Erika M. Rodríguez Pinzón (1978). Profesora en el Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
Avance
El concepto de “desarrollo en transición” representa una ampliación en la comprensión de lo que significa que un país sea desarrollado: no solo toma en consideración su crecimiento económico, sino, además, la distribución de la riqueza y la calidad de la vida de los habitantes. El desarrollo en transición es la constatación de que, aunque un país crezca económicamente, no podrá avanzar si no es capaz de superar brechas sociales, económicas e institucionales.
Latinoamérica ha dejado atrás, en su gran mayoría, las grandes crisis económicas. Sin embargo, según Erika Rodríguez, aún se enfrenta a problemas y carencias que lo mantienen como una región de desarrollo en transición. En primer lugar, se necesita economías diversificadas, con productos y servicios más sofisticados para alcanzar una mayor productividad. En segundo lugar, se requiere crear más empleos formales y de calidad para romper el círculo vicioso de la vulnerabilidad social, los ingresos volátiles y la escasa protección social. En tercer lugar, hacen falta mejores instituciones para restituir la confianza social, mejorar la calidad de los servicios públicos, asegurar los cambios sociales, y cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Finalmente, se requiere la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible donde se disminuyan las emisiones de carbono.
La autora reconoce el importante papel que cumple América Latina tiene como promotor del desarrollo en un sentido amplio, con aportes propios de sus cosmovisiones y con el despliegue de una gran escuela de pensamiento crítico. Las carencias a las que esta región se enfrenta deben ser consideradas como posibilidades para el desarrollo. Por ello, señala áreas en las que existen oportunidades para el cambio y crecimiento de América Latina: la transformación digital, la educación, la cultura democrática y el modelo ambiental sostenible.
Como conclusión, Rodríguez afirma que las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALyC) requieren un enfoque pragmático que reconozca las evidentes asimetrías económicas y otros indicadores, pero también, y muy especialmente, las potencialidades de las dos regiones.
Artículo
América Latina es una región compleja, tanto en su estructura geográfica, económica y social como en su inserción internacional. En un entorno cambiante los interrogantes sobre su capacidad de adaptarse y aprovechar las oportunidades se disparan.
En el marco de una nueva geografía de la producción y el comercio y de una transición energética, en la que juega con buenas bases, la región necesita estrategias para superar sus problemas estructurales, pero también maximizar sus potencialidades y capacidades.
Esta potencialidad encuentra su espacio de promoción en la construcción de un nuevo concepto para abrir la puerta a una política de desarrollo dirigida a casos como el latinoamericano, el desarrollo en transición. Un concepto que la Unión Europea ha hecho propio en su política de desarrollo pero que también tiene que arraigarse en la construcción de una agenda propia de América Latina que permita gestionar y gobernar sus desafíos y oportunidades.
Este artículo explora de forma propositiva algunos de los aspectos más relevantes de la agenda birregional.
El desarrollo en transición
¿Qué significa ser una región de desarrollo en transición? Básicamente significa que, a pesar de haber conseguido un nivel de crecimiento económico suficiente para aumentar la relación entre producto interno bruto y habitantes del país, el país aún enfrenta serías brechas sociales, económicas e institucionales que no le permiten avanzar más.
Así, el desarrollo en transición es el reconocimiento, también, de que la clasificación del nivel de desarrollo de los países según su renta no es un criterio objetivo dado que no refleja ni la distribución de la riqueza, ni la calidad de vida de sus habitantes. Un avance muy importante para el pensamiento y la política del desarrollo que reconocen así que su tarea va mucho más allá del crecimiento y debe preguntarse por las condiciones para la realización plena de las personas. Esta es la apuesta que ha hecho la Unión europea para reconstruir su estrategia de cooperación con América Latina.
Esta ampliación del concepto de desarrollo se suma a la constatación empírica de la tendencia de los países a quedarse anclados en el ingreso medio sin ser capaces de crecer más y conseguir una economía más grande y fuerte.
Para los organismos multilaterales que estudian y promueven el desarrollo (OCDE, CEPAL), América Latina es una región que ha sido diagnosticada con otras trampas de desarrollo en cuatro dimensiones. Estas trampas reflejan algunas debilidades estructurales, aunque también son resultado del avance hacia niveles más altos de ingresos, que hacen surgir nuevos retos (OCDE et Al., 2019).
Las cuatro dimensiones son: la trampa de la productividad, la de la vulnerabilidad social, la institucional y la ambiental. Tal como señala la OCDE, alcanzar un mayor nivel de productividad exige estructuras económicas diversificadas, con productos y servicios más sofisticados. En segundo lugar, se requiere crear más empleos formales y de calidad para romper el círculo vicioso de la vulnerabilidad social, los ingresos volátiles y la escasa protección social. Para superar la trampa institucional hacen falta mejores instituciones a fin de restituir la confianza social, mejorar la calidad de los servicios públicos, a los cambios sociales, y cumplir con las expectativas de los ciudadanos. Finalmente, la trampa de la vulnerabilidad ambiental requiere ir hacia un modelo de desarrollo sostenible disminuyendo las emisiones de carbono (OCDE et Al., 2019).
Sin embargo, a pesar de las preocupaciones por el desempeño regional y su adaptación a los desafíos emergentes como el impacto del cambio climático, América latina también es fuente de oportunidades y es necesario resaltar algunas de las bases sobre las que puede construir una salida para las trampas del desarrollo a la vez que enriquece sus sinergias con Europa.
Una visión positiva de América Latina
Es importante reconocer el papel de América Latina como un promotor del desarrollo como un concepto amplio, con aportes propios de sus cosmovisiones y con el desarrollo de una gran escuela de pensamiento crítico. Así, nos encontramos con una región que, apuesta activamente por el multilateralismo, que sigue manteniendo en su mayoría una postura ajustada al derecho internacional y que a su vez ha sido activa en la discusión y diseño de modelos de desarrollo sostenible, humano y transiciones justas.
Esta postura es acompañada por unas sociedades jóvenes y vibrantes que, lejos de apatía por la política, han revitalizado los debates sobre la representación, la participación y la calidad de la política. Las movilizaciones sociales y la contundencia de los resultados electorales demuestran una activa búsqueda de respuestas a una sociedad que quiere cambios. Una sociedad en la que además los jóvenes y las mujeres son protagonistas, su implicación en el espacio político es un activo valioso.
Asimismo, es importante señalar cómo la región ha dejado atrás, en su gran mayoría, las grandes crisis económicas. Actualmente, la mayor parte de los países se caracterizan por su estabilidad macroeconómica y por haber conseguido constituir bancos centrales modernos y solventes en su tarea (Malamud, Ruiz y Talvi, 2023). De hecho, a pesar de los cambios en el ciclo de crecimiento de las economías buena hay una percepción positiva de la región y una tendencia a la reinversión de utilidades. Esto es especialmente relevante para la Unión Europea, primer inversor externo en la región.
Por este motivo, y en línea con la propuesta que surgió de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la CELAC en la que se promovió la idea de la cooperación birregional para la transición, ambiental, digital y social, a continuación, se profundiza en las áreas en las que hay oportunidades de cambio y crecimiento.
Transformación digital para la inclusión y la productividad
La trasformación digital que está teniendo lugar en todas las esferas del sistema social es una revolución que América Latina debe aprovechar como una oportunidad para superar desafíos estructurales agudizados por el modelo de hiper globalización de las últimas décadas. España y la Unión Europea han asumido el desafío de replantear la estructura de su modelo de desarrollo en el marco de la salida de la crisis del COVID 19 y las consecuencias de la situación internacional tras la invasión rusa de Ucrania, y el aumento de la tensión entre China y Estados Unidos. Los fondos Next Generation se han convertido en un modelo pionero de financiación de una transición público-privada a través de incentivos.
Asimismo, la UE ha asumido el reto de mantener el liderazgo en la capacidad normativa sobre las nuevas tecnologías. En diciembre de 2023 la Unión pactó la primera ley de inteligencia artificial del mundo, un reglamento que entrará en vigor en 2026 y que tiene como objetivo garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores europeos.
Europa tiene que esforzarse para conseguir que su economía y sus ciudadanos puedan disfrutar y adaptarse a los cambios en los mercados laborales y en los sistemas productivos. En este camino las iniciativas ligadas a la puesta en marcha de los fondos Next Generation tales como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de España son un gran avance al concentrar esfuerzos en áreas estratégicas. En el caso de España destaca de manera muy positiva en el ámbito educativo cultural y científico el Perte de la lengua.
La transformación digital también puede ayudar a las economías de ALC a salir tanto de la crisis estructural como de las consecuencias de la pandemia, estimulando la innovación empresarial y nuevos modelos de consumo, transformando los sistemas de producción y las cadenas de valor, reorganizando los sectores económicos e introduciendo nuevas condiciones de competitividad. Las herramientas digitales también pueden contribuir a un mejor acceso a los servicios públicos, incluida la salud y la educación. Por último, pueden ayudar a mejorar la gobernanza, situando los ciudadanos en el centro de las políticas públicas (CEPAL, 2020).
En línea con este objetivo se creó la Alianza Digital Unión Europea-Iberoamérica y el Caribe, una iniciativa conjunta para defender una transformación digital centrada en el ser humano. A través de esta alianza las dos regiones colaborarán en ámbitos digitales cruciales como las infraestructuras, el marco normativo, el desarrollo de capacidades, la tecnología, el emprendimiento, la innovación y la digitalización de los servicios públicos, además de las aplicaciones y servicios de observación de la Tierra y de navegación por satélite. Esta iniciativa, se apoya en el programa europeo de inversiones Global Gateway1 y plantea la participación de diversos actores públicos y privados.
Bajo este mismo objetivo, es importante valorar y potenciar, junto con la dimensión de cooperación con Europa, la dimensión digital de la cooperación Iberoamericana liderada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y que cuenta con la larga experiencia de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en materia de ciencia, educación y cultura. Además de la comunidad cultural y la historia común birregional, el eje por excelencia debe ser la lengua: El español y el portugués, su cercanía y hermandad son un hecho. La presencia global del español es un eje sobre el cual el liderazgo de España encuentra una materialización. Es la segunda lengua más hablada del mundo (más de cuatrocientos millones de personas); pero también es un mercado, es un espacio geográfico, es un vínculo cultural y es una comunidad política.
Educación y Ciencia para el desarrollo de capacidades
Uno de los mayores desafíos de América Latina es que los “ascensores” de la movilidad social han dejado de funcionar. La educación, que sigue siendo una de las prioridades de las familias ya no garantiza una mejor calidad de vida. El ascenso social depende, cada vez más, de las condiciones de origen (sociales, educativas, étnicas y geográficas) lo que genera un enorme rezago social (De La Mata, D., Berniell, L., Schargrodsky, E., Álvarez, F., Arreaza, A., & Alves, G. 2022) y dilapida el potencial humano de la región. La educación necesita un nuevo impulso, una estrategia y una alianza con el sector productivo y con las políticas de equidad para que vuelva a convertirse en el catalizador del esfuerzo personal hacia la realización plena de la persona.
La educación del futuro debe ser una educación más inclusiva, digital, basada en competencias, equitativa en el acceso y justa en el apoyo a las necesidades de los y las estudiantes y en el desarrollo desde la primera infancia. La pedagogía y la innovación en la educación son herramientas fundamentales para superar los retos de la digitalización y cambios en los mercados laborales del futuro. Es necesario garantizar que las personas desarrollen de la mejor manera posible sus capacidades desde las primeras etapas de la vida. Por eso no puede desligarse del interés por la digitalización, la ciencia y la tecnología la educación de los niños y niñas, el desarrollo de vocaciones científicas, la formación en competencias profesionales o la educación a lo largo de la vida.
En este sentido, la clave está en la calidad vinculada no solo a la disposición de medios materiales, sino a la formación de los profesores y de las personas que acompañan los procesos formativos, así como en la capacidad para introducir transformaciones en los modelos educativos con el fin de adecuarlos al avance tecnológico. Desde una mirada sistémica, la calidad educativa no es un factor que deba considerarse de manera independiente, sino más bien como la suma de una serie de componentes cruciales e interrelacionados y es también una cuestión de equidad (UNICEF, 2019)
En Iberoamérica hay más de 30 millones de estudiantes universitarios, muchos de ellos son los primeros de su familia en acceder a la universidad dado que la tasa de acceso ha crecido para todos los niveles de ingreso, particularmente para los estudiantes pertenecientes al 50% más pobre de la población. Además, el 57% de los investigadores iberoamericanos realizan sus actividades en el ámbito universitario, pero apenas el 12% de los profesores universitarios de la región son doctores (OEI, 2020), la región guarda un gran potencial de desarrollo en estas cifras.
A su vez la Unión Europea tiene un déficit de trabajadores cualificados en muchas áreas y busca asociaciones comerciales y productivas que le garanticen estabilidad. La alianza en materia de educación y ciencia tiene buenas perspectivas si se consigue alinear intereses y sobre todo recursos. Un dato muy relevante en la materialidad de la comunidad de valores entre América Latina y Europa es que esta última es la región, junto con Estados Unidos, que los jóvenes latinoamericanos elegirían mayoritariamente para cursar estudios de grado o postgrado (Malamud, Ruiz y Talvi, 2023).
Cultura para la democracia
América y Europa son las regiones con mayor cantidad de regímenes democráticos y donde sus poblaciones tienen un mayor apego a este valor bajo unos criterios compartidos. Pero la democracia sufre serios cuestionamientos, no solo desde los regímenes iliberales, sino desde su interior. La insatisfacción, el peso de la mala política, la incapacidad para atenuar y corregir los impactos no deseados del modelo capitalista, entre otros, han erosionado el apoyo a la democracia. Aunque, a pesar de las dificultades, las democracias resisten.
En la actualidad, hay una imagen más clara de lo que la cultura puede aportar en situaciones de gran tensión social. El papel que jugó este sector para aliviar los momentos más duros del confinamiento fue fundamental para transmitir el mensaje del valor de la literatura, el cine, la música, como forma de unión entre las personas. El valor social de la cultura es una de sus mayores fortalezas y debería ir estrechamente ligado al concepto de “ciudadanía cultural”. De hecho, la Carta Cultural Iberoamericana recoge que la cultura es una dimensión más de la ciudadanía.
Como ya se ha señalado, las oportunidades de la digitalización van fuertemente unidas al desarrollo cultural. Tanto por el impacto de los nuevos avances, como la inteligencia artificial, como por los desafíos que implica a nivel de construcción social de contenidos y difusión de estos. La cultura es cada vez más un actor indispensable de las democracias liberales, en las que esta es la materialización estética de los derechos sociales y una constructora de los sustentos de las sociedades críticas y activas que requieren los desafíos del futuro.
Bases para un modelo de sostenibilidad
América Latina y el Caribe jugarán un rol fundamental en la transición energética y ambiental, al contar con importantes dotaciones de las reservas mundiales de elementos imprescindibles para la producción de tecnologías avanzadas; a su vez, cuentan con buena parte de los bosques primarios y de biodiversidad global y es la región del mundo menos contaminante. Todo esto crea un entorno ideal para que el friend-shoring, el near-shoring y el green-shoring puedan tener un papel importante en el desarrollo de la región durante los próximos años (Rios y Rodríguez, 2023). Esto no supone una ventaja para la UE sino para la propia América Latina que necesita gestionar con habilidad sus activos y potencialidades.
Europa a su vez debe esforzarse en garantizar la calidad de su propuesta de alianza para conseguir y mantener la confianza de los latinoamericanos, no solo de sus gobiernos sino de una sociedad que debe ver en Europa un aliado de sus intereses y en sus preocupaciones respecto al impacto del cambio climático.
América Latina ha intentado, con relativo éxito, coordinar esfuerzos a través del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) que inicia su andadura en 2012. Un tratado multilateral y cooperativo entre los países de ALC que tiene como objetivo avanzar en materia de transparencia, información, participación y acceso a la justicia, así como en protección de los defensores de derechos humanos en tales cuestiones.
El texto definitivo se acordó en 2018, a marzo de 2021 solo 12 de los 24 países de la región que lo suscribieron lo han ratificado. Las dificultades en la aprobación revelan la lucha de algunos sectores que ven en peligro sus intereses individuales. La protección ambiental y la garantía de respeto de los derechos humanos vinculada a esta implican que el acuerdo tenga que cambiar y poner en cuestión la forma en la que hasta ahora se han distribuido los beneficios y las externalidades de la riqueza medio ambiental latinoamericana. Este tema siempre ha estado en el centro de la polémica y muy especialmente vinculado a enormes vulneraciones a los derechos humanos. Tanto por la inequidad en el acceso a los beneficios, como en los esfuerzos para concentrarlos, y en la represión de toda crítica al modelo extractivo.
La Unión Europea, por su parte, se ha comprometido con el ya mencionado Pacto Verde Europeo o “Green Deal”. Una herramienta continental de lucha contra el cambio climático que pretende que Europa sea en 2050, el primer continente climáticamente neutro y que sienta las bases para un nuevo modelo de producción limpia. Sin embargo, esta transformación no es sencilla, necesita de apoyos sociales, y facilitadores para que las empresas e instituciones públicas pueden adaptarse.
Conclusiones
En conclusión, las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALyC) requieren un enfoque pragmático que reconozca las evidentes asimetrías económicas y otros indicadores, pero también, y muy especialmente, las potencialidades de las dos regiones. América Latina tiene mucho que ofrecer, inclusive allí donde adolece de fallas estructurales que se transforman en potencialidades. Esto crea un potencial significativo para ganancias mutuas, lo que justifica la búsqueda de acuerdos bilaterales, subregionales y birregionales. La pandemia de la COVID-19 y los desafíos globales, como la invasión de Rusia a Ucrania, ofrecen oportunidades para una cooperación basada en intereses legítimos y compartidos no solo por los gobiernos sino por las sociedades.
En este contexto, se destacan varias áreas clave para la cooperación. En primer lugar, el reforzamiento de las alianzas regionales y birregionales emerge como una estrategia crucial para el fortalecimiento de los sistemas de predistribución y redistribución, especialmente en educación y ciencia, se presenta como una fórmula esencial para superar las brechas estructurales existentes en América y apuntalar las necesidades económicas y tecnológicas de Europa en el futuro cercano.
La cultura y la digitalización se posicionan como herramientas fundamentales para fortalecer la democracia representativa, fomentar el pluralismo y promover la justicia social. Estos elementos no solo sirven como medios para la comunicación y participación ciudadana, sino también como facilitadores de la cooperación transregional.
Finalmente, la transición social y ambiental hacia la sostenibilidad se erige como el eje articulador de toda acción pública y cooperación al desarrollo. La urgencia de abordar los desafíos ambientales y sociales requiere un compromiso conjunto para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en ambas regiones.
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Foto de cabecera: Mata Atlántica-bosque Atlántico en Brasil. © Istock.
- La estrategia europea Global Gateway tiene por objeto promover vínculos inteligentes, limpios y seguros en sectores estratégicos en todo el mundo. Concretamente la agenda de inversiones en América Latina y Caribe gira en torno a los siguientes pilares: una transición verde y justa, una transformación digital inclusiva, desarrollo humano, resiliencia sanitaria y vacunas. Para financiar las inversiones en América Latina y el Caribe, hasta 2027, la Comisión Europea (CE) ha dispuesto 45 mil millones de euros. España, concretamente, movilizará 9.400 millones de euros. ↩︎
