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Del comportamiento de los seres humanos se ocupa la ética personal. La ética política valora la actividad del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y del resto de las instituciones políticas.

Las acciones políticamente inmorales pueden proceder de la corrupción personal. Pero en otras muchas ocasiones son consecuencia de la incompetencia, de seguir una ideología falsa o de una doctrina económica equivocada, aun con la mejor intención.

Ángel Rodríguez Luño: Introducción a la ética política
Ángel Rodríguez Luño: «Introducción a la ética política», Rialp, 2021

En ética política lo determinante es la conformidad y la promoción del bienestar general, que no es un ente separado, perfectamente definido a priori, al que los ciudadanos deben subordinar sus intereses y sus actividades. El bien común general es antes que nada un conjunto de condiciones de vida que se logran con la colaboración de todos y de las que todos se benefician.

Si la vida lograda y feliz de los ciudadanos fuese también el fin de las instituciones políticas, surgirían posibilidades nefastas. El Estado podría considerar obligatorio lo que entendiera como ‘bueno’; y si entre los ciudadanos hubiera distintas concepciones de lo bueno, el Estado podría determinar cuál de ellas es la obligatoria. La coacción política nunca debe invadir la conciencia. Solo debe ser prohibido por el Estado el comportamiento que incide negativamente de modo notable sobre el bien común. Pero el Estado ha de  argumentar convincentemente que un determinado modo de obrar debe prohibirse.

Por otra parte, un Estado “éticamente neutro” es imposible, como lo demuestra que los ordenamientos jurídicos de los estados civilizados prohíban el homicidio, el fraude, la discriminación por motivo de raza, sexo o religión, etc.

Las instituciones políticas están al servicio de la sociedad. Si la organización política no es acertada, la sociedad no funcionará adecuadamente aunque la generalidad de las personas sean muy rectas. La sociedad está al servicio de que las personas puedan libremente alcanzar su bien. El problema real que la política deber resolver no es el del fin que se quiere alcanzar, sino el de los medios concretos que permitan resolver los problemas, con los recursos disponibles, y teniendo en cuenta las condiciones reales.

La política planifica y emplea la coacción. Su ámbito propio es la seguridad, el orden público, la administración de justicia, la defensa del territorio nacional, y la tutela de los derechos fundamentales de la persona. Estos elementos componen el bien común político. Los procesos sociales se caracterizan por ser espontáneos y anteriores al Estado. Piénsese en el lenguaje, en el intercambio de bienes y en cómo nació el dinero. Es muy importante conocer y respetar la diferencia entre procesos políticos y procesos sociales.

Extractamos, a continuación, el resto de lo más señalado de esta obra, agrupándolo por ideas, y citando la página de donde se ha tomado:

Ángel Rodríguez Luño: Introducción a la ética política. Madrid, Rialp, 2021.

La libertad

“El principio de libertad corrige la tendencia a pensar que la sociedad es una cierta entidad anterior y superior a los individuos; una entidad con unos fines propios, a los que los ciudadanos deberían someterse, renunciando a sus legítimos intereses y a su razonable ámbito de autonomía” (34). 

“Nos guste o no, en la vida de los hombres no hay por naturaleza ni seguridad completa ni igualdad absoluta. Cuando se quieren obtener obstinadamente, se acaba renunciando a la libertad y, si eso se lleva a cabo a nivel estatal, se recurrirá, de un modo u otro, a la violencia” (37-8).

La solidaridad

“La solidaridad no se fundamenta, como hace en cambio la estricta justicia, en el deber de dar a otro lo que es suyo, sino en la apertura hacia las necesidades de los demás, radicada en la autotrascendencia de la persona” (41). 

“[La solidaridad] No es una limitación coercitiva de mi libertad, sino que nace de mi libertad de ser razonable, que vivir junto a otros para que todos podamos vivir dignamente” (42).

“Se puede decir que existe un deber objetivo de solidaridad. Por eso, es justo que el Estado promueva la solidaridad, representando de ese modo los intereses y convicciones de los ciudadanos, siempre que ello no lleve a introducir la coacción política en ámbitos donde no debe entrar” (43).

“La libertad solidaria es el presupuesto antropológico del bien común político. Si en la libertad humana no estuviese radicada la auto-trascendencia hacia el bien de los que viven con nosotros, el bien común sería posible. Es más: si libertad y solidaridad fuesen realidades opuestas, lo que se haría imposible es la vida social misma, la colaboración social de personas libres” (43).

Los derechos fundamentales

“Los derechos fundamentales no son solamente libertades ante el Estado, sino en el Estado. Por esta razón, los derechos fundamentales, especialmente el de la vida, además de garantizar la inmunidad frente al Estado, confieren también al individuo el derecho de ser protegido —mediante disposiciones legales— de las injerencias de otras personas” (53).

“El principio constitucionalista es un principio de limitación jurídica del poder político en favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El sistema constitucional ha de garantizar los derechos de la persona y poner al Estado en condiciones de no poder violarlos. Para ello se establece una compleja técnica jurídica, hecha de controles y contrapesos, que tendría que impedir que nadie, ni siquiera el pueblo entero o su mayoría, pueda ejercitar un poder político absoluto” (56).

Estado y religión. Estado laico

“El Estado no es competente para dirimir las divergencias religiosas ni para imponer a la intimidad de la conciencia personal la solución que considerase justa. El Estado y la política no son la fuente de la verdad moral y religiosa, lo cual no quiere decir que el Estado sea amoral y antirreligioso” (60).

“Respetar la libertad de la conciencia no es un corolario del escepticismo o del agnosticismo, sino un requisito necesario para hacer posible la convivencia pacífica y la colaboración social entre personas que pueden tener convicciones diferentes” (60).

“Un cosa es respetar las convicciones ajenas, y otra bien diferente no poder disentir” (61).

La justicia

“En la formación del pensamiento político moderno los ideales de paz y de libertad pronto se completaron con la idea de justicia” (61).

“Sintéticamente, la promoción de la justicia se desglosa en cuatro tareas:

1. En el plano político, la extensión universal de los derechos políticos, que se suele llamar principio democrático.

2. En el plano social, establecer y hacer respetar las normas que han de presidir todas las formas de colaboración social.

3. La adecuada distribución de competencias entre el aparto jurídico, el Estado principalmente, y los individuos y agrupaciones sociales, entendidas en el sentido más amplio.

4. La promoción de la justicia social” (62).

“Una de las características fundamentales de la justicia es la alteridad. La justicia regula las relaciones con las personas que son alter respecto a nosotros, que son o pueden ser extrañas, ‘otras-que-nosotros’. A quienes son extraños a nosotros hay que darles lo suyo, no importa que sean amigas o no lo sean, conocidas o desconocidas, de nuestro mismo partido político o del rival” (65).

“Si los contratos no se respetan, la colaboración social se hace imposible” (67).

El principio democrático

“El principio democrático pide la igualdad de todos ante la ley y la extensión del derecho de voto, hasta llegar al sufragio universal. Se trata de un principio que busca la justicia y la igualdad, entendidas como igualdad de oportunidades, igual respeto para todos, igual libertad e igual participación en la formación de las orientaciones políticas” (62-3).

“La pasividad, la pereza, el ‘dejar hacer’ a otros representan una tentación continuamente al acecho, ya que la participación constructiva requiere esfuerzo y sacrificio” (63).

La subsidiaridad

El principio de subsidiaridad significa que “el Estado ayuda y no suplanta. Suple la actividad de sus miembros solo cuando ello sea estrictamente necesario para el bien común y por el tiempo en que esa necesidad persista” (71).

“Es lógico que si se atribuye al aparato público la responsabilidad de garantizar muchos objetivos, se le haya de reconocer paralelamente el poder de recabar ingentes recursos económicos mediante los impuestos, así como el de contar con un número muy grande de funcionarios” (71).

Justicia social

“El concepto de justicia social es complejo y muy debatido. Tradicionalmente se distinguían dos formas de justicia: la justicia particular (que se subdivide en justicia conmutativa y justicia distributiva) y la justicia general o legal. En cuanto a la justicia social, se discute si es una de las anteriores formas de justicia, o la suma de todas ellas, o una forma diferente de justicia” (77).

“El concepto de justicia social posee un gran poder emocional y persuasivo. Así, en el ámbito político, la forma más fácil de justificar una determinada decisión es presentarla como una exigencia de la justicia social” (77).

“La experiencia enseña que, si no se entiende bien qué es la justicia social, se corre el riesgo no solo de no mejorar lo presente, sino incluso de empeorarlo gravemente.” (78)

“La justicia social es un concepto ético-político que se refiere a la justicia del ordenamiento global de la sociedad. En síntesis, consiste en que el ordenamiento institucional, político, jurídico y económico de una sociedad sea conforme al bien común” (93).

“Se opone a la justicia social la producción y distribución de valor falso. Esto es evidente cuando se falsifica moneda. Pero también se obtienen ganancias injustas cuando se falsifica lo que se intercambia con la moneda, es decir, cuando se trabaja mal” (97).

Desigualdad y pobreza

“Desigualdad y pobreza son realidades muy diferentes. Hay, por ejemplo, territorios en los que todos los habitantes tienen los recursos suficientes para vivir con dignidad e incluso con desahogo, aunque existe entre ellos una notable desigualdad económica.” (83).

“No admiten fácilmente esta distinción entre pobreza y desigualdad los que piensan que la pobreza se debe fundamentalmente a un problema de distribución, que podría ser resuelto mediante una política de redistribución de la riqueza. Sin embargo, a mi modo de ver, esta opinión está viciada fundamentalmente por dos errores: el primero consiste en concebir el proceso de producción y el de distribución como dos procesos diferentes y separables; el segundo, en pensar que la economía es un proceso a suma cero, en el que no es posible enriquecerse sino a costa de empobrecer a otros” (84).

“Una cuestión bien distinta es la que se plantea ante aquellas situaciones de desigualdad que son fruto directo de acciones injustas” (85).

“Ahora bien, la existencia de desigualdades injustas —que son casos concretos y reconocidos por todos como tales— no permite afirmar que toda desigualdad sea injusta o, lo que es lo mismo, que la justicia se identifique con la igualdad y que la lucha en favor de la justicia se identifique con la lucha contra la desigualdad, contra cualquier desigualdad” (85).

“Las políticas estatales de redistribución tienen el efecto, no de obtener recursos de la población rica para transferirlos a la población más pobre, sino de transferir recursos y poder de la población al Estado. Sorprendentemente, la que se ve privada de recursos y de poder de decisión es sobre todo la población más pobre” (87-8).

“Como consecuencia, el ánimo de los ciudadanos se envilece, la función empresarial se inhibe y aumenta el desinterés por contribuir al bien común con la propia iniciativa y creatividad, de modo que las instituciones se hacen cada vez más ineficientes y esclerotizadas. Solo queda en pie la ambición de un enriquecimiento veloz y sin esfuerzo, que se traduce en mil formas de corrupción” (89).

Economía y función empresarial

“Si, según pienso, el motor de la economía real y del desarrollo social es la producción, habría que facilitar, liberalizar e incentivar las actividades productivas, eliminando todas las reglamentaciones y trabas burocráticas y legales que no sea estrictamente necesarias” (93).

“La ausencia de libertad económica comporta la negación de toda libertad: personal, social, religiosa, etc., que viene a ser lo mismo que la negación de la persona” (110).

“Quizá sea el caso recordar las famosas palabras de Winston Churchill: ‘Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miras como el caballo que tira del carro’” (114). 

“La función empresarial es la locomotora del sistema económico”; “la idea del empresario como explotador es completamente falsa, por mucha persuasión emocional que continúe suscitando en quienes tienen una imparable tendencia al resentimiento social” (115).

“La idea de capitalismo hace referencia a una acumulación de capital, es decir, de valor económico, que se invierte en “bienes de capital”, que son instrumentos, máquinas, equipos, con los que se producen bienes de consumo necesarios o convenientes para la satisfacción de las necesidades humanas, y que permiten producirlos a gran escala y a precios accesibles, de forma que aumenta la salud y el bienestar de toda la población” (117).

“Desarrolla bien la función empresarial solo quien logra satisfacer las libres preferencias de los ciudadanos” (126).

El dinero

“El verdadero dinero es en el fondo una mercancía que se cambia con otra” (122).

“Durante muchos años el Estado garantizaba que a cada billete de banco correspondía una cantidad de oro” (122).

“Los Estados son en principio libres de imprimir la cantidad de billetes de banco que deseen, sobre todo para autofinanciarse” (123), de ahí, entre otros males, “la inestabilidad cíclica”, que “se debe fundamentalmente a las políticas de expansión monetaria no fundamentada en el ahorro promovida por las autoridades políticas y monetarias” (132).

“En la mayoría de los países […] la intervención del Estado y de las autoridades monetarias es tan fuerte y determinante que no es posible decir que esos países tienen una economía de mercado. Tienen un sistema económico mixto” (119).

Economía de mercado

“El mercado presupone un contexto que haga posible la cooperación social libre. Pero esto no significa que el Estado no exista. Debe existir, y ha de ser lo suficientemente fuerte para impedir que quienes obran injustamente deformen el funcionamiento del mercado. El fraude, la violencia, la falta de transparencia y, en general, el incumplimiento de las reglas generales de justicia, son los enemigos del mercado libre” (128).

“Lo que es incompatible con el mercado es la intervención coactiva del Estado que falsea los precios, los costes de producción, la función empresarial, los salarios. Cuando se mezcla el poder político con la actividad económica, los ciudadanos pierden su soberanía, se genera una constante y progresiva corrupción, se hace muy difícil el cálculo económico y el recto ejercicio de la función empresarial. Y todo ello acaba empeorando la condición económica y moral de los ciudadanos y del entero sistema social” (128).

“Si por fallos del mercado se entienden deficiencias que observamos en la actualidad, la objeción es inconsistente, porque en la actualidad no se encuentra en ningún país una pura economía de mercado. En el mejor de los casos tienen un sistema mixto. Si se verifican defectos o fallos, habría que demostrar que su causa nada tiene que ver con las intervenciones y restricciones de las autoridades políticas y monetarias, y que se ha de atribuir por tanto al mercado.” (129).

“Keynes nos dice que gastar más, ahorrar menos y endeudarse cada vez más es el sistema para hacernos más ricos. Como escribió el gran economista W. Röpke, ‘si no hubiese existido Keynes […], la ciencia económica seria un poco más pobre, pero los pueblos serían mucho más ricos y no conocerían la inflación’” (137).

El intervencionismo estatal

“El intervencionismo estatal engaña a los ciudadanos cuando les esconde su insostenibilidad económica y social. Aun siendo conscientes de la elevada presión fiscal, los ciudadanos piensan que el Estado ofrece una amplia protección a un precio razonable. Pero la realidad no es así (140).

“Todos saben que los sistemas privados de prestaciones sociales son más eficaces y más baratos que los públicos” (142).

“De un pueblo de siervos no va a salir un gobernante de hombres libres. El buen gobernante ama la libertad, y por ello resiste a la tentación de los que le gritan: dame bienestar y te lo pago entregándote mi libertad y mis recursos” (156).

Datos de hecho y criterios de valor

“Habrá que reconocer con Karl Popper que ‘la sociedad abierta’, democrática y laica, se fundamenta sobre el dualismo fundamental entre ‘datos de hecho’ y ‘criterios de valor’. Una cosa son los datos de hecho (leyes e instituciones concretas) y otra son los criterios éticos justos y verdaderos, que son independientes y superiores al proceso político que produce los datos de hecho. Los datos de hecho pueden conformarse a los criterios racionales de justicia, y generalmente se conforman, pero pueden también no conformarse. Como añade Popper, querer negar dicho dualismo equivale a sostener la identificación del derecho con el poder; es, pura y simplemente, expresión de un talante totalitario” (149).

“La legalidad por sí sola, ni la Constitución por sí sola, no son suficientes para asegurar la vida del Estado. Por lo tanto, es necesario proteger la dimensión ética y religiosa de los ciudadanos, que es el fundamento externo y prepolítico del Estado democrático. Este no nació como una rebelión anticristiana o atea, sino para realizar la distinción entre religión y política inherente a la esencia más íntima del cristianismo” (160).

Comunicación política sincera

“Para que se puedan establecer las relaciones de colaboración social que dan lugar al bien común es necesario que la comunicación sea sincera […] que instituciones, gobernantes, partidos, grupos, etc. digan claramente lo que piensan, lo que quieren hacer y lo que hacen; y, en este sentido, que digan siempre la verdad” (152).

“La sinceridad de la comunicación impediría además la acción del mayor enemigo del buen gobierno: la de aquellos que quieren hacer algo que no se puede decir o, más exactamente, que no se puede decir al gran público, el que está fuera de los cenáculos reducidos en que se elabora la comunicación política” (153).

“Los mensajes falsos o distorsionados por la demagogia privan al cuerpo social de la facultad de decidir libremente sobre su propia vida y su propio destino. Los mensajes falsos son mucho más perniciosos que la moneda falsa, y me parece muy razonable que en algunos países esté reservada una sanción muy dura a la mentira de los gobernantes” (153).


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