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Durante toda la campaña electoral se ha elevado el debate político e incluso los candidatos a presidir la Comisión Europea se han presentado por primera vez frente a frente delante de las cámaras de televisión; además, los candidatos han tenido que hacer campaña electoral en los veintiocho Estados miembros. En este sentido, hay que decir que, al menos hasta ahora, las campañas electorales en las elecciones europeas siempre habían padecido un hándicap importante, ya que se utilizaban normalmente como continuación, y reflejo, de las contiendas políticas internas nacionales. En esta ocasión, la contienda se ha dirigido en parte hacia aquellos puntos que durante los últimos cinco años —en plena crisis— han copado los titulares de los periódicos europeos, y sobre los que ya se ha hecho campaña en las elecciones legislativas y presidenciales de la mayoría de los Estados miembros.

En este sentido —como afirma Habermas—, repolitizar el debate europeo es legitimarlo, sustentarlo en la opinión de la ciudadanía, confrontarlo y contrastarlo con las inquietudes que se sienten en los respectivos electorados de los Estados miembros, de tal manera que si se esquiva, se omite o se prescinde de este debate, el resultado seguramente supondría el fracaso de todos los demás esfuerzos por mantener una Unión Europea sólida, unida y capaz de afrontar con éxito los retos a los que se ve confrontada cada día. Es evidente, que este debate se ha producido en la mayoría de los países miembros de la UE, por supuesto matizados según las distintas necesidades y urgencias nacionales, ya que lo importante y lo perentorio a veces no tienen una compatibilidad evidente.

A pesar de todo, en la campaña se ha hablado —como no podía ser de otro modo— de la crisis económica y de los problemas de la deuda soberana, de las políticas restrictivas del Banco Central Europeo, y de la intervención en varios países de la zona euro, y también del poder que —hoy en día, y en esta legislatura lo vamos a sentir más que nunca— la Unión Europea y cada una de sus instituciones tiene sobre la cotidianeidad de la ciudadanía europea. Por esta razón, la campaña electoral ha acercado de nuevo al ciudadano a Europa, al fenómeno de la integración comunitaria, a conseguir que se sienta partícipe —quizá protagonista es apelativo que ya nadie se atreve a decir más que con la boca pequeña—, al menos en cierto grado.

LA PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Merece la pena resaltar un dato que nos parece relevante: la participación en los países de la gran ampliación al Este y centro de Europa ha sido decepcionante y, en algunos casos, indiscutiblemente preocupante: en Polonia del 22,7%, en Chequia del 19,5%, en Eslovaquia del 13%, en Eslovenia del 20,9%, en la recién ingresada Croacia solo del 25,06%, Hungría del 28,9%; y es la tónica en todos ellos. Las consecuencias que hay que sacar son demoledoras: la población en estos países no siente la UE como algo propio.

Por su parte, España —también en contra de los pronósticos— sigue la tendencia de una mínima subida en la participación, alcanzando el 45,90%. rompiendo una preocupante cadencia histórica a la baja; recordemos que en las primeras elecciones celebradas en nuestro país en 1987 votó un 68,52% —alta participación derivada de la euforia inicial de estar recién ingresados en las entonces Comunidades Europeas—; en 1989 baja ya la participación a un 54,71%, subió algo en las dos siguientes convocatorias (59,14% y 63,05%, respectivamente en 1994 y 1999), para caer casi veinte puntos en 2004, hasta un 45,14%, y un 44,9% en las anteriores elecciones celebradas en 2009. Es decir, en España se han perdido casi veinticinco puntos de participación, algo que está por encima de la media comunitaria. Nuestro país no es una excepción: como hemos podido constatar, la tónica en la mayoría de los países europeos es similar, y realmente se puede afirmar que el desapego de los ciudadanos hacia la Unión Europea sigue en unos niveles mínimos.

En nuestra opinión, esta tesitura que se plasma periódicamente en las urnas —y de las que estas elecciones no han sido excepción— no es más que el reflejo de una actitud de fondo de la ciudadanía, que se pone de manifiesto reiteradamente en los resultados del Eurobarómetro. Recientemente uno de ellos mostraba —en mayo de 2013— cómo la media de desconfianza hacia la UE alcanzaba al 60% de los encuestados, y en veinte países superaba el 50%; en España es aún peor, siendo un 75% los que respondían que no tenían ninguna confianza en la Unión Europea.

Son tasas muy preocupantes, porque demuestran hasta qué nivel la situación de desapego, alejamiento y desafección ha calado y permeado en todas las sociedades europeas. A nuestro juicio, la única manera de volver a implicar al ciudadano es haciéndole sentir que su participación importa, convenciéndole de que su voto es relevante, y no solo porque de él dependa la composición del Parlamento Europeo, sino también la legitimación del conjunto del esquema institucional comunitario, ya que con este voto hemos decidido indirectamente al que tendrá que desempeñar el cargo de presidente de la Comisión Europea, cuyo colegio de comisarios debe recibir el refrendo en la investidura ante el Parlamento Europeo, tras ser sometidos a los correspondientes «hearings», en los que se ponen de manifiesto la adecuación, aptitud y valía de los candidatos propuestos.

UNAS ELECCIONES NOVEDOSAS

Estas elecciones han tenido otra singularidad: son las primeras que se han llevado a cabo bajo la égida del tratado de Lisboa, algo que ha determinado el número de parlamentarios que debían ser elegidos, un total de 751, y que ha dispuesto que el sistema de representación de cada Estado miembro sea conforme a un modelo decreciente proporcional, es decir, que a cada país se le atribuye un número de eurodiputados que está en relación a su población. No constituye una regla matemática exacta, porque —por ejemplo— Estonia, Luxemburgo, Chipre y Malta han elegido a seis parlamentarios, siendo su población muy pequeña en comparación con la de Alemania —el país más poblado de la Unión Europea—, donde se han elegido a noventa y seis europarlamentarios; si fuese una proporcionalidad exacta —resultado de dividir la población en conjunto de la UE entre 751—, a Alemania le corresponderían alrededor de 120 eurodiputados, y a países como Luxemburgo, Malta, Chipre no les correspondería ninguno, y a Estonia solo uno —por poner algunos ejemplos—. A España le corresponden 54 eurodiputados. En general se puede decir que los países con menor población están hiperrepresentados, mientras que los más poblados —Alemania, Italia, Francia, el reino Unido y España— tienen una representación menor a la que en puridad les correspondería.

El Parlamento Europeo adoptó en 2012 una resolución en la cual quedaron plasmadas las particularidades que concurrían en estas elecciones, y que podemos resumir en las siguientes: en primer término, el Parlamento Europeo recomendó que los partidos políticos designasen a candidatos a la Presidencia de la Comisión Europea, de manera que estos adquiriesen una relevancia en la campaña electoral, en especial a través de la presentación del programa electoral que preconizaban en todos los Estados miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, el Parlamento Europeo solicitaba que se eligiese el mayor número posible de comisarios entre eurodiputados electos.

Nos gustaría incidir en la cuestión de la elección del presidente de la Comisión Europea, por las consecuencias que puede tener a efectos del diseño institucional planteado en los tratados europeos. La Comisión Europea es la institución más independiente en el esquema diseñado por los tratados, ostenta la salvaguarda de los tratados y del interés general comunitario; por otra parte, esa independencia debe ser efectiva tanto respecto de los Estados miembros como del resto de las instituciones, con las que debe interactuar —por ejemplo, a través de la iniciativa legislativa, respecto de la que ostenta un monopolio cuasi exclusivo—, pero de las que no debe depender ni orgánica ni funcionalmente. En este sentido, se ha puesto de manifiesto cómo la elección del candidato a presidente puede influir sobre esa independencia, ya que ahora el candidato será propuesto por un grupo político del Parlamento Europeo, y objetivamente tendrá que ser apoyado por ese grupo en la labor de gobierno de la Comisión.

LAS NUEVAS TENDENCIAS EMERGENTES

La preocupación que se ha suscitado respecto de estas elecciones de 2014 se centra en el crecimiento y el progreso cada vez mayor de los partidos de extrema derecha y populistas, que han hecho bandera de su antieuropeísmo, y que llevan a gala intentar acceder a los escaños del Parlamento Europeo para —eventualmente y con las barreras descritas— formar un grupo político propio y socavar el sistema comunitario desde dentro, o —al menos— intentar representar posiciones menos proclives a la integración europea como se ha entendido hasta ahora. Las consignas que se enarbolan en la mayoría de los casos por estas formaciones políticas derivan de los tópicos que se han ido extendiendo en mayor o menor grado entre amplios segmentos de población: más Europa, menos libertad; regulación europea como fuente de intrusismo y de detallismo dirigista, élites burocráticas alejadas del sentir común, inmigración como desfonde de la identidad nacional, extranjeros como elementos parasitarios que solo quieren beneficiarse del Estado del bienestar, falta de democracia y transparencia, multiculturalismo como pérdida de los valores tradicionales y de esa supuesta identidad nacional; la Europa de los mercaderes, el euro como causa y origen de los problemas de las economías nacionales, la salida de la zona euro como solución a los problemas económico-financieros nacionales, la vuelta al proteccionismo económico, el retorno a los controles fronterizos y a los cupos de entrada —tanto de personas como de productos—, y tantos otros que sería imposible enumerar aquí.

Es evidente que, como siempre ocurre, en todas estas proclamas, tópicos y soflamas subyace algo de verdad, que apela a la conciencia y al sentir del ciudadano asediado por sus problemas personales, y a quién se le quiere convencer que la causa de todos los males que le aquejan procede fundamentalmente de la sinrazón europeísta. Por ello, todos los partidos populistas y de extrema derecha han enarbolado la bandera antieuropeísta, convirtiéndose en euroescépticos y partidos eurófobos, saliendo de su nicho tradicional basado más en la afirmación de las raíces culturales identitarias.

Nos gustaría resaltar varios puntos importantes para entender mejor la situación. En primer término, estos partidos políticos han prosperado en países europeos que han sentido fuertemente la crisis económica —Grecia, Italia, Hungría, Bulgaria, Polonia— y en países que han salido relativamente indemnes de la misma —Finlandia, Austria, Francia, Dinamarca, Alemania, Noruega, Holanda—. Por tanto, no puede decirse que la crisis haya sido el elemento determinante de su apogeo; más bien, responden a la crisis institucional que afecta a todo el continente.

En segundo lugar, varios de estos partidos han adquirido una relevancia que hace que se les deba considerar como auténtica alternativa política en algunos lugares. Ya contaban con una notable representación en el Parlamento saliente —veinte formaciones que se podían catalogar de euroescépticas, sumando entre todas 43 eurodiputados—, pero las elecciones recién celebradas solo han reafirmado y acrisolado esta realidad: el UKIP (Partido por la independencia del reino Unido) —que ya en las elecciones europeas del 2009 alcanzó un porcentaje del 17% de los votos, superando incluso al Partido Laborista, y convirtiéndole en segunda fuerza política— ha obtenido 24 diputados, y con el 27,5% de los sufragios ha superado tanto a los laboristas como a los conservadores en estas elecciones. En Francia, el frente nacional de Marine Le Pen ha obtenido 24 diputados con un porcentaje del voto del 26%. En Dinamarca también ha triunfado la ultraderecha, con el 26,5% de los votos; en Italia, el Movimiento Cinco Estrellas se ha hecho con el 21,2% y la Liga norte con 6,1%; en Polonia los euroescépticos del Pis han logrado el 32% de los votos, y en Alemania la sorpresa ha venido de mano de Alternative für Deutschland, con siete escaños y un 7% de los votos escrutados; en Austria el 19,7% de los votos han ido al FPÖ, situándose como tercera fuerza política del país.

Otra cuestión que se suscita en este contexto tiene que ver con las líneas de contacto que se están estableciendo entre todos estos partidos, pudiéndose afirmar la existencia de una auténtica cooperación transnacional entre ellos, como se pone de manifiesto en el trabajo de Petra Vejvodová, publicado por el Centre for European Studies y por la fundación Konrad Adenauer, que señala cómo la importancia que muchos de estos partidos tienen todavía en sus correspondientes circunscripciones nacionales se ve aumentada a efectos de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las redes sociales a través de la red de lazos que están estrechando para ofrecer una imagen en cierto grado común. En noviembre de 2013, Marine Le Pen (FN) y Geert Wilders (PW) firmaron una alianza para devolver la soberanía a sus respectivos países y luchar desde dentro contra el «monstruo que supone Europa»; con anterioridad, en mayo de 2009, se celebró un congreso en Colonia (RFA), al que asistieron el FPÖ austriaco, el VB belga, la lN italiana y el FN francés, que tuvo como lema la antiislamización, de aquí que se le llamase el «Congreso antiminarete», y que en 2010 se volvió a celebrar en Amberes bajo los auspicios del VB, y que ha cuajado en un movimiento denominado «Pro Cologne». A efectos del Parlamento Europeo, esta eventual gran coalición podría plasmarse en la existencia de un grupo parlamentario propio, superando así la situación actual, con una pertenencia diseminada en el grupo de los no inscritos y del grupo Europa de la Libertad y de la Democracia, que acoge ahora la representación de varios de ellos. De hecho, con los recientes resultados, 143 eurodiputados se pueden catalogar en este espectro antieuropeísta, alrededor de tres grupos políticos, el grupo Europa de la Libertad y de la Democracia, el grupo de los no inscritos, y los 64 diputados que todavía no se han integrado en ningún grupo a día de hoy.

Por otra parte, no se puede obviar el hecho de que uno de los peligros subyacentes a esta situación se plasma en la influencia que estos grupos ya ejercen sobre las opciones políticas tradicionales. La representación parlamentaria les permitirá fijar parte de la agenda política y del orden del día del Parlamento Europeo, pero además supondrán una influencia relevante sobre las opciones políticas más importantes —como ya se está percibiendo en los programas de algunos partidos políticos gobernantes—: los partidos eurófobos provocan un miedo en los partidos tradicionales que temen que parte de su electorado se pueda inclinar por estas opciones, de manera que para contrarrestar su posible efecto sobre el mismo, estos partidos —poco a poco— estén aceptando moderadamente algunas de las líneas que se fijan por los mismos: políticas antiinmigración y condicionamientos cada vez mayores a la permanencia y a la residencia indefinida, sometimiento a gravosas condiciones el acceso a las prestaciones sociales básicas y a los seguros de desempleo, dificultades para la reunificación familiar. Un ejemplo es la Ley de inmigración de David Cameron en el reino Unido, y las recientes propuestas del primer ministro francés, Manuel Valls. Ambos de colores políticos distintos, pero que temen la amenaza en ciernes que suponen tanto el UKIP como el FN.

En este sentido, solo se ofrecen cuatro opciones posibles: a) la creación de un cordón sanitario que distancie a los partidos conservadores y socialdemócratas de los partidos euroescépticos; b) la aceptación de algunos de sus postulados para reducir su impacto sobre sus electorados tradicionales y así amortiguar la pérdida de votos; c) colaborar tácitamente con estos partidos políticos en las líneas políticas determinantes; y d) aliarse formalmente con los movimientos populistas para salvaguardar su electorado.

Es evidente que las generalizaciones no son buenas, y que en cada país la situación es distinta y habrá que atender a las singularidades particulares y sociales pertinentes, de manera que no es fácil determinar un escenario común para todo el centroderecha y la socialdemocracia europeos, pero sí nos atrevemos a afirmar que el escenario primero —el cordon sanitaire— es muy difícil de realizar en la práctica.

LOS RETOS DEL FUTURO EUROPEO

Como conclusión podemos decir que el nuevo Parlamento Europeo que surge de estas elecciones se va a ver confrontado con una serie de retos que van a determinar no solo el futuro de la Unión Europea y del proceso de integración supranacional, sino también que tienen que ver con el concepto de Europa que queremos y del modelo político y de convivencia entre nosotros. En este sentido, se pueden identificar algunos de estos desafíos:

1.       El desafío de la prosperidad: la Unión Europea debe ser un factor de estabilidad, colaborando con las economías nacionales de los Estados miembros para que se mantengan o aumenten los niveles de bienestar; las consecuencias de la crisis económica y la imputación de algunas de sus consecuencias al dirigismo de Bruselas, del Eurogrupo y del Banco Central Europeo no colaboran en absoluto a que este sentir popular se mitigue. recordemos que, en concreto, en España es donde más ha aumentado la desigualdad social de toda la Unión Europea. Este argumento es básico frente a los postulados populistas de los partidos extremistas, que apelan al factor de desestabilización económica y de desmoronamiento de los sistemas públicos de seguridad social para conseguir cosechar votos entre las clases más débiles y desfavorecidas.

2.      El desafío de la democracia: la Unión Europea —y por ende, el nuevo Parlamento Europeo— debe esforzarse en hacer creíbles, comprensibles y transparentes los procesos comunitarios. La Unión Europea debe sublimarse, tiene que dejar de ser un proyecto convencional plurinacional, para convertirse en un proyecto democrático europeo, con métodos asequibles para la ciudadanía y para los agentes económicos involucrados; de este modo, se podrá desarmar algunos de los argumentos de los euroescépticos que atacan el oscurantismo y el elitismo del proceso europeo.

3.       El desafío demográfico: solo el 7% de la población mundial vive en la Unión Europea, las tendencias migratorias y las políticas de acogida deben colaborar a aumentar la credibilidad del proyecto europeo también a nivel internacional. La solución no es cerrar las fronteras como proponen los partidos eurófobos, pero sí se debe articular una política que englobe las circunstancias particulares de los colectivos afectados, dando una respuesta a los movimientos de población que ven en la UE un objetivo, con un tratamiento en origen.

4.     El desafío de la seguridad: otro de los grandes argumentos de los partidos euroescépticos se basa en que la libre circulación de personas ha aumentado los niveles de criminalidad, y la inseguridad en las ciudades europeas; es necesario que el Parlamento Europeo se enfrente a este reto, también fomentando la importancia de la coordinación de las acciones exteriores frente a las mafias organizadas, y no solo respecto del crimen tradicional, sino respecto a las nuevas formas de criminalidad —comercio ilícito, contrabando, falsificación— que influyen de manera muy negativa sobre amplios sectores empresariales europeos. •


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