Jaime Rodríguez-Arana

El espacio de centro suele ser concebido desde muchas perspectivas y desde muchas latitudes como una tercera vía entre la izquierda y la derecha, como una tercera vía para modernizar el pensamiento liberal o también como una tercera vía para «aggiornar» el socialismo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La versión más extendida, y actual, de la tercera vía fue utilizada por Anthony Giddens en el Reino Unido con el objetivo de templar y moderar un laborismo al que se quería convertir en partido ganador. En efecto, el líder laborista británico Tony Blair llegaba a Downing Street, al número 10, abanderando lo que denominaba tercera vía. ¿Coincidía la propuesta de Blair con el espacio del centro? Pronto se vio que la tercera vía caminaba por otros derroteros. Hay que tener presente en esta discusión de hace unos años, finales del siglo XX, las dificultades y vaivenes del llamado nuevo centro del spden esa época en Alemania, la bipolarización en el seno del socialismo entre tercera vía y la socialdemocracia clásica: divergencias y tensiones que se pusieron de manifiesto en la reunión de la Internacional socialista en París1 y en el encuentro posterior de Florencia2. Tales hechos situaron a la tercera vía como un intento estrictamente socialdemócrata de aproximación al centro. En el otro campo de la confrontación partidaria tal vez el esfuerzo haya sido menos evidente de cara a la opinión pública, pero no por ello menos real. El protagonismo público de los líderes centristas en el Consejo Europeo fue, efectivamente, menos relevante, aunque no así en el Parlamento. En efecto, entre los populares europeos pareció perfilarse la conformación de una opción centrista que agrupó a populares, democristianos y liberales, no solo ya de los países de la Unión sino también de los países europeos que aspiran a integrarse en ella. De todos modos, quiero destacar lo siguiente: detrás del debate doctrinal, detrás de las estrategias de las operaciones políticas y de comunicación, la realidad incontestable es que los gobiernos europeos intentan realizar, en este momento sin, conseguirlo obviamente, políticas centristas, digamos. En este sentido, solo en este, estoy de acuerdo con aquella idea expresada por el director de la London School of Economics, Anthony Giddens, que entiende la tercera vía como un intento de proporcionar sustento teórico a la experiencia real de los gobiernos democráticos de la Europa occidental3. ¿En qué podrían consistir esas nuevas políticas, esas nuevas aspiraciones de los gobiernos? El espacio de centro responde a unos nuevos métodos, mentalidades y actitudes de hacer política, propios de una época que ve superado el pensamiento encerrado y que, al mismo tiempo que trasciende la tradicional disyuntiva izquierda-derecha, no se reduce a unos meros intentos de equidistancia o componendas: tiene la entidad propia de una tercera posición. Probablemente, aun sin saberlo, algunos de los nuevos movimientos surgidos del descontento y la indignación ante la galopante corrupción que caracteriza el panorama político en muchos países europeos, han arribado al poder a base de usar, con ocasión y sin ella, eslóganes y consignas de...

Antes de las vacaciones estivales, el Gobierno de la nación, apoyado en una de las resoluciones del XXXVII congreso del PSOE, anunció su pretensión de agilizar la posibilidad de facilitar el voto a los inmigrantes de cara a las elecciones locales de 2011. Para ello, de acuerdo con el reformado artículo 13 de nuestra Constitución, es menester que se suscriban tratados de reciprocidad con sus países de origen. Mientras, los inmigrantes, por mor de la última, y única, reforma constitucional, ya pueden votar en las elecciones locales.Estamos en presencia, pues, de una cuestión eminentemente política que afecta a cuestiones tan básicas como las relativas al alcance de la inmigración misma, al sentido de la integración de los extranjeros en España, a la igualdad de derechos, al concepto mismo de ciudadanía, a las condiciones para el acceso a la nacionalidad o a los criterios para suscribir tratados de reciprocidad con diferentes países. Además, podemos preguntarnos las razones por las que el Gobierno ha elegido este momento para poner en marcha, con carácter general, el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales.Es verdad que España es un país de inmigrantes igual que en el pasado fue un país de emigrantes. Hoy, dada la escasa natalidad, la inmigración es necesaria desde el punto de vista laboral. Por tanto, histórica y culturalmente, estamos en unas razonables condiciones para comprender el alcance de la inmigración y exigir a los extranjeros que vienen a España, fundamentalmente a trabajar, la asunción de los valores culturales de nuestra tierra, sin perjuicio del mantenimiento de sus tradiciones en la medida en que no lesionen los principios del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de libertades. Los inmigrantes trabajan entre nosotros, usan los servicios públicos y de interés general, cotizan a la Seguridad Social, tienen derecho a prestaciones sanitarias y pagan impuestos. No son españoles en sentido estricto, salvo que adquieran nuestra nacionalidad, pero viven aquí y aquí se desarrollan como personas. Es verdad que unos se integran mejor que otros y que llevan algún tiempo pidiendo, a través de diferentes ONG e instituciones sociales que trabajan en este sector, también el derecho al voto, y no sólo para elecciones locales, sino para todas las elecciones en las que se requiera el concurso de la opinión política de los ciudadanos españoles.Entre los argumentos que se esgrimen para conceder este derecho a los inmigrantes no es menor el que señala que al ser personas que trabajan en España, que viven entre nosotros y que contribuyen al desarrollo de nuestro país, deben también expresar sus preferencias políticas pues el derecho al voto es, según la declaración de derechos de las Naciones Unidas, un derecho humano. Como los derechos humanos son, eso, humanos, corresponden a todas las personas con independencia del lugar de trabajo o de residencia. Por el contrario, la tesis reduccionista entiende que el derecho al voto sólo compete a los nacionales porque en las elecciones generales o locales se debaten proyectos políticos que deben ser decididos por los españoles....

En los albores del siglo XXI una de las constantes del pensamiento político se dirige, una y otra vez, a repensar la esencia de un sistema, de un modelo que fue pensado y diseñado para que, en efecto, el gobierno del pueblo, para y por el pueblo fuera una realidad. Sin embargo, a pesar de que los pasos dados han sido claros y firmes, todavía observamos y contemplamos cómo en nombre del pueblo precisamente siguen pugnando por prevalecer determinados intereses parciales, sean de orden económico, sean de orden partidario, que impiden que la aspiración a la justicia y al bienestar de millones de seres humanos encuentre cumplida satisfacción. La democracia, como escribió Friedrich, más que un sistema de gobierno constituye un estilo vital desde el que es posible comprender las diferencias, desde el que posible poner en el centro de la acción del gobierno la mejora constante de las condiciones de vida de los ciudadanos.Mucho se ha discutido, se discute y se discutirá acerca del sentido del interés general en los sistemas democráticos. Para unos, es la voluntad de la mayoría la que debe prevaler unilateralmente en cualquier caso, pasando por encima, si es menester de las minorías. Para otros, entre los que me cuento, el interés general constituye la expresión del bien de todos y de cada uno de los ciudadanos, de manera que el gobierno a la hora de aplicar sus políticas ha de tener en cuenta esta realidad y evitar la función de apisonadora que tantas veces comprobamos que constituye la esencia del mal gobierno en el seno de nuestras «ilustradas» democracias.En cualquier caso, la teoría política sigue de moda. No podía ser de otra manera porque, estando todo inventado, también en materia de sistemas de gobierno, se observa una cierta vuelta a perspectivas unilaterales, de corte totalitario, desde las que se intenta a toda costa levantar concepciones de la democracia abandonadas desde el principio, bien sea por su imposibilidad racional de implementación (democracia de identidad), bien sea por su incapacidad real para posibilitar gobiernos con capacidad de atender a los intereses generales, entendidos éstos desde el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. A pesar de, cómo ha dicho Sartori, la democracia liberal ha vencido porque es la única democracia real que se ha podido aplicar, los intentos de desnaturalizar el gobierno de todos para implantar sistemas de gobierno de unos pocos sigue estando presente a poco que analicemos lo que acontece en algunas partes del mundo.En efecto, el agotamiento del pensamiento marxista aplicado a la política al desvanecerse los modelos de socialismo a que dio lugar se rebela hoy contra su estrepitoso fracaso y pugna por el uso alternativo de las instituciones de la democracia liberal. Es el caso de la quiebra de los postulados del Estado de derecho, la gran conquista del pensamiento liberal que trajo consigo la primacía de la ley, el imperio de los derechos fundamentales de la persona y la separación de poderes. Trípode sobre el que se la levantado el...

«Si el que tiene el poder puede cambiar a su albur las normas jurídicas sin necesidad de proceder a su reforma, sólo como consecuencia de su mero deseo político, entonces estamos retrocediendo en el tiempo a momentos en los que la voluntad del gobernante, sin más limitaciones, era la fuente legítima del poder y del derecho, que eran sustancialmente lo mismo»

El corrupciómetro dado a conocer por el INEA en relación con los países iberoamericanos destaca como gran novedad, además del análisis sobre casos reales, la gradación de la corrupción a partir de cinco categorías que buscan aclarar la situación de cada país.La primera categoría, la más grave, se refiere a la situación de corrupción sistemática de naturaleza estatal de alta nocividad social. Cómo su nombre indica, se trata de la peor de las posibilidades en las que puede encontrarse un país. En estos casos, las redes de la corrupción dominan las estructuras públicas, capturan al propio Estado. Como señala el INEA, la captura del Estado no sólo se produce cuando el sector privado controla el aparato público en su conjunto, sino también cuando existen focos de corrupción dentro del Estado que responden a intereses privados. En estos supuestos, se producen muy graves perjuicios económicos para el desarrollo del país, evidentes quebrantos de la moral social y pública de los ciudadanos, así como la misma desnaturalización del sentido originario del poder público. Puede aparecer tanto en la vertiente administrativa, como en la dimensión judicial o legislativa, aunque lo que suele ocurrir en estos casos en que la corrupción domina la propia esfera pública, los tres poderes clásicos del Estado.En segundo lugar, nos encontramos ante la corrupción institucional de alta nocividad social. Se trata de la corrupción regular y generalizada en los aparatos públicos y oficiales en los que se obvian los procedimientos formales y donde los dirigentes, si no participan directamente en la misma corrupción, de alguna manera son cómplices de los delincuentes. La alta nocividad social se produce en estos supuestos porque las áreas institucionales afectadas son claves para la vida y la convivencia sociales minando lo que se denomina pomposamente capital social.En tercer lugar nos encontramos con la denominada corrupción esporádico-individual, también de alta nocividad social. Se trata de la corrupción protagonizada por acciones individuales y puntuales realizadas por personalidades o figuras relevantes del ambiente político o social. Causa evidentes perjuicios sociales a la población porque afecta a funciones de alta dirección pública o social que se presumen de alta ejemplaridad, así como, en ocasiones, a delitos de gran dimensión o al crimen organizado.La cuarta categoría se refiere a la corrupción institucional de efecto local. Es, como señala el INEA, la corrupción que se presenta en espacios normativo-institucionales locales o regionales. Son casos en los que están involucrados funcionarios locales o regionales que incumplen sus deberes de servicio público. También esta modalidad de corrupción afecta a la confusión de los intereses públicos locales con los particulares y afecta, a la larga, a la conciencia ética de la sociedad. Hay complicidad por parte de las autoridades, incluso es «bien vista» en algunas latitudes del mismo poder.Finalmente, la quinta y última categoría se denomina corrupción esporádico-individual de efecto local. Es la corrupción que caracteriza a los funcionarios o autoridades de área local puntual e individual, que suele instalarse en las funciones de naturaleza administrativa.Otra de las principales causas de la...

Análisis sobre el dictamen del Consejo de estado aprobado por el pleno de la institución sobre el proyecto elaborado por la Comisión de Estudios del Consejo, que constituye una de las mejores reflexiones sobre la Constitución de 1978.

Sobre el informe "La democracia en América Latina" que describe la paradoja moderna que debe llevarnos a una reflexión profunda y serena en Iberoamérica. Refleja las desigualdades que sufren los países latinoamericanos.

En la década de los ochenta del siglo pasado, sobre todo, empezó a utilizarse por parte de la doctrina un término bien representativo de un fenómeno que ciertamente había producido una cierta confusión y no poca inquietud en cuantos se dedican al estudio de nuestra disciplina: «la huida» del derecho administrativo. Expresión, me parece, con la que se pretendía, y todavía se pretende hoy, llamar la atención sobre la pérdida de influencia del derecho administrativo como ordenamiento matriz a partir del cual debía regirse jurídicamente toda actuación del aparato público, sea cual sea su caracterización normativa. Enel fondo, se añoraba la posición del derecho administrativo como derecho único sobre el que debía girar el régimen jurídico de la Administración pública, olvidando, con más o menos intensidad, que existe un núcleo básico de principios constitucionales vinculados a las actividades administrativas y a los fondos públicos, que con su manto trascienden la naturaleza del derecho de que se trate en cada caso.La Constitución de 1978 dice, entre otras cosas, que la Administración sirve con objetividad los intereses generales, que los poderes públicos deben fomentar la libertad y la igualdad y que se reconoce la tutela judicial efectiva. Principios que invitan a una tarea centrada en repensar algunos dogmas y principios que en su día rindieron grandes servicios a la causa, pero que hoy quizás no encajen en una democracia avanzada. Se trata, pues, de proyectar de una manera equilibrada los parámetros que presiden el nuevo Estado social y democrático de derecho sobre la realidad administrativa, teniendo bien presentes los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario. Hoy, en mi opinión, la garantía del interés general es la principal tarea del Estado y, por ello, el derecho administrativo ha de tener presente esta consideración y adecuarse a los nuevos tiempos pues, de lo contrario, perderá la ocasión de cumplir la función que lo justifica, cual es la mejor ordenación de la actividad pública con arreglo a la justicia.NO MÁS PERSPECTIVAS ÚNICASTradicionalmente, cuando nos hemos enfrentado con el arduo problema de seleccionar una perspectiva central sobre la que montar todo el derecho administrativo, hemos acudido a la aproximación subjetiva, objetiva o mixta. Hoy me parece que mantener una orientación única quizás sea una pretensión que dificulta la comprensión de un sector del derecho público que trasciende sus fronteras naturales y que actúa sobre otras realidades, años ha vedadas al derecho administrativo, precisamente por la estrechez de miras que surge del pensamiento único, cerrado o estático.Parece también fuera de dudas que el derecho administrativo del siglo XXI es distinto del propio del siglo pasado en la medida en que el sustrato político y social que le sirve de base es bien diferente, como también es bien diferente el modelo de Estado actual. El derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece: es una manida y reiterada frase acuñada, según parece, por Otto Mayer que nos ayuda a entender que las instituciones típicas de la función administrativa, de una u otra forma, son permanentes, pudiendo...

De cómo el gran hito de la historia de España es la Constitución de 1978 y la aparición del nacionalismo radical que plantea en su dimensión constitutiva lo que llaman "la cuestión nacional".

El Pacto Local viene planteado por la revalorización operativo de este ámbito territorial en el espacio europeo. Las funciones que son realizadas por los entes municipales afectan en materias como la seguridad pública, la prestación de nuevos servicios asistenciales, planificación urbanística, etc.

La características que debe reunir una política de centro son: moderación, equilibrio, reformista y de progreso.