En las naciones que disfrutan de una democracia estable y desarrollada los poderes públicos habitualmente han de ocuparse de tres clases de asuntos diferentes: las cuestiones de Estado, las cuestiones de Gobierno y las de Administración. En este momento final del primer año de la actual legislatura, España tiene ante sí problemas de estos tres órdenes.
Por su entidad, y por su alcance histórico, los más importantes son los de Estado, que suelen plantearse por diferentes lecturas e interpretaciones de la letra de determinados pasajes de la Constitución. Por ejemplo, los que se refieren a la estructura y naturaleza del Estado y a su organización territorial, o a derechos fundamentales, como el derecho a la vida (artículo 9 de la Constitución de 1978 y 6 del Pacto Internacional de Nueva York), a la libertad personal y a las otras libertades, a la seguridad, que los poderes públicos deben amparar, etc. En la Constitución española de 1978 entraría entre los asuntos de Estado todo lo que se lee en los artículos 10 a 55 del Título I, «De los derechos y deberes fundamentales», y una parte del Título VIII.
Para dar respuesta a estas cuestiones de Estado, la prudencia política con que se ha de actuar en asuntos de particular trascendencia y difícil rectificación, aconseja que el Gobierno o el Parlamento logren que la ley o la decisión de que se trate tenga el respaldo político y moral de una cualificada mayoría de los ciudadanos de la nación. Para las leyes orgánicas de más vasto alcance no debería ser suficiente su aprobación por una ajustada mayoría parlamentaria, no pocas veces de ocasión y de insegura estabilidad, que dejara fuera de la responsabilidad de lo acordado a la representación parlamentaria de una tercera parte o más del electorado nacional. Es lo que podía ocurrir con una aplicación mecánica del artículo 51 de la Constitución que deja en manos de la mitad más uno de los diputados la aprobación definitiva de las leyes orgánicas «ordinarias».
Estas consideraciones son de actualidad, cuando desde el Gobierno y algunas tribunas ideológica y políticamente afines, se han dejado ver señales de que se abriga el propósito de poner sobre la mesa cuestiones particularmente sensibles para las convicciones y la conciencia de millones de españoles. Me refiero a los proyectos de una nueva regulación, ampliamente permisiva, de la «interrupción del embarazo», para la que ya desde el ministerio llamado de la Igualdad (sic!) se ha creado una Comisión unilateralmente «proabortista», que asesoraría al Gobierno en esta materia, o a las declaraciones de algún ministro que se mostraría partidario de legalizar la eutanasia, amparada por algunos comentaristas proclives a ella por esa contradictio in terminis que sería el «suicidio asistido».
No es preciso que nadie haga declaraciones explícitas para que todo el mundo sepa que una mitad, o más, de los diputados del año 2008 y la mayoría de los senadores difícilmente apoyarían con sus votos unas leyes semejantes.
Los asuntos de Estado requieren o aconsejan que las Cámaras parlamentarias y los partidos traten de alcanzar fórmulas de consenso. El consenso político no significa necesariamente unanimidad, pero sí una voluntad de acuerdo inspirada por el espíritu de servicio público, poniendo en práctica la tolerancia, que es una virtud, y se traduce en la aceptación de las posiciones ajenas por parte de unos y el respeto a las contrarias por parte de los otros.
Recientemente el Parlamento ha ejercido este «consenso político» en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Se ha cumplido lo preceptuado en el artículo 122 de la Constitución conforme a la mecánica establecida en la ley orgánica vigente, aunque todo el mundo político sea de sobra conocido que los populares no son partidarios de todo lo que en esta ley se dispone.
La normativa legal vigente exige que los miembros del Consejo del Poder Judicial de nombramiento parlamentario hayan de ser elegidos por las tres quintas partes de cada una de las Cámaras. O se lograba algún tipo de consenso o no era legalmente posible la renovación de un organismo al que corresponden funciones ejecutivas tan relevantes como las que le encomienda el texto de la Constitución.
Tras todas las dificultades precedentes y a pesar de las críticas de algunos funcionarios y de ciertos comentaristas políticos, el consenso o acuerdo parlamentario ha permitido que la renovación del Consejo sea un hecho y que por fin se haya abierto oficialmente el año judicial, aunque fuera con algún retraso, sobre la fecha tradicional. Es presumible que lo mismo vaya a ocurrir con la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Cuando en un Parlamento el partido del Gobierno y la «alternativa» juntos reúnen casi el noventa por ciento de las actas, es así como deben actuar esas fuerzas políticas ante las cuestiones de Estado. En la monarquía de España el supremo titular de los poderes públicos es el Parlamento.
En el crítico momento actual de la economía española es indispensable que los poderes públicos se ocupen prioritaria y ordenadamente con serena firmeza, pero sin demora, de los acuciantes problemas que tiene ante sí España y las principales naciones de casi todos los continentes. Son «problemas de Gobierno», y por su propia naturaleza coyunturales, pero su gravedad y su volumen reclaman la pronta atención y una respuesta de los responsables políticos del país: Gobierno y oposición, partidos y organizaciones sociales, comunidades autónomas y municipios, asociaciones de trabajadores y de empresarios, grandes y medianas empresas, instituciones financieras públicas y privadas (todo el sistema financiero), iniciativas de origen particular como los gabinetes de estudio y hasta las ONG.
La crisis económica, llámese como se llame, no es algo que haya afectado sólo a un sector o tenga un único origen. No es la «crisis del ladrillo», ni se debe exclusivamente a un súbito y desbocado crecimiento de los precios del petróleo. Tampoco es algo que haya sobrevenido de repente o por sorpresa como caído del cielo o impuesto desde fuera. No han faltado economistas y profesionales de los sectores empresariales —industriales, comerciales o de servicios— que hablaban de ello como algo altamente probable o casi seguro, y que sólo se preguntaban con la segunda parte del famoso aforismo latino certus an, incertius quando lo que iban a tardar en llegar a nuestro cielo las tormentas que casi veían ya en el horizonte.
Sus consecuencias no se limitan a descensos en la Bolsa o a una sucesión de «concursos de acreedores» (antes se decía «quiebras»). Estamos ante graves problemas económicos con sus derivaciones sociales que en parte han sido causados por errores de concepto y de gestión de los responsables del poder, si bien en este mundo globalizado todas las economías nacionales comunican entre sí y los problemas no son exclusivos de ninguno de los Estados ni de las grandes corporaciones internacionales.
En este otoño de 2008 España, igual que casi todas las naciones de nuestro hemisferio político y social, tiene que afrontar la situación en que ahora se encuentra su economía y sus repercusiones no sólo financieras, industriales y comerciales, sino, quizá en primer lugar, sociales que de ella se derivan.
Es evidente que la España del «euro» tiene sus medios de actuación estrechamente ajustados a los de otras economías nacionales y que no puede actuar en solitario. Pero a esos problemas económicos y sociales han de hacer frente con leal entendimiento y, en su caso, colaboración de todos los poderes públicos de la nación. El Gobierno ha de contar con la oposición y no sólo con la disciplina de las instituciones autonómicas y locales que domina su partido, sino con las de los populares. El debate parlamentario de los Presupuestos pondrá a prueba la voluntad de acuerdo en defensa del interés nacional, que debe prevalecer con las pretensiones de unas cuantas comunidades autónomas y municipalidades. Hay economistas y tal vez también políticos que opinan que podía ser mejor prorrogar los actuales Presupuestos que aprobar otros que no se puedan cumplir o que sea ruinoso hacerlo.
Esta situación, que podría llamarse de emergencia, igual que el terrorismo que no cesa, son cuestiones de Gobierno y no propiamente de Estado. Pero de tanta urgencia y envergadura en este final del primer año de la actual legislatura que el Ejecutivo y la oposición han de cooperar en buscar las respuestas sin hacerlas materia de debates partidistas. Puede ayudarles a lograrlo que aún faltan casi cuatro años para unas elecciones generales, y lo más probable es que los plazos se cumplan.
Las cuestiones de Administración, como el régimen local, o las reformas de los Estatutos de Autonomía, incluso la aplicación de las que ya se han acordado pueden esperar a un momento más tranquilo. Lo que hace falta ahora no es que los entes subestatales tengan más autogobierno, sino que el Estado —todo él— tenga «más y mejor gobierno».
