A los dos años de las elecciones del 96, el Gobierno goza de una salud política envidiable. Se trata de un gabinete unido y disciplinado, en el que habitualmente los departamentos respetan la distribución de territorios y de responsabilidades. Goza de un apoyo parlamentario suficiente y estable, pero además transparente, porque suelen explicarse públicamente los acuerdos y los desacuerdos, los compromisos y las concesiones. Se respetan las libertades públicas y privadas, y las televisiones, la prensa y las emisoras de radio -y los voceros de opinión- se manifiestan según sus criterios profesionales o sus intenciones políticas, como se ha visto en los ruidos periodísticos de finales de febrero.
La situación económica española es la más positiva y favorable del último cuarto de siglo. Ha descendido notablemente la inflación y se ha contenido en proporciones muy apreciables el déficit presupuestario. Se anuncia ya la baja de algunos impuestos y se han reducido a la mitad los intereses de los créditos comerciales, hipotecarios y hasta los del consumo. Reina una razonable paz social y florecen acuerdos laborales aceptables y aceptados entre trabajadores y empresarios. Y todo ello, sin merma de los logros de etapas anteriores, entre los que los más visibles son las prestaciones sociales, las mejoras de los servicios urbanos en ciudades y pueblos, y una evidente elevación de los niveles de vida medios. El reino de España, como se suele decir en términos financieros internacionales, cumple ya las condiciones que se requieren para el acceso a las nuevas fases de la Unión Económica y Monetaria Europea, lo cual redunda en prestigio entre las naciones del continente y de otros lugares del mundo. Grandes empresas españolas están desarrollando con éxito importantes inversiones en el exterior y, muy especialmente, en naciones iberoamericanas, al mismo tiempo que aumentan en nuestro país las aportaciones de capitales y tecnologías extranjeras en forma de participaciones y asociaciones industriales o financieras. Hace cuarenta años, con la estabilización, empezó a internacionalizarse la economía española, con las consiguientes derivaciones políticas. Ahora ha sido al revés. La modernización política ha ido por delante y ha creado un clima propicio para una reactivación y una modernización económicas que enriquecen el conjunto de la vida nacional.
El secreto de esta positiva evolución reside en que se ha creado un ambiente de confianza. En poco más de un año, las privatizaciones han movilizado el ahorro y han puesto a funcionar casi tres billones de pesetas que estaban ahí en los bolsillos o en otros valores menos activos. El Estado ha podido enjugar deuda y financiar inversiones en infraestructuras y en servicios sociales, que es lo que corresponde hacer a un Estado responsable en este final de siglo.
Los males y los riesgos del momento
Como siempre ocurre en el universo de la política, los problemas no resueltos son numerosos y aparecen en lugares muy diversos de la vida nacional. Merecen especial atención tres, de órdenes muy distintos: los derivados del terrorismo de ETA, los de carácter social y humano relacionados con el desempleo, y los que se generan en el proceso de encaje de las piezas del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución. Con la distribución del poder político y de las competencias entre el Gobierno de la nación y las Comunidades subestatales, no es infrecuente que se dupliquen servicios, se aumenten gastos, se parcele la Administración y se cantonalice el funcionariado más de lo que sería deseable.
Los dos primeros tipos de problemas son para la navegación del Estado el Escila y el Caribdis de la leyenda griega, las dos graves amenazas para los navegantes del estrecho de Sicilia, de ordinario tranquilo. Ulises, perdido en su «nostos» de Troya a Ítaca, hubo de cruzar entre ellos. Escila era una enorme y horrible bestia de seis cabezas que se alimentaba de peces, pero que si alcanzaba un navío arrebataba de la cubierta hasta seis tripulantes y los devoraba todos a la vez, como hizo con los compañeros de Odiseo. Frente a él, el otro lado de aquel brazo de mar, una vorágine o gigantesco torbellino, que recibía el nombre de Caribdis, abría las aguas y se tragaba los barcos. El terrorismo es nuestro Escila, que siega vidas para sembrar el miedo con crímenes como el de Sevilla (véase en este mismo número de NUEVA REVISTA el primero de nuestros «Documentos»). No es un problema solo del Gobierno, sino de todo el Estado, o más bien de la nación. Frente a él, las posiciones han de ser vigilantes, firmes y solidarias, como en Ermua y en Sevilla, sin dejar de poner en práctica la prudente flexibilidad que puedan aconsejar las circunstancias concretas.
El desempleo, Caribdis de España, es la vorágine en que se hunden muchas energías potenciales del país, porque afecta en gran medida a las generaciones más jóvenes y a los ciudadanos para los que es más difícil cambiar de oficio, de lugar o de ánimo. El Gobierno anunció que con la política que se proponía realizar se crearía más empleo, como así está ocurriendo en volumen estimable, aunque no sea suficiente. Sin embargo, no cometió el error de sus predecesores cuando prometieron ochocientos mil puestos de trabajo en un plazo cortísimo. La filosofía política que inspira a los populares enseña que no son los Estados los que crean empleo, más que en las reducidas proporciones del llamado empleo público. Son la confianza y el mercado los que fomentan el incremento de los puestos de trabajo.
El Gobierno, al que le van bien tantas cosas, montado como está ahora en la cresta de la ola, se halla en condiciones de encarar esos dos órdenes de problemas. Unas veces por consenso, otras con mayorías y siempre con iniciativa.
El Estado y las Autonomías
¿Y las llamadas cuestiones autonómicas? Hace mucho tiempo ya que se cerró el mapa de las Comunidades Autónomas y, de un modo progresivo, se han ido distribuyendo competencias. La igualdad política entre unos y otros de los poderes subestatales que se han creado en el título octavo de la Constitución no debe engendrar – o querer engendrar- artificiales entes «clónicos». Se ha de respetar la historia, tanto la antigua como la de estos últimos tiempos políticos de la conciliación nacional, los de los célebres tres pactos del bienio constituyente y sus precedentes políticos inmediatos. En algún momento, un brillante historiador escribió que España era más ancha que Castilla. La consecuencia política actual es que se han de respetar las diferencias y lo que de ellas se desprende. Esto ha sido así desde hace siglos en España; basta el testimonio de una gloriosa figura de la historia nacional, el emperador Carlos V.
En los primeros días del mes de mayo de 1543, Carlos se encontraba en Palamós, esperando una mar propicia para dirigirse a Italia y, de allí, a sus otros dominios europeos (en esa estancia centroeuropea tendría lugar en 1547 la victoria imperial de Mühlberg, inmortalizada por Tiziano). Quedaba al frente del gobierno de España el príncipe Felipe que, a la sazón, tenía dieciséis años. El emperador le dirigió dos extensas instrucciones, fechadas en Palamós los días 4 y 6 de mayo, con recomendaciones y consejos de orden político, pero también ideológico, en las que se recogían sus experiencias de cinco lustros de reinado en la península. En el primero de esos documentos, de 4 de mayo de ese año 43, recomendaba al príncipe que en los asuntos de Aragón había que andar muy sobre aviso, «porque más presto podriades herrar en esta gobernación que en la de Castilla». La España de entonces, desde ciertas perspectivas, se parecía a la de ahora más de lo que a primera vista pudiera pensarse. España era una Monarquía – Monarquía de España en cuyo seno había Reinos y Coronas. La reflexión del Emperador merece una permanente atención no solo respecto de Cataluña, sino de todas las diversas entidades históricas de España.
