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El futuro próximo de la educación en España es incierto. Acaba de cerrarse una Legislatura que, en este terreno, ha carecido de ambición. En el campo de la educación obligatoria, el Gobierno ha preferido ignorar los graves problemas que hoy existen en las aulas, fundamentalmente dos: el fracaso escolar y el escaso nivel de los conocimientos de los alumnos españoles, en comparación con los demás países europeos.

Aprobada sin el consenso de una buena parte de la comunidad educativa, la Ley Orgánica de Educación (LOE) sustituyó a la Ley de Calidad, que introducía reformas sustantivas en el sistema educativo. Heredera en muchos aspectos de la LOGSE, la aplicación de la LOE va a demostrar su escasa capacidad para atender los problemas existentes. Lo comprobaremos en 2010, cuando España no logre reducir al 10% los niveles de abandono temprano ni elevar hasta el 85% el porcentaje de graduados en Secundaria Obligatoria, objetivos que fueron acordados por la Unión Europea.

En el campo de la universidad, los avances no han sido mayores. La modificación de la Ley de Universidades, aprobada también por el Gobierno anterior del Partido Popular, se presentó también con gran bombo y parafernalia, pero el horizonte de la universidad española no ha variado mucho. La endogamia, uno de sus principales vicios, sigue estando ahí, como el dinosaurio de Monterroso.

UNA MIRADA HACIA DELANTE

¿Qué es lo que está por venir? O, más bien, ¿por qué cauces debería discurrir el debate y la gestión educativa en los próximos años?

Desde hace años, son muchas las voces que, en España, reclaman un pacto en materia de educación. Tal reclamación es sensata y loable, pero poco realista. Los grandes acuerdos entre gobierno y oposición deben afectar, efectivamente, a asuntos centrales para la estabilidad institucional y para el progreso de un país. Desde esa perspectiva, no cabe duda de que la educación debería ser uno de esos grandes temas. De hecho, la falta de un mínimo acuerdo es lo que, reforma tras reforma, está haciendo que España retroceda sistemáticamente puestos en el ranking educativo internacional, como demuestran todos los informes (¿alguien se ha preguntado por qué en la actualidad todo el mundo sabe perfectamente qué es el Informe Pisa: si nuestros resultados no fueran los que son, habría pasado probablemente desapercibido).

Volviendo a los pactos, la dificultad para llegar a acuerdos en materia de educación se basa en una razón poderosa: los partidos políticos proyectan muchas veces en la educación su visión del hombre y la sociedad, como ha demostrado el tenso debate que todavía está generando (y que incluso ha llegado a los juzgados) la Educación para la Ciudadanía. Detrás de esa asignatura, hay algo más que una colección de temas. Lo que muchos de ellos revelan es un modelo, una concepción del mundo, que en muchos casos choca con la que muchos padres quieren transmitir a sus hijos.

Que no habrá pacto lo demuestra el hecho de que ni siquiera el presidente del Gobierno lo ofreciera en su discurso de investidura. Rodríguez Zapatero ofreció acuerdos en política antiterrorista, justicia, financiación autonómica y política exterior. Ni una palabra de educación. Para ésta tuvo pocos minutos, y sus principales propuestas fueron dos: programas para mejorar el nivel de los alumnos en lengua, matemáticas e inglés y la elevación del umbral de renta requerido para disfrutar de becas. En el campo de la ciencia, la tecnología y la universidad, se comprometió a doblar los recursos, aprobar el estatuto del personal investigador público y aprobar una ley, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuyo contenido aún se desconoce.

En eso parecen resumirse los retos del Gobierno para los próximos cuatro años. La falta de ambición- —y ya van dos legislaturas—- vestidura. impedirá ir mucho más lejos y, por supuesto, alcanzar un acuerdo de Estado con la oposición que ponga a salvo la educación, el capital más importante con que cuenta un país para afrontar con éxito el futuro, de los vaivenes electorales.[[wysiwyg_imageupload:871:height=142,width=200]]

En ese marco, el Partido Popular tiene la obligación de tratar de liderar la agenda, esto es, de llevar la iniciativa y mantener el protagonismo en el debate educativo. Los gobiernos presididos por Aznar demostraron que los populares poseen un sólido discurso en materia de educación, un discurso que está siendo llevado a la práctica en aquellas Comunidades en las que gobiernan. Para combatir el absentismo y el fracaso escolar, para mejorar los resultados académicos, para devolver a los profesores la autoridad y restituir la disciplina en las aulas, hace falta algo más que «programas». Hace falta, por ejemplo, incrementar las horas lectivas de las asignaturas instrumentales (lengua y matemáticas) y restar tiempo de aquéllas no tan fundamentales para el aprendizaje.

El Partido Popular, como decía, posee un sólido discurso. Un discurso que ha demostrado que la apuesta por la educación, como la apuesta por la igualdad de oportunidades, no es patrimonio de la izquierda ideológica. Desde esa perspectiva, su papel en la oposición debe consistir en formular propuestas y mantener la educación como uno de los ejes de su tarea en esta etapa, demostrando, como viene haciendo, en las Comunidades en las que gobierna (y como se observa en los distintos estudios e informes) que ese discurso se adapta a la realidad de las aulas. Eso le permitirá, además, plantear acuerdos que ahora parecen imposibles.

En paralelo, éste es un buen momento para abordar algunas cuestiones que hasta ahora han permanecido en segundo plano y, sin embargo, poseen una extraordinaria importancia. Me refiero, por ejemplo, a la financiación de la educación, un debate que otros países europeos ya han abordado y que en España apenas ha sido planteado. La pregunta no es tanto si contamos con los recursos necesarios para financiar adecuadamente la educación como cuál es la forma más adecuada de plantear, de cara al futuro, la financiación del conjunto del sistema, integrando tanto los recursos públicos como los privados.

Como explica muy bien Francisco López Rupérez en su último libro, El legado de la LOGSE, los análisis internacionales indican que la relación entre inversión educativa y resultados es muy débil en los países desarrollados. Es decir, un mayor número de recursos no necesariamente conduce a una mejor educación, por más que éstos sean importantes. Hay países que hacen más con menos y al contrario. Tan importante es, por tanto, el cúanto como el cómo se gasta. En el caso de España, hemos realizado un gran esfuerzo para igualarnos a otros países tanto en gasto por alumno como en relación con la riqueza por habitante. El reto ahora es mejorar el gasto, en un marco de políticas educativas eficaces. De eso debe tratar también el debate educativo en estos próximos años.


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