Da la impresión de que los españoles habíamos decidido desarrollarnos con fuerza a través de aquellos sectores que no originasen muchos problemas. Como consecuencia de ello, planteamos avanzar a través de mecanismos que no nos exigiesen inmediata competencia internacional. He ahí la causa común de la prioridad que se otorgó al turismo, y, después, a la construcción. Se trata de sectores donde la cuestión de competitividad española respecto a la extranjera no iba a crear agobios significativos a nuestros empresarios. En el siglo XXI, y en relación con el sector inmobiliario eso se acentuó en grado sumo. Pronto esta última apuesta originó, inmediatamente, un problema importante: el de cómo avanzar de esa manera, poniéndonos, con una economía muy abierta, de espaldas al exterior, lo que forzosamente motivaba que con esa expansión en la industria de la construcción no creábamos una economía capaz de vender multitud de productos a otros países. Pero, de momento, los españoles parecería que no teníamos por qué preocuparnos demasiado por un problema fundamental, el de la productividad dentro de una economía activa, desarrollada, importante, como era nada menos que nuestra economía industrial. Ahí radica el fallo, porque ese, éste de la productividad, era un tema esencial, que nosotros, los españoles, no podemos soslayar y dejar a un lado. Julio Segura demostró en un estudio que ha dirigido, de qué manera la productividad total de los factores —esto es, no sólo la productividad del trabajo, que muchas veces ofrece cifras engañosas, sino, repito, la productividad total de los factores—, coloca a España en una situación internacional realmente lamentable. Nosotros parecíamos olvidar algo muy esencial. Y he aquí que para intentar obviarlo, nos dedicamos a endeudarnos. Esta actitud provocó un proceso colosal, que ha pasado a afectar al conjunto de la economía española. Progresábamos, y parecía que era fácil y que se provocaba por hallarnos en otro mecanismo que se había puesto en marcha a partir de 1959. Porque no sólo, dentro del proceso de apertura, ingresábamos primero en el GATT, la actual OMC y después pedíamos ingresar en la CEE, dando el primer paso con el Acuerdo Preferencial Ullastres en 1970, y finalmente, con la incorporación plena a partir del 1 de marzo de 1986, sino que, sucesivamente ingresábamos en el FMI, y con ello en el patrón oro-dólar, y tras quebrar éste, pasamos a ser miembros del Sistema Monetario Europeo, o patrón marco alemán, y, finalmente, tras Maastricht, decidimos participar en la creación de un área monetaria óptima, la zona del euro, que empieza a funcionar el 1 de enero de 1999, y dentro de ella perdemos el control del tipo de cambio, con la moneda única, ya que quien decide este tipo de cambio son los mercados, y su control y observación, el BCE, y lo mismo respecto al tipo de interés. Pero, simultáneamente, ni habíamos mejorado nuestra situación en la productividad ni tampoco eliminado rigideces en el mecanismo de los mercados españoles, a diferencia de lo que ocurre en el resto de esa área monetaria. Así es como se creaba una inflación más alta que la media de la Eurozona. Y al tener una inflación superior respecto al resto de países del área del euro, y sobre todo, frente a los que controlaban aspectos fundamentales del BCE, que por ello estaban dispuestos a que existiesen, para impulsar sus economías, tipos de interés bajos, esto provocó para España, al tener una inflación más alta que los tipos de interés que fijaba el BCE, que pasábamos a disfrutar de unos negativos. Así se creó el mecanismo ideal para tener unas posibilidades de endeudamiento colosales. Efectivamente, nos endeudamos en todos los sectores, y ese endeudamiento ha acabado por ser impresionante.
Los últimos datos que se han manejado alrededor de este fenómeno, concretamente los de María Jesús Fernández en su artículo El endeudamiento de los sectores institucionales en España, publicado en Cuadernos de Información Económica, julio-agosto 2010, reflejan que el endeudamiento de las familias en el año 2008 era el 83’9 % y en el 2009 del 86’2% del PIB; el de las empresas no financieras el 136’2% del PIB en 2008 y el 140’5% en 2009, y el de las empresas financieras del 358% del PIB en el 2009. En el año 2008 el sector público tenía sólo un endeudamiento del 46’5% del PIB, según Cuentas Financieras y un 61’8%, en 2009. Pero según el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), muy empleado en Europa para las contabilizaciones de la deuda pública, un 39’7% en 2008 y un 53’2%, según PDE. Como señala María Jesús Fernández “la suma de la deuda bruta de todos los sectores institucionales ofrece como resultado un volumen equivalente al 646,7 por 100 del PIB en 2009. La cifra es algo superior a la media de la zona euro…, aunque en países como Japón, Holanda o Reino Unido es incluso superior”. Pero ésta es una cifra sin consolidar. De este modo, “excluyendo los depósitos, el volumen de deuda bruta total… ascendía en 2009 al 397% del PIB”. La comparación con la Eurozona muestra una cifra española ligeramente superior. Y consolidando absolutamente entre sí todos los sectores, se obtiene la deuda bruta de España frente al resto del mundo. Ésta era del 42’8% del PIB en 1995 y en 2009, supone el 166’6%. Y si pasamos a la deuda neta, esto es, descontando de la deuda de agentes españoles frente al resto del mundo la deuda emitida por el resto del mundo en manos españolas”, la cifra es del 89’7% del PIB, con un fuerte crecimiento, pues era del 5’1% en 1995. Según Eurostat sólo tienen un porcentaje ligeramente superior al español, Portugal y Grecia. Y si contemplamos el dato de los activos financieros netos frente al exterior, surge una posición española deudora neta del 90’7%. Sólo nos superan ligeramente, de nuevo, Portugal y Grecia, y se aproxima bastante Irlanda. El grupo de los PIGS es, pues, visible.
Parte de esa deuda externa estaba detrás de algo que iba a causar un trauma reflejado en un texto del director del IESE, el profesor Juan José Toribio. Éste nos dice que la fuerte crisis financiera inmobiliaria, que en nuestro caso concreto, era la que basaba la actividad económica española, estaba financiándose con el ahorro extranjero. Los bancos españoles emitían bonos fuera del país y obtenían dinero para financiar, en especial, al sector inmobiliario, con cantidades crecientes además. Y éste es el mecanismo que se utilizó, y con el que estábamos contentos, porque aparentemente íbamos creciendo sin apuros. Era un crecimiento, pues, con endeudamiento. ¿Qué ocurre inmediatamente como consecuencia de que surge una crisis financiera que azota a un conjunto de situaciones españolas: economía muy abierta, que ha abandonado las tecnologías más avanzadas, esas que generan aumento de productividad; que sólo parcialmente ha aceptado la economía de mercado, porque las autonomías y municipios han cerrado en lo que pudieron ese sendero, o que con sus disposiciones en parte notable también han dividido el propio mercado español, el cual se ha endeudado con mucha fuerza, y ha apostado a un sector que ha crecido mucho más que las posibilidades de desarrollo y de compra que pudiera tener, como era el sector inmobiliario? Pues que a lo largo del tiempo es lógico que se vayan a cortar las posibilidades de endeudamiento o sea, de financiación. Esa economía, está por ello, fuertemente frenada, porque tras el verano de 2007, quien podía prestar para continuar ese proceso, decide que no es capaz de seguir respaldándolo. A continuación, por fuerza se hunde.
¿Y cual es la característica y la señal clarísima de que prosigue la exigencia de ese endeudamiento? En primer lugar, por la situación que tenemos respecto al exterior. El déficit comercial, en el conjunto de los 12 meses que terminan, en mayo de 2010, fue de 69.500 millones de euros. Sólo nos superan, en los 42 países que significan algo en la economía del mundo, por este orden, Estados Unidos, el Reino Unido y la India.Yeso sucede en medio de una de las mayores crisis que ha tenido la economía española medida por la caída del PIB. El déficit ha sido ése y no mayor porque se cortaron las importaciones como consecuencia de la recesión. Y aun ampliamos el problema cuando pasamos al déficit por cuenta corriente, esto es, cuando incluimos todas las otras transacciones desde los envíos de intereses de capitales, a las remesas de los inmigrantes, etc., etc. El saldo negativo, en los doce meses que concluyen en mayo de 2010, era para España de 75.400 millones de euros. Y esa cifra, ¿es pequeña o es grande? En las mencionadas 42 economías, la única que tiene un déficit mayor por cuenta corriente es la norteamericana. Teniendo España un PIB muy inferior al norteamericano, porcentualmente la carga española es muy alarmante y más porque no podemos devaluar.
Además de todas las alteraciones estructurales reseñadas, España había experimentado otra muy importante en su sistema fiscal. En 1978-79, se puso en marcha, esencialmente personificando buena parte del sistema, la reforma tributaria Fuentes Quintana-Fernández Ordóñez, que sustituía al sistema impositivo anterior, que hasta entonces era el de imposición real derivado de la reforma Mon-Santillán, la de 1845. Pero, a pesar de esta mayor flexibilización, y del complemento, a causa del ingreso comunitario, del IVA, era evidente que no cabía imaginar un incremento importante del gasto, porque, desde nuestro ingreso en el patrón oro-dólar, se había cerrado el procedimiento de monetizar la deuda pública. Ésta tendría que acudir al mercado normal del ahorro que, como hemos visto, es en buena medida el exterior. Claro que esto, por sus consecuencias, no era aconsejable. De ahí que se decidiese capear el temporal, si se lograba, gracias a ayudas comunitarias mayores, y desde luego con la liquidación de activos en forma de privatización de empresas públicas y con restricciones en el gasto público. Esto es lo que se encuentra detrás del modelo Aznar-Rato. Pero, desde 2007, el camino fue otro. Al intentar mejorar la situación por el sendero del gasto público, no tener ya grandes activos que vender, y encontrarse España, en parte por la crisis general y, en parte por la ampliación de la Unión Europea, con un corte de las ayudas comunitarias, no tuvo más remedio que acudir al ahorro exterior, y esto con un déficit del sector público, que en el año 2009 alcanzó la cifra del 11,4% del PIB.
¿Esta última cifra es importante? El Instituto de Estudios Fiscales ofrece los datos de nuestros déficit desde 1850, y como también desde 1850 tenemos anualmente las cifras del PIB, podemos calcular los porcentajes. Así se puede observar que nunca, desde ese año del siglo XIX, habíamos tenido un desequilibrio del sector público tan fuerte como en 2009. Este es otro dato escalofriante, y además con un añadido: el control posible es reducido porque el conjunto del gasto vinculado directamente al Estado es del orden del 20% de todo el gasto público: las autonomías, otras instituciones dependientes del gasto público, como empresas públicas, la Seguridad Social… completan el 100%. Por tanto, controlar esto es una tarea ardua, incrementada por otro cambio estructural. A partir de 1963, y crearse el Sistema de Seguridad Social, se liquidó, para financiar las pensiones, el método de capitalización, sustituyéndolo por el de reparto. Como demostraron en un informe contundente Barea et al., al alterarse el panorama demográfico y la coyuntura económica, así se crea un coste adicional. El financiarlo recae sobre los empresarios, y provoca, por fuerza, frenos a la inversión y fomento del desempleo. Pero ¿puede llegar, por lo dicho, alguna ayuda del Presupuesto del Estado? Parece muy difícil. La crisis del Estado fiscal español, está a la vista.
