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Los debates recientes sobre el fortalecimiento institucional en las políticas de cooperación al desarrollo remiten al establecimiento de las prioridades en el proceso. La democratización el buen gobierno, la erradicación de la corrupción, el fomento de la transparencia son sólo algunos de los referentes que habitualmente se incluyen en todos los diagnósticos de prioridades.

En algunos casos, se analiza también la participación de algunos grupos de la sociedad, entre los que se suele señalar a las mujeres, situándolas en la relación de «colectivo» que reclaman especial protección; y omitiendo que nos estamos refiriendo a la mitad de la población.

Por ello, entiendo que analizar la integración de las mujeres en los procesos de fortalecimiento institucional requiere dar respuesta a dos cuestiones. La primera tendrá que contestar a la pregunta sobre qué medidas y qué impacto tiene la participación de las mujeres en la esfera pública durante los procesos de fortalecimiento institucional. La segunda remite a las vías para integrar la perspectiva de género de un modo transversal en los procesos de fortalecimiento institucional.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PROCESOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
lidlm1.jpgCuando en 1975 Naciones Unidas convocó en México la I Conferencia Mundial sobre las Mujeres, no habia ningún Estado miembro de la organización contara con datos estadísticos desagregados por sexo en ninguna área de actuación. No me refiero solamente a los datos de participación política de las mujeres, sino a cuestiones básicas, como el acceso al mercado laboral, la asistencia a servicios de salud, la situación en el ámbito educativo, etc.

Desde aquella convocatoria han pasado más de treinta años y la situación ha cambiado, aunque no se pueda decir todavía que nos encontramos en una comunidad internacional con una participación equilibrada de mujeres y hombres.

Durante estas tres décadas se han llevado a cabo dos tipos de actuaciones que han fomentado el incremento de las mujeres en muchos procesos de toma de decisiones.

El primer ámbito de actuación ha sido la elaboración de planes y programas políticos de igualdad, para promover el incremento numérico de mujeres en todas las esferas de la vida pública. En Europa, «lo público» prioritario ha sido el empleo y la arena política. Como consecuencia, las iniciativas de muchas sociedades europeas han ido dirigidas a asegurar una participación equilibrada de mujeres y hombres en esas dos áreas, aprobando en su caso las denominadas «medidas de acción positiva». Pero también ha habido casos de sociedades en procesos de transición y en proceso de democratización, que han optado por ello. Se ha constatado de modo universal que incrementar el número de mujeres en la vida pública implica mejorar la sociedad, al incorporar a la mitad de su población, tradicionalmente apartada de esas actuaciones.

En Iberoamé;rica hay ejemplos muy significativos. La ley argentina denominada «de cupos» supuso un claro avance de las mujeres en el Parlamento argentino, en un momento (1991) en el que la visibilidad de las mujeres era prácticamente nula. Esto no significa que un sistema de cuotas sea siempre la solución.

Más recientemente, la reforma constitucional en la República Dominicana ha mostrado la aportación positiva del asociacionismo de mujeres, que han propuesto sugerencias y alternativas para garantizar constitucionalmente una participación equilibrada de mujeres y hombres, así como el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las mujeres. Son numerosas las experiencias iberoamericanas que confirman la necesidad de contar con las mujeres para hacer mejor, más fuerte y segura una sociedad.

Junto a los planes y políticas de igualdad, ha habido una segunda línea de actuación, que ha sido el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales para la aplicación y el seguimiento de las medidas de igualdad. Inicialmente, esos mecanismos fueron liderados por mujeres, con acciones dirigidas a las mujeres en las que sólo ellas podían participar directamente. Esta proyección adoleció de un claro error, asumir que la desigualdad es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, de modo que son ellas las que deben involucrarse en las soluciones. Afortunadamente, esa proyección ha cambiado, cuando se ha constatado que la desigualdad es un problema social, que reclama respuestas institucionales y consecuentemente se hace necesario tener en cuenta a todos los agentes: instituciones, poder político, poderes públicos, sociedad civil, sector privado, Universidades, etc.

La necesidad de plantear un cambio de perspectiva en este sentido, fomentando que los hombres se involucren también en la «batalla» por la igualdad, ha motivado que desde organizaciones internacionales, como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, se estén potenciando actividades dirigidas al sexo masculino.

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Pero al margen de las estrategias, lo cierto es que la oferta de la desigualdad como problema social ha abierto expectativas en cuanto a los medios para terminar con ella y en cuanto a los agentes que intervienen en el proceso. No obstante, este cambio de perspectiva no implica de modo matemático la desaparición de políticas y medidas políticas para la promoción del trabajo de las mujeres. Basta, por ejemplo, referirse a los datos universales ofrecidos por Naciones Unidas. Las pirámides de población se han inverti-do, de modo que hoy se tienen menos hijos; pero ese descenso va de la mano de un incremento de mujeres solteras o, en su caso, mujeres cabezas de familia, que asumen también las responsabilidades económicas del hogar.

Junto a este dato, los flujos migratorios han provocado que existan lugares en los que se han perdido varias generaciones de mujeres que salieron de sus países de origen para conseguir empleo y recursos con los que mantener a los suyos. A estos flujos internacionales hay que sumar los que van desde los espacios rurales a los urbanos, también muy generalizados, dejando en los primeros a las mujeres, que quedan con menor acceso a los servicios y menos posibilidades de acceso a la vida pública y económica. Por último, se deben tener en cuenta también las consecuencias de los cambios en la estructura y concepto de la institución familiar, que han sido asumidos en mayor medida por las mujeres. Todo ello se materializa en una mayor situación de vulnerabilidad para las mujeres, lo que hace necesario el fortalecimiento de los mecanismos puúblicos y privados para fomentar su participación en todas las esferas de la sociedad.

Por otra parte, como se ha dicho, los casos y ámbitos en los que se ha potenciado esa participación de las mujeres se ha probado la mejora de la sociedad, por dos razones claras. La primera es que el abanico representativo es más riguroso con la propia composición de la sociedad; la segunda es que la lectura ofertada por las mujeres implica un cambio de lenguaje y estrategia que sin necesidad de ser calificado como mejor o peor que el de los varones, muestra una realidad plural y por tanto más enriquecedora.

LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Junto a la actuación específica para las mujeres, se hace necesario analizar la lectura del fortalecimiento institucional desde perspectivas más amplias que las utilizadas hasta ahora. Si por perspectiva de género se entiende, siguiendo la terminología de Naciones Unidas, una estrategia cuyo objetivo es la realización de la igualdad, la respuesta es obvia. La perspectiva de género reclama tener en cuenta las diferencias culturales entre mujeres y hombres, que en muchas sociedades son más numerosas y consolidadas que las meramente biológicas. La finalidad de la integración de la perspectiva de género es hacer una lectura del fortalecimiento institucional que incluya el factor cultural y por tanto una interpretación de la sociedad más acorde con su propia realidad.

Quizás uno de los casos más emblemáticos para analizar la integración de la perspectiva de género en el fortalecimiento institucional es la revisión del contenido de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres y conflictos armados. La resolución, aprobada en octubre de 2000, supuso un punto de inflexión en el trabajo del Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, que hasta ese momento no había incluido en su agenda cuestiones sectoriales, de modo que había tratado exclusivamente conflictos localizados en áreas geogáficas concretas. En aquel año, con motivo del quinto aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín, el Consejo se suma a los eventos organizados y convoca un debate abierto sobre la situación de mujeres y niñas en los conflictos armados.

En ese debate se constata que el impacto de los conflictos es bien diferente en mujeres y hombres; que las niñas soldado asumen mayores dificultades que los niños para reintegrarse después de un conflicto; que a veces la violencia contra las mujeres es un arma de guerra, y un largo etcétera de cuestiones que no habían sido abordadas abiertamente. Pero lo más significativo es que la misma resolución propone una serie de medidas para asegurar la participación de las mujeres en los procesos postconflicto, especialmente en la negociación de la paz, así como en el fortalecimiento institucional del que venimos hablando. No se trata de ofertar argumentos de carácter ideológico para apoyar la necesidad de incrementar la presencia de las mujeres; sino más bien de mostrar con los hechos que las mujeres son artífices de paz y que en los casos en los que han participado en la construcción y el fortalecimiento institucional, lo han hecho de modo eficaz y brillante.

Si en lugar de situarnos en el ámbito concreto de la resolución de conflictos, nos movemos al campo de los cambios políticos, uno de los ejemplos más recientes ha sido la participación de mujeres y asociaciones de mujeres en la reforma constitucional de la Republica Dominicana, al que ya me he referido. Las propuestas para la reforma constitucional, así como la lectura del texto constitucional desde una perspectiva de género han enriquecido notablemente el proceso, consolidando el fortalecimiento institucional, no sólo de las propias instituciones que han trabajado, sino también del mismísimo concepto de la democracia participativa.

Profesora Titular de Filosofía del Derecho. Universidad Complutense