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Los datos que a lo largo de los últimos meses se han hecho públicos sobre la evolución de la economía española son muy preocupantes. Y cada vez resulta más claro que la crisis financiera internacional no es la única causa del aumento del paro y de la fuerte caída experimentada por la tasa de crecimiento. Todo indica que hay factores internos, previos a la crisis internacional, que no sólo agravan nuestra situación en relación con la de otras naciones, sino también —y esto es, seguramente, lo más importante— van a hacer más difícil la recuperación.

Esta idea es importante a la hora de diseñar un programa de relanzamiento de la economía española. Muchos países se ven afectados actualmente por una crisis financiera profunda, y algunos —los Estados Unidos, entre ellos— se encuentran al borde de una recesión, si no han entrado ya en ella. Pero nadie duda de que, pasado el periodo de ajuste que toda fase bajista del ciclo conlleva, economías como la norteamericana saldrán adelante sin mayores problemas. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia su situación de la economía española, además, naturalmente, de la gran distancia que en tamaño, riqueza y estructura productiva separa a nuestro país de los Estados Unidos?

Hay dos puntos importantes sobre los que me gustaría llamar la atención porque serán necesariamente condicionantes de las políticas económicas a aplicar por el actual y los futuros gobiernos españoles. El primero es la evolución de la productividad que, tratado con el debido cuidado, puede servir como variable proxy del dinamismo de una economía; y el segundo se refiere a la flexibilidad de los mercados. En ambos aspectos los Estados Unidos tienen una clara ventaja sobre Europa en su conjunto, y sobre España en particular.

Una de las características más llamativas de nuestra economía es, en efecto, el estancamiento de la productividad en unos años de fuerte crecimiento económico. La razón es clara. La fuente principal del crecimiento de la economía española ha sido una notable creación de empleo, no una organización más eficiente de la producción, una mayor incorporación de tecnología a los procesos productivos o una mejora del capital humano. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, el aumento del producto interior bruto español no se puede explicar sin tomar en consideración la entrada en el mercado de trabajo de un gran número de inmigrantes. Éstos han elevado la producción, especialmente en el sector de bienes no comerciables internacionalmente. Pero nada han hecho por modernizar la economía española e incrementar su productividad. Los inmigrantes han tenido, sin embargo, otro efecto positivo sobre nuestra economía, en cuanto han contribuido, de forma significativa, a flexibilizar —a menudo en el borde de la legalidad— un mercado de trabajo excesivamente regulado en el que no se han hecho reformas importantes desde hace bastante tiempo.

Creo que hay un acuerdo muy amplio entre los economistas con respecto a las dificultades que un modelo así supone para salir de una crisis, en especial cuando no se puede ni devaluar la moneda ni utilizar la política monetaria, que eran fórmulas por las que nuestra economía se ajustaba antes de Maastricht. La cuestión es, entonces, determinar qué se puede hacer con estas reglas de juego. Y creo que hay dos vías por las que se puede orientar la política económica en los próximos años. La primera consistiría en dar prioridad al sector público frente a los ajustes de los mercados. Se trataría, en esencia, de suplir con gasto los problemas de demanda y empleo cada vez más patentes en la economía española. Por ejemplo, una caída de la demanda de viviendas podría ser suplida por un incremento en las obras públicas.El estancamiento de la productividad se intentaría remediar con fondos públicos orientados a actividades de I+D. Y la reducción de la demanda de trabajo se compensaría con mayor gasto público en actividades de carácter social, por ejemplo, las nuevas formas de asistencia que desarrolla la ley de dependencia, etc.

Esta es, claramente, la vía por la que parece inclinarse la política económica del Gobierno actual. Es fácil darse cuenta de que —aprovechando que, todavía, las finanzas españolas son sólidas y el endeudamiento del sector público relativamente pequeño— se va a aplicar una política de mayor gasto público —y déficit, muy probablemente— en los próximos años. La alternativa consistiría en dar el protagonismo de la recuperación al sector privado. Para ello sería preciso bajar los impuestos, dar facilidades a la creación de nuevas [[wysiwyg_imageupload:747:height=199,width=210]]empresas, controlar el gasto público y flexibilizar los mercados, en especial el de trabajo, que es el fundamento de toda la actividad económica. Pero muchas de estas medidas son poco populares. El Gobierno ha prometido gastar más, tanto en sus propias actividades como en las transferencias de fondos a las comunidades autónomas, y es probable que no resista a muchas de las presiones que hoy recibe para subvencionar a determinados sectores especialmente afectados por la crisis. No será fácil que ahora cambie de opinión. Y ha dicho que no se reformará el mercado de trabajo sin acuerdo de empresarios y sindicatos, por lo que lo más probable es que en este sector no se modifique la regulación… al menos hasta que el aumento del paro sea tal que obligue a hacer ajustes.

Es, en el fondo, el viejo debate entre keynesianos o intervencionistas, por un lado, y partidarios de la economía de mercado libre, por otro. Parece claro —nos guste o no— que los primeros están ganado la batalla a la hora de diseñar la política económica contra la crisis.

Catedrático Emérito de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Senior de la Universidad Internacional de La Rioja UNIR.