Albert Boadella

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Director artístico de los teatros del Canal

La cultura de Estado

Mi nueva responsabilidad en la dirección de los Teatros del Canal me ha inducido a plantearme con mayor precisión las dimensiones, los límites y las consecuencias de lo que llamamos cultura pública. Poner en práctica una actividad de esta naturaleza tutelada por la administración significa a menudo tener que asumir los hábitos y las inercias derivadas de unos conceptos que generalmente se hallan en tesituras muy distintas de lo que es la realidad cotidiana. En el caso de las artes, la maquinaria administrativo-política es un vehículo pesado que no puede correr al mismo ritmo de la agitación que envuelve el mundo artístico. Pero en los tiempos actuales esta distancia aumenta de forma sustancial ya que la mayor parte de los medios que la administración asigna a la cultura son empleados en espectaculares instalaciones para envasar los supuestos contenidos. La generalización de este automatismo en la casi totalidad de las administraciones podría descifrarse también como el instinto de envasar y controlar un sector con tendencias poco ajustadas a la corrección del momento. Por esta misma razón, en las últimas décadas, los arquitectos han sido los máximos protagonistas de las administraciones culturales, y muy especialmente de sus presupuestos. Ello ha generado un problema muy extendido en los países desarrollados, y es que cuando un arquitecto se encarga de construir una infraestructura pública, la exhibición personal acostumbra a prevalecer por encima de la funcionalidad. Los intereses parecen contrapuestos pues los incentivos del arquitecto se encuentran más en la búsqueda de la notoriedad o los premios de diseño que la posterior rentabilidad de la actividad que allí pueda realizarse. En última instancia, esta dualidad de objetivos, acaba cargando sobre el erario público unos costes muy elevados pero imprescindibles para sostener el mantenimiento del voluminoso envoltorio, con lo cual los contenidos pasan a segundo término. Obviamente, esta forma de proceder, impracticable en el sector privado, revela un criterio que corresponde a un concepto del estado como monopolio cultural. Bajo semejante principio, cualquier tentativa de amortización y rentabilidad es percibida como una cierta adulteración de la magnificencia con que deben actuar las administraciones públicas en materia cultural.  En resumen, estas contradicciones derivadas de mi nueva responsabilidad pública me obligan a una profunda reflexión sobre la forma más práctica y sensata de incentivar la acción cultural en un país donde el término está totalmente desnaturalizado por su utilización política, pero muy especialmente por lo que yo llamo la creación por decreto, o sea, la cultura de Estado. En estas materias, algunos Gobiernos occidentales entre los que se encuentra España han contraído unas competencias muy temerarias. Ministerios y Consejerías de Cultura se han convertido en los tutores de formas y estilos muy precisos en el arte, y por consiguiente (dado el volumen de medios invertidos) al promover un género desequilibran automáticamente los otros. El problema no está solo en el reparto de subvenciones sino en la discrecionalidad que se otorga la administración en materia de formas, estilos y contenidos. Una formula que viene a significar en la mayoría de los...

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