Carlos Arbesú

La celebración del veinticinco aniversario de la Constitución española de 1978 nos trae el recuerdo de una serie de profesionales del Derecho -en su mayoría abogados, aunque no exclusivamente, como en el caso de Antonio Fontán, editor de esta publicación- que tuvieron una especial relevancia en el tejido de los valores y de las instituciones que conforman la democracia española actual. Los autores de la ponencia constitucional podrían ser un buen ejemplo de ello, al igual que políticos como Adolfo Suárez y Joaquín Garrigues Walker, o juristas como Antonio HernándezGil, Fernando Álvarez de Miranda, Emilio Attard, Aurelio Menéndez o Landelino Lavilla, entre otros muchos. La incertidumbre que arrojan los actuales debates autonómicos, principalmente en el País Vasco y en Cataluña, así como el futuro de la Unión Europea y su posible equilibrio constitucional, nos urgen a volver la mirada hacia personas que, como ellos, son capaces de articular la unión de las voluntades en torno al bien común. Pero el escenario actual de la profesión jurídica ha cambiado enormemente, sostiene Carlos Arbesú en este ensayo: la fuerte mercantilización de la vida profesional y la irrupción de la cultura de los grandes despachos, unida a una apertura cada vez mayor a las grandes empresas de comunicación, ha puesto en entredicho la capacidad de las profesiones jurídicas para seguir alumbrando ese tipo de juristas, de abogados excelentes, especialmente valiosos para la vida social y política de una comunidad. En este contexto, el ideal del lawyer-statesman, propio de la cultura jurídica del common law, puede aportar algunas claves importantes para comprender cómo podrían -cómo deberían-ser las profesiones jurídicas en el actual orden sociopolítico.