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Las últimas semanas han servido para constatar que la familia va ser uno de los temas centrales (lo que en el mundo anglosajón se conoce como issues) de la agenda electoral.

Es un motivo para congratularnos. La familia no ha ocupado siempre el lugar que le corresponde en la agenda política. Y, sin embargo, resulta absolutamente esencial para el desarrollo y bienestar de las personas y de la sociedad.

La familia debe importarnos por tres razones fundamentales: es la institución que genera mayor bienestar emocional y material; es, como explican los economistas, la unidad primaria de producción económica; y, por último, es el principal agente de socialización y de transmisión de valores. En definitiva, la familia no sólo es el lugar de encuentro entre el pasado y el futuro en el que se establece una permanente conversación entre generaciones, sino el pilar básico de cualquier sistema de bienestar.

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La relación entre familia y bienestar es de suma importancia, hasta el punto de ser un elemento esencial de la sociedad. El hecho de contribuir de forma tan extensa al bienestar de sus componentes la hace una agente productor de éste complementario al Estado una aportación imprescindible que ha sido olvidada durante decenios por las teorías socialdemócratas del Estado del bienestar, en las que el Estado reservaba para sí la generación de bienestar social, olvidando dos cosas fundamentales: que el bienestar social no es más que la suma del bienestar de las personas, y que el mismo bienestar se genera -se produce, al igual que los demás bienes y servicios- en otras instancias distintas al Estado, básicamente las empresas y las familias.

Esta miopía teórica tuvo penosas consecuencias para las políticas familiares, que eran relegadas a un nivel ínfimo, al ser consideradas como parte de una concepción familista de corte conservador. Nada más lejos de la realidad. Las familias realizan múltiples tareas beneficiosas para sus miembros. Ayudan considerablemente a los ancianos, siendo un complemento sustancial a las pensiones públicas y privadas. En el terreno sanitario, la labor de la familia también es esencial, al prestar atención a discapacitados, niños, ancianos y enfermos crónicos y terminales. También ofrecen una importante ayuda a los parados, a quienes proporcionan vivienda, apoyo económico y emocional, y una red de información y contactos de indudable valor para poder acceder a un empleo. Por otro lado, la familia es la institución básica de socialización de un periodo trascendental como la primera infancia. Asimismo, complementa la educación escolar y proporciona valores y modelos de conducta.

Todo este sistema produce, al mismo tiempo, un efecto de sobrecarga de actuaciones y responsabilidades sobre la mujer, dado que suele ser ella la que se encarga, de forma abrumadora, de atender estas necesidades. Eso es algo que también debe ser tenido en cuenta al programar políticas de familia, pues, aun reconociendo a la mujer su labor, no deben acentuar su rol de cuidadora.

A pesar de tener una importancia tan grande, en España la familia no ha tenido todo el apoyo que se merece por parte de los poderes públicos. Las prestaciones sociales representan en el conjunto de la Unión Europea el 28% del PIB, mientras que en España sólo representan el 19%, la tasa más baja de la Unión Europea, junto con Irlanda. De estas prestaciones sociales, España es el país que menos recursos dedica a la familia, ya que sólo destina a prestaciones familiares el 0,5% del PIB. Además de ser reducidas y limitadas, a estas prestaciones sólo pueden acceder un escaso número de personas, mientras que en la mayor parte de la Unión Europea pueden acceder todas las familias sin límites. Por otra parte, el impuesto de la renta no favorece a la familia todo lo que sería de desear, ya que tiene un marcado carácter individualista y resultan penalizadas las familias con hijos y un solo perceptor de rentas.

Esta situación debe cambiar. La familia merece una especial protección jurídica, social y económica por parte de los poderes públicos. Deben ser reconocidas sus aportaciones en el plano humano, económico, social y afectivo. ¿Cómo? De eso me gustaría hablar en las líneas que siguen a continuación.

Hay que contar con políticas familiares sólidas, eficaces y estables. Las administraciones tienen la obligación de facilitar a las personas con cargas familiares los medios para desempeñar mejor sus responsabilidades, asegurándose de que ello no comporte ningún tipo de penalización económica, social y profesional.

Por otra parte, se debe procurar que las necesidades de los miembros de las familias, y en particular las de los niños, sean satisfechas a través de las redes de solidaridad mutua y de la aportación de recursos externos derivada de la actuación o previsión de los organismos públicos.

En el momento de escribir este artículo todavía no se ha hecho público el programa electoral del Partido Popular, pero su presidente, Mariano Rajoy, ha avanzado alguna de sus medidas. La más visible de todas ellas, la creación de un Ministerio de la Familia y el Bienestar Social, era algo que la sociedad española necesitaba y demandaba desde hacía tiempo. Este ministerio podrá aglutinar todas las políticas orientadas a las familias. Pero al ser un ministerio de carácter transversal, también podrá realizar políticas de apoyo a la mujer, la juventud, la dependencia, inclusión social, y todas aquellas políticas públicas relacionadas con el bienestar social.

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Con respecto a esto último, es necesario resaltar algo que todavía no ha cobrado el suficiente relieve en los medios de comunicación: el ser también un ministerio de bienestar social, algo inédito en la democracia española y que arrebata a la izquierda, de forma tan visible como definitiva, su pretendida superioridad en este tema.

Otras medidas que ya han sido desveladas son la creación de un Plan Nacional de Guarderías; establecer desgravaciones fiscales a las mujeres trabajadoras de hasta 1.000 euros; la elaboración de una Ley Integral de Apoyo a la Familia; la ampliación del permiso de maternidad y paternidad y un impulso decidido a las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. A estas propuestas hay que añadir una de hondo calado: el compromiso de impulsar la racionalización de los horarios laborales, de acuerdo con los agentes sociales.

Todas estas medidas constituyen ya de por sí un completo programa de gobierno que supone un antes y un después en relación a las políticas de familia. Pero aún cabe hacer bastante más. Hay todavía muchos ámbitos en los que la familia puede ser atendida. Uno de ellos es realizar una nueva rebaja de impuestos dirigidas a la familia, fundamentalmente en el IRPF. En los gobiernos del Partido Popular ya se produjeron medidas en este sentido que fueron muy bien acogidas por las familias. Aún se puede hacer mucho más. Otro ámbito es el de favorecer que los padres tengan más tiempo para cuidar a sus hijos. Esto tiene mucho que ver con la racionalización de los horarios de trabajo, en el sentido de que se vayan pareciendo a los horarios de los países europeos, y también impulsar la compatibilidad del calendario y el horario escolar con los horarios laborales. En este punto hay un amplio trecho que recorrer en cuanto a las medidas que favorezcan aún más el trabajo a tiempo parcial, los horarios flexibles, la jornada continua y la flexibilidad de la carrera profesional.

También hay que aumentar la protección y la asistencia a la infancia, pues los niños son la parte más débil y desprotegida de las familias. No debemos olvidar que todas las actuaciones dirigidas a la infancia tienen una especial relevancia, pues repercuten a lo largo de toda la vida de las personas. Por otro lado, hay que aumentar las ayudas y la protección a las familias numerosas y, last but not least, apoyar con mayor decisión a las familias que se encuentren en situaciones de especial necesidad, así como actuar de forma preventiva con aquellas que se encuentran en riesgo de caer en circunstancias de exclusión social. En general, y eso es algo que conviene recalcar, las políticas de inclusión social deben tener un claro componente preventivo.

La experiencia del Partido Popular en los gobiernos de comunidades autónomas y ayuntamientos es realmente decisiva. Desde ahí se ven gran parte de los problemas y se aplican, en el ámbito de sus competencias, las soluciones adecuadas. Pero es desde la perspectiva nacional desde donde pueden aplicarse realmente las terapias más eficaces. Y esas políticas, además, debieran garantizar unos contenidos mínimos e iguales en toda la nación.

Las próximas semanas serán decisivas para saber si, por fin, la familia llega a ocupar el lugar central que le corresponde en el marco de una acción política solvente, ambiciosa y con sentido de Estado.

 

 

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