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Mi nueva responsabilidad en la dirección de los Teatros del Canal me ha inducido a plantearme con mayor precisión las dimensiones, los límites y las consecuencias de lo que llamamos cultura pública. Poner en práctica una actividad de esta naturaleza tutelada por la administración significa a menudo tener que asumir los hábitos y las inercias derivadas de unos conceptos que generalmente se hallan en tesituras muy distintas de lo que es la realidad cotidiana. En el caso de las artes, la maquinaria administrativo-política es un vehículo pesado que no puede correr al mismo ritmo de la agitación que envuelve el mundo artístico. Pero en los tiempos actuales esta distancia aumenta de forma sustancial ya que la mayor parte de los medios que la administración asigna a la cultura son empleados en espectaculares instalaciones para envasar los supuestos contenidos. La generalización de este automatismo en la casi totalidad de las administraciones podría descifrarse también como el instinto de envasar y controlar un sector con tendencias poco ajustadas a la corrección del momento.

Por esta misma razón, en las últimas décadas, los arquitectos han sido los máximos protagonistas de las administraciones culturales, y muy especialmente de sus presupuestos. Ello ha generado un problema muy extendido en los países desarrollados, y es que cuando un arquitecto se encarga de construir una infraestructura pública, la exhibición personal acostumbra a prevalecer por encima de la funcionalidad. Los intereses parecen contrapuestos pues los incentivos del arquitecto se encuentran más en la búsqueda de la notoriedad o los premios de diseño que la posterior rentabilidad de la actividad que allí pueda realizarse. En última instancia, esta dualidad de objetivos, acaba cargando sobre el erario público unos costes muy elevados pero imprescindibles para sostener el mantenimiento del voluminoso envoltorio, con lo cual los contenidos pasan a segundo término.

Obviamente, esta forma de proceder, impracticable en el sector privado, revela un criterio que corresponde a un concepto del estado como monopolio cultural. Bajo semejante principio, cualquier tentativa de amortización y rentabilidad es percibida como una cierta adulteración de la magnificencia con que deben actuar las administraciones públicas en materia cultural.  En resumen, estas contradicciones derivadas de mi nueva responsabilidad pública me obligan a una profunda reflexión sobre la forma más práctica y sensata de incentivar la acción cultural en un país donde el término está totalmente desnaturalizado por su utilización política, pero muy especialmente por lo que yo llamo la creación por decreto, o sea, la cultura de Estado.

En estas materias, algunos Gobiernos occidentales entre los que se encuentra España han contraído unas competencias muy temerarias. Ministerios y Consejerías de Cultura se han convertido en los tutores de formas y estilos muy precisos en el arte, y por consiguiente (dado el volumen de medios invertidos) al promover un género desequilibran automáticamente los otros. El problema no está solo en el reparto de subvenciones sino en la discrecionalidad que se otorga la administración en materia de formas, estilos y contenidos. Una formula que viene a significar en la mayoría de los casos la inclinación por opciones ideológicas concretas. Pongamos solo el ejemplo de las llamadas artes plásticas. Estas manifestaciones de diversa índole, pero siempre bajo la coartada de la modernidad y la vanguardia, nos vienen exhibiendo desde hace varias décadas una muestra exacta de las razones que han conducido a lo que ahora, en una nueva perversión del lenguaje, calificamos como crisis. Nadie, ni nada había anticipado la metáfora de forma tan visible y patente.

Cito un ejemplo concreto vinculado al dinero público: En Madrid, la feria Internacional ARCO personifica la radiografía perfecta de lo que acontece en el plano moral pero también en el plano económico en nuestra sociedad. Me refiero, a la entronización de la nada y de la vaciedad en el mercado. El feísmo como reacción a la impotencia creativa, cortando el paso a cualquier posibilidad de crear una belleza de excelencia, y aun menos, en algo asentado sobre la sedimentación del pasado. El resultado de tal situación exige la necesidad imprescindible del experto para que la inanidad de las obras (basadas en la destrucción de toda referencia al lenguaje común) consiga así alcanzar un alto valor comercial. En definitiva, para que la diferencia entre el desconchado de una pared y un Tapies mantenga una sustanciosa cotización, o para que el frenesí de rotuladores de un parvulario sobre un folio y un Pollok, signifiquen una distancia de millones de dólares, necesitamos un experto. En estos terrenos, sin el experto, nadie se atreve a dictaminar nada. Como consecuencia de ello, decenas de Madoff han recorrido el mundo convenciendo a los más notables que debían invertir en tales ingenios y no en la pared desconchada o las expresiones plástico-terapéuticas del frenopático.

En este sentido, la moneda de cambio son unos valores triviales que no encarnan ninguna sustancia porque no corresponden ni a la necesidad, ni al gusto de la ciudadanía. Unos ciudadanos que desfilan aturdidos y acomplejados ante la pornografía de la nada que se exhibe en los grandes tabernáculos arquitectónicos levantados con dinero público. La solidez y el prestigio de la inteligencia, la sutilidad y la experiencia, quedan suplantadas por la impremeditación, la desfachatez y la grosería técnica de los protagonistas del bricolaje comercial. La sublimación de lo irracional constituye la medida del éxito. Bajo este prisma, se puede afirmar que hoy el escándalo moral es el único motor de las artes modernas. Esta misma situación se puede traspasar a otras disciplinas artísticas a pesar de que aquellas que necesitan directamente del público se ven más afectadas por el veredicto de este que por la autocracia del experto.

Si todo ello correspondiera a un espontánea necesidad de la gente y cada cual se apañara en la complicada labor de seducir a una clientela, podríamos aceptar que por lo menos representa algo funcional o emocionalmente útil como siempre procedieron las artes, sin embargo, el problema es que todo el montaje se sustenta sobre el intervencionismo de las administraciones públicas, las cuales alimentan mediante la franquicia democrática, una burbuja de signos completamente ininteligibles para la mayoría de los ciudadanos. En el fondo, el invento solo está disponible y destinado a un puñado de supuestos exquisitos o inversores que aprovechan la ayuda pública para su regocijo personal. Lo que en principio debería ser un servicio público destinado a proteger las obras intelectuales de los hombres, el noble termino cultura, sirve en manos de la administración para promover la confusión de los órdenes y el trastrueque de los papeles.

La cultura se convierte así en una prestigiosa patente de impunidad y hay que pagar por ello un precio muy elevado porque los Estados, en vez de distinguir los ordenes en esta vasta esfera cultural que controlan, sienten la gran tentación de convertir este sistema en un colosal distribuidor de recursos que permite hacer que el ocio de las masas refluya hacia algunas obras y viceversa, que las preferencias de la camarilla en el poder invadan el ocio de las masas. La administración, al englobar en sus asignaciones el ocio y al mismo tiempo las obras de actividad intelectual, tiene a la sociedad tan bien acostumbrada a esa amalgama que ella ya no se atreve por si misma a desarrollar iniciativas e instituciones protectoras que no sean las de titularidad pública. En cuanto a la posibilidad de contrarrestar con el mecenazgo privado un impulso tan avasallador, en la práctica resulta muy poco factible ya que el mecenazgo depende estrechamente de las opciones marcadas por la propia administración cultural. En tales condiciones, o bien ofrece una financiación complementaria o calca sus iniciativas del modelo oficial.

Nos encontramos pues en que hoy las administraciones públicas, influidas por las políticas culturales de la socialdemocracia, pretenden hacer la guerra a los lugares comunes del arte comercial y burgués, extendiendo en todos los ámbitos una cultura que han sometido previamente a su propio filtro. A su paso, la hierba del arte espontáneamente popular y tradicional no vuelve a crecer. Y cuando se deciden a proteger lo tradicional en su afán de estimular el voto popular, se lanzan a promover y subvencionar cualquier banalidad con tal que sea masiva. Lo comprobamos anualmente con el carnaval u otras bullas semejantes. Si nos centramos, por ejemplo, en el propio carnaval, comprobaremos que se trata de una manifestación que precisamente ha dejado de tener todo sentido fuera de lo que significó su provocación ante a la cuaresma, la cual también ha desaparecido. Dejando al margen algunos lugares concretos en los que estas manifestaciones se han mantenido como un voluminoso espectáculo de masas, en la mayoría de ciudades resulta un patético desmadre con altas dosis de cutrez que no debería ser jamás motivo de apoyo institucional. Pero en esta vasta ensalada que promueve la administración bajo el término cultura, y que engloba desde la fabricación de cazuelas regionales hasta los desfiles de modelos, es imposible mantener el rigor de la excelencia artística. Arte, es hoy una palabra que ha dejado de tener todo sentido desde que cualquier profesional de los fogones se declara genio de la creatividad por la simple deconstrucción de un salmonete. Y así se le venera sin complejo alguno, no solo en los medios, que aun sería justificable, sino en las esferas oficiales.

La inducción a excelencia ha desaparecido de España en todos los terrenos. Es un término considerado hoy entre los adeptos del progresismo oficialista como algo reaccionario. Solo nos queda la excelencia practicada por los deportistas, los cuales, como no tienen posibilidad de artificio, todo se sostiene por merito, esfuerzo y trabajo. Quizás por ello el deporte es la única actividad que los españoles han progresado ante el mundo. Aquí no hay demagogia posible ni son necesarios expertos para la traducción de los contenidos.

Abocados a semejante panorama uno se pregunta ¿Cómo pueden surgir artistas profundos si no queda reconocimiento para ningún maestro? Si el propio estado es el destructor del merito y la excelencia al promover normativas en las que el fracaso reiterado en el estudio no implica consecuencias relevantes. Concretamente en las artes, solo el toreo ha mantenido el principio del mérito, por lo menos a los mejores todavía se les llama maestros. Es la única manifestación que merece actualmente la calificación de arte en el sentido profundo del término. Será porque aun depende del Ministerio del Interior a pesar de los esfuerzos que hacen los profesionales de la tauromaquia para pasar a Cultura.

Los maestros del arte enseñan a conocer, hacen admirar pero también comprender, degustar, e imitar después de haber admirado. Sin embargo, intentar forzar la naturaleza de cada ciudadano con el potencial de la administración, imponiéndole el deber de ser “cosquilleado” por las obras maestras que este año pasen oficialmente como tal, representa un acto de coacción a la libertad. Esta forma de consigna encubierta, cuyo mecanismo es herencia de los totalitarismos socialistas, encubre un poderoso principio de esterilización y esterilidad e impone como ejemplo a todos los ciudadanos un frívolo “voyerismo” catacaldos.

La primera de las obligaciones de un Estado en materia cultural es ser enormemente recelosa con las modas porque su función esencial pasa por proteger y conservar el auténtico patrimonio. La verdadera cultura, como la agricultura, es la culminación paciente de la naturaleza. Todo lo contrario del concepto “política cultural” que para obtener resultados inmediatos tiende a liquidar el proceso natural. En este aspecto, es justo hacer dos excepciones: El Reino Unido y EEUU donde unos sistemas más cercanos al liberalismo han conseguido en algunos temas culturales (no en todos) un mejor ensamblaje entre lo público y lo privado. Por lo menos no deben soportar el escándalo de un cine subvencionado y completamente inservible para sus contribuyentes.

En nuestro país, la mayor conquista de los Gobiernos que se autocalifican progresistas ha sido conseguir eliminar toda tradición y que nos pongamos firmes ante la palabra modernidad. Basta anticipar que una idea incluso descabellada, un ensayo literario odioso, un hombre incluso vil, un mobiliario incluso repugnante, basta anticipar que es moderno y de inmediato nadie osa elevar el menor murmullo. Pero la paradoja es que este principio no solo ha sido practicado por los gobiernos de la izquierda sino que la derecha, acomplejada ante la posibilidad de que la tachen de reaccionaria ha imitado la misma forma de proceder. Y lo que es aún peor, lo ha hecho sin convencimiento. La izquierda, por lo menos, tiene la conciencia y la petulancia de considerarse la encarnación y el monopolio de la cultura en su esencia y así puede dedicarse a suministrar recursos sin complejo alguno. El resultado inmediato de la repartidora es un multitudinario ejército de intelectuales y artistas dispuestos a salir en manifestación cuando convenga y apoyar sin reservas al magnánimo gobierno. O sea, que el lado más esperpéntico del asunto es que la derecha plagia hoy la misma política de la izquierda en materia cultural y le toca siempre bailar con la más fea.

Esta invasión de los gobiernos en los epicentros de las actividades culturales ha provocado funestas consecuencias en los principios de libertad y pluralidad, inherentes e imprescindibles en cualquier realización artística. No obstante, dentro del contexto europeo actual nos encontramos hoy con una benefactora paradoja. La realidad económica y financiera del momento con su obligada disminución de los gastos suntuarios por parte de los gobiernos, puede repercutir positivamente sobre las formas de intervención de la propia administración en la cultura. Ante la escasez de medios públicos será obligado actuar con nuevos planteamientos más proclives a establecer una menor distancia entre lo que se exhibe y su valor real. En definitiva, un mayor acercamiento al principio de la oferta y la demanda que siempre estuvo presente en el pasado con espléndidos resultados en el campo de las artes. Los artistas o los simples generadores de acciones culturales, deberán atenerse a una norma fundamental de cualquier actividad pública como es la seducción del prójimo a fin de asegurar la propia subsistencia. En el fondo, no es más que restablecer la igualdad de oportunidades y primar la excelencia en la cultura sin tentaciones de inflación por parte de las administraciones públicas. Obviamente, ello no quiere decir que los estados tengan que desentenderse de todo lo referente la promoción de las artes pero sus intervenciones deberán plantearse como una función ecológica que no provoque desequilibrios. En todo caso, se trata de evitar injerencias agresivas en el frágil caldo de cultivo que surge del arte y la cultura popular.

De no ser así, seguiremos encadenados al frívolo frenesí de la novedad y las administraciones culturales continuarán siendo cómplices en la producción insaciable de entretenimientos para alimentar a un consumidor voraz que olvida el último bocado recibido a fin de metabolizar el menú siguiente.


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