La universidad española goza de una tradición y un prestigio internacionalmente reconocido. El próximo año 2018, con motivo del octavo centenario de la creación de la Universidad de Salamanca, no solo vamos a conmemorar los ocho siglos de su existencia, sino también del nacimiento del sistema universitario español.
Salamanca, como así es identificada esta institución en el mundo académico, fue fundada en 1218 por el rey Alfonso IX. Es la más antigua de las universidades hispanas y considerada como ejemplo de excelencia, con un merecido reconocimiento académico dentro y fuera de nuestras fronteras.
Con Salamanca nació la universidad española. Sirvió de inspiración a las otras universidades que se fueron creando posteriormente y que, con similar prestigio, perduran hasta el día de hoy. En los últimos treinta años la universidad ha dado un salto cuantitativo y cualitativo muy significativo.
La cercanía de esta efeméride nos debe llevar a reflexionar a todas las fuerzas políticas, administraciones, autoridades universitarias, claustro de profesores, personal de administración y servicio, y a los propios alumnos que se forman en estos centros. Tenemos un deber común: preservar y cimentar el prestigio que nuestras universidades han ido ganando a través de los siglos. Pero sobre todo, tenemos la ineludible y urgente obligación de hacer crecer a nuestros centros académicos, que brillen en los puestos más relevantes a nivel mundial, que tengan más peso científico, constituyendo verdaderos centros de reflexión, investigación y desarrollo para las ciencias, artes y letras y que, además de tener acceso a las últimas tecnologías, sean fuente de creación de las mismas, con el aporte que ello supone para la sociedad y el desarrollo de nuestro país. Es esencial que todos los universitarios, más de un millón y medio hoy día, vean en ella un elemento fundamental para su desarrollo personal y profesional, y el camino para lograr una sociedad más justa.
Los sucesivos informes COTEC alertan de la necesidad de un sistema educativo que forme personas creativas e innovadoras, preparadas para el cambio, y abiertas a procesos de aprendizaje permanente que den respuesta a las necesidades de una sociedad en pleno proceso de transformación. La universidad española ha de convertirse en un motor fundamental de la economía, promoviendo la simbiosis entre docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Continúa el citado documento advirtiendo que es imprescindible contar con un sistema universitario que se defina por tener una formación de alta calidad, excelencia científica, transferencia de conocimiento al sector productivo, proximidad al mercado laboral y que sea una gran cantera de emprendedores.
Las políticas que se adopten a tal efecto deben ser tomadas desde el consenso, con voluntad de perdurar, de manera realista y alejada del populismo nocivo. Por ello, es necesario el pacto, un gran acuerdo entre todos los actores implicados, alejado de la confrontación política.
Con ese propósito, el Grupo Popular propuso en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados poner en marcha una Estrategia Española para la Educación Superior que pudiera ser compartida por el resto de las fuerzas parlamentarias, para hacer de la universidad el paradigma de modernización, de innovación y de conocimiento al servicio del progreso y la prosperidad de España.
La iniciativa fue aprobada en la sesión celebrada el 14 de diciembre de 2016, con la aportación y apoyo de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Socialista.
En el debate se resaltó que la estrategia constituía una demanda de diferentes colectivos, como es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), o la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP). Una estrategia en la línea en la que se encuentran la mayoría de países de nuestro entorno con los que intercambiamos estudiantes, e incluso compartimos el Espacio Europeo de Educación Superior.
La universidad tiene como misión contribuir a la creación de una sociedad libre, que permita alcanzar un modelo común de convivencia. Y ante el resurgimiento de la polarización de nuestra sociedad y la desconfianza hacia las instituciones democráticas, la Comisión Europea advierte que la comunidad universitaria debe comprometerse más activamente con las comunidades que la rodean y promover la inclusión social y la movilidad. Y añade que sin sistemas e instituciones de educación superior que sean eficaces en el ámbito de la educación, la investigación y la innovación, y que estén conectados a sus sociedades, Europa no puede responder a los desafíos que se le presentan. La reforma de la educación superior es responsabilidad de los Estados miembros, y forma parte de los esfuerzos de todos desarrollar una educación y una formación de nivel mundial, de conformidad con la comunicación de la Comisión Europea sobre una agenda renovada para la educación superior publicada en mayo de 2017.
Se acordó que esta estrategia debía construirse con el consenso social, académico y político, y que perseguirá, entre otros, los siguientes ocho objetivos:
1. Ubicar a los alumnos en el centro de la estrategia para conseguir una formación de calidad para su desarrollo personal, y para que alcancen resultados de aprendizaje que les faciliten el acceso y su mantenimiento en el mercado laboral en las mejores condiciones, así como su formación a lo largo de la vida.
Como datos positivos, España superó en 2015 el objetivo fijado por la Unión Europea que consistía en que un 40% de la población entre 30 y 34 años tuviera estudios universitarios y un porcentaje de alumnos universitarios afiliados a la Seguridad Social, que el primer año de haber finalizado sus estudios se han incrementado desde el 43% al 64,4% entre 2011 y 2014.
Entre los jóvenes recientemente graduados la tasa de ocupación es baja cuando se compara con el promedio europeo, un 69% frente al 82%, lo que ha incentivado la emigración de jóvenes titulados con la consiguiente pérdida de capital humano con potencial innovador, según el informe COTEC 2017, si bien, iniciada la fase de recuperación económica, está surgiendo un movimiento de retorno de estos jóvenes, mediante programas promovidos por las administraciones competentes.
Por otro lado, la tasa de abandono en primer año del estudio de grado fue del 20,5% para la cohorte de estudiantes del 2012/2013, y la tasa de cambio en primer año del estudio para estos mismos estudiantes fue del 7,5%, de lo que se colige la necesidad de mejorar también los servicios de orientación académica de nuestros alumnos.
Por último, nuestro grupo parlamentario ha propuesto también la necesidad de promover la adecuación de las titulaciones a la economía digital, y la oferta de una formación teórica y práctica a las disciplinas que las empresas demandan y que demandarán en el futuro, tomando como guía el Libro Blanco para el Diseño de Titulaciones en el marco del sector de la economía digital.
2. Partiendo de la garantía de suficiencia financiera con recursos públicos, establecer sistemas más adecuados y flexibles que contribuyan con mayor eficacia al establecimiento de un modelo de financiación sostenible y plurianual, asentado en la autonomía de las instituciones y en la rendición de cuentas en docencia, investigación y transferencia de conocimiento.
Se calcula que en educación superior, un 69% de gasto es público, y el 31% proviene de fondos privados. Según la OCDE, España dedica el 1,24% de su PIB a formación superior, frente al 1,36% de la UE y el 1,55% de la OCDE.
Conscientes de ello, se han adoptado numerosas acciones para avanzar en esa línea. De este modo, en 2011 se aprobó, por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria, el modelo de contabilidad analítica para las universidades públicas con el objetivo de permitir un mejor conocimiento de los costes reales de las diferentes actividades que llevan a cabo y su relación con la financiación pública y privada, mejorando así la rendición de cuentas y la eficiencia de la gestión. Sin embargo, los datos más recientes, relativos al curso 2012/2013, reflejan que solo el 50% de las universidades participantes había implantado el modelo de contabilidad analítica hasta el momento. Y continúa siendo necesario avanzar hacia un modelo de financiación universitaria estable, basado en los principios de suficiencia, transparencia y orientación a resultados, vinculado a objetivos a medio y largo plazo, favoreciendo la cofinanciación por parte del sector privado mediante leyes de patrocinio o mecenazgo.
3. Promover en las universidades la internacionalización y la especialización que las mejore y fortalezca, facilitando su calidad, su capacidad para competir, y la atracción y recuperación de talentos y recursos.
Según el informe COTEC en España, únicamente el 2,9% de los estudiantes universitarios tienen procedencia internacional, frente al 8,6% de la media de los países de la OCDE. Por niveles, hay un 16,2% de estudiantes internacionales matriculados en programas de doctorado. En máster, el porcentaje desciende hasta el 4,9%, y en grado tan solo representan un 0,8% del total de matriculaciones.
El presidente de la CRUE resaltó, en el seno de la Subcomisión por un Pacto de Estado Político y Social por la Educación, la necesidad de diseñar una estrategia reforzada para mejorar y ampliar nuestra internacionalización y nuestra capacidad de atracción de estudiantes extranjeros, tanto de grado como de máster, introduciendo cada vez más el inglés como lengua vehicular y aprovechando mucho más intensamente nuestra posición de referencia en los países de habla hispana.
Por todo ello, hemos adoptado estructuras universitarias más flexibles, también en la duración de los estudios universitarios, y vivimos un proceso creciente de especialización y reorganización de la oferta académica, de acuerdo con criterios de empleabilidad o de los resultados investigadores, todo ello con el fin de lograr una mayor captación del alumnado extranjero.
A ello se une el plan de incorporación y atracción de talento en universidades y centros públicos de investigación, en los que es necesario planificar y anticipar las necesidades derivadas del reemplazo generacional, y el desarrollo en paralelo de una carrera investigadora no funcionarial del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i 2017-2020.
4. Establecer una carrera académica previsible, reconociendo los méritos y capacidades de los profesores universitarios mediante un Estatuto del Personal Docente e Investigador que regule las condiciones de trabajo y carrera profesional, consensuado con la comunidad académica, las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales y otras instituciones implicadas.
Pese a que se ha modificado la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, se han solventado los problemas de reconocimiento de los títulos universitarios oficiales españoles en otros países y se han establecido las correspondencias con los títulos anteriores al sistema de Bolonia, continúa siendo necesaria la elaboración de un Estatuto del Personal Docente e Investigador que garantice la transparencia en el acceso y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional que incluya programas para la atracción de profesorado excelente, y poder, de este modo, contar también con profesores foráneos de reconocido prestigio en nuestros centros que nos permita ser más competitivos.
El profesorado universitario es parte esencial del sistema universitario. En 2008 la tasa de reposición se fijó en el 30%, y tras importantes esfuerzos por parte de la sociedad española, en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 conseguimos llegar al cien por cien. En 2017 ha podido ampliarse esta tasa de reposición para el cuerpo de catedráticos de universidad, el cuerpo de titulares de universidad y, por primera vez, para el cuerpo de profesores contratados doctores.
En el año 2015 se reguló ya el acceso al cuerpo de catedráticos de universidad por medio de la promoción interna, con el fin de favorecer el desarrollo profesional y la movilidad de los profesores universitarios. Se potenciaron los concursos de movilidad en el profesorado universitario, comenzando de este modo a mitigar los efectos negativos de las tasas de reposición restrictivas de años anteriores.
5. Impulsar la relevancia, modernización, especialización e internacionalización de las instituciones de educación superior, asegurando una educación superior inclusiva entre estudiantes, profesores y personal de administración.
La investigación y evaluación de políticas en el campo de la inclusión en la universidad permitirá diseñar políticas de integración para avanzar en la igualdad de oportunidades atendiendo a la importancia del acceso a la universidad y a la empleabilidad.
6. Garantizar un modelo de becas y ayudas al estudio, nacionales e internacionales, basado en la suficiencia, en la continuidad, en la equidad y la cohesión social, y que facilite el acceso de los estudiantes al mercado laboral en igualdad de oportunidades. Las becas garantizarán su carácter como derecho subjetivo, de manera que el estudiante que cumpla los umbrales de renta y patrimonio que se establezcan en las convocatorias, tendrá derecho a las mismas.
En los últimos años hemos cambiado un sistema de becas deficitario por uno sostenible. Manteniendo la beca como derecho subjetivo, se han conservado los umbrales de renta y patrimonio familiar, promoviendo así la cultura del esfuerzo. Este sistema necesita continuar fortaleciéndose para mejorar y agilizar también su gestión.
En los presupuestos de 2017 la dotación para becas y ayudas al estudio de carácter general asciende a 1.420 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% desde el ejercicio 2011, alcanzándose en 2017 la dotación más alta de toda la serie histórica.
En materia de tasas universitarias se han modificado las horquillas de las tasas de los másteres no habilitantes con el fin de que las comunidades autónomas puedan equipararlos a los grados.
Uno de nuestros grandes retos es lograr que los universitarios españoles paguen precios homogéneos, independientemente del lugar en el que estudien.
Por otro lado, las ayudas del Subprograma Estatal de Formación, uno de los instrumentos del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i 2017-2020, se destinarán a la formación de nuevas generaciones predoctorales y posdoctorales, en particular para la adquisición de competencias para la investigación en entornos académicos y empresariales.
7. Intensificar la movilidad y la relación entre las universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas, tanto para facilitar el empleo a los egresados como para incrementar la competitividad del sector empresarial a través de actividades innovadoras y la excelencia en investigación.
El porcentaje de estudiantes que salen a través de un programa de movilidad supone el 2,67% del total de matriculados. Continúa siendo fundamental fomentar los programas de movilidad de profesores universitarios y alumnos, sobre todo en su periodo de formación.
En producción científica, las universidades españolas presentan unos resultados notorios, que se reflejan en el hecho de que el número de patentes del Sistema Universitario Español haya experimentado un incremento del 125,36% entre 2005 a 2015, pasando de 280 a 631 patentes (Informe IUNE 2017).
En este ámbito, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 contribuye a la consolidación del Espacio Europeo de Investigación, impulsando la colaboración entre equipos de investigación, centros, redes y clústers de I+D+i de distintos países, y fortaleciendo el liderazgo científico y tecnológico internacional de los equipos, instituciones, empresas y otros agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
8. Incrementar la relación y la presencia de la sociedad en las instituciones de educación superior y de estas en la sociedad, fomentando, asimismo, la relación entre los diferentes agentes en educación superior, investigación e innovación tanto públicos como privados.
El futuro de las universidades pasa por el reto de conseguir la implicación de la sociedad en las mismas, porque en la universidad española se concentra cuantitativa y cualitativamente la mayor parte de la investigación de nuestro país y a su vez constituyen el motor principal de dinamización en el territorio del que forman parte.
Es, en definitiva, una estrategia conceptual y operativamente bien pensada para afrontar con éxito los principales retos que afronta la academia como polo de desarrollo de nuestro país. Entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que sin una universidad pujante, basada en la cultura del esfuerzo y la superación, centrada en el fortalecimiento del capital humano y con una fuerte articulación operativa con el sector privado, iremos perdiendo relevancia como nación y como modelo de país productivo, algo que ciertamente nadie desea. Nuestro principal interés es aprobar una estrategia consensuada, contando con el apoyo del mayor número de grupos parlamentarios representados en el Congreso, porque nuestro deseo es viabilizar una estrategia país que no tenga color político y sí un desarrollo que beneficie a los ciudadanos de este país, desde los científicos que trabajan en centros de desarrollo tecnológico hasta los empresarios que venden nuestros productos en los rincones más lejanos del planeta.
