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Tres décadas de rápido crecimiento han convertido a la República Popular China en la segunda economía del planeta y en la principal potencia industrial y exportadora. Además de poseer casi un tercio del total global de reservas de divisas, China es asimismo el mayor receptor de inversión extranjera directa y el primer consumidor de una larga lista de materias primas. La crisis financiera global no ha hecho sino aumentar el diferencial de crecimiento entre las economías avanzadas y China, consolidando su nuevo estatus internacional. Cuando, entre 2016 y 2018, su PIB alcance al de Estados Unidos, por primera vez en doscientos años la mayor economía del mundo no será ni occidental ni democrática; además, seguirá teniendo una reducida renta per cápita media.

Los índices sobre el creciente poder chino absorben la atención de políticos y analistas, en un esfuerzo por comprender cómo este gigante está alterando el equilibrio económico y geopolítico global. Algunos autores sugieren incluso que será China quien determine las reglas del orden internacional. Pese a tan atrevidos pronósticos, esa ambición no forma parte sin embargo de las prioridades de los dirigentes chinos. Más importante que «medir» el poder chino es desentrañar con qué fin quiere emplearlo su gobierno, lo que requiere dar la vuelta a los términos del debate y analizar la variable inversa: cómo el mundo está transformando China y sus equilibrios internos. Al impacto de la integración internacional de un Estado que se consideró durante siglos centro del universo, hay que sumar la compleja transición que afronta China en su sistema político, en su estructura económica y en su identidad como gran potencia como consecuencia de su propio proceso de modernización.

RENOVACIÓN POLÍTICA

En su XVIII Congreso, previsto para el próximo otoño, el Partido Comunista Chino (PCCh) decidirá la renovación de todos sus órganos, lo que también implicará —a partir de marzo de 2013— un nuevo gobierno. Xi Jinping y Li Keqiang sustituirán a Hu Jintao y Wen Jiabao como secretario general del Partido y presidente de la República, y primer ministro, respectivamente. Será la cuarta sucesión en el poder desde que Mao Tse-tung fundara la República Popular en 1949, y la primera en treinta años en la que no ha intervenido Deng Xiaoping.

Salvo Xi Jinping y Li Keqiang, miembros desde 2007, los otros siete integrantes del Comité Permanente del Politburo —corazón del poder político chino— serán asimismo sustituidos por nuevos titulares. Y de los 25 miembros del Politburo —el órgano formal de decisión—, hasta 15 serán nuevas incorporaciones. El hecho de que estos líderes gobernarán China hasta 2022, un periodo en el que afrontarán problemas muy diferentes de los gestionados por el equipo saliente, permite hablar del comienzo de una nueva época. La propia estabilidad del régimen, las crecientes demandas sociales y el necesario cambio de modelo económico exigirán de los próximos dirigentes chinos la adopción de difíciles reformas.

Como ocurre en vísperas de todo congreso, convocado cada cinco años, las autoridades han redoblado los esfuerzos por asegurar una transición estable. Sin embargo, la destitución en marzo del secretario del PCCh en la provincia de Chongqing, Bo Xilai, ha trastornado el escenario previsto. La caída en desgracia de Bo, uno de los políticos más carismáticos del país y aspirante al Comité Permanente del Politburo, ha revelado una división interna entre los dirigentes chinos no vista desde los incidentes de Tiananmen en 1989. Aunque la causa de su cese aparece vinculada al enriquecimiento de su familia, difícilmente puede separarse de la sucesión en el partido y de la reorientación de la agenda nacional durante la próxima década. Tras su llegada a Chongqing en 2007, Bo —hijo de Bo Yibo, uno de los «ocho inmortales» dirigentes comunistas que rodearon a Mao— puso en marcha una política dirigida, por un lado, a la activa persecución del crimen organizado —lo que terminó incluyendo a sus enemigos políticos— y, por otro, a recuperar los valores maoístas a través de las canciones revolucionarias de los años sesenta. Bo recurrió a esa doble campaña como instrumentos en su personal lucha por el poder, en la que intentó desacreditar en particular a Wang Yang —su predecesor en Chongqing y en la actualidad jefe del partido en Guangdong—, quien se había convertido en su principal rival para acceder al Comité Permanente del Politburo.

Tras el cese de Bo, el primer ministro, Wen Jiabao, indicó que China afrontaba el riesgo de una nueva tragedia histórica como la Revolución Cultural —uno de los episodios más negros del maoísmo—, si no acometía con urgencia reformas políticas. Wen hizo hincapié en que el PCCh debía «reflexionar seriamente sobre lo ocurrido en Chongqing». Durante marzo y abril, los medios oficiales publicaron editoriales y columnas de opinión a favor de las reformas, aun dejando bien claro que en ningún caso se trataba de avanzar hacia una democracia de corte occidental. Además de criticar a los funcionarios corruptos, estos medios defendían la adopción de reformas administrativas que permitieran mejorar la eficiencia de las políticas públicas. La verdadera batalla reformista en el seno del PCCh, en efecto, no es sobre la democratización del régimen, sino sobre cómo adaptar la organización a los nuevos problemas nacionales, un asunto sobre el que ni Xi Jinping ni Li Keqiang se han pronunciado públicamente.

De los próximos miembros del Comité Permanente, solo Wang Yang se ha manifestado a favor de las reformas. Su perfil renovador se ha acentuado tras imponerse el «modelo de Guangdong» —la provincia que ha dirigido— al «modelo de Chongqing», desacreditado con la destitución de Bo Xilai. Defendiendo una política transparente, a favor del mercado y relativamente «liberal», Wang ha defendido la participación de las masas en el proceso político. En un discurso pronunciado a principios de junio, indicó que «debemos abandonar la equivocada idea de que el pueblo debe su bienestar y felicidad al partido y al gobierno». Más relevante quizá es el diagnóstico de Wang con respecto a la dificultad de los cambios: «En una primera etapa, los obstáculos a la reforma se debían a las diferencias ideológicas; ahora los mayores problemas para las reformas proceden de los grupos de intereses en la cúspide del sistema». Es una opinión en la que coincide con numerosos observadores: provincias, empresas públicas y fuerzas armadas —entre otros clanes y bloques de poder— han adquirido mayor influencia sin que, desde 2002, el gobierno haya marcado su liderazgo impulsando las reformas que requieren el sistema político y la economía.

El discurso de la «sociedad armoniosa», principal aportación teórica de la administración de Hu Jintao, no resulta suficiente para contentar a una población con nuevas expectativas, que demanda de sus líderes mayor transparencia y legitimidad, así como un mayor esfuerzo contra la corrupción y la desigualdad social. El resentimiento popular contra las nuevas elites políticas y financieras es considerable, y será fuente de tensiones, a menos que los próximos líderes defiendan el cumplimiento de la ley sin excepciones. Los cambios sociales, así como la necesidad de responder al fenómeno de la corrupción y a una excesiva concentración de poder en manos de funcionarios locales, revelan los límites del sistema. Además de sus dirigentes, el PCCh necesita renovar asimismo sus normas de funcionamiento.

CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO

La transición a un nuevo gobierno se produce por otra parte en unas circunstancias en las que también el «modelo» económico muestra crecientes síntomas de agotamiento. El crecimiento, aunque elevado si se compara con las economías occidentales, se está reduciendo como consecuencia tanto de la caída de la demanda en sus principales mercados exportadores como de las exigencias estructurales internas.

En el segundo trimestre del año, el aumento del PIB se redujo al 7,6%, en una tendencia a la baja desde el 9,2% de 2011 y el 10,4% de 2010. El gobierno ha anunciado un objetivo oficial de crecimiento para 2012 del 7,5%, aunque —al menos hasta conocerse las estadísticas de junio— la mayoría de los economistas pensaban que superaría ligeramente esa cifra. Si se tiene en cuenta que durante los últimos siete años el incremento medio anual ha sido del 10,9%, al fijar esa cifra los dirigentes chinos venían a reconocer que la era de alto crecimiento se acerca a su fin. Las dificultades en Estados Unidos, Unión Europea y Japón son uno de los factores de la desaceleración de una economía que ha dependido en exceso de las exportaciones y la inversión directa. En palabras de su primer ministro, China necesita corregir un esquema de desarrollo «desequilibrado, descoordinado e insostenible». La clave para resolverlo consiste en acelerar la transformación de las bases de crecimiento mediante el impulso de la demanda interna, pero ese reajuste —buscado por el gobierno desde 2004— no se ha producido.

Tras confirmarse este verano la desaceleración de la economía, el gobierno, como ya ocurrió en el otoño de 2008 en plena crisis financiera global, debe dar prioridad a la reactivación. Pekín adoptó en aquel momento un gigantesco programa de estímulo fiscal por valor de 580.000 millones de dólares, equivalente a más del 10% del PIB. China continuó creciendo mientras los países más avanzados se hundieron en la recesión, pero la respuesta del gobierno no hizo sino reforzar aún más las empresas y bancos estatales, ocultando los problemas estructurales de la economía. Si, como muchos esperan, se adopta un nuevo programa de estímulo mediante una política fiscal proactiva, un aumento de los créditos para grandes proyectos de infraestructuras y un recorte de impuestos, volverá a incrementarse el peso del sector público, se alejaría el objetivo de hacer de la demanda doméstica el motor del crecimiento y se incrementaría el riesgo de morosidad en el sistema financiero.

En definitiva seguiría retrasándose la transformación que requiere la economía china para asegurar su crecimiento en el futuro. Como indica el reciente informe del Banco Mundial «China 2030», a menos que se adopten una serie de cambios en el sistema fiscal, en sostenibilidad medioambiental, en mejora de los derechos de los agricultores y liberalización financiera, y se promueva un aumento de la productividad y de acumulación de capital humano, el crecimiento chino podría caer al 5% en 2025 y experimentar un grave parón hacia 2030. Una de las reformas más urgentes recomendadas por el informe es la de facilitar la libre competencia mediante una reducción del sector estatal. En la actualidad unas 120 empresas públicas monopolizan sectores clave como la energía y recursos naturales, telecomunicaciones o infraestructuras y, al contrario que las empresas privadas, cuentan con un fácil acceso a la financiación a través de los grandes bancos, también controlados por el gobierno. Las empresas privadas, que producen casi el total de las ganancias en productividad y en creación de empleo, tienen —al contrario que las estatales—unos beneficios muy reducidos y sufren una notable discriminación. De cara al futuro, los dirigentes chinos deben decidir si mantienen este esquema de capitalismo de Estado, con una economía dominada por estas gigantes empresas públicas —con el consiguiente riesgo de agravar los desequilibrios internos—, o bien optar por un modelo que abra el camino al sector privado y los emprendedores.

China afronta problemas como el envejecimiento de su población —el porcentaje de los mayores de sesenta años aumentará del 12% actual al 31,1% en 2050—, y un rápido aumento de los costes salariales, y necesita avanzar hacia una economía de mayor valor añadido frente a la creciente competencia en productos manufacturados de otros países emergentes, así como impulsar la innovación tecnológica y la protección del medio ambiente. La superación de estos obstáculos son objetivos prioritarios del programa quinquenal en vigor (2011-2015), pero muchos de ellos son en realidad problemas políticos más que económicos. Si se reduce el control del sistema financiero y de las empresas estatales, se facilita el crédito al sector privado o se mejoran los programas sociales se favorecerá la competencia, se minimizará la corrupción y se limitará el papel del Estado, pero precisamente por ello poderosos grupos de intereses se oponen a toda reforma del status quo.

REAJUSTES DIPLOMÁTICOS

Treinta años de reforma y apertura han situado a China en el centro del sistema internacional. Como país que se ha beneficiado de la globalización, China no tiene interés alguno en desafiar sus reglas, pero la percepción occidental es que, con frecuencia, la República Popular parece dar prioridad a sus intereses más inmediatos en vez de contribuir a la solución de los problemas globales. Como país al que aún le queda camino por recorrer para su completa modernización, sus dirigentes consideran que una posición de liderazgo les acarrearía costes más que beneficios. No obstante, lo cierto es que discuten internamente sobre su nuevo papel, en un debate sobre si abandonar una diplomacia orientada básicamente a crear un entorno exterior favorable a su modernización económica —dirección mantenida durante los últimos treinta años—, o bien asumir un mayor activismo internacional dirigido a maximizar su influencia. Frente a la recomendación de Deng Xiaoping en los años ochenta de mantener un «bajo perfil», algunos líderes chinos creen que ha llegado la hora de que la República Popular adopte una «mentalidad de gran potencia».

El pragmatismo de un gobierno centrado en las prioridades del desarrollo económico y el mantenimiento de la estabilidad política interna, ha conducido a una política exterior orientada a evitar conflictos innecesarios, pero también a ganar gradualmente prestigio y poder internacional. Esta ha sido la doctrina del «desarrollo pacífico» seguida por la administración de Hu Jintao. No obstante, la percepción china de que en 2008 comenzó el declive de Estados Unidos ha abierto el camino a una manifestación más explícita de sus ambiciones. China ha adquirido unos intereses globales que requieren un reajuste de su política exterior, a la vez que sobre esta influyen cada vez más las presiones nacionalistas derivadas de la dinámica de cambio interna. Aunque el ascenso de China está alterando el equilibrio mundial, lo cierto es que su identidad internacional (¿país rico o país en desarrollo?, ¿potencia global o líder regional?) está aún por definir. Es un debate que continuará abierto durante unos años y que provocará tensiones entre China y Occidente, al existir una clara divergencia entre la percepción y las expectativas que cada uno de ellos tiene sobre el otro. Será una tarea más para unos nuevos líderes que, al contrario que sus antecesores, ya no podrán configurar la China del futuro sin tener en cuenta los condicionantes de su integración internacional.

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Por concluir, China afronta una transformación sin precedente. En un proceso quizá solo comparable en la historia al Japón Meiji del último tercio del siglo XIX, el gigante asiático vive la modernización acelerada de su economía, su sociedad e —insuficientemente— de sus instituciones. En el proyecto chino subyace la ambición de recuperar la posición que tuvo en Asia y en el mundo hasta que se produjo la irrupción de Occidente y las guerras del opio. El desarrollo económico es el principal instrumento que facilitará el rejuvenecimiento de la nación china, pero la interacción con el mundo exterior ha cambiado la naturaleza de sus desafíos internos. Ni su historia ni la ideología comunista sirven ya de guía para construir la China del futuro.


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