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1 Abr 1995 - 21min.
A punto de conmemorar el centenario de aquel examen de conciencia nacional que supuso el desastre del 98 y hecho ya camino con la Constitución de 1978 en el despliegue de un modelo de Estado, vuelve la pregunta sobre España. Una simple pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes y la participación de los partidos catalanistas en la dinámica del gobierno han puesto sobre la mesa de debate los viejos interrogantes en torno al problema de España, la causa de sus males y las medicinas a tomar.
Pregunto, me pregunto: ¿Qué es España?
¿Una noche emergiendo entre la sangre?
¿Una vieja, horrorosa plaza de toros
de multitud sedienta y hambrienta y sin salida?
Fuere yo de otro sitio. De otro sitio cualquiera.
A veces pienso así, y golpeo mi frente
y rechazo la noche de un manotazo: España,
aventura truncada, orgullo hecho pedazos,
lugar de lucha y días hermosos que se acercan
colmados de claveles colorados, España.
Blas de Otero,España
Cuba, Filipinas, Puerto Rico, era todo lo que le quedaba a España de un imperio ya desmoronado. Pero en la primavera de 1898 el imperialismo de los Estados Unidos juzgó que incluso era mucho para una nación atrasada a la que los países europeos apenas respetaban. Poniendo por delante mil metáforas de autonomía y libertad, el presidente norteamericano exigió del gobierno español su renuncia al dominio sobre las islas y, casi sin darle tiempo a reaccionar, le declara la guerra. La indignación se apodera de España que, envueltos en laureles patrióticos, envía a sus soldados al matadero de Cuba y Filipinas donde perderán la vida y los barcos. Con los cañonazos del Tío Sam no sólo la flota se iba a pique, el mismo sistema constitucional estrenado en 1875 quedaba herido de muerte y si la monarquía pudo salvarse fue más por la debilidad de sus oponentes que por sus propias virtudes. Los españoles sentían una especial simpatía por Cuba y la consideraban prácticamente una porción de Andalucía, nada más doloroso el haberla perdido.
Aunque esperado e inevitable el desastre del 98 ponía al descubierto el abismo que separaba la España real de la oficial, la sociedad viva del artilugio político montado sobre la mayoría ausente y el fraude electoral. Un modelo de estabilidad que ocultaba las vergiienzas de un país de latifundistas y caciques, arrullados por las glorias convenientemente maquilladas del Imperio español. Aunque la oligarquía consiguió superar el bache y mantener el tinglado hasta la II República, la gravedad de los acontecimientos convenció a un grupo de intelectuales a reflexionar sobre la decadencia de su país. La pérdida de las colonias hacía entrar en crisis la idea de España antes de que ésta hubiese logrado consolidarse como nación en el sentido romantico del término.
No obstante, la nación que se veía enferma era la creada por Cánovas del Castillo en 1876, una España centralista, agraria, caciquil, frailuna y cerrada a las novedades del arte y la ciencia, bien distinta de la que proyectaran las Cortes de Cádiz. En el 98, España pierde su discurso nacional en favor de las sensibilidades centrífugas que ilegitiman el unitarismo precedente mientras el Estado privado de instrumentos consensuados sólo podría imponerse por la fuerza al mostrarse ineficaces las apelaciones a la grandeza de la patria para movilizar las masas. De ahí el tono áspero de la fractura noventayochista, reflejo de la imposibilidad conservadora de unificar, en nombre de la nación, la comunidad que ésta representa y de orientarla hacia un proyecto común. La tristeza y el desencanto que se reflejan en Menéndez y Pelayo parecen responder a la percepción viva e íntima del fracaso de un proyecto nacional que él y otros pensadores coetáneos se habían esforzado en promover. Al prescindir de los elementos de verdadera comprensión popular como la democracia y el pluralismo, la nación española había perdido sus bases representativas de progreso e integración de sus individuos, teniéndose que refugiar en un discurso retrospectivo e historicista, ajeno por completo a cualquier diseño de futuro. La profunda desnacionalización mostrada con toda su crudeza en 1898 no era sino fruto de medio siglo de instrumentalización católica de la idea de España y de la exclusión de los resistentes o críticos.
A punto de conmemorar el centenario de aquel examen de conciencia nacional y hecho ya camino con la Constitución de 1978 en el despliegue de un modelo de Estado, vuelve la pregunta sobre España. Un simple pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes y la participación de los partidos catalanistas en la dinámica del gobierno han puesto sobre la mesa de debate los viejos interrogantes en torno al problema de España, la causa de sus males y las medicinas a tomar. Olvidada cuando no infamada durante la transición, la preocupación por España afinca en el sentimiento democrático ciudadano y se hace centro de la inquietud de los arbitristas actuales. La nación española, asimilada manipuladoramente a la política represiva del régimen anterior, resurge después de haberse asentado las libertades tras el proceso político iniciado nada más morir Franco.
Sin embargo, la meditación actual sobre España sólo coincide con el pensamiento del 98 en la inquietud por el diseño de una nación ideal. Porque bajo la pregunta de qué es España, hace un siglo, se escondía el deseo de conjugar la identidad nacional con la democracia, la reforma del Estado, el desarrollo económico y el respeto a la diferencia cultural. Desde Barcelona, los catalanistas de Cambó coincidían en sus demandas con los pensadores castellanos o vascos y quienes hablaban de Cataluña como el gran problema nacional no se daban cuenta de que la verdadera cuestión radicaba en una forma de ver España que impedía el progreso catalán y el del resto de los españoles. En 1978 la Constitución vigente desagraviaba a los noventayochistas con un modelo de Estado autonómico sensible al apremio democrático y complaciente con los estímulos culturales de las regiones. Las reivindicaciones históricas del amanecer de los nacionalismos periféricos quedan satisfechas pero no parece que ni los catalanistas ni los vasquistas actuales estén dispuestos a disolverse en partidos de ámbito nacional español. Ellos saben que la Constitución ha dejado un sumario inconcluso, que es el definir los límites de descentralización que puede soportar la idea de España. De ahí arrancan las preguntas y las inquietudes suscitadas por los guiños del PSOE a los nacionalistas catalanes y vascos.
Retorna, por tanto, la pregunta sobre España y, al igual que hace un siglo sigue siendo la nuestra la única nación europea que todavía se interroga en vez de tomar la iniciativa de hacerse. La pregunta sin embargo no es más que la muestra de la incapacidad para afianzar un modelo nacional, que ya fracasó en el siglo XIX. Se frustraron entonces las ilusiones que habían movilizado a todos los españoles contra el invasor francés en la guerra de la Independencia y que, de la mano de los constitucionalistas gaditanos, habían unido la idea de España a los derechos individuales y colectivos convirtiéndose en la mejor garantía de los nuevos ciudadanos frente al absolutismo monárquico. Porque a la hora de llevar a la práctica esta España común el empuje perdió fuerza ante la manipulación de la burguesía moderada, los excesos centralizadores del liberalismo y su torpeza para calar en la conciencia popular.
Como otras grandes potencias europeas, la nación española se gestó en el esfuerzo colectivo exigido para frenar el imperialismo de Napoleón, al que se debe asimismo la creación política de la nación francesa. Aunque en 1808 le movilizase la defensa del Antiguo Régimen, el pueblo español plasmó con su unidad de lucha una concepción nacional moderna por encima de estamentos, culturas o reinos. Los lazos unitarios exhibidos en el levantamiento son, sin embargo, símbolos tradicionales no compartidos con la minoría liberal que, además de afirmar la nación, desea hacer su propia revolución, Fuera de juego la burocracia del Estado por las maniobras de Bonaparte, sólo la Iglesia disponía de una organización nacional centralizada, capaz de llegar a todos los rincones del país y de erigirse en motor del levantamiento con su capacidad ideologizadora. Los seis años de guerra de la Independencia constituyeron una ocasión irrepetible para un movimiento de masas de carácter revolucionario pero la identificación del clero con la vieja política lo hizo imposible. La movilización de la cristiandad española contra el invasor extranjero mezclaría interesadamente sentimientos religiosos y patrióticos del pueblo con la defensa de un estatus privilegiado al que la Iglesia no estaba dispuesta a renunciar. De esta forma, el clero actuaría como un ideólogo protonacionalista contundente.
En paralelo con el fervor popular de la guerra, las Cortes de Cádiz izan la bandera del liberalismo y el nacionalismo, dos caras de una misma lucha progresista en pos de los derechos individuales y colectivos, como medio de superar la sociedad de los privilegios y dar paso a una España moderna. La minoría ilustrada, refugiada en la burguesa ciudad andaluza, aprueba una constitución, cuyo diseño de Estado unitario impone los derechos de los españoles por encima de los históricos de cada reino. Para satisfacer la recién adquirida igualdad de los ciudadanos se necesitaba una burocracia centralizada, una fiscalidad común, un ejército nacional y un mercado liberado de las rémoras de las aduanas interiores. Sobre estos cimientos y con los resortes administrativos del Estado, la burguesía construirá la nación española, una utopía en el siglo anterior hecha realidad a lo largo del XIX, Lamentablemente el espíritu progresista con que surge la nación española tropieza pronto con la necedad de Fernando VII, un monarca educado en el Antiguo Régimen que paraliza el movimiento nacido en Cádiz y ahonda la grieta existente entre los españoles. Si la monarquía constituía la esencia histórica de la nación, la del Deseado
fue la que la abortó al impedir el asentamiento del liberalismo y provocar la Independencia americana con la pérdida de mercados y la ruptura del territorio nacional. América servía de contrapeso de los regionalismos peninsulares y, cuando desapareció la heterogeneidad del Imperio, encerrados en sí mismos comenzarían a mirarse su propio ombligo.
A la muerte de Fernando VII, la guerra civil contra los entusiastas del absolutismo exigió al liberalismo triunfante encontrar un recambio que sólo podia ofrecérselo el despliegue del moderno concepto de nación. La disolución de los señoríos y de los estamentos privilegiados privaba a la monarquía de sus anclajes aristocráticos en los territorios peninsulares cuando tampoco contaba con la Iglesia, enemistada por la desamortización pero que ya había demostrado sus dificultades para integrarse en el orden burgués. Gracias al poder unificador del derecho, los liberales españoles construyen la nación que se asienta sobre la centralización administrativa y la moderna organización provincial con su pirámide burocrática de ayuntamientos y diputaciones que compensan la desaparición de los vínculos señoriales. El territorio español se reorganiza en cuarenta y nueve provincias de acuerdo con un modelo francés, cuyos resultados no fueron los mismos a uno y otro lado de los Pirineos. En España no triunfan del todo las tesis jacobinas deseosas de hacer tabla rasa de los antiguos reinos de tal forma que las viejas fronteras continuaron presentes en la mentalidad popular, superpuestas al trazado provincial del liberalismo, hasta el siglo XX en que la aventura autonómica rehace el rompecabezas peninsular.
En Francia, el sistema departamental de Napoleón liquidó reinos, fronteras y lenguas con ayuda del terror revolucionario, que decapita gran parte de las peculiaridades imponiendo la superestructura de la nación, y mediante el rápido desarrollo del modelo nacionalista de enseñanza. Por contra, en España, las concesiones a la Historia mantienen latente bajo la supuesta unidad nacional la fiebre regionalista, larvada también en la supervivencia de las lenguas no castellanas, que desde finales de siglo protagoniza el avance de los nacionalismos periféricos. Los más interesados en nacionalizar el Estado español son los burgueses vascos y catalanes que en 1841 ven el cielo abierto con la implantación del mercado unificado, después del traspaso de las aduanas vasconavarras a la costa. Los catalanes llevarán la voz cantante en la demanda de un mercado nacionalizado, con asociaciones como el Instituto Industrial de Cataluña o el Fomento de la Producción Nacional, oponiéndose a los intentos librecambistas inaugurados por la revolución burguesa. La idea de España camina rauda, asimismo, a hombros de los terratenientes andaluces y castellanos teniendo un gran acelerón, mediado el siglo, con el tendido ferroviario, motor de la unidad al superar los obstáculos geográficos, que habían regionalizado en el pasado la vida española. Al compás del tren, la unidad económica y la especialización agrícola e industrial avanzan a grandes zancadas mientras los territorios se aproximan unos a otros y se estimula el flujo de hombres, dinero y opiniones.
La educación y la cultura también contribuyeron al esfuerzo nacionalizador renovando sus objetivos y dirigiéndolos a las necesidades del ciudadano y al nacimiento del hombre español, bajo la tutela exclusiva del Estado. Por ello el proyecto educativo correría en paralelo a la revolución liberal y sufriría sus mismas vacilaciones. Las escuelas públicas de los liberales se esforzaron en socializar a los españoles en los valores de su pasado e idiosincrasia pero las estrecheces financieras y organizativas apenas si permitieron profundizar en su propósito de nacionalización. Si en Francia la reforma educativa fue fundamental en el desarrollo de la unidad nacional al extinguir los particularismos y las lenguas regionales, en España la penuria económica impide la escolarización y trunca esa posibilidad, permitiendo la supervivencia de los idiomas locales, que, en seguida, el romanticismo exaltaría con tintes separadores. La identificación del lenguaje de una colectividad con su conciencia nacional se fundamenta en doctrinarios como Herder, que consideran la lengua materna la suprema expresión del espíritu de un pueblo. En disconformidad con el racionalismo de la Ilustración y el universalismo del latín los ideólogos románticos convirtieron el idioma en manifestación sublime de la organización histórica de las naciones, llegando el delirio idealista hasta hacer creer que el lenguaje era el órgano configurador del pensamiento.
A la búsqueda del modo de ser propio, los estudios históricos abandonan su carácter general para ceñirse al ámbito de España, en tanto que a los intelectuales se les obliga a recuperar la huella del ayer como tarea urgente de la nación. Con los ojos puestos en la España del XIX, se estudia el pasado, equiparando los momentos de progreso nacional a los periodos de tendencias unificadoras y las épocas de disgregación a las situaciones de decadencia. De los tópicos —fe, heroísmo, sentimiento patrio, fidelidad a la monarquía— aportados por la manipulación histórica se extraían argumentos con los que organizar el Estado centralista de la burguesía y trasmitir a los ciudadanos el orgullo nacional de pertenecer a una comunidad tan ilustre. Idéntico cometido nacionalizador se asigna a los artistas, a los que se exigió una iconografía exaltadora de los héroes de la historia o de la reciente revolución burguesa. Si El dos de mayo y Los fusilamientos de la Moncloa de Goya entraron en la gloria del arte como un himno al patriotismo de la nación española, otros pintores menos dotados recrearon las luchas de Viriato contra Roma, las gestas medievales, el Imperio habsburgués o el triunfo del liberalismo, es decir las crestas de ola de una Historia que supuestamente había forjado la esencia nacional.
A pesar del empefio de los liberales de la primera hora por construir la nación, falté un proyecto comun capaz de suscitar el entusiasmo de los diversos componentes de la monarquía como ocurriera en el resto de Europa. No conté España con el eestímulo del nacionalismo italiano o alemán ni tampoco con la aventura colonial de Francia, Gran Bretaña o Bélgica. Justamente lo contrario, es ahora cuando la vieja ilusión americana naufraga, perdiéndose un poderoso vinculo colectivo, una empresa que unía las esperanzas e intereses de todos los españoles. La guerra de África pudo haber tomado el relevo, pero ni la capacidad militar ni la financiera avalaron la aventura. Aunque resulta exagerado afirmar que la guerra es lo que convierte a un pueblo en nación, no hay duda de que contribuye a fortalecer los lazos de unión entre los componentes de cada uno de los bandos de la contienda. Tras los seis años de combate contra los franceses, que acrecientan el sentimiento de pertenencia a a una misma comunidad, España, salvo el enfrentamiento relampago con los Estados Unidos de 1898, no habria de sufrir sino guerras civiles, que tienen el efecto contrario de destruir la nación.
Las dificultades con que a lo largo del siglo XIX se encontró el Estado para construir la nación también provenían de la riqueza de culturas y modos de vida de la sociedad española. En la historia no se han dado nunca sociedades culturalmente homogéneas, de ahí que la afirmación del principio de unidad nacional siempre se ha hecho borrando diferencias y aplastando discrepancias. El resultado no ha sido otro que esta España inacabada sometida hoy a tensiones nacionalistas de distinto signo de las que, en el siglo pasado, levantaron el edificio político de la nación española.
Reprimida por su orografía, la península ha sufrido hasta época reciente el acoso de una compartimentación geográfica, humana y cultural, consecuencia de la dificultad de las comunicaciones, cuyo reflejo político serían las fuertes tensiones centrífugas que a lo largo de la historia sobreviven a todo intento de unificación del país. Roma, Toledo y Córdoba trabajarían por la unidad y las tres caerían ante las apetencias independentistas de los señores de taifas. Solo el esfuerzo de los gobernantes, los mercaderes y los sacerdotes y el ímpetu de la gran cultura lograron edificar cauces de comunicación. Roma derribó las primeras barreras físicas, al construir las redes de calzadas y organizar el espacio económico, político y lingüístico. Su modelo de cultura sobrevive a la ruina del Imperio y llega a imponerse con la conversión al catolicismo de los godos y el hermanamiento de la Iglesia y el Estado, vigente hasta el siglo XX y definitorio de la historia española.
Durante la Edad Media, la tolerancia de Córdoba y la de los instruidos monarcas castellanos y aragoneses permite el diálogo de las culturas musulmana, hebrea y cristiana, haciendo ahora del árabe la lengua de prestigio peninsular mientras en el norte se consolidan los cantones cristianos al dotarse de sus propios idiomas. Con la Reconquista la grieta se ahonda: Castilla, mística y guerrera, asume la tarea nacional de rehacer la unidad perdida, acogiendo las nuevas conquistas como una parte más de si misma. Por el contrario, la Confederación catalanoaragonesa nunca pudo romper sus fronteras internas, muestra elocuente de los contrapuestos intereses de sus oligarquías, que no tardan en lanzarse a la expansión mediterránea —aventura imperialista ya sin la coartada religiosa de la cruzada hispana-, que luego heredará la monarquía española. En el medioevo España es sobre todo una utopía, viva en el pensamiento de los más perspicaces hombres de la monarquía, la Iglesia o la intelectualidad, capaz por otro lado de legitimar los avances de la conquista.
Con su sentido político, superador de intereses puramente de reinos
, los Reyes Católicos inician el largo proceso de integración nacional. La unión dinástica permite alcanzar muchos de los objetivos trazados por separado —Granada, Nápoles, Navarra— mientras el descubrimiento de América abre un mundo lleno de oportunidades y el Imperio de Carlos V hace cabalgar a los españoles por tierras de Europa, a expensas de la ruina castellana. La unidad se acelera por la integración de las aristocracias de los reinos, el nacimiento de una burocracia compleja, las contradicciones del modelo confederal catalánoaragonés y la imposición del Rey sobre fueros distintivos y privile- España inacabada Ot gios personales. También la Iglesia colabora en el ensamblaje de los territorios hispánicos, mediante la actividad pastoral de los obispos, elegidos por la corona, y la labor de la Inquisición para la que no existían fronteras interiores. Entre tanto, el lento despoblamiento de Aragón refuerza la castellanización social y económica de la monarquía.
Llegado el siglo XVIII, Felipe V da un gran salto adelante en el camino de la unidad administrativa, al abolir las particularidades catalánas y valencianas, tras una guerra civil que lejos de suscitar tensiones secesionistas pone de manifiesto dos formas enfrentadas de entender España, como volveria a ocurrir en 1833 y 1936. No le tentaba en absoluto la Independencia a la interesada Cataluña, sabedora del riesgo que corría, en esa hipótesis, de acabar de mero apéndice de Francia, su tradicional enemiga, y de malograr su recuperación económica, a la que esperaban los mercados americanos y la protección arancelaria de la monarquía española, punto de partida de su empuje industrial del XIX. La apuesta catalána por España se redobla a lo largo de ese siglo, ofreciendo su arquitectura ideológica al concepto de nación y exigiendo machaconamente un mercado unificado; lo mismo que hace la burguesía vasca, contenta de cambiar los Fueros por los negocios.
Por otro lado, en la cultura plurilingüe de España pronto prevaleció el castellano como lengua nacional, contribuyendo de esta forma a la integración de los diferentes reinos. Hay quienes piensan que la fortaleza del castellano —un latín mal hablado por norteños
— proviene de la imposición de los poderes públicos, sin atender a la dinámica histórica propia de las lenguas. No se puede negar que en sus primeros avances medievales el derecho de conquista
le asistió como al conjunto de las lenguas romances a la hora de desplazar a la lengua árabe. Luego su capacidad de absorción haría que el castellano asimilase numerosas lenguas regionales, incapaces de seguir su carrera en la administración, la literatura o la cultura, coronada con la gloria de Alfonso X el Sabio o la Escuela de Traductores de Toledo.
Gracias a su temprana normalización obra de Nebrija y al poder político y demográfico de Castilla, el idioma castellano se convierte en la lengua franca no sólo peninsular —el rey Fernando sería el primer abanderado al aparcar las formas dialectales aragonesas, seguido por la aristocracia de sus reinos— sino también internacional, que tiene su refrendo en 1498 cuando el embajador de los Reyes Católicos ante la Santa Sede, el padre del poeta Garcilaso, rompe la costumbre de dirigirse al Papa en latín para hacerlo en su propio idioma. Ya con anterioridad la poesía en castellano había conquistado la erudita corte napolitana de Alfonso V el Magnánimo y, a las puertas del Imperio, no son pocos los poetas valencianos que lo emplean en el Cancionero General de 1511 mientras Gil Vicente inventaba el teatro portugués en castellano para las cortes bilingües de Manuel el Afortunado y Juan III y Luis de Camões, la gran gloria lusa, escribía canciones y sonetos en el idioma de santa Teresa. Es el momento de máximo prestigio de la lengua, reforzada además por el empuje de la literatura y el pensamiento del Siglo de Oro, la actividad de las universidades peninsulares o la expansión ultramarina.
No es de extrañar, por tanto, que desde el siglo XVII fuese el castellano el idioma del Estado o la educación, ampliándose rápidamente el número de los españoles bilingües, sin roce alguno entre los distintos idiomas de la península. El problema se plantearía a lo largo de las centurias siguientes cuando los cambios socioeconómicos y culturales y la obsesión uniformizadora del liberalismo español desataron la reacción de los nacionalismos periféricos en defensa de sus idiomas. Un ambiente de recelos mutuos que no logró apaciguar la Constitución de 1978 con su reconocimiento de todas las lenguas peninsulares, ni mucho menos las llamadas políticas de normalización, muy poco normalizadoras, de los gobiernos autonómicos. El asunto es muy grave por el contenido patriótico-político que reciben los idiomas propios de aquellas regiones de liderazgo nacionalista, por la fuerte carga emotiva que gira en torno a su fomento y, en ocasiones, por la ausencia de espacios reales de libertad que garanticen la eliminación de todo mecanismo de coacción lingüística. En el País Vasco donde sólo una pequeña minoría tiene el vascuence como lengua materna, el idioma se erige en fuente inagotable de conflictos y, paradójicamente, lo que debiera ser instrumento de comunicación ha devenido elemento de discriminación y desavenencia.
Después de años de centralismo a ultranza, el modelo autonómico desplegado a partir del desarrollo constitucional vino a recuperar para bien o para mal las fronteras emocionales o regionales heredadas de la Historia. A esta resurrección contribuyó de forma importante la debilidad de los gobiernos de Suárez, incapaces de acotar el movimiento autonomista o de orientarlo sobre criterios económicos, que superasen los impulsos cantonalistas inherentes a muchos deseos de autogobierno. Sobre argumentos historicistas se montaron, pues, distintas autonomías, que no hicieron sino encarecer un proceso que preveía disminuir las cargas del Estado y acercar la administración al ciudadano. Como el sentimiento autonomista casi se reducía a Cataluña y el Pais Vasco, los políticos se empeñaron en crear una conciencia regional que sirviera de sustrato a la generalización del modelo autonómico. Copiando siempre a catalanes y vascos, se bombardeó a los ciudadanos de cada región con nuevas identidades y raíces, tratándoles de convencer de la necesidad de ser diferentes. A la voz de café para todos
muchos españoles han tenido que aprender su lista local de reyes godos o balbucear algún idioma peninsular distinto del español o bien cualquier dialecto de éste. Y gobiernos regionales de un color y de otro han hecho esfuerzos agobiantes y dispendios difíciles de justificar desde una óptica racional para socializar a sus gentes en las pautas seudoculturales del vulgar localismo que reviste de esplendor los pequeños sucesos que tienen lugar en la parroquia, el campo de fútbol o a la puerta de la taberna.
En pleno auge del nacionalismo-regionalismo cultural, prosperan lemas huecos y manidos que urgen a desarrollar nuestra propia cultura
. Esta muletilla con la que se terminan o empiezan muchos discursos suele resultar seductora precisamente por el tufillo patriótico que destila pero encierra una grave contradicción. Las nociones de lo propio y lo ajeno son absurdas en el ámbito cultural, por lo menos cuando la humanidad avanza hacia el siglo XXI. Ninguna cultura se ha desenvuelto y llegado a la plenitud sin alimentarse de otras y sin, a su vez, nutrir a las demás en un flujo continuo de préstamos y mestizajes. Y desde luego en una nación multicultural como España —heterogénea en el presente y también en el pasado- no tienen sentido esas categorías reduccionistas.
Frente a quienes hoy defienden la pureza incontaminada de las varias culturas que conviven en la nación, la idea de España desarrollada en estas líneas intenta no restar sino sumar, esto es, recogerlas todas. Porque, por ejemplo, la España medieval no nace sólo en Covadonga o con el condado de Barcelona sino que vive también en los palacios de Córdoba o en las juderías de Toledo. Celebrar el milenario de Cataluña a partir de la fundación de los condados catalanes supone renunciar a la obra de Augusto o Hermenegildo o dejar fuera a la cultura de los valíes de Tortosa. Empeñarse en sostener el aislamiento y diferencia de la etnia vasca o su supuesta soberanía obliga a negar la evidencia de los asentamientos romanos, la expansión repobladora por Castilla y La Rioja o el trabajo conquistador de los vascos en América, al servicio de su rey. Por el contrario, un mínimo consenso respecto del pasado asumido como propio ayuda a vivir serenamente el hecho nacional de una España múltiple y diversa, perseverante no por retóricas identidades milenaristas sino por la voluntad democrática de sus ciudadanos de reconocer una historia común y una cultura pluriforme sin imposición alguna.