Una Internet centrada en los derechos humanos y en las personas. La perspectiva del consejo de Europa

El director general de una gigantesca empresa de Internet afirmó recientemente, en un libro del cual es coautor, que Internet se encuentra entre las pocas cosas que el ser humano ha creado y que en realidad no comprende. Además de plantear una intrigante perspectiva sobre la naturaleza única de Internet, su misterio y su papel y posicionamiento en nuestra sociedad moderna, para toda persona que participe en la elaboración de políticas de Internet, esto parece entrañar una convincente invitación a analizar la realidad de la gobernanza de Internet. ¿Comprendemos realmente en qué consisten las políticas de Internet, qué las impulsa y cuáles son sus objetivos? ¿La gobernanza de Internet es verdaderamente un caso aparte?

En cierto modo, los gobiernos, las empresas y los ciudadanos del mundo entero se encuentran en el punto de partida en lo que respecta a comprender las implicaciones de largo alcance del vivir en un mundo conectado por Internet. La mejor muestra de esto son las continuas tentativas de revisar las normas existentes o redactar nuevas acerca de la libertad de expresión, la privacidad, la protección de menores, la protección de la propiedad intelectual, el comercio y la seguridad en Internet. La controversia a la hora de establecer el equilibrio correcto entre derechos e intereses divergentes caracteriza las iniciativas de regulación de Internet en la actualidad, tanto a escala nacional como internacional. La historia y el destino final de un acuerdo internacional como el Acuerdo Comercial Antifalsificación son sumamente elocuentes. El Parlamento Europeo votó en contra de este acuerdo tras las masivas protestas de ciudadanos europeos que se echaron a la calle por temor a que se violara su privacidad y su libertad de expresión en Internet.

Resulta evidente que los cambios en los marcos normativos serán inevitables según pasemos a velocidad de vértigo de la era de la informática de escritorio a la móvil e hiperconectada. Una combinación muy diversa de intereses e influencias de las partes interesadas, así como la diversidad de normas culturales internacionales, agregan complejidad al asunto. No obstante, los valores esenciales que debería garantizar el marco normativo no han cambiado y, al menos en ese sentido, no se debería considerar Internet como un caso aparte.

El Consejo de Europa está cooperando con sus 47 Estados miembros para defender los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, lo cual incluye el ámbito de Internet. Nuestra organización cubre un espacio europeo de 800 millones de personas y procura lograr una mayor unión entre los Estados miembros con el fin de salvaguardar y materializar los ideales y principios que son su patrimonio común. Percibimos Internet como un espacio centrado en los derechos humanos y en las personas. Aunque navegamos algunas aguas inexploradas, la estrella que nos guía es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este artículo presentará una breve visión de conjunto de las normas del Consejo de Europa relacionadas con Internet en tres aspectos clave: libertad de expresión, privacidad y seguridad, con un hincapié especial en la manera en que abordan algunos de los retos emergentes en Internet.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El derecho a la libertad de expresión es el elemento crucial de las sociedades libres y reviste una importancia capital para el funcionamiento de la democracia. En el Consejo de Europa, este derecho está amparado por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La libertad de expresión es un fundamento clave de la arquitectura de Internet, desde su capa de infraestructura hasta las capas de aplicación y contenido. No en vano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recientemente afirmó en un caso donde se produjo un bloqueo de información en Internet que el artículo 10 no se aplica solamente a la información, sino también a sus medios de transmisión. Toda restricción que se imponga a los medios de transmisión interfiere necesariamente con el derecho a recibir y facilitar información.

Diversos documentos normativos del Consejo de Europa ya han tratado varias dimensiones de la relación entre libertad de expresión por un lado y los recursos cruciales de Internet por el otro. Nuestros 47 Estados miembros han reconocido Internet como un recurso público mundial y han convenido en proteger y promover su universalidad, integridad y carácter abierto mediante compromisos de cooperación, intercambio de información y ayuda mutua cuando exista un riesgo de daños transfronterizos a Internet.

El Consejo de Europa afirmó en su normativa que la libertad de expresión y la libertad de asociación también se aplican a los nombres de dominio de Internet. Estos recursos no solamente desempeñan una función de direccionamiento técnico, sino que pueden estar impregnados de aspectos de la libertad de expresión. Fomentamos esta norma en Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la entidad reguladora internacional de nombres de dominio, en el marco de la continua expansión del espacio de dominios con nuevas palabras y expresiones genéricas.

Las empresas que proporcionan acceso a Internet y servicios relacionados, o las plataformas que facilitan las comunicaciones, la creación y la distribución de contenidos generados por los usuarios, desempeñan un papel crucial en permitir el libre flujo de información por Internet. Los creadores, distribuidores, titulares de derechos y sus asociaciones suelen solicitar a estos intermediarios que ejerzan control sobre el acceso a Internet de los usuarios, su consumo y la manera en que comparten contenidos digitales. Se les requiere que filtren, bloqueen o supriman diversos tipos de contenido, como insultos y amenazas racistas, difamación y a veces, bajo presión política, comentarios políticos.

Para el Consejo de Europa, aquí está en juego la libertad de expresión y la clave es lograr el equilibrio adecuado entre esta libertad y otros intereses legítimos opuestos. En un caso relacionado con la condena de los cofundadores de The Pirate Bay por vulneración de derechos de autor, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que el hecho de compartir o permitir que otras personas compartan en Internet material protegido por derechos de propiedad intelectual y para fines lucrativos estaba amparado por el derecho de recibir y proporcionar información del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal consideró que los juzgados nacionales habían sopesado correctamente el conflicto de intereses del caso en cuestión.

También es importante constatar que los intermediarios por Internet pueden juzgar y ejercer funciones editoriales con respecto al contenido que se facilita mediante sus servicios. El Consejo de Europa ha recomendado a sus Estados miembros que consideren estas cuestiones con una perspectiva renovada, entre ellas la pregunta de qué son medios de comunicación en el ecosistema actual de Internet. A los nuevos intervinientes se les debe ofrecer un marco normativo que garantice un grado adecuado de protección de sus funciones editoriales e indique claramente sus deberes y responsabilidades. Las normas del Consejo de Europa estipulan criterios e indicadores que deben tomarse en cuenta para este efecto.

NO EXISTE LIBERTAD SIN SEGURIDAD

La seguridad de los usuarios por Internet es de importancia equivalente a su libertad. Su confianza en Internet depende de que se haga frente a todos los tipos de delitos cibernéticos, los cuales pueden repercutir muy gravemente en la vida de los usuarios y generar enormes costes económicos. Los usuarios deben sentirse seguros en Internet, lo cual incluye las posibles repercusiones de sus actividades en Internet en el mundo ajeno a Internet. En particular, se debe proteger a los niños del abuso por Internet, de la captación infantil para fines sexuales y del acoso, y se les debe ayudar a distinguir los contenidos y comportamientos dañinos y a reaccionar ante ellos. La incitación al odio o a la violencia y la captación para el terrorismo no deben tener lugar en el ámbito de Internet.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estipulado que es obligación de los Estados desplegar marcos legales que concilien la confidencialidad de los usuarios de Internet con la prevención de disturbios o delincuencia y la protección de los derechos y libertades de los demás, en especial de los niños y otros grupos vulnerables. Internet no tiene límites, ni los tienen las amenazas a la seguridad por Internet. Por lo tanto, resulta esencial que exista una cooperación interestatal y que se movilice a los agentes del sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil.

El Consejo de Europa ofrece tanto a sus Estados miembros como a los no miembros, por medio de diversos convenios internacionales, obras de referencia para penalizar y hacer frente a las actividades perjudiciales por Internet, además de pautas para la cooperación interestatal. En particular, el Consejo ha elaborado varios convenios internacionales jurídicamente vinculantes, como el Convenio de Lanzarote para la protección de menores contra la explotación y el abuso sexual, el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo y el Convenio sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública (Convenio Medicrime).

El Convenio sobre ciberdelincuencia de Budapest se ha convertido en la referencia mundial en la lucha contra la ciberdelincuencia. Con un flujo continuo de solicitudes de acceso y más de cien Estados que están ajustando su legislación nacional en consecuencia, este convenio es un importante instrumento para luchar contra la ciberdelincuencia. Además, el Consejo de Europa está llevando a cabo una serie de actividades tanto en Estados miembros como no miembros para cultivar capacidades legislativas y de aplicación de la ley a escala nacional para luchar contra la ciberdelincuencia en Internet.

LA PRIVACIDAD EN UN MUNDO HIPERCONECTADO

Durante el verano de 2013, cuando comenzó a desvelarse información acerca de la recogida de grandes cantidades de datos personales de usuarios de Internet y del seguimiento de sus comunicaciones por parte de los Estados Unidos y otros servicios secretos, se pudieron constatar por todo el mundo los riesgos que implica el estar bajo vigilancia. Estos acontecimientos fueron un recordatorio convincente de que debemos conciliar nuestra labor de lucha contra el terrorismo con la necesidad de garantizar la protección del derecho a la vida privada, el cual garantiza el Consejo de Europa a todos los Estados miembros en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este derecho ampara a las personas ante una intrusión arbitraria por parte de las autoridades públicas y constituye una piedra angular de las sociedades libres y democráticas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido principios muy importantes relativos a la vigilancia para fines de protección de la seguridad nacional, los cuales debemos aplicar en vez de procurar reinventarlos. Aunque resulta claro que los Estados tienen el deber de proteger la vida de sus ciudadanos, el tribunal ha dicho que, en vista del riesgo de que un sistema de vigilancia secreta debilite o incluso destruya la democracia bajo la pretensión de defenderla, deben existir garantías adecuadas y eficaces contra el abuso y la arbitrariedad. Esto implica unas reglas accesibles, claras y específicas sobre las circunstancias en que se permite que las autoridades recurran a la vigilancia. Las normas deben prescribirse por ley más bien que limitarse a reglas subsidiarias susceptibles de cambiar y que a veces no son transparentes. La discreción de estas autoridades a la hora de aplicar las leyes sobre la vigilancia debe restringirse mediante condiciones claras y específicas sobre los procedimientos que se deben seguir y limitaciones temporales. Por último, debe existir la obligación de rendir cuentas, una supervisión real y un análisis del despliegue de un sistema de vigilancia por parte de autoridades independientes y competentes.

Existen otros retos relacionados con la protección del derecho a la vida privada por Internet que están surgiendo a medida que los modelos empresariales evolucionan cada vez más en torno a la obtención de datos personales de los ciudadanos. Las técnicas de proceso de datos personales, las cuales se basan en las actividades de navegación de los usuarios de Internet para analizar y predecir sus preferencias y actitudes personales para ofrecerles anuncios o contenidos personalizados, apuntan a un futuro caracterizado por una marcada asimetría de conocimiento y poder entre las empresas privadas y las personas. Lo que está en juego aquí es la libertad de las personas y su poder de decisión independiente, los cuales son pilares esenciales de la privacidad. Lo que es más, recordemos que, además de personas, también se están conectando a Internet objetos físicos y procesos, como dispositivos, electrodomésticos, automóviles, aviones, procedimientos empresariales e infraestructura crucial. Según vamos sumergiéndonos en este mundo hiperconectado, se impone reconsiderar los métodos tradicionales de los regímenes de gobernanza de los datos personales.

En el Consejo de Europa nos hemos embarcado en el proceso de modernizar nuestro Convenio para la protección de las personas en relación con el proceso automatizado de datos personales. Nos dirigimos hacia un marco normativo que estipulará normas claras respecto a los límites en la recogida de datos personales, la especificación de su propósito y su uso. La revisión del convenio también allanará el camino para reforzar la capacidad de las personas para tomar decisiones reales y ejercer control sobre sus datos personales por medio de su consentimiento informado. La propia tecnología también puede formar parte de la solución. Estamos fomentando el principio de la privacidad desde el diseño, el cual requiere que desde la fase de concepción y diseño de los productos tecnológicos se integren soluciones en ellos que respeten la privacidad.

PERSPECTIVAS DE ESTA LABOR

La gobernanza de Internet abarca diversos ámbitos de desarrollo tecnológico y normativo, por lo cual requiere una visión estratégica. La estrategia de gobernanza de Internet del Consejo de Europa para 2012-2015 define nuestras líneas de trabajo para garantizar los derechos y las libertades de los usuarios de Internet, reforzar el Estado de derecho y maximizar el potencial de Internet para fomentar la democracia y la diversidad cultural. Para desplegar nuestra estrategia, impulsamos el diálogo entre las diversas partes interesadas, con una participación plena de los gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil y de la comunidad técnica.

Entre los principios clave del Consejo de Europa para la gobernanza de Internet se encuentra permitir que los usuarios de Internet ejerzan en la red sus libertades fundamentales amparadas por los derechos humanos y que participen en el desarrollo de la política pública relacionada con Internet. Como primer paso para aplicar este principio, estamos elaborando una guía sobre derechos humanos para usuarios de Internet, cuyo objetivo consiste en explicar con un lenguaje sencillo, en un solo lugar, qué derechos y libertades tienen las personas en Internet, así como concienciarles sobre la manera en que estos derechos y libertades pueden ponerse en peligro y cómo rectificarlo. Tenemos previsto lanzar la guía a principios de 2014 y cooperar con agentes del sector privado y de la sociedad civil para alcanzar los objetivos de dicha guía.

La conferencia de ministros del Consejo de Europa responsables de los medios y la sociedad de la información del 7 y el 8 de noviembre de 2013 en Belgrado ha sido un hito importante para nuestras actividades futuras. Procuraremos que nuestras actividades posteriores a Belgrado refuercen la libertad por Internet facilitando respuestas a retos clave para la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad por Internet. Tristemente, la seguridad de los periodistas supone todavía una preocupación de primer orden para la sociedad europea y requiere un compromiso más firme de nuestros Estados miembros. El debate en cuanto a los agregadores de noticias por Internet y los derechos de propiedad intelectual de los periódicos en Europa ha otorgado notoriedad a la cuestión de la sostenibilidad del sector de los medios de comunicación. La producción de noticias y de contenido para los medios se ha convertido en una operación de alto coste, dado que cada vez más personas consumen contenido desde sus dispositivos móviles y que las organizaciones de los medios se ven obligadas a competir con gigantes empresas digitales, las cuales utilizan técnicas avanzadas de proceso de datos para ofrecer a los anunciantes una mayor capacidad de orientar la publicidad a los consumidores. Estas cuestiones conciernen a la política pública y deben tomarse en cuenta en el contexto de la preservación del papel de los medios de comunicación en el ecosistema de Internet.

Otros ámbitos de trabajo para el Consejo de Europa, como la protección de personas que alzan la voz para denunciar determinadas situaciones, se tratarán en el marco de un nuevo instrumento para proteger a las personas que comunican o revelan información sobre acciones y omisiones laborales que representan una grave amenaza o perjuicio para el interés general. Además, seguiremos trabajando con nuestros Estados miembros para afianzar los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: el marco para «proteger, respetar y remediar».

CONCLUSIÓN

Este resumen de la labor del Consejo de Europa en abordar algunas de las encrucijadas clave para la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad por Internet no es en ningún caso completo ni exhaustivo. Internet evoluciona de manera increíblemente dinámica y así deben hacerlo igualmente los procesos y las respuestas de los procesos políticos y reguladores. Resulta evidente que seguirán existiendo conflictos de intereses entre las diversas partes interesadas. Los ciudadanos seguirán reclamando la protección de su libertad de expresión, seguridad y privacidad por Internet. Los gobiernos y responsables políticos deben garantizar los derechos humanos y la seguridad, aplicar las leyes sobre derechos de propiedad intelectual y apoyar la innovación. Las empresas seguirán ofreciendo productos y servicios con fines lucrativos. La regulación y las normas de Internet deben hallar el equilibrio correcto entre unos intereses legítimos en conflicto. La mera existencia de derechos e intereses aparentemente contrarios no hace de Internet un caso aparte que deba tratarse por separado. En Europa adoptamos el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1950, mucho antes del nacimiento de Internet. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que este convenio sigue siendo la referencia para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 47 Estados europeos y 800 millones de europeos, tanto dentro como fuera de Internet. _

Traducción de Jaime Bonet

Human rights-based and people-centred Internet – a Council of Europe perspective

By Jan Kleijssen and Elvana Thaçi[1]

Introduction

The CEO of a giant Internet company stated in a book he recently co-authored that the Internet was among the few things that humans have built that they do not truly understand. Besides an intriguing perspective on Internet’s uniqueness, mystery, role and place in our modern societies, for anyone involved in Internet policy-making, this seems to be a compelling invitation to look at the reality of Internet governance. Do we truly understand what Internet policy is about, what is driving it and what its goals are? Is Internet governance really exceptional?

In a way, governments, businesses and citizens across the globe are at the starting point in terms of understanding the far-reaching implications of living in a world connected by the Internet. The best illustration of this are the continuous attempts to revise existing rules or to write new ones on freedom of expression, privacy, child protection, intellectual property protection, trade and security. Controversy over how to balance diverging rights and interests in a balanced way characterises Internet regulation initiatives today both at the national and international level. The story and the fate of an international agreement such as the Anti-Counterfeiting Trade Agreement are remarkably telling. The European Parliament voted against this agreement following massive protests of European citizens who took to the streets fearing infringement of their privacy and free speech online.

Clearly, as the shift from the desktop era of computing to the mobile and hyperconnectivity era of computing continues at an amazingly rapid pace changes in the normative frameworks will be inevitable. A very diverse mix of stakeholders’ interests, influences and a diversity of cultural norms across the globe add to the complexity. However, the essential values that the normative framework should secure have not changed and at least in that sense the Internet should not be seen as exceptional.

The Council of Europe is working with its 47 European member states to uphold human rights, democracy and rule of law,also on the Internet. The aim of our Organisation, which covers a European space of 800 million people, is to achieve a greater unity between member states for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage. Our vision of the Internet is that of a human rights-based and people-centred space.

While we navigate some unchartered waters the star that guides us is the European Convention on Human Rights. This article will give a short overview of the Council of Europe’s Internet related standards in three key areas: freedom of expression, privacy and security, focusing notably on how they address some of the emerging challenges on the Internet.

Freedom of expression

The right to freedom of expression lies at the heart of free societies and is quintessential to the functioning of democracy. In the Council of Europe this right is guaranteed by Article 10 of the European Convention on Human Rights. Freedom of expression is a key building block in the architecture of the Internet, from its infrastructure layer to the application and content layers.  Indeed, the European Court of Human Rights recently affirmed in a case involving information blocking on the Internet that Article 10 applies not only to information but also to its means of transmission.  Any restriction imposed on the means of transmission necessarily interferes with the right to receive and impart information.

Various dimensions of the relationship between freedom of expression on the one hand and critical Internet resources on the other hand have been addressed in different Council of Europe policy documents.  Our 47 member states have acknowledged the Internet as a global public resource and agreed to protect and promote its universality, integrity and openness through commitments of co-operation, information sharing and mutual assistance when there is risk of transboundary harm to the Internet.

The Council of Europe affirmed in its policy that freedom of expression and freedom of association also apply to Internet domain names. These resources do not only have a technical addressing function but can also be imbued with free speech aspects. We promote this policy at the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the global regulator of domain names, in the context of the on-going expansion of the domain space with new generic words and expressions.

Companies which provide Internet access and services or platforms which facilitate citizens’ communications, creation and distribution of user-generated content play a key role in enabling the free flow of information on the Internet. These intermediaries are often asked by content creators, distributors, rights holders and their associations to exercise control over Internet users’ access, consumption and sharing of digital content. They are called to filter, block or take-down different types of content, including but not limited to content relating to hate speech, defamation and sometimes, subjected to political pressure, political speech.

For us in the Council of Europe, freedom of expression is at stake here and what is essential is the right balance between this freedom and other competing legitimate interests. In a case involving the criminal conviction of the co-founders of The Pirate Bay for copyright infringement the European Court of Human Rights held that sharing or allowing others to share on the Internet, even copyright-protected material and for profit-making purposes was indeed covered by the right receive and impart information under Article 10 of the European Convention on Human Rights. The Court considered that the domestic courts had rightly balanced the conflicting interests at stake in the case in question.

It is also important to recognise that Internet intermediaries may exercise judgment and editorial-like functions with regard to the content that is made available through their services. The Council of Europe has recommended to its member states that these issues should be considered with fresh eyes and that the question of what is media in today’s Internet ecosystem should be considered from a new perspective. New actors should be offered a policy framework which guarantees an appropriate level of protection for their editorial functions and provides a clear indication of their duties and responsibilities. Council of Europe policy standards set out criteria and indicators that should be take into account in this connection.

There is no freedom without security

People’s security online is of equal importance to their freedom. Their trust of the Internet depends on all forms of cybercrime, which can have a very serious impact on people’s lives and carry enormous economic costs, being combatted. People need to feel safe on the Internet including from repercussions of their online activities in the offline world. In particular, children must be protected from abuse online, from grooming and bullying and must be enabled to understand and deal with harmful content and behaviour. Incitement to hatred or violence and recruitment for terrorism should have no place in our online environments.

The European Court of Human rights has ruled that it is the obligation of states to put in place legal frameworks that reconcile the confidentiality of Internet users with the prevention of disorder or crime and the protection of the rights and freedoms of others, in particular of children and other vulnerable groups. The Internet is borderless and so are the threats to online safety. Therefore, interstate co-operation and mobilisation of private sector actors and civil society organisations are essential.

The Council of Europe offers to both its member states and non-member states, through a number of international conventions, blueprints for criminalising and addressing harmful activities on the Internet as well as guidance on inter-state co-operation. Notably, the Council of Europe has elaborated several international legally-binding conventions including the Lanzarote Convention on protection of children against sexual exploitation and sexual abuse, the Council of Europe Convention on the prevention of terrorism and the Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health (Medicrime Convention).

The Budapest Cybercrime Convention has become a global standard in the fight against cybercrime.  With a continuous flow of accession requests and more than 100 states aligning their national legislation with it, the Convention is an important instrument to fight cybercrime. Moreover, the Council of Europe is carrying out a number of activities in both member and non-member states to build national legislative and law enforcement capacities to fight cybercrime on the Internet.

Privacy in a hyper-connected world

During the summer of 2013, when reports about collection of large amounts of Internet users’ personal information and about monitoring of their communications by the U.S. and other secret services started to unfold, people around the globe were made aware of the risks of exposure to surveillance. These events were a convincing reminder that we must reconcile our efforts to fight terrorism with the need to ensure the protection of the right to private life, which in Council of Europe member states is guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights. This right protects individuals against arbitrary intrusion by public authorities and constitutes a cornerstone of free and democratic societies.

The European Court of Human Rights has established very important principles with respect to surveillance for the purpose of national security protection, which we must implement rather than try to re-invent. While it is clear that states have a duty to protect the lives of their citizens, the Court has said that, in view of the risk that a system of secret surveillance may undermine or even destroy democracy under the cloak of defending it, there must be adequate and effective guarantees against abuse and arbitrariness. These include accessible, clear and specific rules about the circumstances in which authorities are empowered to resort to surveillance. The rules must be prescribed by law rather than left to subsidiary regulations which often are subject to change and sometimes not accessible. The discretion of those authorities applying surveillance laws should be constrained by clear and specific conditions regarding procedures to follow and time limitations. Finally, there must be accountability, effective supervision and review of in the implementation of a surveillance system by independent and competent authorities.

Other complex challenges to the protection of the right to private life on the Internet are emerging as business models become increasingly driven by insights gained from citizens’ personal information. Personal data processing techniques, which on the basis of Internet users’ browsing activities, analyse and predict their personal preferences and attitudes in order to serve them personalised advertising or content, signal a future characterised by a strong knowledge and power dissymmetry between private companies and individuals. What is at stake here are individual’s freedom and autonomous determination that are essential underpinnings of privacy. Moreover, in addition to people, physical objects and processes are being connected to the Internet. Devices, household appliances, cars, planes, business processes and critical infrastructure are all being connected to Internet networks. As we immerse ourselves in this hyper-connected world the traditional approaches to personal data governance regimes need re-thinking.

In the Council of Europe we have embarked on a process to modernise our Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data. Our direction is towards a policy framework which sets out clear rules with regard to limitations of personal data collection, purpose specification and usage limitations. The revision of the Convention will also pave the way for a strengthened role of individuals and more engagement from them in making real choices and exercising control over their personal data by means of their informed consent. Technology itself can also be part of the solution. We are promoting the principle of privacy by design which requires that solutions respectful of privacy be embedded in the technology at the stage of their conception and design.

An outlook into future work

Internet governance encompasses various areas of technology and policy development and therefore strategic vision is needed. The Council of Europe’s Internet Governance Strategy 2012-2015 defines our lines of work in ensuring the rights and freedoms of Internet users, enhancing the rule of law and maximising the Internet’s potential to promote democracy and cultural diversity. In the implementation of our strategy we promote multi-stakeholder dialogue with the full participation of governments, the private sector, civil society and the technical community.

Internet users’ empowerment to exercise their human rights and fundamental freedoms online and to participate in the development of public policy regarding the Internet is among the key Internet governance principles acknowledged by the Council of Europe. As first step to implement this principle we are working on a Guide on Human Rights for Internet Users whose goal is to explain in simple language, in one place, what rights and freedoms individuals have on the Internet as well as to raise their awareness about how these rights and freedoms can be challenged and in what ways they can seek redress. We expect to launch the Guide in early 2014 and to co-operate with private sector and civil society actors to make it operational.

The Conference of Council of Europe ministers responsible for media and information society which will take place on 7 and 8 November 2013 in Belgrade will be an important milestone in our future activities.  We expect that our post-Belgrade agenda will strengthen Internet freedom by providing responses to key challenges to freedom of expression, freedom of association and privacy online. Safety of journalists,sadly, continues to be a major preoccupation for our societies in Europe and in need of stronger commitments by our member states. The debate about online news aggregation and newspapers’ copyright in Europe has brought to light the question of sustainability of the media industry. News-making and media content production have become expensive operations as more and more people consume content on their mobile devices and media organisations find themselves competing with digital company giants which by using advanced data processing techniques can offer advertisers better capabilities in targeting advertising to consumers. These matters are public policy issues which should be considered in the context of preservation of the role of media in the Internet ecosystem.
Other areas of work for the Council of Europe include protection of whistleblowers, which will be addressed in the framework of a new instrument on protecting individuals who report or disclose information on acts and omissions in the workplace that represent a serious threat or harm to the public interest. In addition, we will continue to work with our member states to reinforce the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; Protect, Respect and Remedy Framework.

Conclusion

This overview of Council of Europe’s action to tackle some of the key challenges to free speech, privacy and security on the Internet is by no means complete or exhaustive. Internet developments are incredibly dynamic and so are the policy and regulatory processes and responses. Clearly conflicting interests will continue to exist among stakeholder groups.

Citizens’ will continue to demand protection of their freedom of expression, security and privacy online. Governments and policy-makers must guarantee human rights, enforce security, copyright laws and support innovation. Businesses will continue to offer products and services for a profit.  Internet regulation and policy has to find the right balance between competing legitimate interests. The mere existence of apparently conflicting rights and interests does not make the Internet an exceptional space which should be treated exceptionally. In Europe we adopted the European Convention on Human Rights in 1950, long beforethe Internet was born. The European Court of Human Rights continues to ensure that this Convention remains the basis for 47 European states of 800 million Europeans to protect human rights and fundamental freedoms,both offline and online.