Manuel Villa-Cellino

Durante las últimas décadas el panorama universitario español ha asistido a un aumento del número de instituciones de enseñanza superior de iniciativa privada. Como efecto positivo, se ha intensificado en el sector la competencia, la exigencia y la calidad.

 El servicio público de la enseñanza superior está regulado en cada país de una manera específica y puede prestarse por un gran número de instituciones, aunque predominen en España las denominadas como universidades públicas. Este término hace referencia a la regulación actual en España de las instituciones de enseñanza superior de titularidad pública, cuyo origen fue sustituir a las instituciones de la Iglesia, que desde hace ochocientos años tenían como misión aglutinar, conservar y transmitir los principales saberes presentes en nuestra cultura desde esos tiempos pretéritos.La primera pregunta que podemos plantearnos es si aglutinar, conservar, transmitir y crear o desarrollar los diferentes saberes: teóricos o prácticos, artísticos o profesionales, filosóficos o científicos debe de ser la misión de un solo tipo de instituciones monolíticas fuertemente reguladas, o de muchas instituciones, con diferentes niveles de regulación, y con una variedad de características que las haga suficientemente diferentes entre sí.Es evidente que existen similitudes y diferencias en la concreción y regulación de los sistemas universitarios de los principales países desarrollados. En todos ellos las instituciones denominadas universidades tienen un papel predominante, para arrogarse un cierto monopolio de la transmisión y certificación de los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para ejercer la mayoría de las profesiones relevantes en nuestras sociedades desarrolladas.Así, la enseñanza superior está concebida como un sistema ordenado de selección, para facilitar el acceso a las principales profesiones requeridas por nuestro sistema económico y social solamente a una parte elegida de la población.Este sistema ordenado de selección es el que debe de estar regulado para garantizar el acceso a cada profesión, en igualdad de oportunidades, a los ciudadanos, jóvenes o adultos, que deseen esforzarse y conseguir los méritos suficientes para situarse en la parte alta del reconocimiento social en la profesión elegida.Además, nuestro sistema económico y social necesita que una parte de la juventud se forme con mayor intensidad que el resto y durante más años, tres, cuatro o muchos más, en unos saberes profesionales «superiores» que requieren una constancia y unas capacidades intelectuales disponibles solo para algunas personas. Estas personas son principalmente elegidas por unos sistemas de «enseñanzas medias» parcialmente selectivos para ir descartando a los menos capaces.La enseñanza superior es, por lo tanto, un sistema de conservación y desarrollo del saber basado en la capacidad y el mérito de quienes acceden al mismo a través de las universidades públicas o de las universidades privadas.Pero las diferencias semánticas son importantes, porque los nombres son formas convencionales para designar una realidad. Desde su origen, las universidades que no forman parte de la red pública de instituciones universitarias son conocidas en España bajo el calificativo de «privadas». El término cumple su función. Así, cuando nos referimos a las universidades «privadas», todos entendemos que estamos hablando de la titularidad de estas instituciones. En nuestro sistema universitario europeo dominan las universidades de titularidad pública; por lo que el resto de universidades, al no ser públicas, reciben la denominación genérica de «privadas».El problema reside en que por privado podemos entender aquello que tiene su...