José Antonio Zarzalejos. Periodista y licenciado en Derecho. Ha sido director del diario ABC, El Correo Español–El Pueblo Vasco y su trayectoria ha sido reconocida por distintos premios. Autor de cuatro libros, en la actualidad colabora con diversos medios.
«Pactos», monográfico de Nueva Revista
Avance
El autor del artículo parte del último pacto entre Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español sobre una cuestión de Estado: el combate al terrorismo de ETA y la defensa de las libertades. Para valorarlo en toda su dimensión se detiene en el contexto, en las consecuencias –otros acuerdos que posibilitaron el final de terrorismo– y en la significación. En palabras de Zarzalejos: «La comprobación de que el consenso en problemas de Estado es, además de posible, conveniente y que los apriorismos ideológicos no cotizan cuando de lo que se trata es de defender el patrimonio de las libertades y de la integridad constitucional». Y recuerda: «La integridad territorial de España y la preservación de los derechos fundamentales […] son territorios de la política que solo se salvaguardan mediante grandes acuerdos de Estado». Se menciona aquí la adhesión del PSOE a la aplicación de medidas de intervención en la autonomía de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017, ya que: «Es muy probable que la unidad nacional requerirá en un futuro inmediato una colaboración estrecha entre los partidos políticos con representación parlamentaria que salvaguarden el esencial pronunciamiento del artículo 2 de la Carta Magna», el que afirma la indisoluble unidad de la nación española.
Entre las conclusiones: «Un pacto de amplio espectro es imprescindible para otra reforma que solo será viable cuando se den las condiciones (ambientales y aritméticas) para afrontarla con éxito: la reforma constitucional». Repaso a la historia reciente y vista al futuro porque «España, en el ojo del huracán de las contradicciones democráticas, no puede remitirse simplemente al pasado, pero tampoco olvidar sus mejores episodios históricos. Si así ocurre está condenada a repetir los que fueron los peores de su pretérito convulso».
Artículo
El 8 de diciembre del año 2000 el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español firmaron en Madrid el último pacto entre ambas formaciones sobre una cuestión de Estado: el combate al terrorismo de ETA y la defensa de las libertades. Fue un acto solemne en el edificio del Consejo de Ministros de la Moncloa y lo suscribieron Javier Arenas y José Luis Rodríguez Zapatero en presencia de José María Aznar, presidente del Gobierno. Aunque el texto acordado comprometía a las dos formaciones a desplegar hasta diez políticas conjuntas, el espíritu del acuerdo se sintetizaba en el preámbulo que, de forma sencilla, directa y sin circunloquios ofrecía todas las claves que llevaron a socialistas y populares a unirse como nunca después lo han hecho. Decía así:
«El retorno de ETA a la violencia terrorista, tras el cese temporal anunciado en septiembre de 1998, ha puesto dramáticamente en evidencia la situación en el País Vasco. Con ello, ha quedado también de manifiesto el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.
La estrategia de ETA no puede ser más evidente: tratan de generalizar el miedo para conseguir que los ciudadanos y las instituciones desistan de sus principios, ideas y derechos y así alcanzar sus objetivos que, por minoritarios, excluyentes y xenófobos, no lograrían abrirse camino jamás con las reglas de la democracia.
El abandono definitivo, mediante ruptura formal, del Pacto de Estella y de los organismos creados por éste, por parte de ambos partidos, PNV y EA, constituye una condición evidente y necesaria para la reincorporación de estas fuerzas políticas al marco de unidad de los partidos democráticos para combatir el terrorismo. La recuperación plena de esa unidad para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos.
Asimismo, la ruptura del Pacto de Estella y el abandono de sus organismos constituye, para el Partido Popular y el Partido Socialista, un requisito para alcanzar cualquier acuerdo político o pacto institucional con el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna.
Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que del mismo se derivan, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español queremos hacer explícita, ante el pueblo español, nuestra firme resolución de derrotar la estrategia terrorista, utilizando para ello todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.
Queremos, también, reforzar nuestra unidad para defender el derecho de los vascos, el de todos los españoles, a vivir en paz y en libertad en cualquier lugar de nuestro país».
El anterior es un texto histórico por su singularidad en la trayectoria democrática española y por su valor de referencia en los momentos actuales en los que la polarización sugiere la imposibilidad de repetirlo sobre cualquier otro problema de Estado. Para valorarlo en toda su dimensión es preciso, sin embargo, indagar sobre el contexto en el que se produjo. En primer lugar, debe subrayarse que la iniciativa partió de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón secretario general del PSOE desde el mes de julio de ese mismo año. Esa iniciativa, además, se produjo tras las elecciones generales del 12 de marzo de ese año en las que el PP obtuvo mayoría absoluta en el Congreso con unas cifras contundentes: más de diez millones de votos, el 45% de las papeletas y 183 escaños. El PSOE, lastrado aún por la crisis interna, era la primera fuerza de la oposición, pero disminuida: casi ocho millones de votos, el 34,70% de los emitidos y solo 125 diputados en el Congreso.
Superar la desconfianza entre los partidos
Con esa correlación de fuerzas parecería ‒según el entendimiento actual de la política‒ que la oferta de Rodríguez Zapatero podía ser o tramposa o ingenua. De hecho, tanto en el Gobierno como en el PP se acogió por algunos sectores con prevención. Pero los acontecimientos que aconsejaban abordar ese acuerdo eran demasiado trágicos, especialmente preocupantes y, a la postre, prescribían la unidad de acción política para mantener la integridad del Estado. Porque ese año, la banda terrorista ETA rompió la tregua declarada en 1998 y cometió 73 atentados y 23 asesinatos, entre ellos el de Fernando Buesa (22 de febrero), portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco y el del exministro socialista Ernest Lluch (21 de noviembre).
Esa furia terrorista, además, se desató después de que la propia ETA, los partidos nacionalistas vascos y los sindicatos de obediencia al radicalismo abertzale firmasen (12 de septiembre de 1998) en Estella-Lizarra otro pacto que, además de derogar de hecho el alcanzado por todas las fuerzas políticas vascas el 12 de enero de 1988 en el palacete presidencial de Ajuria Enea, respondía al enorme movimiento popular contra el terrorismo nacionalista que se activó en julio de 1997 con el secuestro de Ortega Lara y de Miguel Ángel Blanco y la ejecución criminal de este joven concejal popular del Ayuntamiento vizcaíno de Ermua. El abertzalismo, en todas sus versiones, sintió el temor a ser arrollado por la indignación de los crímenes y del terror y urdió un pacto para, supuestamente, transar las condiciones de la desaparición de ETA que, en realidad, preservaba a la banda terrorista asumiendo la teoría del «conflicto» entre España y Euskadi y, consecuentemente, propugnando una suerte de negociaciones de paz.
Las conversaciones iniciales entre los partidos se sustanciaron discretamente entre Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces diputado y miembro del Comité Federal del PSOE (luego, en 2006 ministro del Interior y a partir de 2010 vicepresidente primero, portavoz de Gobierno, reteniendo la cartera de Estado de Interior) y Javier Zarzalejos, secretario general de la Presidencia con categoría de secretario de Estado, luego secretario general de FAES y en la actualidad también diputado en el Parlamento Europeo (No hay ala oeste en la Moncloa, editorial Península. 2018, relato de Zarzalejos que recoge en las páginas 271 a 294 su interlocución con Pérez Rubalcaba y el papel de ambos en la consecución del pacto). Esa negociación –muy confidencial en ocasiones– estaba engrasada previamente por las buenas relaciones en el País Vasco entre Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo, secretario general del PSE que fue ratificado por Rodríguez Zapatero, que confirmó también el papel relevante de Pérez Rubalcaba.
El pacto por las Libertades y contra el Terrorismo recibió antes de su firma impactos negativos de una parte importante del socialismo español: el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) terminó desvinculándose, esgrimiendo su autonomía confederal reconocida en el protocolo de relación con el PSOE. Pasqual Maragall avistaba entonces la presidencia de la Generalitat con un partido socialista con sectores claramente partidarios de un nacionalismo que terminaron por eclosionar mucho tiempo después en los años 2012-2017 durante el proceso soberanista. El PNV, EA, los sindicatos abertzales y otras fuerzas políticas y sociales en el País Vasco tildaron el pacto de «frente nacional». Pero tanto la CEOE como las dos grandes centrales sindicales –UGT y CC.OO.– se unieron al acuerdo en la cascada de adhesiones que se produjeron desde otros ámbitos sociales.
Un pacto germen de otros pactos
Observado con perspectiva, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo fue más trascendente de lo que quizás los firmantes pudieron suponer cuando lo suscribieron. Porque el acuerdo llevó a otros sustanciales: la aprobación de la ley orgánica 6/2002 de 27 de junio de Partido Políticos y, en su aplicación, igualmente por consenso de populares y socialistas, alcanzado en el seno de la comisión del seguimiento del Pacto, a la histórica votación en el Congreso de 26 de agosto de 2002 en la que la Cámara (PP y PSOE) solicitó al Gobierno que instasen al ministerio fiscal y a la abogacía del Estado la interposición de demanda de ilegalización de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok. La petición fue resuelta por la Sala Especial del Supremo, por unanimidad de sus dieciséis magistrados, y ratificada por el Tribunal Constitucional y por el Europeo de Derechos Humanos que declaró la sentencia conforme al Convenio que los regula el 30 de junio de 2009.
En ejecución de esta resolución, la Sala Especial del Supremo, actuó hasta 2011, siendo especialmente relevante la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas en 2008, lo que permitió la investidura al año siguiente del secretario general del PSE, Patxi López, como lehendakari con el voto del Partido Popular, componiendo entre ambos partidos una mayoría absoluta (PSE, 25; PP, 13; sobre un total de 75 parlamentarios) que igualmente puede calificarse de histórica y que tampoco nunca se repitió.
Tras los acuerdos que llevaron al consenso constitucional de 1978, el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo ha sido el más importante por su significación y por sus consecuencias. La significación reside en la comprobación de que el consenso en problemas de Estado es, además de posible, conveniente y que los apriorismos ideológicos no cotizan cuando de lo que se trata es de defender el patrimonio de las libertades y de la integridad constitucional. Sus consecuencias fueron definitivas: el pacto activó los mecanismos institucionales para la erradicación del terrorismo de ETA. La ilegalización de su brazo político, por aplicación de la ley de Partidos, condujo a la banda terrorista –no sin el previo y enorme esfuerzo policial y gracias también a la colaboración internacional– a declarar el cese de la llamada «lucha armada» en 2011 y a su disolución en 2018.
La integridad territorial de España y la preservación de los derechos fundamentales –pilares de la Constitución de 1978– son territorios de la política que solo se salvaguardan mediante grandes acuerdos de Estado. Desde entonces (2000-2003) no se han producido más, salvo la adhesión del PSOE en el Senado a la aplicación de medidas de intervención en la autonomía de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución el 27 de octubre de 2017 propuesta por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy.
Es muy probable que la unidad nacional requerirá en un futuro inmediato una colaboración estrecha entre los partidos políticos con representación parlamentaria que salvaguarden el esencial pronunciamiento del artículo 2 de la Carta Magna: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española». Por lo demás, un pacto de amplio espectro es imprescindible para otra reforma que solo será viable cuando se den las condiciones (ambientales y aritméticas) para afrontarla con éxito: la reforma constitucional. Ahora no parece posible, pero la aceleración de los tiempos políticos en esta tercera década del siglo XXI aconseja no formular pronósticos a medio y largo plazo, aunque sí advertir de que la transformación del sistema bipartidista en otro multipartidista, con profundas mutaciones en la izquierda y la derecha convencionales por la incidencia del populismo de signos contrarios, obligarán a una reformulación de la concepción de los pactos en la política de las democracias occidentales. España, en el ojo del huracán de las contradicciones democráticas, no puede remitirse simplemente al pasado, pero tampoco olvidar sus mejores episodios históricos. Porque si así ocurre está condenada a repetir los que fueron los peores de su pretérito convulso.
