Artículo de José Manuel Pastor y Lorenzo Serrano, Catedráticos del Fundamentos del Análisis Económico (Universidad de Valencia). Investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
AVANCE
Desde mediados del siglo XX, la universidad viene siendo en España la palanca social por antonomasia, al facilitar el progreso económico de las clases menos favorecidas. El presente trabajo, realizado por José Manuel Pastor y Lorenzo Serrano, catedráticos de Fundamentos del Análisis Económico (Universidad de Valencia), analiza en qué medida la universidad sigue constituyendo actualmente un mecanismo eficaz de movilidad social. Y lo hacen con dos criterios: la empleabilidad y el salario. Según la OCDE, quienes tienen en España enseñanza secundaria postobligatoria ganan un 19% más que los que no la han completado, los graduados universitarios un 30% más y quienes ha hecho un máster o un doctorado un 68% más. Y las tasas de paro son claramente decrecientes con el nivel educativo, si bien se mueven en niveles muy elevados en comparación con los habituales en otros países. La educación universitaria continúa asociada a la obtención de salarios más elevados, mayor estabilidad laboral y menor riesgo de desempleo en España.
No obstante, la situación económica de la familia sigue influyendo en las opciones de los estudiantes. Así, completó la educación superior el 56,5% de los hijos de hogares con situación buena o muy buena durante la adolescencia; y el 38,4% cuyo hogar tenía una situación moderadamente buena, pero solo el 25,4% de familias en situación moderadamente mala y el 15,8% en situación mala o muy mala. También es un factor condicionante el nivel educativo de los progenitores. El porcentaje de hijos con estudios superiores alcanza el 82% cuando la madre tiene esa misma titulación y el 60,8% cuando tiene secundaria postobligatoria, mientras cae al 33,6% cuando declara un menor nivel educativo o al 23,6% cuando este no consta. En el caso del padre esas diferencias van del 75,2% al 23,1%. Influye, incluso, la ocupación del padre. Así, dos de cada tres hijos de gerentes, científicos, profesionales, técnicos y personal administrativo han completado estudios superiores, frente a uno de cada cuatro hijos de agricultor y uno de cada seis hijos de padre con ocupaciones elementales.
En suma, la universidad española sigue siendo un potente ascensor social, pero es necesario seguir trabajando para que el acceso a la universidad esté lo menos condicionado que sea posible por el origen socioeconómico.
ARTÍCULO COMPLETO
Las sociedades avanzadas atribuyen a las universidades tres misiones fundamentales: la formación de estudiantes, la investigación y la transferencia de resultados. La generación de conocimiento, su difusión y su transferencia al resto de la sociedad por parte de las universidades resultan indispensables para que las sociedades puedan hacer viables los avances económicos y sociales. Ningún agente o institución, en el ámbito público o en el privado, tiene una relevancia equiparable a la que tienen las universidades en esta etapa de desarrollo de la sociedad del conocimiento y, por esta razón, la contribución de las universidades a través del desempeño de sus tres misiones es condición necesaria para el éxito de un cambio económico de esas características. Las universidades en general y las públicas en particular, movidas por su afán de mejora de la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, han promovido la realización de estudios que han constatado las enormes contribuciones económicas y sociales de las universidades en sus respectivos territorios (Pastor et al., 2019). Una de las contribuciones sociales de las universidades destacada en alguno de estos estudios es su contribución a la igualdad de oportunidades, al facilitar el progreso económico y social de los individuos que parten de condiciones socioeconómicas menos favorables. De hecho, el acceso a la educación en general, y de modo muy especial a los estudios universitarios, fue una de las palancas básicas de la movilidad social durante el pasado siglo. Un periodo en el que la formación universitaria abrió la puerta de acceso a las clases profesionales cualquiera que fuera el origen social de los individuos.
La universidad, y más concretamente la universidad pública, pasó a considerarse el ascensor social por antonomasia dentro de una corriente de optimismo generalizado, basado en la idea de que la extensión de los estudios universitarios y el impulso de la provisión pública de educación podrían eliminar la mayor parte de las desigualdades sociales, abriendo el conjunto de oportunidades sociales a todas las capas de la población.
Sin embargo, en los últimos años, ese optimismo parece haberse enfriado considerablemente en España, dando paso a una preocupación creciente por las carencias de la universidad en términos de movilidad social en el presente estadio de desarrollo social y económico. Las últimas crisis económicas han contribuido a acrecentar ese cambio de percepción, con sus efectos en términos de universitarios que permanecen desempleados, deben emigrar para encontrar un puesto de trabajo adecuado o simplemente están ocupando puestos para los que no era necesario disponer de estudios superiores, situaciones que, además, resultan mucho más frecuentes en España que en otros países de nuestro entorno.
La inquietud sobre la vigencia del papel de ascensor social de la universidad no es exclusiva de España, sino que también tiene su respaldo en informes recientes a nivel internacional sobre desigualdad, movilidad social y acceso a la educación (OCDE 2018a, 2018b; Ludwinek et al. [Eurofound] 2017). Estos estudios apuntan a que, en la actualidad, la educación permitiría ascender a niveles menos elevados que en el pasado. Asimismo, esos mismos informes sitúan a España como un país con baja movilidad relativa entre generaciones, tanto en niveles de estudios como en tipos de ocupación.
Son varios los elementos a tener en cuenta a la hora de valorar el desempeño de la educación universitaria en términos de movilidad social, así como también son diversas las condiciones que han de darse para que la universidad continúe cumpliendo con su papel de ascensor social en el caso de España. En primer lugar, es necesario que la formación universitaria tenga efectos económicos positivos, mejorando la probabilidad de empleo, facilitando el acceso a buenas ocupaciones y aumentando la productividad del estudiante. Si los estudios universitarios no incrementasen la empleabilidad y el salario de los individuos, carecerían de capacidad potencial para generar movilidad social. En segundo lugar, es necesario que la educación universitaria sea suficientemente accesible a todas las capas sociales y que no resulte básicamente condicionada por el origen socioeconómico y familiar de las personas. Finalmente, el resultado final debería ser que la universidad impulsase el ascenso a opciones sociales superiores, aportando un plus frente a las personas de origen menos favorable que no acceden a ella y reduciendo la brecha frente a los individuos que ya parten de mejores condiciones socioeconómicas.
Los efectos positivos de la educación universitaria
La idea de la importancia del conocimiento y la educación como fuente de la mejora de las condiciones de vida de quienes los poseen es prácticamente tan vieja como la propia humanidad. De hecho, la cita de hace 2.400 años de Aristóteles, «la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad», refleja a la perfección el papel tan importante de la educación en el bienestar de las personas.
Desde un punto de vista más moderno, la teoría del capital humano contempla la educación como una inversión en la que los estudiantes y sus familias realizan sacrificios en el presente (en forma de todo tipo de gastos escolares y de tiempo y esfuerzo dedicados a la formación en vez de a otros usos alternativos) con el fin de conseguir beneficios esperados en el futuro que pueden ser económicos (mayor empleabilidad, mejores salarios o mejores carreras profesionales, etc.) o no económicos (mejora cultural, realización personal, mejora del estado de salud, etc.)[1]. Este enfoque es especialmente útil en el caso de los estudios universitarios en la medida en que, al carecer de carácter obligatorio, su realización es fruto de la elección voluntaria de los individuos que la tomarán valorando ese conjunto de costes y beneficios esperados, así como la probabilidad de completarlos con éxito.
La cuestión a considerar es si, en la actualidad y en España, la educación universitaria sigue teniendo efectos positivos para los estudiantes suficientemente intensos como para que puedan impulsar socialmente a los estudiantes con origen menos favorable. Para tratar de responder a esa cuestión vamos a centrarnos en analizar dos aspectos básicos del mercado de trabajo (salarios y paro), aunque los beneficios de los estudios universitarios también afectan positivamente a otros ámbitos relevantes del empleo (seguridad y estabilidad laboral, horarios, posibilidades de conciliación, teletrabajo, etc.).
El más reciente informe de la OCDE en materia educativa (Education at a Glance, OCDE 2022), confirma que el salario de la población de 25 a 64 años es claramente creciente con el nivel educativo (gráfico 1). En España, los individuos con enseñanza secundaria postobligatoria ganan un 19% más que los que no la han completado; los graduados universitarios un 30% más y quienes tienen un máster o un doctorado un 68% más. Esas diferencias salariales son muy parecidas a la media de la UE22 (-14%, 36%, 68%), aunque algo menores que la media de la OCDE (-17%, 44%, 88%). Por otra parte, la ventaja salarial relativa es menos intensa en el caso de los más jóvenes. Así, para la población de 25 a 34 años los salarios de los trabajadores con al menos un grado universitario son un 42% mayores que con secundaria postobligatoria, en comparación con el 61% para la población de 45 a 54 años. Pero se trata de un patrón por edades bastante general a nivel internacional (UE 22: 35% y 68%; OCDE: 39% y 75%) y coherente con el hecho de que los beneficios de la formación universitaria continúan apareciendo a lo largo de toda la vida laboral de los trabajadores y no solo en sus fases iniciales.
Gráfico 1. Ingresos relativos de adultos con educación terciaria, por nivel de educación terciaria (2020).
Trabajadores de 25 a 64 años a tiempo completo durante todo el año; en porcentaje; educación secundaria superior = 100
Ese mismo informe indica que las tasas de paro son claramente decrecientes con el nivel educativo también para el caso español, aunque se mueven siempre en niveles muy elevados en comparación con lo que resulta habitual en otros países (gráfico 2). La ventaja asociada a tener estudios universitarios es notable, aunque la tasa del colectivo universitario sea inaceptablemente elevada en España (similar de hecho a la de estudios básicos a nivel internacional). Por otra parte, la ventaja relativa aportada por la formación universitaria como seguro frente al desempleo es mayor en el caso español (6 puntos frente a secundaria postobligatoria y 11 puntos frente a estudios básicos).
Gráfico 2. Tasas de desempleo de 25 a 64 años por nivel educativo alcanzado (2021). Porcentaje.
Pero los beneficios de la formación universitaria se extienden a otros ámbitos relevantes para el mercado de trabajo español. Por ejemplo, problemas como la temporalidad o tener un trabajo a jornada parcial por no encontrar a jornada completa son menos frecuentes para los universitarios que para cualquier otro colectivo, mientras que el porcentaje de ocupaciones cualificadas (Código Nacional de Ocupaciones, CNO 1-3; puestos directivos, científicos, técnicos y profesionales) en el empleo total es el más alto de todos en su caso. Los resultados de Pastor et al. (2019) indican que, una vez se controla por otras características personales como la edad, el sexo o la nacionalidad, los estudios universitarios en comparación con los básicos están asociados a 37 puntos porcentuales más de probabilidad de tener una ocupación cualificada; 8,4 más de tener un trabajo a jornada completa y 15,2 más de tener un contrato indefinido.
Algunos de esos efectos positivos pueden resultar algo más moderados que hace unas décadas o ser más modestos que en otros países y es asimismo cierto que, por otra parte, la inserción laboral y la carrera profesional de los titulados también se ve condicionada por otros aspectos distintos de la educación, como los que tienen que ver con las características personales, las redes sociales y familiares de relaciones o el entorno económico. Sin embargo, y a pesar de todos esos matices, la educación universitaria continúa asociada a la obtención de salarios más elevados, mayor estabilidad laboral y menor riesgo de desempleo en España.
El acceso a la educación universitaria
En relación con el acceso a la educación universitaria, los datos del último módulo de transmisión intergeneracional de la pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, (2019) apuntan a la existencia de una influencia todavía grande del origen familiar en las opciones y decisiones educativas de los españoles. Así, cuando se relaciona el nivel de estudios actual de la población de 25 a 59 años con la situación económica del hogar a los 14 años, se observan diferencias muy notables en el acceso a la universidad y la finalización de ese tipo de estudios.
El cuadro 1 muestra esta influencia de la situación del hogar en el acceso a la universidad. Así, el 56,5% de los hijos de hogares con situación buena o muy buena durante la adolescencia completaron educación superior, algo que ocurre para el 38,4% cuyo hogar disfrutaba de una situación moderadamente buena, pero solo para el 25,4% de familias en situación moderadamente mala y el 15,8% en situación mala o muy mala. Desde otro punto de vista, estos dos colectivos con condiciones menos favorables en la adolescencia suponen el 25,2% de la población, pero solo el 13,9% de los titulados, mientras que el colectivo en mejor situación de origen supone el 31,8% de la población considerada y el 45,6% de los titulados.
Cuadro 1. Adultos entre 25 y 59 años según su nivel de formación y la situación económica del hogar cuando eran adolescentes (Porcentaje).
Atendiendo a otras variables familiares las diferencias más grandes en la ECV-2109 son las ligadas a la educación del padre y, especialmente, de la madre. En este último caso el porcentaje de hijos con estudios superiores alcanza el 82% cuando la madre tiene esa misma titulación y el 60,8% cuando tiene secundaria postobligatoria, mientras cae al 33,6% cuando declara un menor nivel educativo o al 23,6% cuando este no consta. En el caso del padre esas diferencias van del 75,2% al 23,1%. En el caso del tipo de ocupación del padre, dos de cada tres hijos de gerentes, científicos, profesionales, técnicos y personal administrativo han completado estudios superiores (con un máximo del 77,4% en el caso de padres profesionales científicos e intelectuales), frente a uno de cada cuatro hijos de agricultor y uno de cada seis hijos de padre con ocupaciones elementales. En el resto de las ocupaciones los porcentajes oscilan alrededor del 36%-39%.
En Pastor et al. (2019) se lleva a cabo un análisis más completo de la probabilidad de completar estudios universitarios a partir de datos del Censo de Población, considerando a la vez la influencia de diversos factores: características personales del individuo como el sexo o su situación laboral; características del hogar como la riqueza familiar, la situación profesional de los padres, su nivel de estudios y el tipo de ocupación, el número de hermanos y cuántos son mayores o menores que el individuo de referencia; características del entorno. El panel a) del gráfico 3 muestra la influencia positiva del nivel de estudios de los padres, en especial de la madre, en la probabilidad de completar estudios universitarios por parte de los hijos (tener madres universitarias aumenta la probabilidad en 17 puntos respecto de tener una madre sin estudios y 13,5 puntos si es el padre). Respecto del estatus profesional de los progenitores, el panel b) muestra que tener madre/padre empresario, autónomo o asalariado con contrato indefinido favorece la consecución del nivel de estudios universitarios frente a tener padres con contrato temporal.
Gráfico 3. Efectos en la probabilidad de completar estudios universitarios. (porcentaje)
Nota: En el panel a) el grupo de referencia son los analfabetos y sin estudios; en el panel b) el grupo de referencia son los asalariados con contrato temporal; en el panel c) el grupo de referencia para las ocupaciones son los no cualificados, y para los sectores de actividad la construcción; en el panel d) los grupos de referencia son, la mujer en la variable sexo, no poseer ningún ítem de riqueza en la variable riqueza, vivir en un municipio de 20.000 habitantes o menos en tamaño del municipio, y ser parado en la variable relación con la actividad.
Respecto de la influencia del tipo de ocupación y el sector de actividad donde desempeñan su labor profesional los padres (panel c), los resultados de este estudio muestran que los tipos de ocupación más cualificados desempeñados por los padres influyen positivamente en la probabilidad de completar estudios universitarios por parte de los hijos. Concretamente, los hijos cuyos padres desempeñan ocupaciones altamente cualificadas tienen 25 puntos más de probabilidad de alcanzar estudios. Asimismo, tener padres ocupados en el sector de educación, sanidad o en finanzas aumenta la probabilidad de completar estudios universitarios en más de 15 puntos porcentuales y en 8,2 puntos si lo están en las administraciones públicas (AA. PP.). Finalmente, Pastor et al. (2019) encuentran que provenir de una familia con recursos aumenta la probabilidad de completar estudios universitarios en 3,1 puntos y residir en municipios grandes la aumenta 1,7 puntos. Con todo, la variable más importante es el sexo, pues ser mujer reduce la probabilidad de finalizar estudios universitarios en 11 puntos porcentuales respecto de ser hombre.
En definitiva, el origen social y familiar sigue condicionando de forma sustancial la opción por la educación superior en España. Por otra parte, hay que notar que una parte relevante de los jóvenes con origen menos favorable sí accede a la universidad y sí se sube al ascensor social que esta representa.
La movilidad social y el nivel de estudios
En última instancia, que la educación universitaria en general esté asociada a efectos positivos en el mercado laboral y que las personas de origen social menos favorable accedan de forma creciente a las universidades son condiciones necesarias, pero no suficientes para que exista una contribución significativa a la movilidad social. Los efectos positivos de la educación podrían ser menos intensos para esos colectivos, el fracaso educativo más acusado o los estudios estar más concentrados en áreas o grados menos efectivos en términos de abrir la puerta a carreras laborales y profesionales de mayor calidad.
Los datos de los módulos de transmisión intergeneracional de la pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida, que ofrecen información sobre la situación familiar y económica de los individuos cuando tenían 14 años, permiten analizar directamente la movilidad social, comparando el origen familiar de partida con la situación personal posterior y mostrando la influencia en esa transición del nivel de estudios completado por el individuo. El gráfico 4 muestra los resultados de un ejercicio de ese tipo para el caso español realizado a partir de los microdatos de la ECV-2011 (Pastor et al. 2019).
Ese análisis clasifica a la población de 25 a 40 años en tres categorías sociales (baja, media o alta) en función de la capacidad económica del hogar a los 14 años y el tipo de ocupación de los progenitores. Los resultados muestran con claridad que la realización de estudios superiores ha presentado en España un claro impacto positivo en términos de movilidad social, aunque no consiga eliminar por completo la ventaja asociada al origen familiar. Como puede observarse, a igualdad de nivel de estudios completados la situación final es más favorable para quienes partían de una mejor posición familiar. Así, en el caso de personas con estudios superiores el porcentaje que acaba en el estrato social alto es mayor cuando el origen ya era alto (72,8%) en vez de bajo (62,8%). Sin embargo, esa brecha existe cualquiera que sea el nivel de estudios de la persona y, de hecho, alcanza su menor valor tanto en términos absolutos como relativos para la población con estudios superiores (por ejemplo, con estudios básicos la brecha es entre el 25,9% y el 12,3%).
Gráfico 4. Análisis de movilidad ascendente. Porcentaje de población en estrato social alto según estrato social de origen y nivel de estudios. Población de 25 a 40 años. España. 2011
Es particularmente interesante notar otros tres rasgos. En primer lugar, el gran salto en el acceso al estrato alto está particularmente asociado a los estudios universitarios para cualquier origen social. Los estudios de secundaria postobligatoria suponen un salto positivo respecto a los obligatorios, pero mucho más moderado. En segundo lugar, el impacto de la educación es mayor cuanto menos favorable es el origen social. Finalmente, los individuos de origen menos favorable con estudios superiores alcanzan el estrato alto con mucha mayor probabilidad (62,8%) que los que parten de un origen alto y carecen de ellos (41,3% con secundaria postobligatoria, 25,9% con estudios básicos).
Reflexiones finales
A partir de la discusión anterior, cabe concluir que la universidad sigue constituyendo un potente mecanismo de movilidad social con capacidad para impulsar el ascenso de los jóvenes que parten con condiciones socioeconómicas menos favorables de origen, abriéndoles mejores opciones vitales. Otra cuestión es que su potencia sea menor que en el pasado o más débil que en otros países. En ese sentido, también hay que tener presente que es difícil que el impacto de una titulación universitaria pueda ser el mismo en la actualidad que a mediados del siglo pasado, cuando los titulados eran muy escasos en nuestro país y la transformación de la estructura de ocupaciones ligada al desarrollo económico estaba en sus inicios.
En cualquier caso, el momento actual se caracteriza por una serie de transformaciones estructurales que, como la digitalización o el envejecimiento, condicionarán la efectividad de la universidad para contribuir a la movilidad social.
La digitalización y la profunda transformación de las competencias que conlleva podría abrir una brecha aún más grande entre quienes tengan formación superior (con acceso a ocupaciones menos expuestas a los riesgos de la automatización y más empleables en las nuevas ocupaciones que van a crearse) respecto al resto de población (en particular en comparación con los que carezcan de formación postobligatoria). Esto reforzará la necesidad de la universidad como agente de movilidad social.
Por otra parte, adaptarse a la digitalización impondrá la necesidad de cambios en la propia actividad de las universidades. Su papel como ascensor social puede ser aún más importante, pero solo si ella misma se adapta. En este sentido hay que considerar que la adaptación y creación de nuevos grados es necesaria, pero puede conllevar riesgos para la movilidad en la medida que los estudiantes de diferente origen social opten por titulaciones con altos o bajos efectos en la inserción laboral, como así parece suceder en buena medida. En este sentido, el papel de los orientadores en las etapas preuniversitarias es fundamental, no solo porque su efecto sobre la motivación de los estudiantes está demostrado, sino también a la hora de complementar la información disponible de aquellos estudiantes con menor y peor información en el ámbito familiar.
El envejecimiento de la población y la próxima jubilación de las cohortes más numerosas de la historia de España son otros factores que cambiarán radicalmente el panorama laboral, ampliando de modo sustancial las oportunidades laborales de los más jóvenes, en muchos casos en ocupaciones que requieren titulación universitaria. Las dificultades que se perciben ya en diversos sectores de nuestra economía para cubrir las vacantes son un primer síntoma de esa tendencia.
En definitiva, la universidad española sigue siendo un potente ascensor social, pero eso no implica que no requiera un adecuado mantenimiento para mantener su eficacia. Es necesario seguir trabajando para que su formación sea de calidad y ofrezca buenas competencias a sus titulados en un mercado de trabajo cambiante (mejorando su inserción laboral y su futuro profesional) y para que el acceso a la universidad (y a los diferentes tipos de titulación) esté lo menos condicionado posible por el origen socioeconómico. El papel de la universidad en esos ámbitos es fundamental, pero también lo es el de las administraciones públicas, el sistema educativo en los niveles de enseñanza previos a la universidad y, finalmente, los estudiantes y sus familias, que son, en última instancia, quienes deciden seguir estudiando o no, el tipo de estudios a realizar y el grado de esfuerzo académico aplicado.
NOTAS
[1] Véase Pastor et al. (2019).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Eurofound (2017), Social mobility in the EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 82 pp. https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/social-mobility-in-the-eu
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2018a), A Broken Social Elevator?: How to Promote Social Mobility, París: OECD Publishing, 351 pp. https://doi.org/10.1787/9789264301085-en
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2018b), Equity in Education: Breaking down barriers to social mobility, París: OECD Publishing, 192 pp. https://doi.org/10.1787/9789264073234-en
OECD (2022), Education at a Glance 2022: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3197152b-en.
Pastor, J.M. (dir.), J. Aldás-Manzano, F.J. Goerlich, P. J. Pérez, L. Serrano, A. Catalán, Á. Soler, I. Zaera y S. Mollá (2019), La contribución socioeconómica del sistema universitario español: Informe SUE 2018, Madrid: CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas): Conferencia de Consejos Sociales. https://www.crue.org/publicacion/informe-sue-ivie-2019-desglose/