Iñigo Coello de Portugal

Cualquier profesional del Derecho, por el mero hecho de moverse en este ramo, vive entre apuros. Apuros continuos. El Abogado vive pendiente de la necesidad de cumplir los plazos, de entregar en el Juzgado sus papeles a tiempo. La prisa es para él, a poco que trabaje, algo cotidiano. Pero en compensación, hasta no hace mucho, temamos tiempo para estudiar. Por mucho lío que uno tuviese en el despacho, siempre existía la garantía de que el Derecho tiene un mínimo de estabilidad. No quiero decir con esto que vayamos a seguir aplicando siempre la misma Ley de las XH tablas, pero sí que los decenviros trabajaron pausadamente; y por tanto produjeron un buen sistema jurídico. Hoy no. Hoy todo el mundo corre. La informática y el fax han jugado una mala pasada al Derecho. El número de las sentencias, ya sea del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, puede calificarse, para los efectos de su conocimiento o lectura directa, de inabarcable. Y lo mismo pasa con las leyes. Ni siquiera los profesionales del Derecho pueden seguir el ritmo legislativo. Cuánto menos la gente. Es cierto que la ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento. Se trata de un principio general del Derecho, plasmado en el Código Civil, pero que está de algún modo Ínsito en toda norma: cada disposición general viene al mundo diciendo el que no me conoce, es porque no quiere. Pero esto no es verdad. Aun quien quiere, en las actuales circunstancias, no puede conocer todo el derecho vigente. Es demasiado numeroso. Y cambia demasiado deprisa. Se trata de una nueva forma de despotismo que los antiguos no conocieron. Demasiadas leyes En primer lugar, se legisla demasiado. Desde 1983 hasta 1992, ambos años inclusive, en España se han promulgado 534 normas con rango de Ley (contando, por tanto, leyes orgánicas, Decretos-Leyes, y Decretos Legislativos). O sea: 53,4 leyes por año. Y eso sin contar ni las leyes de las Comunidades Autónomas (que son tan leyes como las demás), ni los efectos jurídicos de los tratados internacionales, ni los Reglamentos y Directivas CEE. Las Leyes de las Comunidades Autónomas son innumerables. Y además, recurridas frecuentemente ante el Tribunal Constitucional; el cual, pasados no pocos años, declarará su nulidad. O sea, además de numerosas, inciertas. Esta presión es difícil de aguantar: sólo la árdua tarea de estar al día en qué partes de las leyes son las que están vigentes, es un exasperante ejercicio de paciencia. El legislador obliga al profesional del Derecho que quiera estar al día a dedicar muchas horas al estudio. O a gastar mucho: cuesta mucho dinero a los profesionales comprar el último capricho del legislador con forma de Ley. Existen ya numerosos servicios que lo único que venden es la posibilidad no ya de estudiar, sino de estar al día. Los mecanismos editoriales son variados. Unos, recopilan la normativa (lo que en sí a veces no es fácil), determinan cuál está vigente y cuál no (muy difícil, a veces), y finalmente publican un libro en el que lo más importante...