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“No puede ser que los estudiantes estén decidiendo las elecciones a rector. Habría que hacer que el voto de los estudiantes valiera según su participación” ha afirmado Roberto Fernández, expresidente de la Conferencia de Rectores (CRUE).

Catedrático de Historia Moderna y exrector de la Universidad de Lleida, Fernández ha participado en una nueva sesión de Los futuros de la universidad, seminario de reflexión académica, organizado por Nueva Revista, y dirigido por Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Entre las reformas pendientes de la Universidad propone reforzar “la figura de los rectores, para que puedan elegir a los decanos”, y para que tengan capacidad de maniobra para “poder hacer política de personal, de precios y de grados”.

Sostiene que en la elección de órganos colegiados de la universidad deben participar también los estudiantes, pero “no con la capacidad de decisión que en estos momentos tienen”.  Es un error, añade, porque “en algunos casos, no están capacitados para entender la enorme complejidad de la universidad”. “No puede ser -apostilla- que el voto de un estudiante acabe decidiendo toda la vida política de la Complutense o de la Politécnica”.

UNIVERSIDAD PRESENCIAL Y EN LÍNEA, PARADIGMAS DISTINTOS 

Respecto a la digitalización de la universidad, el expresidente de la CRUE distinguió entre “digitalización y virtualidad”. Una cosa es que las universidades hayan hecho un esfuerzo por digitalizar la vida académica, debido a la pandemia, indicó; y otra distinta que “toda universidad deba ser presencial y paralelamente virtual. No veo beneficios, al menos en las públicas”. Señaló, además, que se trata de dos paradigmas distintos, el de la universidad presencial y la universidad online, con metodologías distintas; y dos paradigmas distintos en la misma institución le parece algo “difícil de sostener”.

«Debemos concebir la universidad española no como un privilegio sino como un deber imprescindible para sostener el Estado de bienestar«

En su exposición, el profesor Fernández partió de la base de que “debemos concebir la universidad española no como un privilegio sino como un deber imprescindible para sostener el Estado de bienestar», dado que es la institución que “quiere luchar con las desigualdades a través de la economía del conocimiento y la innovación». En este sentido, la universidad persigue dos objetivos. Uno es individual: «Aumentar la renta de las personas y asegurar su proyecto vital»; y otro colectivo: «la construcción de la ciudadanía y el progreso económico y social del conjunto de los ciudadanos».

El expresidente de la CRUE considera que España cuenta con “el mejor sistema universitario de toda su historia”. Y se pregunta retóricamente: si la economía y la sociedad españolas han progresado de forma exponencial en los últimos cuarenta años ¿algo ha tenido que ver la universidad en ello?

En el ranking de Shanghai “España ha tenido siempre a cuarenta de nuestras universidades entre las mil mejores del mundo”. Dio el dato de que un joven español tiene un 17% más de posibilidades de ir a una universidad bien situada en los rankings que un alemán.

Añade que el sistema universitario ha resultado ser un elemento decisivo de “cohesión y equidad social”: España ha pasado de los 700.000 estudiantes de los años 70 al millón y medio actual, “manteniendo un tono muy positivo de excelencia docente”.

Pero ha perdido “el 24% de financiación pública, y miles de plazas universitarias, por las políticas restrictivas tras la crisis de 2008”. Las restricciones presupuestarias han supuesto también importantes recortes en investigación: “entre 2008 y 2018 la financiación en investigación ha descendido un 30% por parte de la privada, y un 21% por parte de la pública, según datos de la CRUE”.

 “Hace falta una ley orgánica de universidades, reformista e innovadora capaz de durar en el tiempo”

Considera Roberto Fernández que “hace falta una ley orgánica de universidades”, con una “perspectiva reformista e innovadora”. Pero añade que toda ley de universidades debe mantener el equilibrio entre el acceso de estudiantes y la excelencia académica; y sobre todo la capacidad de durar en el tiempo, porque “no se puede hacer una ley y que otra mayoría parlamentaria la quite”. “Es preciso -subrayó- despolitizar la universidad”.  Una ley de este tipo debe basarse no en principios de partido, sino en “la búsqueda de un consenso amplísimo del arco parlamentario”.

Recordó que «la universidad no es propiedad de los universitarios, sino de los ciudadanos”. De ahí la necesidad de “combatir el corporativismo y sustituirlo por una actitud colaboracionista. Tampoco la Universidad es del Gobierno. Pero sí es responsabilidad del Estado».

El ponente explicó que la universidad española tiene por delante seis retos y cinco metas:

Los retos son los siguientes:

-Más y mejor financiación;

-más autonomía;

-más horizontalidad y menos verticalidad;

mayor adaptación entre oferta y demanda de los estudios;

-mayor internacionalización;

-más preocupación por la ocupabilidad de egresados.

Y las cinco metas son:

-Sostener el crecimiento económico con desarrollo social y territorial;

-sostener el Estado de bienestar, a través de la creación de conocimiento;

-garantizar la sociedad del conocimiento, “una nueva revolución económica que no podemos perder”; “no quedar derrotados en la galopante globalización”;

-y mantener la cohesión social, a través del mérito.

El seminario Los futuros de la Universidad ha contado en anteriores sesiones, con las intervenciones de Juan Vázquez, exrector de la Universidad de Oviedo; Federico Gutiérrez-Solana, exrector de la Universidad de Cantabria; y Adelaida de la Calle, exrectora de la Universidad de Málaga.