Eduardo Torres-Dulce

"¿Vencedores o vencidos?" es una película que analiza los juicios de Núremberg. Allí se juzgó también a los jueces alemanes, quienes en vez de servir a la verdad se limitaron a "aplicar las leyes" que llevaron al Holocausto.

La Administración de Justicia de un país no es, ni debe serlo, una isla al margen por completo del resto de las instituciones e incluso de la ciudadanía. Si afirmo lo anterior es porque de una forma u otra el estado de la Justicia es inevitablemente un termómetro de la temperatura social y política de una nación. En el caso de España existen ciertos factores previos que deben considerarse antes de emitir cualquier juicio. El primero, y a mi juicio esencial comporta dos vertientes . La primera es que nuestro país ha vivido prácticamente un siglo de las reformas judiciales, sustantivas y procesales que los legisladores liberales del XIX emprendieron a partir de la revolución septembrina de 1868. De los pocos logros útiles del barullo nacional en que se convirtió el denominado Sexenio democrático, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 instauró la independencia judicial, un objetivo que perseguían programáticamente los partidos políticos progresistas y al que se oponían con tenacidad los de corte conservador. A la Restauración canovista le corresponde el honor, si bien en buena medida fueron los gabinetes liberales de Sagasta y muy particularmente el ministro Alonso Martínez, de haber iniciado una labor moderna de codificación, el Código Civil como buque enseña, y sobre todo las leyes procesales, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal, que con las orgánicas constituyen el nervio de la administración y ejercicio de la justicia de un país. Leer la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 es hoy en día un ejercicio muy recomendable para comprobar con melancolía tanto el deterioro del uso del español en los textos legales como la clarividencia en el diagnóstico de los problemas que planteaba el proceso penal y, lo que era aún más importante, las soluciones para remediarlos. Basta citar la gran aportación, como acertadamente suele recordar el profesor Luis María Díez-Picazo, que supuso la creación del juez de instrucción que, desde su independencia absoluta, debía consignar en la investigación de las causas penales tanto lo favorable como lo desfavorable para con el acusado. Un juez, además, que observaba escrupulosamente todas las garantías establecidas por la ley. También el plazo de setenta y dos horas que ponía fin a la detención policial, verdadera y novedosa garantía de un bien tan preciado y frágil como es la libertad personal. LA HORA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Pero ese diseño de la Restauración que pervivió a través de Monarquía, Dictadura, República y nuevamente Dictadura, tenía fecha ínsita de caducidad. Había sido pensado para una sociedad eminentemente rural y nada tecnificada,...

Eduardo Torres-Dulce realiza un sintético inventario de la comedia clásica norteamericana, toda una manera de mirar el mundo que huye de convenciones. Las inolvidables comedias de los años treinta y cuarenta inauguran la Edad de Oro de la interpretación y constituyen una excelente muestra de la importancia de los guiones.