Artículo

Los «Think tanks»: una democracia abierta y plural

por José María Román Portas

Director General de la Fundación Ciudadanía y Valores

Publicado en Cultura, Sociedad | constitución

June 2015 - Nueva Revista número 153

ABSTRACT

Una democracia madura y avanzada no se sostiene solo con el mecánico ejercicio de acudir a las urnas periódicamente. Exige un debate público libre y serio, tolerante con los adversarios y basado en argumentos y razones. Es decir, requiere un pluralismo afianzado. Thinks tanks como Funciva desempeñan una labor irreemplazable y promueven la negociación y el compromiso, elevando intelectualmente la pugna partidista y sirviendo de nexo entre los profesionales de la política y la sociedad civil.

ARTÍCULO

En el lenguaje occidental básico democracia significa, según el imaginario colectivo, el modo de organización por la que los ciudadanos ejercen sus derechos en la comunidad política como miembros del pueblo, titular de la soberanía. La invocación de los derechos del hombre y del ciudadano, que marcaron el rumbo de la historia de los pueblos a finales del xviii, atiende a ese doble concepto: a los derechos fundamentales de cada persona y, a la vez, a sus derechos como miembro de la comunidad política, conceptos totalmente implicados. Los derechos cívicos o políticos dependen, para su efectividad, del pleno reconocimiento de los derechos fundamentales y de la dignidad de todas y cada una de las personas.

Siendo esto así, se explica como un hecho natural, fácilmente constatable, que la comunidad política sea plural. Y la democracia, por tanto, es un sistema intrínsecamente plural. Y cualquiera que se traduzca en organización social no será una democracia, aunque así se llame, si no reconoce y permite la realidad de su pluralismo originario. Porque en ese momento no estaría reconociendo los derechos fundamentales de cada uno de los componentes de su demos constituyente. Desde cualquier prisma o aproximación —filosófica, biológica, teológica— la esencia de la condición humana hace que cada persona sea diferente y distinta de todas los demás. Cada vez que los criterios de seguridad avanzan se recurre más a parámetros biomédicos de identidad. Cada persona es una e irrepetible. Así, dentro de la tradición de la ciencia jurídica política anglosajona, algunos autores parten de ese concepto abierto de «pueblo» en el que reside la soberanía nacional: «...el demos se articula como una comunidad política, a su vez diferenciada y compleja, en la que conviven ciudadanos concretos, dotados de dignidad y derechos, con diversos sistemas de creencias, que a su vez articulan sus relaciones de pertenencia y participación en distintas esferas» (Antonio Díaz Narváez, El demos europeo como sustrato último de la ciudadanía de la Unión, Fundación Ciudadanía y Valores, 2008). Por eso, después de las grandes tragedias del siglo XX, la comunidad internacional proclamó la Declaración de los Derechos Humanos, reconociendo así, frente a las experiencias inmediatamente anteriores, tan dolorosas, la grandeza y dignidad de todo ser humano, de cada persona. Es una declaración articulada básicamente como un conjunto de libertades. Manifiesta, de este modo, el reconocimiento básico de que la grandeza originaria de cada persona le atribuye, no solo una expectativa de derechos que alguien habrá de concederle, sino su propia e individual libertad, una capacidad de desplegar y autodeterminar su actividad en los ámbitos que le atañen más directamente.

En estas convicciones se fundamenta esta idea de que el hombre es titular de sus derechos políticos y por eso cotitular y corresponsable de la organización de la comunidad política en la que se desenvuelve su vida. Esto tiene una plasmación directa en el principio «un hombre (una persona), un voto». La originaria igualdad de dignidad, que se expresa y manifiesta en el pluralismo asimismo originario, pues no hay dos hombres totalmente iguales ni una comunidad que sea plenamente homogénea.

Es natural, así, que la Constitución española, ya en el artículo 1, recoja el pluralismo como básico valor constitucional: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Esto, no solo para establecer la diferencia fundamental con el régimen anterior, sino, también, como valor fundamental de la vida política que, en ese momento, los españoles queríamos consagrar formalmente, como un valor definidor e informador de la actividad política para que realmente el resultado fuese una democracia en plenitud de sentido.

Ahora bien, una democracia no tiene en el pluralismo una simple característica de lo que sociológicamente es su composición originaria. El pluralismo es algo más: es el modo de ser de la democracia, el modo en que las libertades pueden ser reales y genuinas. Y puesto que la libertad no es inerte e inmanente, sino activa y creadora, la libertad en el pluralismo conlleva participación, es decir, la posibilidad de intervenir en lo que cada uno considera parte de su responsabilidad. Como consecuencia lógica, la Constitución española recoge en su artículo 9, de un modo claro que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». En este artículo está claramente implícita la pluralidad originaria de la sociedad y se explicita la corresponsabilidad de los ciudadanos cuando se habla de la participación de «todos los ciudadanos».

Esa participación puede ser de ejercicio directo: un hombre, un voto. O puede ser organizativa: en el modo de gestionar y organizar los asuntos públicos que a todos interesan. Con ánimo de garantizar esta posibilidad, en el caso español, los constituyentes decidieron incluir en la ley fundamental los partidos políticos, como institución apta para encauzar esa participación en la gestión y resolución de los asuntos públicos, pero añadieron que en su funcionamiento fuesen democráticos. Vemos ahí dos dimensiones: una histórica, en la que se trata de prevenir episodios nefastos en el reciente pasado y otra, esencial e intrínseca, pues, como antes señalaba, el pluralismo es un valor informador de toda la organización social democrática.

Y esto se convierte en un reto permanente, porque la Constitución no nace para un momento concreto sino que proyecta sobre el vivir continuo de la sociedad, constituyendo su soporte permanente. Así lo afirma el profesor El-viro Aranda en el informe de Funciva, Diez propuestas para mejorar la calidad de la democracia (p. 60): «Es difícil imaginar el funcionamiento de una democracia representativa sin partidos políticos. Por eso, las constituciones contemporáneas los reconocen como piezas fundamentales para articular el pluralismo político, canalizar la participación y expresar la manifestación de la voluntad popular. Los partidos políticos como tales no están en cuestión. Los partidos políticos son, y seguirán siendo, piezas fundamentales para integrar la atomización ideológica de la sociedad y garantizar el funcionamiento racional de las instituciones representativas. Lo que sí merece un profundo replanteamiento es su organización y funcionamiento».

El pluralismo, es por tanto actividad política: es debate, intercambio, contraste, negociación, acuerdo. Mayorías y minorías. Derechos fundamentales. Respeto y libertades básicas. Igualdad y dignidad.

En esta realidad y en estos valores es donde cobran sentido los think tanks. No hay una definición estándar pero entre los conceptos más comunes podemos describirlos como entidades normalmente de iniciativa privada, sin ánimo de lucro, dedicados a la investigación, análisis y estudio de la realidad social y que comunican sus conclusiones a la propia sociedad pero muy especialmente a los policymakers, a los responsables de las políticas públicas para influir en sus planes y decisiones con ánimo de contribuir al interés general. Pueden nacer vinculados a organizaciones políticas, otras instituciones sociales—universidades— o ser independientes. Pero su campo de análisis y actuación será siempre la vida pública, ya sea de modo generalista,

o de modo sectorial (defensa, ecología, inmigración, etc.).

La Fundación Ciudadanía y Valores es un ejemplo claro de esto. Nace en 2006 no por un ejercicio intelectual de unos profesores, sino como respuesta nacida desde dentro del humus político de la sociedad para afrontar los problemas de esos años. Era un momento en el que parecía que la democracia daba síntomas de fatiga. El debate y el consenso cedían ante la crispación y el enfrentamiento. Las libertades básicas se perdían detrás de imposiciones ideológicas defendidas por belicosas avanzadillas mediáticas. Los promotores de Funciva compartían la preocupación general de que el camino no era bueno, de que incluso se estaba desandando buena parte del camino recorrido desde el inicial consenso que había hecho fructífera la Transición y consolidado un periodo de estabilidad y de incorporación a la sociedad internacional. Y como una de las consecuencias prácticas de la corresponsabilidad es actuar en consecuencia y aportar al conjunto, a través de una participación congruente con la posición de cada uno en un momento dado, los profesores Andrés Ollero y Javier Paniagua, tanto desde su perspectiva docente como de antiguos parlamentarios, decidieron poner en marcha una iniciativa en defensa precisamente de esos valores fundamentales: el pluralismo y la participación. Era ya una queja general la de que, para asentarse, la democracia española había potenciado y protegido los partidos políticos como vía institucional de participación, pero había descuidado grandemente estimular lo que ahora llamamos sociedad civil. Funciva buscaba y busca destacar la responsabilidad del demos originario de la sociedad política.

En su composición, Funciva, tanto por la trayectoria ideológica y partidista —ppy psoe— de sus cofundadores como por la de quienes enseguida comenzaron a sumarse al proyecto, tenía claro que quería contribuir a defender la calidad de la democracia, el valor y respeto de cada persona plasmados básicamente en los derechos fundamentales y la participación libre, y por lo tanto plural, en la conformación del interés general.

Este pluralismo ha sido desde el comienzo seña de identidad de este think tank. Y no solo como dato originario, de composición y organización, sino como elemento vertebrador de cada una de las actividades realizadas.

«El consenso, empero, ni se fundamenta en la desaparición de las diferentes maneras de ser y de pensar, ni es una especie de sincretismo ideológico. Si así fuera entendido llevarían razón los ultras, de la derecha y de la izquierda, que lo consideran una prueba de cretinismo político. El consenso que ahora anhelamos, como puntualiza bien Thomas Ferenczi, exige coraje e imaginación, ya que reposa menos en la eliminación de las diferencias que en la construcción de un espacio de diálogo que asegure la regulación de cualquier discrepancia. El consenso no se concibe sin una tensión permanente entre las fuerzas que se emplean para estabilizar una situación y las que pretenden cambiarla, o, como sugiere Paul Ricoeur, entre “ideología” y “utopía”. Son palabras del profesor Manuel Jiménez de Parga en el acto de presentación de Funciva. Así es el consenso que Funciva se proponía y se propone, construyendo ese espacio de diálogo al que apelaba el profesor».

Con mucha agudeza lo planteaba el profesor Ollero en la Tercera de abc(«Ciudadanía y valores», 21.03.2007): «Entre las habituales quejas ciudadanas se han convertido en frecuentes las que, más que cuestionar alguna decisión pública merecedora de abierta discrepancia, señalan que ha sido adoptada sin debate previo alguno. Siendo la democracia el sistema que permite sustituir la mera imposición del poderoso por una deliberación con participación ciudadana, la situación no deja de ser sorprendente. Si no hay debate, o si este resulta bloqueado, ya no se trata como ciudadanos a los destinatarios de las decisiones que afectan a los valores, sino más bien como súbditos».

Aun reconociendo el papel no solo positivo, sino fundamental de los partidos como elementos de participación institucional y de racionalización de la toma de decisiones, el profesor Ollero insistía en algo que, como he señalado al comienzo, apela al origen del concepto de democracia: «Pretender, sin embargo, que el debate público se limite a lo escenificado en el Parlamento, sin verse condicionado por un previo contraste más libre de condicionamientos estratégicos, lo empobrecería: la representación política cobraría así más visos teatrales que sociológicamente efectivos».

Ese debate es el que tratamos de recuperar: un debate que sea reflejo y plasmación de un pluralismo cada vez más amenazado institucionalmente. Y cuando los partidos políticos, sujetos a una exigencia constitucional de pluralismo, han ido ahogando el debate en función de otras prioridades —estratégicas, electorales, de poder— es cuando ha sido más urgente la primordial labor que Funciva se propone. Así lo decía el profesor Javier Paniagua, hasta ahora presidente de nuestro think tank en una entrevista a La Gaceta (17.03.2007) contestando sobre el arranque de Funciva: «Fui diputado de las Cortes por el psoe durante trece años y allí coincidí con Andrés Ollero, del Partido Popular. Desde la discrepancia mantuvimos una relación normal. A partir de ahí nos planteamos que el discurso político de este país estaba muy condicionado por la disciplina de partido. Se le ocurrió y me lo propuso».

En Funciva hemos sostenido desde el principio que el pluralismo es elemento constitucional y vertebrador de una democracia. El debate político no es solo una opción, sino una insoslayable expresión del valor que tienen las personas en la comunidad política. Hasta tal punto que ese pluralismo es lo que permite, detrás de las tensiones y discrepancias, la verdadera armonía y desarrollo social. «Frente a las afirmaciones de Rousseau, debe considerarse al diálogo mayoría-minoría como el auténtico generador de la voluntad nacional. Me apoyo en unas afirmaciones de Hans Kelsen, el inolvidable maestro. [...] La voluntad general formada sobre la base del principio mayoritario no debe ser una decisión dictatorial impuesta por la mayoría a la minoría, sino que ha de resultar de la influencia recíproca que los dos grupos se ejercen mutuamente, del contraste de sus orientaciones políticas antagónicas». Y, citando a Kelsen: «Esta es la verdadera significación del principio mayoritario en la democracia auténtica: por ello sería preferible llamarlo principio mayoritario-minoritario», volvía a afirmar el profesor Jiménez de Parga en su discurso.

Como señalan Ponsa y González-Capitel en el informe Radiografía de los think tanks en España. Fundación Ciudadanía y valores (2015): «Fruto de la transición democrática, los partidos políticos se blindaron, se consolidaron como instrumento fundamental para la participación política y dieron lugar al llamado Estado de los partidos. Fueron los partidos los primeros impulsores de sus propias fundaciones que serían el germen de los think tanks. Pero hoy en día la sociedad necesita abrirse, sacar el máximo partido de todos los recursos que ella pueda generar para su propio desarrollo y para mejorar la calidad democrática. Es en este contexto donde los think tanks juegan un papel cada vez más necesario. Por un lado, los hechos así lo demuestran. Entre la primera Guía de los think tanks en España (Tello, 2008) y la segunda (Tello, 2013) estas instituciones se duplicaron en número. Es cierto que aún es pequeño. Pero indican una tendencia: la necesidad de pensar la política, de generar ideas y de promover plataformas estables, no meramente reactivas, que aporten pensamiento y propuestas, que por independientes tengan por horizonte el interés general. Y no intereses particulares o intereses de poder».

Los think tanks permiten, ya sean generalistas o de sectores concretos, recuperar aquella idea tan repetida en los tiempos de la transición de la búsqueda de un modelo de sociedad. Por eso serán una instancia de participación necesaria para desbloquear un debate público marcado por los intereses partidistas, por luchas de hegemonía y de poder. Los think tanks en Estados Unidos tienen una larga trayectoria y protagonismo en este pensar el país y la política: El contrato con América de Ronald Reagan, La sociedad compasiva de Bush jr., el New Deal de Roosevelt, han sido grandes proyectos que han tenido su cocina en grandes think tanks norteamericanos cuyos nombres, Heritage, Brookings, Cato, etc., aparecen como grandes instituciones de la vida política de la nación.

Y esto es lo que sería el trabajo y la necesidad de los think tanks: contribuir democráticamente, desde la sociedad civil, a la superación de la crisis política y a la mejora de la vida pública de nuestro país. Para esto son necesarias varias cuestiones: que los políticos sean cada vez más conscientes de que la política no se agota en sus batallas partidistas. Que tienen que buscar ideas y soluciones donde las haya, rescatando recursos disponibles de la sociedad. Esta capacidad de escuchar y contar con otros fuera de la estructuras del propio grupo, le favorecerá a él, enriquecerá al grupo y le hará más capaz de conectar con las realidades sociales. Por otra parte, los medios de comunicación deben aprender a jugar en democracia de otra manera: jugar un papel de servicio amplio, favorecedor del debate público, y no quedar enganchados en el bipartidismo poder-contrapoder. Solo los medios de comunicación pueden permitir aflorar los esfuerzos nacidos de la sociedad por tener protagonismo. Si los medios solo tienen micrófonos para los portavoces, en sí mismos estarían bloqueando una sociedad más abierta y con un discurso más amplio. Tienen que hacer un esfuerzo por descubrir dónde están esas fuerzas que pueden contribuir a enriquecer el debate público. En Estados Unidos, país de referencia democrática, los think tanks están habitualmente en las fuentes de la información e implicados en la discusión nacional.

El ciudadano reclama cada vez más nuevos cauces de participación política, más allá de los partidos políticos. Ahora más que nunca, parece fundamental apostar por instituciones alejadas de los enfrentamientos y que promuevan el debate.

Para que todo ello sea una realidad, debe estar acompañado de una estructura capaz de dar cabida a estas instituciones. Esto será difícil mientras, entre otras cosas, la Ley de Mecenazgo siga esperando tiempos mejores. Como dicen Ponsa y González Capitel, op. cit: «Para revertir esta situación, los think tanks españoles deben acometer acciones que les permitan incardinarse en el sistema político español como actores relevantes y necesarios. Para eso, es necesario consolidar estructuras mediante una financiación estable y amplia». Si queremos que haya actores independientes en la vida pública que defiendan el interés general, así como abrir el debate público y enriquecerlo, es necesario facilitar económicamente que la sociedad pueda apoyar a estas instituciones.

En estos días, parte del discurso político se ha vertebrado en torno a la necesidad de la regeneración democrática. Para ello vemos que están surgiendo nuevos partidos políticos. Pero para que esta transformación sea real hace falta que toda la sociedad participe y se involucren nuevos actores. Esta es una oportunidad para que la sociedad se enriquezca con todos estas instituciones comprometidas con la vida pública y los think tanks deben aprovechar esta oportunidad para contribuir a la mejora de la calidad de nuestra democracia y de toda la sociedad.

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