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Es un gran honor para mí que la Universidad Internacional de La Rioja y Nueva Revista me hayan encomendado —junto con Francisco Sainz de Murieta— coordinar este número monográfico sobre Educación y Empleo. Dos áreas muy importantes de la gestión pública en las que, durante seis años, tuve responsabilidad como consejero de la Comunidad de Madrid.

Entre los autores de los artículos de este número especial figuran personas que han ocupado y ocupan posiciones de relevancia en el ámbito público y privado de la Educación y del Empleo. Personas que conocen bien, desde la gestión y desde el ámbito académico, los problemas educativos y laborales. De varios de ellos aprendí mucho durante esos años pasados y sigo aprendiendo en la actualidad, por lo que siempre les estaré profundamente agradecido.

La educación en España, y en cualquier país, ha suscitado siempre debates políticos y sociales, tanto en lo referente a la intervención del Estado en la misma como en relación con las libertades educativas, la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Sin embargo, durante muchos decenios y con regímenes políticos muy distintos, ningún gobierno intentó rebajar el rigor en la transmisión de conocimientos ni la exigencia hacia profesores y alumnos. Pero, a partir de la década de los años setenta del siglo pasado, ciertas corrientes pedagógicas e ideológicas han promovido y aplicado unas políticas educativas que suponen, en la práctica, una reducción en la exigencia, una menor valoración del esfuerzo y una disminución de los contenidos educativos. Consecuencias muy preocupantes desde el punto de vista social, pues la exigencia en la educación obligatoria es la mejor garantía de la igualdad de oportunidades y del papel de la educación como instrumento de movilidad social, como supo apreciar en su día la escuela republicana de Francia, país hoy también afectado por las consecuencias de la educación comprensiva.

Por otra parte, el enorme esfuerzo de inversión realizado por todos los gobiernos de España en las cuatro últimas décadas ha conseguido universalizar el acceso a la educación pero no ha logrado una mejora apreciable en los resultados educativos de nuestros alumnos, como han revelado las evaluaciones internacionales.

En esta segunda década del siglo XXI, la educación necesita, más que nunca, salir de la trinchera ideológica y ser abordada con visión de Estado. Por encima de las legítimas y convenientes discrepancias sobre políticas educativas concretas, es necesario, en primer lugar, aceptar la necesidad de renovar el sistema educativo, incorporando buenas prácticas acreditadas en otros países, y de actualizar concepciones pedagógicas que, a pesar de las mejores intenciones iniciales de sus impulsores, han quedado inadecuadas para el momento actual. En segundo lugar, es preciso analizar, entre todos, las formas más eficientes de promover la equidad y la igualdad de oportunidades en la educación, base de la igualdad de oportunidades en la vida.

Esta equidad debe atender, de forma especial, a tantas personas que, durante su juventud, no tuvieron las oportunidades de formarse que hoy se ofrecen a los jóvenes. De ahí la importancia de la educación de personas adultas y, en general, de la formación a lo largo de toda la vida.

El sistema educativo debe facilitar a los alumnos durante la educación obligatoria la adquisición de los conocimientos y destrezas y la transmisión de valores que constituyan una sólida base sobre la que, a lo largo de toda la vida, puedan seguir adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades, de acuerdo con sus intereses y aficiones. ¡Cuántas veces he repetido a mis hijos que el problema no es desconocer sino no querer saber!

Una adecuada relación entre Educación y Empleo, sobre la que se ha estructurado este número monográfico de Nueva Revista, es algo determinante para el futuro de un país y para el pleno desarrollo personal, profesional y vocacional de sus ciudadanos. Si bien los fines de la educación no pueden limitarse a preparar a los jóvenes para su actividad profesional en un mundo competitivo —y en este sentido es clarificador el artículo de Eugenio Nasarre con el que se inicia esta publicación—, ninguna persona razonable puede ignorar el enorme riesgo que para un país supondría la desvinculación y lejanía entre su sistema educativo y la evolución de su economía y de su sociedad, como resalta muy acertadamente en su artículo Francisco Sainz de Murieta.

En este asunto, como en tantos otros de la educación, en España no ha primado especialmente la transparencia.

Es muy reciente la difusión de datos que demuestran la innegable correlación que existe entre el nivel educativo alcanzado y las oportunidades de empleo y retribución de los jóvenes, aunque la gravedad de la crisis económica haya enmascarado en alguna medida este hecho en los últimos años.

Esa transparencia se requiere hoy más que nunca en nuestro sistema educativo. Transparencia y sentido de la responsabilidad, porque en la educación las decisiones importantes y las leyes revelan sus efectos al cabo de bastantes años, cuando, en el caso de ser negativos, aquellos que las promovieron están probablemente fuera de sus puestos de responsabilidad y poco o nada pueden hacer por remediarlos. Y esto no vale solo para los responsables políticos de la educación sino también para todos los miembros de la amplia comunidad educativa —y especialmente para los representantes de profesores, padres, alumnos, sindicatos, titulares de centros docentes y entidades académicas y pedagógicas— que, con notable frecuencia y no escasa repercusión en los medios de comunicación, promueven o rechazan determinadas políticas educativas.

Por estos motivos, quienes hemos participado en este número especial de Nueva Revista hemos intentado abordar los distintos apartados sobre Educación y Empleo con la mayor sinceridad intelectual, sin concesiones a lo políticamente correcto y sin limitaciones coyunturales, buscando en nuestros análisis y propuestas el mejor interés del futuro de España y de sus ciudadanos. Corresponde al lector, con nuestro agradecimiento anticipado, juzgar si hemos acertado en ese empeño. •

Senador por la Comunidad de Madrid