Flavia Freidenberg (1973). Doctora en Ciencias Políticas. Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cofundadora de la red de politólogas #NoSinMujeres.
Avance
La democracia se erige sobre el principio de la igualdad: todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a participar en los asuntos públicos. A partir de esta premisa, la politóloga Flavia Freidenberg expone su perspectiva respecto a los grandes retos de las democracias actuales, específicamente en torno a la brecha de género.
Según la autora, un requisito para participar de los asuntos públicos es el saber cívico, es decir, el conocimiento sobre lo que se puede y se debe hacer por el entorno. Para ello, no solo es necesario tener información sobre las normas y leyes que rigen el orden público, sino también que estas se absorban y se aprehendan de tal manera que se encarnen en las prácticas cotidianas de las personas. Afirma que la educación cívica debe ser inculcada desde la infancia para asegurar la formación de ciudadanos responsables, empáticos, y capaces de entablar un diálogo que les permita reconocer y comprender al otro, incluso cuando no compartan sus opiniones.
Para asegurar la democracia —propone la autora— no solo es necesario un cambio político, sino también social, mediante el cual se reduzcan las brechas de género y se garanticen condiciones y oportunidades iguales entre hombres, mujeres y otros géneros. Por ello, concluye el artículo presentando una propuesta para superar la exclusión en la democracia: el desarrollo de una Estrategia de Educación Cívica. Su objetivo es «formar en saberes, habilidades y competencias, libres de estereotipos y sesgos de género, a partir de una pedagogía activa e incluyente, que transforme a las y los electores en demócratas, en un contexto donde se lee cada vez menos, se usan más atajos heurísticos y se presta menos atención a lo que ocurre en la comunidad».
Uno de los grandes retos de las democracias contemporáneas es que las personas que han estado excluidas de los procesos de toma de decisiones sientan la necesidad, tengan las herramientas para —y consigan— hacer pública su voz. Este es uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres, quienes históricamente han accedido en menor proporción que los hombres a los puestos de poder y que, por tanto, cuentan con menos habilidades, competencias y saberes relacionadas con el hacer público1. Si bien la democracia es imposible sin mujeres (Schwindt-Bayer 2018; Bareiro y Soto 2015; Paxton 2008); en la práctica, ellas han tenido que luchar en las calles, en las casas y en las instituciones para que se reconocieran sus derechos en igualdad de condiciones que los de los hombres (Freidenberg 2022).
Si bien América Latina se ha convertido en un estupendo laboratorio para evaluar la manera en que los diversos elementos institucionales (y no institucionales) han incidido sobre la «política de la presencia» (Phillips 1995) y la democratización de la región, en la práctica se deben observar no sólo los derechos formales (en las leyes) sino respecto a su implementación y efectividad. Aún cuando es importantísimo votar y elegir de manera periódica, alternada, justa y competitiva, la democracia necesita que todas las personas ciudadanas que pueden ejercen libremente su voz pública.
Como sostiene Przeworski (2019), este sistema político supone certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. En ese sentido, las personas deben poder hablar, escuchar y hacer de manera libre en un contexto estable de reglas certeras, derechos efectivos, oportunidades igualitarias e instituciones sólidas. De ahí que la historia de exclusión política que han enfrentado las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, llame la atención sobre la necesidad de hacer mayores esfuerzos en la construcción de la ciudadanía. Se trata de que todas las personas —y no sólo las que tienen privilegios o las que se sientan parte de una coalición mayoritaria ganadora dominante— puedan apropiarse de la cosa pública y ejercer procesos co-creativos de innovación, control y vigilancia ciudadana.
El hecho de que las mujeres enfrenten barreras diferenciadas (rechazos, resistencias y simulaciones) que dificultan el acceso y el ejercicio pleno de la ciudadanía2, limita la convivencia democrática. Para ello se requiere de una serie de saberes, habilidades y competencias que permitan a la ciudadanía —y a sus liderazgos— implicarse activamente en la cosa pública, estar informada, ser empática, sorora y crítica; dispuesta a invertir tiempo y recursos en los procesos decisionales, siendo capaces de respetar a los que no comparten los mismos valores, ideas y posiciones sobre la base de unas metas comunes y compartidas bajo la idea de querer convivir en igualdad de condiciones. No se trata sólo de formar demócratas sino de desgenerizar los procesos de políticos, las actitudes y los comportamientos políticos.
Si bien para algunos puede resultar ingenua esta propuesta, la misma supone refundar el modo en que se entiende y ejerce el poder, despatriarzalizándolos, procurando una cercanía más real —y activa— entre representantes y representados, cambiando el modo opaco, jerárquico y excluyente en que se toman las decisiones dentro de los partidos políticos y/o de las instituciones democráticas y buscando la igualdad. Esto significa pensar y repensar lo que se hace, lo que se enseña y lo que se aprende para vivir en democracia. La tarea no es sencilla. Siempre habrá resistencias, pero se trata de innovar respecto a las formas en que se educa, se transmiten valores y se conecta con los liderazgos y las instituciones, a través de nuevos instrumentos de innovación democrática que erradiquen las desigualdades de género3 y con más herramientas para exigir y controlar al poder público4.
I.
¿Qué deberían saber y qué deberían aprender las y los demócratas para poder ejercer la voz pública y no ser sólo meros electores pasivos en una sociedad de iguales? ¿Qué se puede hacer para reducir las desigualdades y, en particular, las brechas de género? ¿Cuáles son los saberes, habilidades y competencias que se deberían aprehender para hacer que la ciudadanía se convierta en gladiadora de la democracia? Se trata de poner en el centro de la ecuación sobre lo que se tiene que aprender, más que lo que se tiene que enseñar5. Si se es capaz de identificar aquello que una ciudadana o ciudadano debe aprender, resultará más sencillo y claro para las instituciones, las escuelas, la familia y los medios de comunicación de masas saber qué es lo que deberían enseñar para contribuir a la formación cívica de las personas.
La pedagogía incluyente se centra en el aprendizaje de tres tipos de saberes: teóricos (saber conocer), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser y convivir con los demás). Una serie de estrategias para la igualdad sustantiva, formales y no formales, podrían contribuir a reducir esas desigualdades6. Se necesita formar en conocimientos [saberes], habilidades y competencias despatriarcalizadas respecto a las relaciones sociales y políticas y los vínculos que se dan entre hombres, mujeres y otros géneros en el marco de la democracia. Esta tarea supone el desarrollo de enfoques centrados en las competencias que las personas deberían aprender para ejercer la voz pública en igualdad, la convivencia plena en libertad y el ejercicio de una serie de habilidades para poder pasar de lo meramente formal a lo sustantivo.
Si bien la ciudadanía iguala y da autonomía, también exige contar con conocimientos sobre lo que puedo (y debo) hacer por mi entorno [saberes cívicos]. Es imposible respetar lo que no se conoce. Poder saber cuáles son las reglas de juego que establecen el modo en que se compite, cómo se ponen en práctica y qué consecuencias generan sobre mí, sobre los otros y sobre las instituciones es lo que precisamente nos convierte en ciudadanos y ciudadanas. De ahí que estos aprendizajes ayudan a comprender normas comunes y prácticas de convivencia. Pero no se trata sólo de conocer reglas, sino de absorberlas, aprehenderlas y respetarlas como parte de las rutinas diarias de convivencia.
De ahí la relevancia de que esa enseñanza deba incluir «lentes de género» (perspectiva de género), porque se puede aprender a ser ciudadano de manera hegemónica, sin tener en cuenta esas desigualdades y entonces la ciudadanía puede resultar limitada y excluyente (López Sánchez y Serrato Guzman 2018). Esto es lo que ocurrió durante gran parte de nuestra experiencia democrática. Nos olvidamos de enseñar sobre igualdad sustantiva y pensamos que la democracia podía ser aquel sistema político donde era suficiente que los hombres votaran a hombres que gobernaban (y representaban) en nombre de todos los grupos que integraban la sociedad7.
Los saberes cívicos deben atravesar la vida cotidiana de las personas desde las infancias. No se trata sólo de conocer las reglas de juego (por ejemplo, la Constitución o las leyes) sino de poner en práctica esas reglas. Estos pilares suponen una ciudadanía activa, que puede desarrollarse desde las infancias a partir de «jugar» desde pequeños/as a ser actores de cambio en una sociedad de iguales (en las familias, en las escuelas, entre otros). No sólo hay que saber conocer sino saber ser. Es más, no tiene sentido obsesionarse con enseñar educación cívica y sus valores democráticos, si las infancias viven en entornos familiares autoritarios, patriarcales, excluyentes y violentos.
La ciudadanía se construye también a partir del conocimiento y del reconocimiento, del respeto mutuo, de la capacidad de diálogo y de crítica y de generar compromisos de aceptabilidad de la diferencia. ¿Cómo aceptar a los otros, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, si no se les conoce, si no entiendo lo que dicen, si no les escucho ni comprendo, sino hablo con ellos o si uso estereotipos o prejuicios al evaluar sus decisiones o acciones? Se trata de exigir, de respetar la verdad y de aprender a escuchar de manera activa a aquellos que prejuzgamos como diferentes8.
Si bien cada persona tiene derecho a pensar como quiera, a decir lo que quiera y también a estar en desacuerdo con lo que quiera —sin que se le coloque al margen de la conversación, se le cancele o se lo estigmatice bajo discursos de odio—, también es su responsabilidad aprender a escuchar, a ponerse en el lugar del otro y a tener capacidad afectiva de vivir una realidad ajena. Esa es la base del pluralismo: escuchar, entender, ser empático y reconocerse. De ahí que, en ese escenario, el interés en la política resulte clave.
Los individuos no viven solos, sino que están sujetos a la influencia de su entorno. Cuando las personas tienen interés en la política se consideran competentes para participar en ella (sentimiento de eficacia interna) y reconocen que cuentan con habilidades como actores políticos para influir en ella. La probabilidad de que una persona participe se incrementa si además percibe que el sistema político es sensible a sus demandas (sentimiento de eficacia externa) o se siente cercano a algún grupo o partido político (identificación política) que le ayude a movilizar sus recursos hacia la consecución de alguna meta colectiva. La participación en asociaciones a nivel local, como enseñó Putnam (1993), contribuye al desarrollo de todas estas habilidades para aprender a competir, a defender ideas, a colaborar y cooperar con otros y a aceptar que en el juego democrático unas veces se gana y otras se pierde. La aceptabilidad de la derrota es una de las cuestiones más difíciles de aprender y es una pieza clave de este puzzle.
II.
Las elecciones permiten seleccionar a personas para que ejerzan cargos públicos. Las personas votan, los partidos compiten y los árbitros marcan la cancha y cuentan los votos. Así se produce representación. Esta es la dimensión que más hemos aprendido a usar de las democracias contemporáneas pero esta, en sí misma, ha sido insuficiente. Estos procesos suponen que las personas están informadas (conocen a quienes eligen, saben qué pueden hacer y qué no y también qué políticas impulsan); son capaces de evaluar la responsabilidad que tienen las y los políticos cuando ejercen los cargos (identificabilidad y responsiveness) y estos, a su vez, rinden cuenta de sus actos (accountability). Esto significa que las elecciones funcionan como un instrumento de selección de élites y también como un mecanismo de control político (Przeworski et al 1999). Y esta no es una cuestión menor.
Una persona debe saber qué supone lo que está haciendo en materia democrática. De ahí que el ejercicio ciudadano requiera además de intercambios y diálogos en espacios cívicos seguros, que permitan intercambiar posiciones diferentes —incluso conflictivas— y que contribuyan al entendimiento mutuo. Se trata de desmitificar la uniformidad —la idea de orden que tanto daño le ha hecho a las sociedades latinoamericanas— y permitirnos aprender a entender el conflicto y, en esa tarea, procurar herramientas —desde las infancias y en colaboración con las familias y las escuelas—, que enseñen a compartir, dialogar y discernir, a generar puentes con quienes piensan distinto, a detectar el abuso del poder y a rechazar cualquier forma de violencia.
Esto también supone continuar impulsando medidas para asegurar el acceso a la representación y al ejercicio del poder en condiciones de igualdad real. Eso significa garantizar condiciones y oportunidades más igualitarias para la competencia en términos de ideas, acciones y relatos entre hombres, mujeres y otros géneros. De ahí que el cambio sea social —no sólo político— y deba generarse a través de políticas públicas orientadas de manera activa a reducir las brechas de género; a través del desarrollo de acciones basadas en las nuevas masculinidades, que contribuya a la revisión de los patrones de formación de los hombres respecto a la violencia, a sus compromisos en materia de cuidados (los hombres no ayudan sino que su responsabilidad es por igual) y de cómo cambiar esas actitudes y comportamientos para una convivencia libre de violencias.
Los esfuerzos también deben estar orientados en mejorar las condiciones de igualdad en el trabajo y salarial (tiene que ser igual de caro contratar a hombres y mujeres), incluyendo licencias maternidad/paternidad obligatorias e iguales; cuotas para las mesas directivas de las empresas; subsidios (o reducción de impuestos) temporales para quienes incrementan la contratación y los salarios de las mujeres; instalación de guarderías, lactarios y salas de atención educativa y ocio para niños y niñas en las empresas grandes, cuando sus padres están cumpliendo su jornada laboral; estrategias de conciliación laboral y escolar, entre otros. Esto implica revolucionar el cuidado (como lo han hecho los países escandinavos), a a partir de un «Estado pantera» que desarrolle financiamiento y apoyo directo a las tareas de cuidado.
En este escenario, las instituciones también necesitan (des)generizarse. Que las instituciones estén «generizadas», como define la socióloga norteamericana Joan Acker, significa que dentro de ellas se reproducen valores, reglas, prácticas y discursos que suponen cierta superioridad de los atributos culturales masculinos; que los recursos de poder, los incentivos y la visibilidad del trabajo se distribuyen de manera asimétrica beneficiando a los hombres, cristalizándose todas esta lógica en el marco de reglas, prácticas y procedimientos donde lo femenino suele estar subordinado y devaluado respecto a lo masculino.
De ahí la necesidad de impulsar «políticas de transversalización de género» (gender mainstreaming) y su posterior institucionalización a nivel normativo (en las reglas). Los cambios deben hacerse en el lenguaje, en las políticas y en las reglas (permisos, licencias de paternidad y maternidad); en los horarios, en los presupuestos, en las inversiones, en la infraestructura, en los sistemas de información, en los procesos de trabajo, en la distribución de tareas, en los criterios de ascenso, en las efemérides, en las fiestas (la vida institucional), en los sistemas de incentivos y en los manuales. En fin, en todo.
III.
Las brechas de género en la política democrática, en la vida pública y en las instituciones limita las oportunidades de desarrollo sostenible con igualdad social y restringe las oportunidades para la igualdad. Si bien Naciones Unidas ha hecho un llamado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) en condiciones de igualdad, los países se encuentran lejos de poder alcanzarlos para el 2030. Este no es un problema sólo de las mujeres, es un problema público, de cada uno y cada una de las ciudadanas, porque es un problema de democracia.
Si la única voz pública que se escucha es masculina, si los únicos que participan en las mesas, en los medios o en las candidaturas son hombres, si los únicos que opinan tiene voz masculina y los actores sociales y políticos se la pasan gritando, pegando patadas, haciendo berrinches, falseando la información, haciendo acusaciones falsas, desconociendo o violentando las reglas de juego, entonces, la convivencia democrática se resiente. De ahí que las mujeres líderes —aquellas que desafían el orden establecido— deban poder ejercer su voz pública sin miedo, sin autocensura, con capacidad de cambio y conscientes de sus responsabilidades y derechos, del mismo modo que la ejercen los otros.
Mi propuesta es el desarrollo de una Estrategia de Educación Cívica, elaborada de manera participativa, multinivel, colaborativa y plural, que eduque de manera multidimensional, interseccional y diversa a la ciudadanía, donde se privilegie el papel de la ética pública en las relaciones de poder, la vigencia efectiva del pluralismo y la construcción colaborativa de las instituciones. Esa Estrategia debe formar en saberes, habilidades y competencias, libres de estereotipos y sesgos de género, a partir de una pedagogía activa e incluyente, que transforme a las y los electores en demócratas, en un contexto donde se lee cada vez menos, se usan más atajos heurísticos y se presta menos atención a lo que ocurre en la comunidad.
Esto supone necesariamente «estrategias integrales para la igualdad sustantiva» (Freidenberg 2020), que ayuden a construir «nuevos pactos políticos», que contribuyan a pensar cómo observamos y ejercemos el poder en América Latina y, a partir de ahí, generar nuevos compromisos democráticos que impulsen una agenda efectiva en materia de derechos políticos, diálogo constructivo y transversalización de género en las políticas y las instituciones públicas.
Referencias Bibliográficas
Bareiro, Line y Soto, Lilian. 2015. La hora de la igualdad sustantiva. Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe Hispano. Ciudad de México, ONU MUJERES.
Freidenberg, Flavia. 2022. «La construcción de democracias paritarias: reglas de juego, actores críticos y resultados (in)esperados», en Freidenberg, Flavia y Gilas, Karolina. Eds. La construcción de las democracias paritarias en América Latina. Régimen electoral de género, actores críticos y representación descriptiva de las mujeres (1990-2022). Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Freidenberg, Flavia. 2020. «Electoral Reform and Political Representation of Women in Latin America», en Oxford Research Encyclopedia of Politics. Disponible en: https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1676 [Consultado el 25 de noviembre de 2021, a las 20:03 hs.].
López Sánchez, Ericka y Abraham Nemesio Serrato Guzmán. 2018. «Entre la patologización y el ejercicio de la ciudadanía plena: la experiencia de las personas LGBTTTI». Culturales Vol. 6. https://doi.org/10.22234/recu.20180601.e330
Paxton, Pamela. 2008. «Gendering democracy», en Goertz, Gary y Mazur, Amy (eds.), Politics, Gender, and Concepts. Theory and Methodology. Cambridge: Cambridge University Press, 47-70.
Philips, Anne. 1995. The Politics of Presence. Oxford: The Clarendon Press.
Przeworski, Adam. 2019. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Pequeño manual para entender el funcionamiento de la democracia. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Przeworski, Adam, Susan Stokes y Bernard Manin. 1999. Eds. Democracy, accountability, and representation. Nueva York: Cambridge University Press, 1-26.
Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
Schwindt-Bayer, Leslie. 2018. «An Introduction to Gender and Representation in Latin America», en Schwindt-Bayer, Leslie (eds.), Gender and Representation in Latin America. Oxford: Oxford Scholarship, 1-16.
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Notas
- Desde 1991, cuando Argentina aprobó la Ley de Cupos y se revolucionó, con esas medidas, el modo en que se entendía que podían superarse los obstáculos tradicionales en la integración de candidaturas, se han realizado 45 cambios a la Constitución y/o leyes electorales orientadas a regular la manera en que los partidos integran las candidaturas en 17 países de América Latina (Freidenberg 2022). ↩︎
- Las mujeres deben sortear muchas barreras para hacer política: elegirse a sí mismas; ser seleccionadas para ser candidatas por dirigencias partidistas que no han querido ubicarlas en las listas y luchar para no ser enviadas a distritos donde los partidos saben que van a perder, o ser postuladas como suplentes de liderazgos masculinos eternos; romper con los prejuicios que las ubican en posiciones de parentezco (como hermanas, esposas, hijas de …) y contar con cobertura de los medios de comunicación que no sea sexista, con doble rasero, ni estereotipada (sesgos de género); disponer de recursos económicos; sobreponerse a los sesgos implícitos de género en el voto que aún evalúa a los liderazgos bajo atributos masculinos y, finalmente, evitar ser invisibilizadas, cosificadas, acosadas y/o violentadas por hombres (y también por otras mujeres) que consideran que el poder y el espacio público tiene que ser masculino y les pertenece (En Freidenberg 2022). ↩︎
- Por ejemplo, con medidas de inclusión como la aprobación de protocolos para financiar de manera transparente campañas de las mujeres candidatas, con métodos claros de distribución de recursos para hacer campaña electoral; la distribución de fondos públicos destinados de manera directa a las candidatas para actividades del cuidado doméstico; el acceso a los medios de comunicación como aporte indirecto para las mujeres candidatas; la concesión de dinero directo a las candidatas mujeres registradas ante la autoridad electoral; la firma de protocolos de entendimiento de los partidos con los bancos para dar créditos a las candidatas que les permitan contar con autonomía económica, entre otros (Freidenberg 2022). ↩︎
- Como con el uso de las Apps y las Redes Sociales para ejercer votaciones, comparar preferencias propias con las de los liderazgos respecto a temas y agendas, entre otros. ↩︎
- Esto implica identificar aquellas acciones que contribuyan a impulsar una mayor autonomía, capacidad de agencia, respeto a la diferencia y control político de las personas que conviven en un territorio determinado. ↩︎
- Las claves formativas suponen interdependencia entre los tres pilares, dado que los conocimientos [saberes] deberían poder aplicarse en la vida cotidiana y estar relacionadas con las habilidades de pensamiento, que suponen pensamiento analítico, actitudes de apertura, compromiso, gusto por la reflexión, autorregulación de la impulsividad, rigor, autocrítica, entre otras; así como también vínculo con las actitudes queestán relacionadas con una serie de elementos que ayudan a poner en práctica los conocimientos y las habilidades. Dado que las competencias suponen experiencias complejas que se desarrollan a través de intensos procesos de aprendizaje, resulta clave poner énfasis en aquellas herramientas que una persona debería aprender para ejercer su ciudadanía democrática en clave de igualdad sustantiva. ↩︎
- Una discusión sumamente interesante sobre democracia y la ausencia de mujeres se puede encontrar en Paxton (2011). ↩︎
- Estas ideas suponen una serie de habilidades básicas como las de saber leer, relacionar información, comprender lo que se lee, intercambiar puntos de vistas, escuchar y decir -exigir- la verdad. Aprender estas habilidades debería ser básico para la construcción de ciudadanía activa. ↩︎
