gobierno a excepción de los Pactos de la Moncloa y la Constitución.
8. Una decisiva contribución al debilitamiento de las fuerzas políticas alternativas: desplazamiento de la alternativa del centro a la derecha y demolición del PCE por la vía de la captación de cuadros de ese partido —los pactos Municipales facilitaron esa labor—, y con un llamamiento político a toda la izquierda para no desaprovechar la posibilidad histórica, para esa Izquierda de alcanzar el poder.
9. Una experiencia internacional aceptable canalizada a través de la Internacional Socialista, debida fundamentalmente a la aportación del SPD alemán y también a las buenas relaciones con algunos países iberoamericanos.
Todos estos factores en su conjunto, unidos al diseño de un discurso político atractivo, muy bien vendido publicitariamente al manejar adecuadamente los resortes escénicos, contribuyeron a crear los factores esenciales que hacen que se ganen unas elecciones, Al conseguir ilusionar al país en su conjunto, el PSOE logró movilizar en torno a su proyecto político a la burguesía progresista, crítica, antifranquista y reformista. La UCD ya había exprimido toda su capacidad de reforma. El cambio estaba servido.
Con un partido cohesionado y bien organizado y con un liderazgo fuerte, transmisor de un proyecto político inequívocamente reformista, Felipe González consiguió en 1982 la mayoría absoluta (202 diputados): fue la única vez que no la pidió, la única vez que ese concepto no formó parte ni de sus objetivos políticos, ni de su estrategia electoral.
El primer proyecto González: octubre de 1982-junio do 1986
Antes de entrar de lleno en los rasgos característicos de este primer proyecto, conviene empezar diciendo cuál ha sido el criterio político-funcional que se ha mantenido invariablemente en el Gobierno por parte de Felipe González desde 1982 y que se corresponde con la existencia de tres grandes áreas:
a) Comunicación y representación: corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Consiste básicamente en que Felipe González vierta su carisma explicando las acciones de Gobierno importantes, o el proyecto político en su conjunto a los medios de comunicación o a los ciudadanos. También le corresponden las facultades representativas, como líder del Partido y secretario general del PSOE, especialmente las Internacionales. En el Partido su misión ha sido la de reinar, delegando sus funciones políticas en Alfonso Guerra. Si las funciones de comunicación y representación las tenia atribuidas en exclusiva, las de diseño del proyecto y asignación de responsabilidad las comparte con Alfonso Guerra.
b) El control del Partido y el área de publicidad y propaganda con carácter general, que son exclusivos de Alfonso Guerra, comprenden:
— lodos los circuitos cíe información del Gobierno (incluidos los policiales). Cuando Alfonso Guerra dijo que estaba de oyente no dijo ninguna tontería;
— todos los medios de comunicación públicos (especialmente televisión, elemento clave de dominación política durante este tiempo);
— el aparato del partido, imprimiendo un férreo control sobre él;
— el dispositivo ideológico e intelectual del PSCE (publicaciones, Fundaciones, Programa 2000, etc.).
c) Asuntos económicos: eje autóctono de actuación en el Gobierno, es entregado a la tecnocracia ilustrada del partido (primero, Boyer, luego Solchaga), sin peso en la organización política del PSOE.
Rasgos de actuación política en este período
Cuando el PSOE accedió al poder, la Constitución no estaba desarrollada en sus elementos fundamentales, ya que las continuas reyertas en el seno de la U C D y sus diferencias ideológicas frenaron la acción legislativa en el 2.» mandato de este partido. El PSOE en el uso y abuso de su mayoría absoluta, no buscó el consenso político para leyes que afectaban a la esencia misma del Estado democrático, sino que impuso su propio modelo, alejado del espíritu constitucional, instalando un nuevo régimen político que consiste básicamente en el asalto partidista a las instituciones constitucionales, utilizando sus resortes y mecanismos en su propio beneficio político. La consecuencia más importante de esta acción política es una adulteración del sistema democrático, por la vía del solapamiento de los poderes políticos consustanciales a la democracia, y su sustitución por el sincretismo producido por el uso indiscriminado de la mayoría política, capaz por sí sola de justificar cualquier acción política, aunque fuera en perjuicio de los propios mecanismos de control social instalados en el corazón mismo de la democracia.
La falta de una auténtica voluntad de diálogo político, la prepotencia como talante y el «rodillo» como expresión gráfica de la mayoría son aspectos destacados de esta etapa.
Quizá alguien podría reprochar a la sociedad civil una falta de capacidad de resistencia ante estas actuaciones. Lo primero que hay que preguntarse es por la existencia de una sociedad civil. Antes, en tiempos de Franco, se confundía con el Estado en el sentido de que únicamente el Estado podía satisfacer o reconocer las demandas de sus ciudadanos, era un Estado corporativo en suma. Por eso, la poca sociedad vertebrada que existía se agrupaba en torno a algunos cuerpos de «élite» de la Administración del Estado (incluidos los Judiciales) o de la Universidad, donde regían además los principios de la capacidad y el mérito. Es posible que hubiera sociedad civil en otras esferas sociales, pero no tenía ni cauce de participación, ni comunicación orgánica con el Estado en su expresión política.
Naturalmente fue ésta —la administración en su conjunto— uno de los principales centros de actuación y desactivación política, por parte del Gobierno, aplicando los criterios de igualitarismo que regían hasta entonces.
Una vez instalados en el poder, y sin resistencia orgánica en su seno, el PSOE debía vigilar a algunos sectores económicos y financieros con capacidad para ir vertebrando la sociedad; pero la bonanza económica internacional, la instauración del principio del miedo a la represalia por parte del Gobierno (Rumasa, por ejemplo), la situación de debilidad orgánica de la oposición etc., hicieron que estos sectores aceptaran tácitamente el juego del Gobierno que básicamente se podía expresar en estos términos: «ganad todo el dinero que queráis, pero no ofrezcáis resistencia social a los proyectos del Gobierno».
La Iglesia tampoco pudo cumplir un papel de cauce de participación, ya que su lógica oposición a demandas sociales como las del divorcio y el aborto, o una cierta colaboración de algunos sectores de la misma con el anterior régimen, no facilitaba que pudiera ser elemento vertebrador. Todo ello sin contar que su filosofía es demasiado transcendente para un objetivo tan terrenal y a corto plazo como sería el de organizar la resistencia social al Partido Socialista.
La subsidiaridad de todos los poderes del Estado respecto del Ejecutivo, la desarticulación de todos los focos de posible resistencia social organizada al Gobierno, la «sacralización» del pragmatismo y del oportunismo político (el fin siempre justifica los medios), la pérdida de valores o principios morales arraigados (anestesiando al país) y el autoritarismo como forma de ejercicio del poder son características importantes de este periodo.
Momento delirante de los «tics» autoritarios fueron la utilización por el presidente del yate Azor, gesto a medio camino entre el psicoanálisis colectivo y los sueños de grandeza.
Si hemos analizado el fondo político de este primer proyecto, no podemos dejar de analizar el modelo económico social, tan conectado con el primero. El Gobierno actuó en este terreno guiado por el principio básico de su acción política: el «pragmatismo». Favorecido por la caída de los precios del petróleo y la caída del dólar, el Gobierno realizó una política de continuación del ajuste económico que ya había iniciado la UCD, sobre la base de una política de disciplina monetaria (para el control de la inflación), presupuestos restrictivos y mayor presión fiscal frente al contribuyente.
El Gobierno necesitaba un clima de estabilidad económica para hacer sus reformas políticas, decantándose por la política económica que funciona, sin concesiones a una política económica demagógica por la que alguien del partido pudo sentir tentaciones.
En los primeros años de gobierno socialista, la UGT todavía estaba en el bloque político del Gobierno facilitando las medidas de ajuste económico y potenciando el modelo de concertación social con el Gobierno. Así pudimos asistir, en estos primeros años, a una reedición del modelo sueco: crecimiento económico sostenido sobre un modelo de implicación o concertación de los agentes sociales en la política económica y social.
La Ley de reforma de las pensiones de 1985 marcó el comienzo del distanciamiento del Gobierno con su sindicato, agudizándose estas diferencias en la siguiente legislatura. El resto de la acción de Gobierno, está marcada por una labor legislativa —vía rodillo— ingenie llena de reformas y contrarreformas (cabe recordar la famosa frase «sólo aciertan cuando rectifican») y donde el Gobierno intentó llevar una política de aplicación de su programa, sin duda para contentar a su izquierda, que resultó sectaria e ineficaz. Especialmente reseñables en: Justicia (mal funcionamiento de la justicio y drogas), Educación (LODE, conflictos con la Iglesia), Sanidad (listas de espera y burocratización) y Obras Públicas («las autopistas son un invento fascista»). Los servicios públicos, en suma, no funcionan.
Otra reforma destacable, fue la realizada por Serra en Defensa (de carácter neoazañista), aprovechando la debilidad del Ejército a raíz del afortunadamente fallido Golpe de Estado del 23-F.
Pero el hecho más destacado de este período fue, sin lugar a dudas, el referéndum de la OTAN, donde F. González, por una promesa electoral, puso al país al borde del abismo, obligando a la derecha sociológica a votar a su favor porque de lo contrario se hubiera entrado en un período de peligrosas incertidumbres. Fue la segunda vez que el gobierno tuvo verdaderas dificultades en esta etapa. La primera había ocurrido cuando el Tribunal Constitucional, de forma vergonzosa y gracias al voto de calidad de su presidente, estimo ajustada a derecho la actuación del Gobierno en relación con Rumasa. Pero España estaba definitivamente en la CEE, después de un largo período de negociación iniciado mucho antes de llegar los socialistas al poder. También en la OTAN, aunque «fuera de canto», y el Partido Socialista unido en base a un bloque monolítico regionalizado controlado por Alfonso Guerra. Había una izquierda socialista que cumplía su papel y una UGT que empezaba a distanciarse del gobierno pero que todavía tenía conexiones con el Partido. El liderazgo de F. González se encontraba reforzado después del referéndum de la OTAN y era el centro recurrente de todas las tendencias y sensibilidades socialistas.
Por otro lado, la oposición estaba de una parte debatiendo su estructura orgánica en el caso de AP-PDP. Se limitaba a subsistir en el caso del PCE; era débil el nacionalismo vasco; el catalán se hallaba en muy malas relaciones con el Gobierno por el asunto Banca Catalana, e intentaba expandirse a nivel estatal disputando el centro político al CDS de Suárez. Ante este panorama, F. González hizo lo que tenía que hacer: convocar elecciones para antes del verano.
Felipe González pidió a los españoles que otorgasen la mayoría absoluta para poder consolidar el cambio político, avanzar desde la estabilidad, y seguir «profundizando» en la democracia, una vez que los españoles habían acordado, a través del referéndum, en que espacio político-geográfico se querían mover.
El segundo proyecto González: junio 86-octubre 89
Aunque el PSOE perdió más de 15 escaños, mantuvo la mayoría ante el estancamiento de AP, el cierto auge de Suárez que barrió a los reformistas y el carácter marginal del PCE, mientras el resto de los partidos, nacionalistas o regionalistas, se plantaban o subían ligeramente.
El Gobierno en una primera etapa de esta legislatura empezó a recoger de alguna forma, todas las sinergias procedentes de la pertenencia a la CEE y a la OTAN. La seguridad que despertó en los centros financieros internacionales la posición de España, el aparente rigor de su política económica a pesar de sus desequilibrios estructurales y la baja conflictividad laboral, así como la constatación de que el país estaba en venta o compra según lo que uno quisiera hacer, facilitó la entrada de capitales, el boom de la bolsa y del sector inmobiliario, y todo el país quedó preso de una nueva moral, la del dinero, verdadero becerro de oro de estos años. Los nuevos ídolos de la población pasaron a ser ciudadanos capaces de hacer algo atrayente en el menor tiempo posible (ya fuese ganar dinero o cambiar de mujer) y alrededor de estas personas con acceso al poder y, por tanto, a la riqueza, se formó una especie de ecosistema compuesto por empresarios, banqueros o financieros proclives al régimen, con cierto aire libertino en sus comportamientos públicos, que provocó un efecto mimético y frenético en algunos sectores de la población.
España se puso de moda. Felipe González se paseaba con gran seguridad por las cancillerías europeas, los ministros se reunían en Bruselas con sus homólogos europeos —incluso algunos sin intérprete— y el 92 se convertía en una fecha mágica que impregnaba el discurso político de los tecnócratas del régimen.
Pero el distanciamiento político entre el Gobierno y la UGT, que ya había empezado a manifestarse en la fase final del anterior mandato, se recrudeció de forma extrema en este periodo. El empecinamiento del Gobierno en no variar su cuadro macro económico, su autocomplacencia ante la aparente situación económica de boom que vivía nuestro país, el talante soberbio y prepotente en muchos de sus comportamientos públicos, el espectáculo de algunos de sus ministros, altos cargos o de personas vinculadas a su ecosistema; muy poco en línea con los «años de honradez y ética proclamadas» como estandarte electoral en la primera legislatura —así como la clara animadversión entre el equipo económico del
Gobierno, incluido el presidente, y Nicolás Redondo— precipitaron la ruptura UGT PSOE. Lo cual no sólo motivó la quiebra del bloque político UGT-PSOE, que había funcionado desde 1977, sino que significó el bloqueo del modelo de concertación social (que parecía hasta ese momento un activo de la democracia), así como un avance en el proceso de unidad sindical.
Las acusaciones al Gobierno de insensibilidad social o de gobernar sólo para los ricos por parte de la UGT eran contestadas desde el Gobierno, o desde la oficina central del Partido Socialista con llamadas a la responsabilidad para no poner en peligro ni el crecimiento económico, ni el proyecto histórico del Partido Socialista, recurso mesiánico muchas veces empleado. La desviación de la UGT respecto del fundamentalismo del Partido Socialista, y la confrontación social derivada de esa aptitud tuvo varios efectos. Entre otros:
— La convergencia sindical UGT-CCOO que vivió momentos estelares durante este periodo en su lucha unitaria contra el gobierno;
— la articulación de una fuerza política (IU) a la izquierda del Partido Socialista, superadora en parte del Partido Comunista, que recogió desde el punto de vista político gran parte del desgaste electoral que el enfrentamiento Sindicatos-Gobierno significó para el PSOE.
Ya en las elecciones municipales de 1987, algunos grandes municipios y Comunidades Autónomas dejaron de estar gobernados por el Partido Socialista, en virtud de la pérdida de votos del PSOE, por la izquierda sobre todo y en parte a favor el CDS, que suscribió unos pactos municipales con PP. Pero, sin duda, el hecho más importante de toda esta confrontación fue la huelga general de diciembre de 1988 que agitó al país y que pudo provocar una crisis institucional importante. El apoyo político que desde el Parlamento recibió el Partido Socialista de los sectores de la oposición moderada —especialmente de AP—, así como una mayor disposición para el diálogo por parte del Gobierno, salvaron esta difícil situación. Cronológicamente fue el tercer momento más comprometido para el Partido Socialista, después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Rumasa y del referéndum de la OTAN.
La retirada de apoyos electorales del Partido Socialista procedentes de los sectores urbanos, burgueses y críticos de la sociedad, fueron sustituidos por una política de captación de votos que los sectores menos informados, situados en zonas rurales, extremadamente pobres, habituados a «votar poder», y que fueran incorporados como apoyo electoral al Partido Socialista a través de la red de comisarios que el PSOE articuló en sus Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas. Esta peculiar forma de democracia subsidiada puede llevar a medio plazo al apartamiento del sistema político de los sectores dinámicos de la sociedad por la imposibilidad de lograr la reversibilidad o alternancia del poder (connatural a la democracia), sin contar con las escasas expectativas de desarrollo cultural y económico para los sectores subsidiarios, que se convertirán en extraños «ghettos» subdesarrollados en una Europa unida y próspera. La tentación de extender los subsidios improductivos como forma de dominación política, sin invertir en formación profesional o en sectores económicos productivos, sería una adulteración de consecuencias insospechadas del sistema democrático, por parte del Partido Socialista.
Por otra parte la situación de los partidos políticos en esa legislatura era la siguiente:
El Partido Socialista encerrado en sí mismo, potenciaba el monolitismo de su proyecto político como expresión de su vocación «priista» defenestrando todo foco de oposición interna (Damborenea y Castellano son un ejemplo) y convirtiéndose exclusivamente en una máquina electoral de conservación, y / o abstención, del poder por cualquier medio o forma. Galicia es el ejemplo más claro, pero también la Comunidad Autónoma de Madrid donde el intelectual Leguina, tan elogiado últimamente, contribuyó activamente a mantenerse en el poder con la compra de un diputado autonómico del Partido Popular (señor Piñeiro) sin ningún tipo de rubor.
Alianza Popular que después de la dimisión de Fraga (en diciembre de 1986, después de las elecciones vascas) y de la salida del PDP y del Partido Liberal de la coalición no tenía una forma estable de funcionamiento. No fructificó el liderazgo de Mancha, por lo que seguía pendiente el desarrollo de la refundación del Partido y la búsqueda de un líder joven con experiencia de gobierno, sin compromisos con el pasado, que resultó ser José María Aznar.
El CDS estaba sumido en una crisis existencial precipitada por los pactos municipales con la derecha; Izquierda Unida se hallaba en fase de definición de su estructura por la hegemonía en su seno del PCE, pero con un beneficio electoral evidente por la confrontación Gobierno-Sindicatos. El PNV se encontraba coaligado con el Gobierno Central como forma de garantizar su primacía en el nacionalismo, ante la irrupción de Garacoichea con EA, y por lo tanto, cautivo del PSOE. Convergencia y Unión, centrada ya en Cataluña después del fracaso de la operación reformista, tenía mejores relaciones con el PSOE a raíz de la solución del tema Banca Catalana mientras gobernaba con mayoría absoluta en Cataluña.
Ante este panorama de debilidad de las fuerzas políticas alternativas, y ante el leve mejoramiento de las relaciones con la UGT reanudando tímidamente los intentos de concertación, con la excusa de preparar al país para el mercado único, Felipe González convocó elecciones y solicitó nuevamente la mayoría absoluta a los ciudadanos. Los aspectos más reseñables de esta legislatura son: el auge de una nueva moral —la del dinero—, la unidad sindical, la huelga general de 1988 y la tentación de una extensión del sistema de democracia subsidiada.
El tercer proyecto González: octubre 89
Con la sempiterna llamada a la estabilidad como supremo reclamo electoral —quizá evocando inconscientemente los «cuarenta años de paz»— para seguir avanzando en progreso, Felipe González volvió a pedir la mayoría absoluta a los ciudadanos el 29 de octubre, anunciando además que sería la última vez que se presentaría. Después de un accidentado recuerdo electoral, plagado de irregularidades y tras los numerosos recursos electorales que dieron como resultado la repetición de las elecciones en Melilla, el Partido Socialista obtuvo una precaria mayoría absoluta no numérica, pero sí mecánica, por la ausencia de Herri- Batasuna.
Ahora bien, nada más comenzar la legislatura, el país asistió al mayor escándalo político desde el comienzo de la democracia en España. El «caso Guerra» no es un caso accidental, sino que es la consecuencia del sentido patrimonialista del poder de ciertos dirigentes del Partido Socialista. El confundir lo público con lo privado, el creer que cualquier actuación está justificada por ostentar una mayoría política, y que el que discrepa o muestra su disconformidad con esta forma de comportarse pertenece a la derecha reaccionaria que «se puso las botas con el franquismo» (Juan Guerra acaba de decir: «Yo no claudicaré ante las fuerzas reaccionarias»), no son nada más que síntomas de un uso ilegitimo de la mayoría que previamente había desarticulado los mecanismos de control político o social, expreso o tácito, al infundir miedo en esos interlocutores.
El «caso Guerra» es también el de un gobierno que tolera la corrupción, sin sensibilidad democrática para tomar las medidas adecuadas.
La debilidad anímica y política de Alfonso Guerra fue aprovechada por sus adversarios en el seno del partido para intentar ganar posiciones después de la muy polémica y disputada designación de Chaves como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. El ministro de Hacienda y sus aliados en el Gobierno (que no se sabe muy bien quiénes son pero parece que existen), Leguina {en la FSM) y algunas otras personalidades del partido o del gabinete abrieron el debate de cara al Congreso de noviembre.
Conviene recordar que hasta ahora, desde 1982, Alfonso Guerra ha actuado, por delegación de F. González, con todos los poderes en el seno del Partido Socialista. Es decir, manda el binomio González – Guerra, sin colegiación de decisiones en el partido.
Los modelos que se defienden para el partido son los siguientes:
—El monolítico: que consiste en «partido por un lado y gobierno por otro», con un delegado del presidente del Gobierno para el partido que es Alfonso Guerra. Se puede estar en el Gobierno para tareas técnicas y al final no pintar nada en el partido (caso Boyer). Esta concepción implica el férreo control del partido y de las federaciones y, por lo tanto, la eliminación de «barones», conviniéndolo exclusivamente en una máquina electoral con un cuerpo ideológico común que son las pastas del Programa 2.000, y con una tendencia a la vinculación orgánica de determinados grupos sociales que actuarían como secciones del Partido; cuota femenina, ecologistas, juventudes, movimiento sindical, pensionistas, etc. Todos estos grupos sociales tendrían un jefe de sección que sería el responsable designado por el aparato. Se trataría de conformar «algo más que un partido», un movimiento. «El PSOE es uno de los pocos elementos vertebradores de la sociedad española» cuya última finalidad sería, en lógica consecuencia, el procurar la sucesión al equipo dirigente del Gobierno, desde el seno del propio partido; es decir, sin poner en entredicho la posición hegemónica del PSOE mediante la descalificación permanente de las alternativas externas al partido. Salinas de Gortari sucede a Miguel de la Madrid, pero sigue gobernando el PRI. El modelo político de gobierno del «bloque monolítico» consiste en seguir avanzando en medidas de protección social como instrumento de control político, con gestos a la izquierda ideológica (congelación del PEN, por ejemplo), la defensa del modelo de concertación para tener un movimiento sindical en su seno y evitar la configuración de una alternativa por la izquierda, porque está demostrado que cuándo hay confrontación sindical sube IU, y cuando no la hay desciende. Por razones de pragmatismo no son partidarios de un giro a la izquierda en la política económica, porque la política económica de izquierdas no funciona, y lo que no funciona no es rentable políticamente.
Respecto a la política con los grupos de oposición, se ofrecen tres tratamientos: su destrucción, mediante una descalificación continua a través de Los medios de comunicación públicos; su satelización (el bloque constitucional es su parangón) y la celda de aislamiento como paso previo a uno de los dos estados anteriores,
—El modelo no monolítico: partido y gobierno deben estar conectados y, por lo tanto, sus ministros estar en la ejecutiva. Se trataría de legitimar y robustecer políticamente a los ministros, al mismo tiempo que se reequilibra el poder en el Partido mediante la apertura de sus órganos. Quizá para no quedarse con la miel en los labios, no tienen una concepción del modelo de partido que vaya más allá del simple reparto de poder («primero que se reparta el poder y luego ya veremos»). Posiblemente, ensimismados por el debilitamiento de Alfonso Guerra, no caen en que están poniendo en entredicho el modelo de relaciones de Partido-Gobierno concebido por el propio Felipe González y el sistema de reparto en el poder también concebido por F. González. Por motivos económicos no estarían a favor de una generalización de las medidas de protección social; por razones estéticas tampoco parecen que lo sean de las escuchas telefónicas, son «tecnócratas europeos» en el sentido de ser partidarios de la potenciación de la unidad política y económica de Europa y, por lo tanto, de instrumentos como el SME, los fondos estructurales, etc.
Estas dos concepciones de cómo debe orientarse el partido concurrirán en el próximo congreso del PSOE: una con el aval de haber ganado tres elecciones generales por mayoría, la otra con la estela reformista que transluce su oposición al actual modelo de partido y con la idea de reequilibrar el poder en el interior del PSOE.
En el fondo se está poniendo en entredicho el modelo de dirección del partido diseñado por Felipe González y ejecutado —por delegación— por Alfonso Guerra y se está buscando una colegiación en las decisiones y un equilibrio de poder como forma de situarse ante una eventual sustitución de Alfonso Guerra (primero) y de Felipe González (quizá después, en un futuro no tan lejano).
Felipe González, ha gobernado desde 1982 hasta 1990 con un entorno económico e internacional favorable; pero la nueva situación económica que se vislumbra por el conflicto del Golfo, va a dificultar la acción de gobierno. Pocos equilibrios puede hacer ya el presidente para mantener el partido monolítico y el gobierno monolítico como hasta ahora. Pero convertir los órganos de gobierno del Partido Socialista en centro de discusión y de poder, con cuotas de poder miméticas en el Gobierno, es poner importantes limitaciones a un poder omnímodo. Felipe González tendrá que elegir en noviembre; posiblemente se decante por la solución mexicana. Aunque sea imperfecta, lleva ya 12 años practicándola.
