Gabriel Alonso

En las últimas décadas, tras la profunda revisión llevada a cabo tras medio siglo de Cooperación Internacional al Desarrollo, ha cobrado enorme relevancia el concepto de gobernabilidad democrática del Estado de Derecho como eje sobre el que debiera girar una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) más eficaz. El denominado fortalecimiento institucional, simplificando enormemente, no es más que consolidar y reforzar las instituciones y ámbitos que favorezcan e impulsen el funcionamiento democrático de un país. El énfasis en este nuevo objetivo prioritario en la cooperación viene dado por los desarrollos teóricos avanzados que demuestran una y otra vez la estrecha vinculación entre libertades y garantías democráticas y el aumento del desarrollo en todas sus dimensiones: capacidades individuales y colectivas, desarrollo humano, crecimiento económico, etc.En este contexto, la atención a la sociedad civil como elemento clave de la gobernanza democrática es crucial. Y por ello, las diferentes instancias internacionales insisten de forma muy clara en que la gobernabilidad del Estado de Derecho no es un asunto exclusivo del sector público, como quizá se pudo malentender en los comienzos de esta línea de trabajo, sino que depende de una adecuada interacción entre los tradicionales tres sectores: las administraciones, el sector privado y la sociedad civil (entendiendo ésta, de manera aproximativa y no estrictamente absoluta, como el dinamismo de la sociedad en la búsqueda de intereses comunes y no necesariamente lucrativos).No obstante, metodológicamente, conviene deslindar previamente qué entendemos por sociedad civil y cuál es su papel específico antes de abordar su protagonismo en la gobernabilidad de los países en vías de desarrollo. Sobre qué se entiende por sociedad civil y su relevancia en las sociedades democráticas se han escrito ríos de tinta pero conviene extraer algunas reflexiones básicas.En primer lugar, conviene destacar su dimensión de espacio público donde los ciudadanos, de manera conjunta, exigen su protagonismo en el dinamismo social frente al estatalismo o el «despotismo» de las élites partitocraacute;ticas. De ello surge el diálogo y el debate público que permite participar a los ciudadanos en el ámbito «político» (etimológicamente, de la polis, del bien común) más allá del derecho a voto cada cierto número de años, al menos donde existe ese derecho básico de ejercer la soberanía popular. Ello supone evitar la reducción del espacio público y político al Estado, lo cual es crucial en una auténtica democracia. El principio de subsidiariedad, esto es, que lo estatal debe estar supeditado y en función de la sociedad y que ésta lo debe estar respecto del individuo -siempre que atienda a sus obligaciones inherentes a su condición social- lo expresa magníficamente.En segundo lugar, habría que destacar el elemento organizativo de la sociedad civil. El dictamen del Comité Económico y Social de la UE (Bruselas, 22-IX-1999), sobre «El papel y la contribución de la sociedad civil organizada en la construcción europea», la define como «conjunto de todas las estructuras organizativas cuyos miembros prestan servicio al interés general democráticamente -mediante el diálogo y el consenso- y sirven como mediadores entre las actividades públicas y los ciudadanos»....