La transparencia formal sin argumentación no garantiza la calidad democrática

La democracia como forma de gobierno encierra en sí misma un fuerte componente ético, «pues consiste en gobernar para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a través de su participación real en los asuntos que vertebran el interés general«. El entrecomillado se corresponde con las palabras del profesor Jaime Rodríguez-Arana en la presentación ayer, en la sede de la Fundación Ciudadanía y Valores, de la obra Calidad democrática, transparencia e integridad, editada por Thomson Reuters Aranzadi.

La política democrática no puede reducirse a la «simple articulación de procedimientos», con ser este uno de sus aspectos más fundamentales, añadió Rodríguez-Arana. La participación no puede garantizarse solo con decretos y reglamentos. “Solo hay participación real si hay participación libre”.

Justo una de las causas de la profunda crisis que atraviesa la democracia representativa reside en que el pueblo percibe que su protagonismo ha sido suplantado, de una manera u otra, por los dirigentes, por los profesionales del interés general. Los ciudadanos, por ejemplo, no han sido consultados sobre las cantidades ingentes destinadas a rescatar a los principales causantes de la crisis. Ni siquiera se explica el destino de esos fondos y los plazos para su reintegro al tesoro público.

La rendición de cuentas tendría que ser algo cotidiano, pero habría que «ejercerla con calidad de argumentación, con calidad de motivación, para que fuera eficaz y sirviera a la regeneración democrática», al buen gobierno, y al correcto administrar y ser administrado, como había recordado recientemente el Tribunal Constitucional, concluyó Rodríguez-Arana.

En el debate organizado por FUNCIVA intervinieron algunos de los autores más destacados de la monografía: Benigno Pendás García, Angelina Trigo Portela y Manuel Arenilla Sáez, además del propio Rodríguez-Arana. La moderación corrió a cargo de Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de FUNCIVA.

Pendás advirtió contra los populismos, que eran la demagogia, es decir, la degeneración de la democracia. Ofrecían “soluciones” aparentemente simples a problemas muy complejos de la misma falsa manera que el bálsamo de Fierabrás de Don Quijote permitía curarlo todo. El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales subrayó que la calidad democrática en España estaba a la misma altura que la de los países de nuestro entorno más desarrollados. “Las percepciones de nuestros vecinos son las mismas. Todos los males no nos ocurren solo a nosotros”. Sobre la posible reforma de la Constitución dijo que quizá hubiera, en algún aspecto, cierta “fatiga de materiales”. Sin embargo, mientras que en 1977 España gozaba de un “proyecto sugestivo” (Ortega y Gasset), el camino democrático, ahora las ideas para cambiar la Constitución provenían del independentismo y de un federalismo sin propuestas claras. Previno contra los espejismos al estilo del “hagamos del derecho a la vivienda un derecho fundamental”, porque eso no significaba que fuera a haber más viviendas para los más necesitados.

Angelina Trigo glosó el funcionamiento del Portal de la Trasparencia y sus ya muchos logros al cabo de pocos meses de vida. Síntoma significativo: por la serie de televisión Borgen se habían multiplicado las consultas sobre la agenda, los regalos y los viajes de los políticos. En la base de datos de subvenciones públicas, añadió, estaba todo lo referente a ese capítulo, “hasta el nombre y los apellidos de los que habían gozado del plan PIVE para la compra de un coche”.

Según Trigo, era quizá del carácter español lamentarse mucho de palabra, pero no poner por escrito, donde hay que hacerlo, la queja correspondiente. El mayor número de consultas al portal que dirige provenía de periodistas, casi siempre también los mismos, no de los ciudadanos.

Manuel Arenilla utilizó el último informe de la OCDE sobre el panorama de las administraciones públicas para insistir en que la desconfianza entre la clase gobernante y el pueblo era el gran problema de los países más desarrollados de la OCDE. Otros denominadores comunes de esos países eran la corrupción; la endogamia del Estado como organización (en comparación con una sociedad o empresa civil cualquiera mejor gobernada); y las normas sistemáticamente sesgadas que el Estado producía, precisamente por ese pensamiento endogámico. Estaba también la falta de liderazgo político. Con todo, España destacaba entre las mejores naciones por su capacidad institucional y el avance tecnológico de su administración.

En Calidad democrática, transparencia e integridad han colaborado también los profesores de UNIR Mariano Vivancos y Josu Ahedo.

La sesión completa se puede seguir en el vídeo de arriba.