Parece que fue el prefecto de París al dar la bienvenida a Luis XVIII el 8 de julio de 1815, después del fugaz restablecimiento de Napoleón, quien habló por primera vez de los «cien días» como una medida de tiempo político. Habían sido, en efecto, cien -día más, día menos- las jornadas transcurridas desde el regreso de Bonaparte a las Tullerías, tras su espectacular desembarco en el Golfe-Juan (entre Cannes y Antibes), hasta su segunda abdicación a media semana de la batalla de Waterloo.
La frase resultaba expresiva, por lo redondo de la cifra y por su estructura antitética: mucho por ser cien y poco por ser días. Quizá también el funcionario parisino quiso ser irónico. ¡Tanta gloria y tan fácilmente ganada en ese veloz llegar y vencer para tan corta duración! Lo de César en Armenia –veni, vidi, vici– había sido más firme.
En los últimos decenios, se suele repetir lo de los «cien días» aplicándolo al periodo inicial de una nueva situación de poder. Se entiende que a un gobierno que se estrena se le ha de conceder una tregua de tres meses para que ofrezca señales de lo que se propone hacer y esboce sus principales políticas.
Los cien días del gobierno Aznar se cumplirán el próximo catorce de agosto, con lo que el plazo habitual se alargará dos semanas más a causa del verano. Para entonces han de estar las cartas sobre la mesa y la opinión, los partidos y la ciudadanía deberán saber a qué atenerse.
La «situación Aznar» ha nacido entre buenos augurios. La investidura le fué más favorable que los escrutinios de marzo, no sólo por el número de votos a favor, sino por la significación de los apoyos. Además de sus «populares», respaldaron al presidente los dos partidos nacionalistas y la agrupación canaria: tres formaciones con grupo parlamentario propio que están en el poder en sus respectivos territorios y ostentan en ellos las presidencias. Con lo cual resulta que de los diecisiete gobiernos regionales le quedan al PSOE poco más de tres y medio. Mientras que, en las Cortes Generales, la mayoría «popular» del Senado, más cuatro cuatro grupos a favor frente a dos en contra en el Congreso, son una buena base parlamentaria para empezar a gobernar. Los primeros indicios apuntan a que el gabinete se ha aplicado a sus deberes con serena celeridad. Hay que gobernar antes que legislar. Eso vendrá después y de ordinario negociando los proyectos con los socios.
Gobernar es distribuir los recortes presupuestarios; bajar los tipos de interés; movilizar el ahorro nacional; despenalizar la creación de puestos de trabajo; arbitrar una solución para los conflictos humanos, técnicos y sociales derivados de improvisaciones como las de la ESO o de privatizaciones aceleradas como la última de Argentaria; defender la agricultura española de la PAC, de modo que sigan beneficiándose algunas producciones sin que se perjudiquen otras; devolver el prestigio y la seriedad a las instituciones judiciales y ahorrar sustos a los ciudadanos con actuaciones precipitadas y de difícil comprensión por parte de fiscales y magistrados; aclarar que la prisión preventiva (o condena social sin juicio) solo puede ser excepción y no regla; separar netamente la justicia de la política, restableciendo los plazos que siempre debió haber para el tránsito de una a otra (el CGPC, de elección parlamentaria, es una institución política); cumplir el compromiso del Estado, ratificado por el parlamento, de que la enseñanza de la religión en las escuelas tenga lugar en condiciones equivalentes a las otras disciplinas básicas y no a la hora del recreo; coordinar las políticas autonómicas de cultura, educación, patrimonio, Administración local, Medio ambiente, transportes, urbanismo, etc. etc. Por solo mencionar asuntos que entran dentro de las ideologías y programas proclamados por el gobierno y sus aliados parlamentarios.
¿Quiere esto decir que en España sigue estando por hacer lo que debería estar hecho, como dijo Ortega? Ahora ya no todo, por lo menos a juicio de la inmensa mayoría ciudadana que votó en marzo con lealtad al sistema y sin ánimo de cambiarlo. Seis años de centro (desde julio del 76) y trece de izquierda lo han consolidado. Ahora, con el centro – o centro-derecha- otra vez al frente del Estado se ha de continuar la gestión política, desarrollando las virtualidades del sistema por la vía de la promoción de las libertades. Con los socialistas, la balanza Estado-sociedad se desequilibró a favor del primero. Ahora hay que abrir paso a las capacidades creadoras de la segunda, adelgazando la pesada maquinaria estatal en los tres niveles de la administración de la cosa pública.
