De aquí que el proyecto de Presupuestos para el año 1999, si bien a título todavía de proyecto, merecen la más cercana consideración, ya que de ellos, más allá de las palabras, se deducen los verdaderos criterios que imperarán en el año de referencia en las magnitudes económicas y sociales, afectando por tanto a los hechos, pero lo que es más importante, a las personas de las generaciones presentes y también de las futuras.
El Presupuesto del Estado español, que como proyecto ha sido presentado a las Cortes Españolas para su aprobación, no puede desvincularse de las consideraciones respecto al entorno en el que se circunscribe. Nunca, pero menos aún ahora, puede el Presupuesto aislarse de las circunstancias del marco exterior en el que se desenvuelve. Pero si siempre fue así, para el año 1999, año en el que comienza la tercera fase de ese proceso ilusionante de construcción y consolidación de la Unión Económica y Monetaria en el que la mayor parte de los europeos estamos trabajando, la consolidación del marco europeo, la referencia a sus objetivos y la responsabilidad del papel que asumimos en el proyecto global, tienen necesariamente que estar presentes a la hora de elegir los instrumentos cualitativos y cuantitativos de la política económica real y efectiva que deben ponerse en práctica en el año que sirve de marco de referencia.
El proyecto de Presupuesto presentado muestra con claridad los objetivos de estabilidad, control del sector público y crecimiento para ir reduciendo las lacerantes tasas de desempleo.
En este último sentido, se prevé un crecimiento de la economía cifrado en el 3’8%, lo que lo sitúa por encima de la media de la Unión Europea; más todavía cuando algunos países de la Unión han revisado a la baja las previsiones de crecimiento del país, situándolas en el caso de Alemania, por ejemplo, en el 2’3% frente al inicial 2’7%. El motor fundamental de nuestro crecimiento económico será la demanda interna y, muy particularmente, la inversión.
Así las cosas, de producirse la tasa de crecimiento prevista, ésta supondría la creación de unos 370.000 nuevos puestos de trabajo, lo que haría retroceder la tasa de paro en 1’6 puntos, y la situaría en el 17’4% frente al 19% del año 1998. Todo ello sometido a un moderado crecimiento de los salarios, que no deberían superar en convenio la tasa del 1’8% con el fin de que, con los deslizamientos, no sobrepase en ningún caso el 2%.
Este crecimiento moderado de los salarios garantizaría, no obstante, en el peor de los casos, el sostenimiento de las rentas salariales en términos reales, y en consecuencia, los asalariados no perderían capacidad adquisitiva, ya que la inflación se sitúa como objetivo en el 1 ‘8% frente al 2’1 previsto para el año 1998. Este esfuerzo estabilizador se enmarca en la voluntad de converger cada día más con la media comunitaria que se prevé para el año 1999, en un tramo entre el l’4%yel 1’5%.
Quizá uno de los objetivos que más pueden complacer a una sociedad es el referido al control del propio sector público. Es cierto que muy lejos queda aquella dimensión máxima que cifrara Colin Clark en el 25% del PIB, pero no es menos cierto que las dimensiones actuales, en torno al doble de aquella referencia, se ven desbordadas por el quehacer público en una acumulación de déficits constantes que vienen a hipotecar la vida económica, sobre todo, de las generaciones futuras.
