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Las democracias, al establecer un marco genérico de libertades, facilitan extraordinariamente la notoriedad de cualquier crítica al poder, y, con ello, las descalificaciones y el rechazo de los que descreen del propio sistema que, naturalmente, suelen fijar su atención en sus flancos más débiles. Cuando se atraviesan épocas de crisis honda, como sin duda ocurre en la actualidad, y desde luego en Europa, existe el riesgo de que la lógica demanda de mejor democracia acabe por convertirse en un proceso a la idea misma de democracia. Parodiando a Mairena, el poeta machadiano, siempre hay el riesgo de destruir lo fundamental al radicalizar los discursos para criticar lo accesorio. Aturdidos con los sucesos inmediatos, y dejándonos llevar por la justeza de muchas críticas, podríamos llegar a la equivocada conclusión de que nuestras democracias se encuentran en un proceso de deslegitimación, lo que no sería la primera vez que pasara, pero esa conclusión olvidaría que es consustancial a las democracias un cierto nivel de disconformidad y que, especialmente entre nosotros, para acertar con un diagnóstico adecuado y establecer una terapia correcta, habría que fijarse más en las formas de la cultura política imperante que en supuestas deficiencias básicas del sistema democrático que, por otra parte, presenta evidentes, e inevitables, limitaciones cuando se lo considera esencialmente como un sistema representativo de la soberanía popular. Para decirlo de una vez, las deficiencias representativas de los sistemas democráticos responden a dos realidades independientes y cambiantes a lo largo de la historia; por un lado derivan de la función de legitimación del propio sistema, y por otro, dependen muy estrechamente de la complejidad social en la que se instala, de las tradiciones, las creencias y las modalidades de relación entre los ciudadanos, tres asuntos que han variado de manera acelerada en los últimos treinta años, especialmente al socaire de lo que se conoce, por una parte, como globalización, y, por otra, como revolución tecnológica o digital.

EL PROBLEMA EN SU FORMA BÁSICA

Desde que existen las democracias a la manera moderna, en especial desde las revoluciones americana y francesa, todo cuanto tiene que ver con la idea de representación ha vivido en un estado de permanente crisis porque, a no dudarlo, cualquier sistema capaz de articular este ideal supone, al tiempo, una forma de deformación de lo que supuestamente representa, diversas especies de ocultación, olvido o selección. A medida que las fórmulas más clásicas de articular la representación política se han ido haciendo tradicionales, no han dejado de menudear las críticas y reclamaciones fundadas en las insuficiencias, teóricas o prácticas, de los esquemas representativos. Toda forma de representación es, por principio, insuficiente y equívoca, de manera que no es nada extraño que un tema casi permanente de la agenda política lo constituya el intento de encontrar soluciones que atenúen un tanto las críticas que subrayan la excesiva autonomía de los representantes hacia los intereses, ideas y deseos de sus representados, de los ciudadanos. También es evidente que el desprestigio de las instituciones políticas es actualmente muy alto en todo el mundo, y no solo en España, lo que indica que existe una gran diversidad de fuentes de descontento, y, consecuentemente, hay que reconocer que tanto en los análisis teóricos, en los intentos de articular complementos o alternativas, como en las invectivas habituales contra las instituciones democráticas, se mezclan elementos de muy diversa procedencia y peso. La insatisfacción es evidente, los posibles remedios no tanto.

En las democracias maduras, los sistemas electorales tienen que cumplir una doble función que implica, al menos, dos distintas exigencias que inevitablemente crean una tensión, una situación que, desde el punto de vista histórico, ha dado lugar a la totalidad de lo que se conoce como debate político, la lucha ideológica y electoral típica de las democracias, el intento del poder de someter a las sociedades, y el intento de las sociedades por democratizar el poder, por evitar las distintas formas de insalvable distancia que tienden a establecerse entre gobernantes y gobernados, entre elegidos y electores.

En primer lugar, los sistemas de articular la representación política han de dar fundamento a un gobierno legítimo, esto es las formas de articular y medir las opciones y facciones en disputa tienen que confluir en un proyecto político de mayoría. Sin asegurar esta finalidad primaria, los sistemas electorales abocarían a la atomización y facilitarían el caos, y, con ello, pondrían en riesgo la democracia misma; ahora bien, hay muchas formas de lograr este objetivo, procedimientos que, en último término, se fundan más en la tradición y la cultura política de las diversas sociedades que en consideraciones puramente abstractas. La segunda función de los sistemas electorales no es menos importante y, a día de hoy, se antoja cada vez más difícil: además de garantizar la gobernabilidad del correspondiente cuerpo político, las elecciones deben procurar que el conjunto de las ideas, intereses, sensibilidades e inquietudes de los ciudadanos tengan eco en las instituciones representativas, tratar de dar vida a un poder que no solo sea legítimo sino representativo, respetuoso con la voluntad electoral. Como se sabe, es muy frecuente que los políticos, una vez en el poder, decidan someterse a las supuestas exigencias de la moral de la responsabilidad, y se emancipen completamente de cualquier atadura que pudiera derivarse de la moral de las convicciones, aunque suela ser la que les ha permitido ganar las elecciones.

En la medida en que ideales y coyunturas no se casan fácilmente, la política no solo es inevitable sino que tiende a convertirse en disonante. No se trata solo de que quienes no alcanzan el poder ejecutivo tratan de conseguirlo a la siguiente oportunidad, lo que implica una tarea constante de crítica y deterioro del Gobierno legítimo, sino de que, a medida que las sociedades modernas se han ido haciendo crecientemente complejas, el puro juego político de las democracias parece no ser suficiente para recoger el pluralismo social y la enorme y contradictoria diversidad de demandas de todo tipo. En los sistemas políticos anteriores a la democracia que ahora conocemos, la representación ejercía en exclusiva un principio de limitación del poder del soberano legítimo; el problema surge desde el momento en que se supone que el fundamento de ambos poderes no es distinto sino común, que no hay dos fuentes distintas de legitimación, un origen divino del poder del soberano, y un mandato popular para las Cortes, es decir que el poder soberano reside en las asambleas representativas, pero que también el poder ejecutivo emana del pueblo, y no siempre es hacedero que el que manda lo haga según el parecer del que ha de obedecer.

Esta tensión en torno a las formas de representación y a la legitimidad del poder constituye un problema específicamente moderno, y se ha ido agravando hasta extremos inusitados a medida que los aparatos en manos del ejecutivo, y también del resto de poderes, en la medida en que exista efectivamente una poliarquía, han venido creciendo de manera constante y, al hacerlo, han aumentando la tendencia del poder a expandirse, tanto en atribuciones y competencias como desde el punto de vista de su organización territorial. En los Estados modernos, el poder político está en la cúpula de un complejo sistema de aparatos, muy lejos, por definición, de la vida común, ya que sus decisiones se toman en base a criterios e intenciones que no pueden reproducir ni atender los variadísimos intereses sociales, ni se vinculan exclusivamente con el orden y las jerarquías que estructuran la sociedad civil, además de que tampoco suelen ser explicados a los ciudadanos en atención a las verdaderas razones que las determinan.

El alejamiento político de la exigencias y demandas inmediatas de los electores, por más que lo contrario sea una consigna política muy repetida, es inevitable debido también a los plazos que rigen la implantación de las grandes decisiones y reformas, de manera que los electores asisten habitualmente a un espectáculo de promesas y expectativas que nunca acaban por cumplirse, y que, en consecuencia, se reiteran como tales una y otra vez, dejando una sensación frustrante en muchos de ellos y dando lugar a una esclerotización del lenguaje político. Esta lejanía afecta no solo a las decisiones del poder ejecutivo sino también a las tareas legislativas de los órganos representativos, especialmente en las democracias en que, como es bastante común en Europa, ambas funciones no están nítidamente definidas, al menos en la práctica. La proclividad al crecimiento del gasto público y, consiguientemente, a la subida de impuestos, y la lejanía y el intento de ocultar los costes de las decisiones que realmente se toman se traduce habitualmente en ocultación y falta de transparencia. En consecuencia, los ciudadanos se tropiezan un día sí y otro también con decisiones que no entienden y no comparten, con recortes que les afectan, con normas que no les gustan y con poderes que actúan de manera bastante resolutiva y cuya relación con la supuesta soberanía popular resulta, como mínimo, bastante cuestionable. A día de hoy resulta extraño recordar que Cortes y Parlamentos medievales surgieron para limitar efectivamente la capacidad del soberano de establecer impuestos, mientras que lo corriente ahora es que sean las herederas históricas de estas mismas instituciones las que pugnan por aumentar los servicios y el gasto público, y, con ello, los impuestos: una transformación tan radical ha necesitado de un proceso ideológico muy complejo que, finalmente, ha permitido dejar de ver a los poderes públicos como enemigos de las libertades y derechos ciudadanos, para verlos como garantes de un proceso de crecimiento de derechos y de un incremento de la igualdad básica. Sin tener en cuenta este cambio realmente paradigmático no se entienden bien las quejas, digamos, izquierdistas contra el déficit representativo de las democracias, pero tampoco las objeciones que podríamos llamar liberales.

LA SENSACIÓN DE INDEFENSIÓN

El Estado crece de tal manera que el ciudadano puede tender a sentirse inerme, como lo subraya la abundantísima literatura reciente acerca de la fragilidad del ciudadano individual frente a los poderes públicos. Este doble proceso de crecimiento y ocultación del poder político es la raíz última de la demanda de mayor representación, de nuevos cauces efectivos para defender derechos y aspiraciones, lo que, tantas veces, conduce a la enorme paradoja de que los ciudadanos acaben reclamando instituciones y servicios que los protejan pero que, a la postre, no hacen sino aumentar su fragilidad y, desde luego, los impuestos que soportan.

El Estado moderno fue una invención al servicio de la contención de la violencia natural, de la razón de la pura fuerza, pero fue concebida como una institución de escaso tamaño y muy tasadas funciones, un invento de fondo inequívocamente liberal, incluso en la formulación hobbesiana, que pretendía evitar al ciudadano los males de la vida incivil, de la ausencia de ley, de la lucha abierta por el poder, para que no todo estuviera en discusión bajo el único criterio de la fuerza. La cesión de las armas al poder civil es el símbolo de este consenso sumiso frente a una fuerza controlada pero enorme que fuere capaz de conseguir la pacificación de la existencia y la vida en libertad. El Estado es, por tanto, un invento que surge de la necesidad de protección y de un cálculo racional, económico en sentido estricto, de manera que su vocación inicial hubo de ser necesariamente minimalista. La tendencia de todo poder a sobreactuar, a excederse, no pudo, sin embargo, ser contenida por las ideas liberales, sobre todo porque, muy desde el principio, actuaron contra esa tendencia dos fuerzas originalmente antagónicas. De una parte la ya mencionada tendencia al exceso de cualquier poder; de otra parte, el hecho de que quienes se sentían desamparados por la destrucción progresiva de la sociedad tradicional acudían al naciente Estado para obtener una protección específica frente a los nuevos poderosos. La consecuencia ha sido inequívoca: los poderes públicos se sintieron legitimados para crecer y encontraron en ese crecimiento, en la creación de una nueva oferta de servicios ciudadanos, una nueva legitimación.

A demanda de grupos crecientes de ciudadanos, el Estado empezó a asumir funciones cada vez más amplias. No se trataba ya de una mera protección de la libertad y la seguridad de los ciudadanos, sino de salir en ayuda de los más necesitados, de intervenir en el mercado para evitar el perjuicio de los débiles, etc. El Estado pasa de ser, al menos en la teoría, un juez imparcial, una fuerza de arbitrio que impide la violencia interna y protege los intereses comunes, a ser un agente muy activo en determinadas actividades y entornos sociales (educación, sanidad, protección y previsión social, seguros etc.) que se supone obligado a combatir determinados males, y, muy en especial, enfrentado, teóricamente, a los privilegios económicos de los más poderosos. Los que se sintieron desprotegidos y en inferioridad en los nuevos mercados, ante las nuevas formas de riqueza, encontraron un aliado objetivo en el Estado que, a su vez, encontró en la satisfacción de estas demandas sociales una justificación a sus excesos de crecimiento.

Los primeros teóricos liberales otorgaron al Estado una función mínima y protectora, pero, siglos después, el Estado se ha convertido en una entidad con algunos caracteres más propios de la teratología que de la primera teoría política. El moderno Estado europeo de bienestar es una de las versiones últimas y más ensalzadas de tal proceso y, paradójicamente, o tal vez no tanto, ha tendido a convertirse en objeto de las críticas e invectivas de aquellos a quienes se supone que tiene que proteger. Los filósofos que han subrayado el carácter dialéctico del proceso político han tenido siempre abundantes fuentes de inspiración.

LA BASE SOCIOLÓGICA, CULTURAL Y TECNOLÓGICA DE LAS DEMOCRACIAS

La tendencia del poder a sobredimensionarse, a justificar como algo obvio el continuo crecimiento del Estado se ha acompañado del predominio ideológico de las políticas que entienden que la soberanía popular consiente una completa transferencia de los poderes originarios del ciudadano al Leviatán público, proceso que ha llegado incluso a conferir a este una indiscutible capacidad para configurar la conciencia moral de los ciudadanos, es decir a convertirlos no en los dueños del destino de su nación (en contra, pues, del «We own this country» que les decía a los electores norteamericanos Clint Eastwood en el reciente acto de proclamación de Mitt Romney como candidato), sino en súbditos de una nueva iglesia política capaz de establecer la moral, los sentimientos y los ideales de los ciudadanos y de absorber completamente los valores y las energías políticas de la nación, de subordinar enteramente la llamada sociedad civil al orden político.

En la base de este proceso hay una larga marcha hacia una sociedad universalmente administrada, muy homogénea, nominalmente justa e igualitaria y bastante satisfecha de sí misma, una especie de versión socialdemócrata del lema del fin de la historia, un argumento originalmente ideado con muy otras intenciones. Este escenario se ha quebrado, sin embargo, por varias y poderosas razones que han dado lugar a la crisis europea del Estado de bienestar y a la manifestación de nuevos síntomas de descontento en sectores sociales muy contrapuestos. Es muy significativo, a este respecto, que en el llamado movimiento de los indignados y en las versiones norteamericanas del Occupy Wall Street hayan confluido, al menos por algún tiempo, personajes de dos mundos muy distintos, gurús tecnológicos y activistas de la más rancia y resentida ultraizquierda.

Las sociedades contemporáneas se asientan en una economía productiva que nada tiene que ver con la de las primeras naciones democráticas, ni tampoco con las de la sociedad europea tras la segunda gran guerra en las que, con el impulso de los militares norteamericanos, se han establecido lo que técnicamente puede llamarse Estado de partidos, modelo en el que, a su vez, se inspiró la reforma política española iniciada con el reinado de Juan Carlos I. Es este poderoso desajuste, la globalización y la economía posindustrial de la revolución digital, el que ha dado píe a la demanda contemporánea de nuevas formas de representación, sin olvidar, muy especialmente en España, las deficiencias de una cultura política escasamente habituada a operar en un régimen de libertad y de competencia como lo es cualquier democracia madura. Por esta razón, las críticas son especialmente agrias entre nosotros que, además, nos habíamos metido en una aventura de final incierto al iniciar un proceso de descentralización política sin precedentes y que se ha llevado a cabo a base de improvisación y reajuste y en el que, necesariamente, han tendido a imponerse las posiciones que beneficiaban a los intereses del sistema de partidos vigente, que, aunque indudablemente legítimo y potencialmente eficaz, no ha sabido adaptarse a fórmulas que faciliten la participación y eviten los abusos de la partitocracia, de lo que ya se conoce, de modo harto significativo, como la clase política o incluso la casta política.

El futuro nunca está del todo escrito, es tarea de la libertad. Es evidente que crecen las demandas de nuevas formas de representación, de mayor atención a las necesidades sociales y menor subordinación a las dinámicas puramente políticas y a las conveniencias electorales, pero no es fácil adivinar qué nuevas fórmulas puedan hallarse capaces de mejorar el potencial representativo sin aminorar de manera irresponsable el principio de gobernabilidad. Es normal que en situaciones como esta se instale y afiance una dialéctica en cierto modo antipolítica, pero es responsabilidad de las instituciones democráticas llevar a cabo su propia reforma sin sacralizar determinadas formas de funcionamiento y sin dar por supuesto que el futuro haya de seguir caminando hacia formas de mayor predominio, cerrazón y rigidez política de los partidos. El proceso de formación de liderazgos podría adquirir nuevos caracteres y no sería inteligente que los líderes políticos se refugiaran en técnicas de control desde arriba de cualesquiera forma de creación e intensificación de la libertad política.

Cuando se altera el marco social, globalización, cuestionamiento del protagonismo de los Estados, relaciones sociales mucho más plurales y abiertas, práctica abolición de las fronteras y las distancias, mercados no tradicionales, profunda modificación de las condiciones en que se produce la empleabilidad y un largo etcétera, puede ser muy poco inteligente no caer en la cuenta de que las estructuras de representación y de poder tendrán que cambiar de manera profunda y sostenida. Sin embargo, esos cambios no tendrían que suponer, ni pueden hacerlo si queremos mantener las democracias, una redefinición de los sujetos políticos básicos, de la Constitución, de las leyes, del principio de libertad política, entre otras cosas porque es evidente que cualquier proceso que pueda contribuir a mejorar la eficacia de las democracias también podría servir para acabar con ellas.


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