Los Estados compuestos se caracterizan, entre otras cosas, por la existencia de determinados espacios territoriales que disfrutan de autogobierno y autoadministración en un marco de integración, cooperación y lealtad institucional. El Gobierno de España, los Gobiernos de las comunidades autónomas y los Gobiernos de los diferentes entes locales son gobiernos democráticos, elegidos por los ciudadanos, que se caracterizan por su autonomía en la elaboración y realización de políticas públicas propias en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los gobiernos se legitiman, podríamos decir, en la medida en que asumen efectivamente un compromiso creciente con los problemas reales de la gente. Siendo esto así, no es menos cierto que cada vez, según la común opinión de politólogos y administrativistas, los gobiernos nacionales cada vez deben circunscribir sus políticas al diseño general, a la planificación estratégica o, si se quiere, al establecimiento de las bases -el común denominador- que haga posible la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, con independencia del lugar del Estado en que residan. Esta es, me parece, una de las tareas más importantes que ha de afrontar el Estado como institución en los próximos años.
Por otra parte, si bien las comunidades autónomas están llamadas, por su inserción en el esquema descentralizador, a elaborar políticas públicas generales de ámbito supramunicipal, no debemos olvidar que deben dedicar -y así ocurre ordinariamente- una parte relevante de sus recursos materiales y medios humanos a actividades de gestión o ejecución. Pero es, sin embargo, el espacio local el espacio de la gestión por antonomasia. Por su cercanía a la gente, el espacio local se nos presenta también como un espacio muy adecuado para las experiencias participativas, así como para las reformas e innovaciones de determinadas políticas públicas. En este sentido, hasta podría decirse que los municipios son un permanente laboratorio democrático en el que el pluralismo y la participación encuentran un marco idóneo para su efectiva realización.
Quizás por estas razones, entre otras, vivimos hoy una vuelta a lo local, desde posiciones moderadas y equilibradas, es decir, desde el pensamiento compatible y dinámico, desde la aceptación de la realidad y, si se quiere, desde postulados reformistas. Sobre todo, porque en el ámbito local se puede conjugar de una manera armónica y espontánea la preocupación por los problemas concretos de los vecinos en la aplicación de políticas públicas que necesariamente habrán de modularse al actuar sobre la realidad.
En los últimos tiempos es relativamente frecuente encontrarse con una pluralidad de iniciativas, aproximaciones, reflexiones y propuestas encaminadas todas ellas, en su conjunto, a replantear las relaciones que deben regir la posición respectiva de las comunidades autónomas y de las entidades locales y aún, quizás, a replantear la posición del sistema local en el conjunto del ordenamiento autonómico del Estado. Se trata, en definitiva, de cuestiones muy relacionadas en España con el llamado Pacto Local.
El Pacto Local viene planteado por la revalorización operativa de este ámbito territorial en el espacio europeo, en el cual se comprueba el paulatino aumento de la actuación externa de los entes locales hacia los más diversos sectores, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente. Las funciones que, en el ámbito europeo, son realizadas por los entes municipales, afectan a materias tan relevantes como la seguridad pública, la prestación de nuevos servicios asistenciales, funciones de ordenación y planificación urbanística, tareas de promoción y dinamización social, fijación de programas de medio ambiente o incluso el impulso económico del territorio y fomento de la ocupación. De lo que se trata, en definitiva, como ha señalado el presidente del Gobierno José María Aznar, es de la necesidad de que, en un país tan descentralizado como España, en favor de autonomías y ayuntamientos, se alcancen mejores equilibrios territoriales, para lo que se considera razonable y conveniente la consecución del Pacto Local, una vez que el Estado autonómico se encuentra razonablemente consolidado.
La potenciación de los entes locales va ligada al principio de subsidiariedad, en virtud del cual la prestación de los servicios públicos debe llevarse a cabo por la Administración pública que se encuentre en mejores condiciones para ello y sea más próxima al ciudadano. Todo ello determina la necesidad de abordar de un modo global la redefinición del papel de las Entidades locales en un Estado compuesto, pues si bien en el principio descentralizador se dirige hacia las comunidades autónomas, es igualmente necesario el desarrollo de este principio respecto a las entidades locales, en la medida en que el equilibrio y la lealtad al sistema así lo demandan.
Ahora bien, no debe olvidarse que el Pacto Local no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para lograr situar el espacio local en su lugar adecuado. Además, es preciso recalcar que dicho pacto debe tener una dimensión finalista, es decir, debe estar dirigido a una mejor gobernabilidad en favor de los ciudadanos. Este compromiso debe ser también un instrumento para modificar la cultura política administrativa local, para reforzar los valores de la eficacia, legitimación, transparencia, responsabilidad y participación democráticas, así como para subrayar la mejora de la gestión y de las políticas públicas locales.
No es necesario recordar cómo, desde el inicio de la década de los ochenta, el sector público español ha experimentado un fuerte proceso descentralizador, motivado fundamentalmente por el establecimiento de las comunidades autónomas. Esto resulta especialmente indicativo si se compara el peso relativo del nivel de gasto de los tres peldaños territoriales: Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, en 1981 -año en el que la proporción era de 87,3%, 2,9% y 9,7% respectivamente- y en 1999, en el que el reparto fue de 61%, 25,4% y 13,6%.
Sin embargo, es fácilmente comprobable que el nivel local de gobierno no ha incrementado prácticamente su peso en los últimos años, lo que ha provocado que la importancia relativa de nuestros gobiernos municipales esté todavía lejos de los baremos alcanzados en otros países con tres niveles de gobierno y de larga tradición federal, como Alemania, Canadá, Austria, Estados Unidos o Suiza. En estos países, la media del gasto público local respecto al total del gasto público se sitúa en cotas superiores al 20%, por lo que parece necesario, si se quieren sentar las bases para el desarrollo del nivel local, y dada la situación descrita, impulsar una descentralización de gastos desde el nivel autonómico al local.
Así pues, la mayor proximidad de los ayuntamientos a los intereses públicos tendría que proyectarse en virtud de una descentralización de funciones y competencias en favor de las entidades locales, a través de las posibilidades de delegación de competencias en su favor y abordando, si ello fuera preciso, las reformas legales necesarias para alcanzar ese objetivo. La meta general en este ámbito es, pues, el reforzamiento de los entes locales, de forma que puedan asumir el protagonismo que les corresponda en todas las materias susceptibles de gestión en el orden local. Ello plantea la necesidad de seguir trabajando en el pacto local, compromiso de carácter político y territorial que permite abordar de un modo lógico e integrado el futuro, las competencias y la posición de las entidades locales, y que ha de basarse en una serie de principios, entre los que pueden citarse la autonomía en la gestión de los intereses propios, la subsidiariedad, la descentralización y el acercamiento de la gestión, la eficacia en el desempeño de la función, la eliminación de duplicidades y la cooperación y coordinación ejecutivas.