José Manuel Cervera González

Que esta ley se aprueba sin el consenso social es algo que no se le oculta ni al propio señor ministro. Ello a pesar de que en su preámbulo leemos: «...no se podrán cosechar todos sus frutos más que apoyándola en un amplio consenso». Un gran sector de la sociedad española rechaza la LOGSE, pues ve en ella una grave amenaza a la libertad educativa y a la calidad de la enseñanza. Opinan que este texto legal no permite que la actividad educativa se desarrolle en un clima de libertad e igualdad. Ha recibido también críticas del Comité Europeo de la Enseñanza Católica (engloba a más de diez millones de alumnos de toda Europa), denunciando que la ley no respeta la resolución Lugster del Parlamento Europeo, aprobada en 1984, sobre la libertad de enseñanza. El Gobierno, que desde el primer momento y por razones ideológicas contaba con el apoyo de Izquierda Unida y del CDS, había logrado los dos tercios de votos de la Cámara necesarios para la aprobación de esta ley orgánica buscando el consenso con los partidos nacionalistas. La postura pragmática adoptada por estos partidos nacionalistas les ha permitido lograr sus objetivos: — Frenar la prepotencia del Gobierno que figuraba en el proyecto, haciéndole respetar sus derechos autonómicos. Así, en numerosos artículos de la ley aparece ahora: «El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas...». Y. en general, han salvado las competencias educativas que tienen transferidas. — Reservarse la decisión del 45% de los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas que se establecerán en cada nivel, tal como refleja ahora el artículo 4 en su punto 2, en el que leemos: «Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en ningún caso requerirán más del 55% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65% para aquellas que no la tengan». Es una baza importante que les permitirá subsanar en sus autonomías algunas de las carencias acusadas en la ley. Así, la Generalidad de Cataluña ha anunciado ya la inclusión de la formación religiosa o ética en la educación secundaria obligatoria. De este modo los niños españoles van a poder recibir unos contenidos bastante diversos según la autonomía en la que estudien. Sólo el Partido Popular ha mantenido hasta el final sus propuestas —que se recogen en el cuadro n° 1— tanto en el Congreso como en el Senado. Como manifestaba el senador de este partido Isidro Fernández, han quedado fuera aspectos decisivos debido «a la arrogancia del PSOE, que no ha querido ni siquiera considerar las propuestas del principal partido de la oposición». El debate tuvo momentos tensos. Particularmente molestó al ministro de Educación, Javier Solana, la intervención del diputado del Partido Popular Enrique Fernández Miranda, en la que dijo: «¿Por qué le tiene miedo el señor ministro a que los ciudadanos puedan elegir? ¿Por qué tiene miedo a la libertad?». Aunque se tratase de un debate sobre un tema educativo, el presidente de la Cámara, tras un pataleo, se vio obligado a intervenir: «No intenten sus...