Fabrizio Hochschild fue secretario general adjunto de Naciones Unidas para operaciones estratégicas. Ex excoordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia.
Avance
El autor del artículo constata que, en treinta y tres años de trabajo en Naciones Unidas en cinco continentes, no conoce ningún otro proceso de paz que le haya dado tanta importancia a las víctimas, como el de Colombia. Hochschild se centra en ese aspecto positivo, sin dejar de señalar graves carencias del proceso, como el hecho de que haya comunidades de Colombia que siguen amenazadas por la violencia, o el confinamiento y desplazamiento de la población. Y destaca tres puntos sobre el papel de las víctimas en el proceso. En primer lugar, que se incluyeron en la agenda de negociaciones. En un ejercicio que jamás se había hecho antes, —subraya— se llevaron a La Habana a 60 víctimas en cinco delegaciones para que intervinieran formalmente en la mesa de negociaciones. Eran de diversas clases sociales y tendencias políticas, pero se unieron en un mensaje común: “Lo que nos pasó a nosotros no puede pasarle a nadie más”. En segundo lugar, el sistema de justicia transicional que se creó “es probablemente el más ambicioso de cualquier proceso de paz”. La Corte Penal Internacional reconoció que se pudieran reducir sentencias punitivas cuando los victimarios inculpados colaborasen al reconocer la responsabilidad penal, desmovilizarse o participar en el esclarecimiento de la verdad. Lo cual supuso un reconocimiento de la complementariedad de la justicia punitiva con otros elementos de la justicia transicional. En tercer lugar, el sistema de Justicia Transicional sirvió para visibilizar el horror de la guerra.
El autor se plantea, finalmente, si es posible replicar las buenas prácticas del proceso de Colombia a otros conflictos armados. En muchos de estos ha sido clave el papel jugado por representantes de la Iglesia. Otro común denominador de todos ellos, a la hora de buscar soluciones, es ir contra el crimen organizado y sus lazos internacionales; así como actuar sobre el caldo de cultivo que para la violencia representan la pobreza, la carencia de oportunidades para los jóvenes, y la falta de presencia del Estado. Investigar la relevancia de las lecciones del proceso de Colombia para otros conflictos pudiera ser una aportación importante a la paz en la región, concluye Hochschild.
Artículo
S i se puede resumir en una frase la perspectiva internacional sobre el proceso de paz con las FARC en Colombia, sería la siguiente: un proceso que en su diseño fue innovador y ejemplar pero que ha tenido atrasos graves y otras carencias en su implementación, una parte importante de la cual queda por hacer. Quizá el mayor ejemplo de la disonancia entre el acuerdo y la realidad es respecto a las víctimas.
En treinta y tres años de trabajo con Naciones Unidas con víctimas en cinco continentes no conozco ningún otro proceso de paz que haya dado tanta importancia a las voces de las víctimas. Ni conozco otro proceso que creara tantos mecanismos para asegurar la implementación del modelo de justicia transicional adoptada y la no repetición.
Sin embargo, después de la firma del acuerdo, sigue creciendo el número de víctimas en Colombia y sobre todo en los municipios donde el proceso de paz debiera haber tenido el mayor impacto.
Las comunidades de Colombia que deberían haber sido objeto de los dividendos del acuerdo de paz están siendo actualmente amenazadas por una violencia persistente aunque transformada. La tasa de homicidios es, en promedio, más que el doble en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) —los más afectados por los sesenta años de conflicto con las FARC— que en el promedio nacional.
Los homicidios selectivos a defensores de derechos humanos y líderes sociales siguen en números altísimos. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 ya se habían denunciado (sin verificar) 35 homicidios, casi nueve homicidios por mes.
Los confinamientos y desplazamientos de la población siguen en números altísimos: más de 100.000 personas desde el año pasado viven confinadas en sus territorios por cuenta de las disputas entre grupos armados.
Pero el conflicto —dejando al lado al ELN (Ejército de Liberación Nacional)— ahora es distinto: hay fragmentación de grupos que tienen intereses locales; ninguno quiere tomar el poder nacional por las armas, sino perpetuar su hegemonía local. Las economías ilícitas, son el mayor incentivo: minería, coca, extorsión y corrupción para apropiarse de dinero público.
Un aspecto positivo importante
Sin embargo, a mí parecer el tratamiento de las víctimas en el proceso sí ha tenido un aspecto positivo importante. En particular, las instituciones creadas a partir del acuerdo con las FARC, ha hecho que más víctimas tengan un rostro.
La inclusión de las víctimas en el proceso de negociación con las FARC fue clave para humanizar el dolor de la guerra, incrementar la legitimidad del proceso y hacer que avanzara en un momento en el que estaba paralizado.
Destacaría tres puntos importantes sobre el papel de las víctimas en el proceso con la FARC que, en mi experiencia, no tienen precedentes:
Primero. El proceso de paz incluyó a las víctimas en uno de los cinco puntos de la agenda. El fin, según el acuerdo final, era de mostrar que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo.”
Como consecuencia de ello, en 2013 las comisiones de paz del Congreso y del Senado encargaron a las Naciones Unidas reunir victimas para traer sus aportaciones a la mesa de negociación. Organizamos en varias regiones reuniones con cientos de víctimas para escucharlas y resumir sus perspectivas que transmitimos luego a los negociadores.
Una demanda principal que surgió de estos foros fue que las victimas deberían ir a La Habana para poder presentar sus perspectivas directamente a los dos partes [los representantes del Gobierno y los representantes de las FARC]. Esa demanda fue transmitida al presidente Santos, que después de una discusión interna, aprobó la propuesta.
En un ejercicio que jamás se había hecho antes de una manera tan estructurada, entre agosto y diciembre de 2014, llevamos a La Habana, junto con la Iglesia y la Universidad Nacional, a 60 víctimas en cinco delegaciones para que intervinieran formalmente en la mesa de negociaciones.
Eran víctimas de todos los victimarios. En esa época las negociaciones eran cerradas y las víctimas fueron el primer grupo de representantes de la sociedad civil que pudieron intervenir formalmente con los representantes del gobierno y de las FARC (1).
Hicimos un trabajo enorme para elegir entre los más de cinco millones de víctimas del conflicto, a sesenta personas, víctimas de crímenes emblemáticos. Algunos eran de alto perfil, como el general Mendieta y el gobernador Alan Jara, secuestrados durante años por las FARC, o Marisol Garzón, hermana del humorista Jaime Garzón asesinado por paramilitares y militares.
Víctimas desconocidas
Otras eran víctimas desconocidas, como Luz Marina Bernal Parra, madre de un discapacitado que fue asesinado y encontrado en una fosa común, un caso más de los llamados “falsos positivos”; o Débora Barros, una indígena wayuu de la Guajira, líderesa de las víctimas de una masacre de los paramilitares en la que fueron asesinadas cinco mujeres de su familia. O una líderesa afrocolombiana del Cauca, víctima de amenazas y de los ataques contra su comunidad, que era activista de los derechos humanos y el medio ambiente, en aquella época poco conocida en Colombia… hoy lo es más, porque se trata de la vicepresidenta de la República, Francia Marquez.
Vinieron víctimas de muy diversas clases sociales, ocupaciones, etnias y tendencias políticas completamente contrarias. Sin embargo, en sus intervenciones no se perdieron en sus diferencias, ni en la extrema polarización del debate nacional sobre el diálogo con las FARC, sino que se unieron todos alrededor a un mensaje (2): “Lo que nos pasó a nosotros no puede pasarle a nadie más; la paz tiene que avanzar”.
Según varios integrantes de las dos delegaciones, el testimonio que ellos compartieron —muy humano, mesurado, fáctico, elocuente y valiente— ayudó no solamente a avanzar en la discusión sobre el tema de las víctimas, sino también en todo el proceso en un momento en el que estaba atascado. Sirvió para poner ante los negociadores la realidad de los que más sufren de la guerra; y enmarcó las discusiones no en las diferencias políticas, sino en el dolor sin fin y universal que la violencia había provocado.(3).
Según el padre Pacho de Roux, ex padre provincial de los jesuitas y actual presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: “Las victimas cambiaron, de ese modo, el desarrollo de las conversaciones de La Habana… lograron que las conversaciones se centraran en este problema fundamental: la negación entre nosotros del valor sagrado de la vida.”
La gran mayoría de las sesenta victimas que se desplazaron a La Habana fueron mujeres. Un aspecto poco conocido del proceso es que ellas se unieron de manera informal en cada visita juntamente con las mujeres de la delegación de las FARC y la delegación del Gobierno. Lo cual fue un aportación a la construcción de confianza y quizá ayudó también a promover una actitud más pragmática frente a los temas de negociación.
Segundo. El sistema de justicia transicional que se creó es probablemente el más ambicioso de cualquier proceso de paz y uno de los pocos de esta sofisticación que no incluye un elemento importante de justicia a través de un mecanismo internacional (4).
En un avance normativo importante, la Corte Penal Internacional —que estaba en modo de investigación preliminar con Colombia—, reconoció que se pudieran reducir sentencias punitivas por crímenes definidos en el Estatuto de Roma, cuando los victimarios inculpados hacían aportaciones a otros elementos de la justicia transicional: El reconocimiento de la responsabilidad penal, la desmovilización, la garantía de la no repetición, y la participación en el esclarecimiento de la verdad, entre otras medidas.
En un discurso clave, el 13 de mayo de 2015 en la Universidad del Rosario, James Stewart, fiscal adjunto de la Corte, concluyó: “Estas medidas podrían justificar una reducción de la pena que, de otro modo, sería proporcional a la gravedad del delito y al grado de responsabilidad del autor”.
Se trató de un reconocimiento importante de la complementariedad de la justicia punitiva con otros elementos de la justicia transicional y también de la necesidad de ver todos los elementos de la justicia transicional de manera holística. En mi opinión, fue el primer pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte al respecto y abrió la puerta para el sistema y los mecanismos que nacieron del acuerdo.
Tercero. El sistema de Justicia Transicional —Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas— ha visibilizado el horror de la guerra.
Un colega nacional de Naciones Unidas —y él mismo víctima de la guerra—, que ha seguido los procesos de paz de Colombia muy de cerca, dijo: “Hemos empezado a conocer hechos, testimonios, dolores que de otra manera no habríamos sabido. También hemos visto actos públicos de reconocimiento de responsabilidades.
Como consecuencia del sistema de la justicia transicional, empezamos a ver cada vez más un avance hacia un arrepentimiento de los victimarios guiados por la contrición (por el genuino deseo de enmendar el daño y arrepentirse) y menos por la atrición (por miedo al castigo).”
Ante la pregunta de ¿cómo pueden UNIR y la Fundación Ciudadanía y Valores (FUNCIVA) apoyar a los procesos de paz y reconciliación en América Latina tomando a Colombia como ejemplo? Lo primero que hay que tener en cuenta en el contexto colombiano es que el conflicto armado, la violencia y el posconflicto son temas ampliamente estudiados desde la academia nacional e internacional(4). Debemos tener en cuenta este ecosistema de desarrollo académico.
Habiendo dicho eso, puedo sugerir algunas preguntas para investigar.
¿Cómo se negocia con “nuevos” grupos armados que actuan en distintas regiones, con intereses menos políticos que económicos? ¿Qué incentivos se pueden ofrecer para que abandonen la violencia, cuando esa violencia es parte de un modelo de negocio ilícito extremamente lucrativo? Y además ¿qué limites se establecen en la justicia cuando los grupos armados no son considerados políticos, pero ejercen tipos de violencia propios de los conflictos armados internos?
A pesar de ser de la mayor importancia para el Continente, hay una falta de investigación sobre un tema tan controvertido como la negociación con grupos criminales.
Quiero destacar la labor importante de una organización que nació del proceso de paz en Colombia: The Institute for Integrated Transitions que ha publicado una serie de trabajos importantes al respeto.
¿De qué manera se puede incluir a las víctimas en estos procesos nuevos?
Si en el proceso con las FARC se logró incluir a las víctimas en las conversaciones de paz, hay que buscar mecanismos para humanizar estos nuevos esfuerzos de negociación del Gobierno. Hay diversas fórmulas para lograrlo, no solamente la fórmula que se usó con las FARC.
Para mí, quizá la más importante, es examinar la replicabilidad de las buenas prácticas del proceso de paz de Colombia, y en particular el modelo de justica transicional, a otros conflictos armados en otros países de la región.
Las diferencias entre los conflictos en Colombia, en el sur de Chile, en el Salvador, o en Honduras son enormes, pero hay al menos tres elementos en común:
El papel de la Iglesia
En primer lugar, en muchos países latinoamericanos la Iglesia refleja la polarización que hay en la sociedad frente a la posibilidad de negociar con grupos armados al margen de la ley. Al mismo tiempo, es enorme y clave el papel de algunos integrantes de la Iglesia para facilitar tales procesos de manera siempre discreta y muchas veces secreta.
Es muy difícil pensar en la paz en Colombia sin figuras como Pacho de Roux o el padre Darío Echeverri o muchos más sacerdotes viviendo en las partes de Colombia más golpeadas por el conflicto que, día a día, se ponen del lado de las víctimas para promover la paz local. Hay mucho que aprender de los esfuerzos de una parte importante de la Iglesia sobre negociaciones locales, el activismo por las víctimas y las características de mediaciones que rinden resultados.
En segundo lugar, en casi todos los conflictos de la región hay un elemento importante o dominante del crimen organizado. El uso de violencia no es tanto, para fines tradicionales políticos si no para ejercer o ganar control sobre una región con fines de lucro y crear un vacío en el Estado de derecho, un espacio sin régimen de la ley para hacer crecer negocios ilícitos.
Además, aunque muchas veces los grupos y el conflicto responden a dinámicas muy locales, hay lazos con economías y grupos que transcienden fronteras. Por ejemplo, el conflicto entre el Estado y los mapuches en Chile es un conflicto local que empezó en la época colonial, pero hoy esta nutrido, según varias fuentes, por organizaciones criminales de Venezuela, notablemente El tren de Aragua. Y el crecimiento de las maras en El Salvador tenía que ver, como se ha documentado, con las políticas de deportaciones desde las cárceles de los Estados Unidos.
Y en tercer término, en las raíces de la mayoría de los conflictos del continente hay otro elemento en común: las regiones o los barrios con mayor incidencia de violencia se caracterizan por pobreza y marginalización, por una carencia de oportunidades para los jóvenes, y por una falta de presencia del Estado más allá de las fuerzas armadas, incluyendo la provisión de justicia conforme con un Estado de derecho.
El proceso de paz en Colombia intentó enfrentar estas últimas características de negocio ilícito, vínculos regionales, pobreza y marginalización. Y en lo acordado, sí lo logró.
Relevancia de las lecciones de Colombia
Pero no está claro que se pueda replicar. Por ejemplo, los mecanismos de la justicia transicional que salieron del acuerdo se construyeron sobre la base de una estructura de justicia nacional robusta y sofisticada. No está claro que esto se puede replicar fácilmente en otros países.
Investigar la relevancia de las lecciones del proceso de Colombia para otros conflictos pudiera ser una aportación importante a la paz en la región.
NOTAS
(1 ) Por una descripción y análisis detallado de estas visitas, vease padre Darío Echeverri, El corazón de las víctimas, Bogotá 2016, https://dev.comisiondeconciliacion.co/wp-content/uploads/2021/05/El20corazon20de20las20victimas_compressed_compressed-3-3.pdf
(2) Padre Pacho de Roux, ex padre provincial de los jesuitas y actual residente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en La audacia de la paz perfecta. Bogotá 2018: Las víctimas a través de sus visitas “dejaron claro que el problema de fondo había sido y seguía siendo la capacidad de destruirnos, de excluirnos a muerte, de odiarnos, de rompernos, de someter a las comunidades y los pueblos al terror y al silencio…… Las victimas lograron que las conversaciones de La Habana se centren en este problema fundamental: la negación entre nosotros del valor sagrado de la vida y la aceptación de que siendo colombianos nos matábamos de manera absurda por razones ideológicos y políticas….Las victimas cambiaron de ese modo el desarrollo de las conversaciones de La Habana.”
(3) Cabe destacar que, a mi entender, es uno de los pocos ejemplos, si no el único, donde la Corte Penal Internacional estaba siguiendo formalmente la situación en un país —en este caso Colombia— y terminó, después de una investigación preliminar, concluyendo que los mecanismos previstos en el acuerdo eran suficientemente robustos para no necesitar la intervención de la Corte. Creo que el acuerdo de cooperación que fue firmado después es también una innovación.
(4) Cada mes se publican libros y artículos sobre las nuevas dinámicas de violencia y sobre el posconflicto. Todas las grandes universidades en Colombia tienen uno o varios observatorios y centros de investigación que monitorean y analizan el avance de la implementación del proceso de paz. Por añadidura, hay unos centros de pensamiento que explícitamente están designados en el acuerdo de paz para dar seguimiento a su implementación. El instituto Kroc (de la Universidad de Notre Dame), que monitorea la implementación de los acuerdos en su generalidad; y luego están el CINEP y el CERAC, las organizaciones que apoyan a los Notables (los expresidentes José Mujica y Felipe González).
