Si se introduce el término «Transición española» en Google existen más de dos millones de entradas, comenzando, como no podía ser de otra forma, por la explicación que se hace de ella en la siempre actualizada Wikipedia.
Profesores de ciencia política como Linz o Huntington encuadran específicamente la Transición española en la «tercera ola» de democratización que se inicia en Grecia, Portugal y España, pasa por Iberoamérica y concluye en los países de Europa del Este con la caída del muro de Berlín.
Son centenares los libros que se han escrito desde el punto de vista histórico sobre la Transición española. Todos sus protagonistas han presentado sus versiones de la misma, aunque dos de los principales Adolfo Suárez y Felipe González no lo hayan hecho en forma de memorias, aunque sí a través de diversas entrevistas en las que han narrado los principales acontecimientos de esa época. La inmensa mayoría de los autores han considerado siempre que la Transición empieza con la muerte de Franco, tiene como hitos fundamentales la elección de Suárez por parte del Rey, la Ley de Reforma Política, las elecciones de junio de 1977 y la aprobación de la Constitución en 1978. El amplio triunfo del PSOE en las elecciones de octubre de 1982 cerraría esta etapa.
Hasta 2004 fueron decenas los congresos internacionales que abordaron la Transición española, su gestación y su desarrollo como cambio político ejemplar y ejemplarizante. De hecho, había sido considerada como una hoja de ruta para otras muchas, tanto en Europa como en Iberoamérica, y tanto el gobierno socialista (19821996) como el del Partido Popular (19962004) hicieron promoción de modo oficial de esta etapa de nuestra historia.
¿Qué ha ocurrido para que después del considerado como el mayor éxito colectivo de nuestra historia contemporánea, y con pocos meses de diferencia, hayan tenido que surgir una «Asociación para la Defensa de la Transición» y una «Fundación Transición Política española»?
A partir de la legislatura 20002004 y coincidiendo con el veinticinco aniversario de la aprobación de la Constitución, se ha abierto desde la izquierda española una profunda revisión sobre el sentido y el significado de la transición.
Conceptos que hasta el momento sólo eran manejados exclusivamente por la izquierda radical nacionalista vasca, están empapando hoy el discurso de una parte importante de la izquierda del resto de España. Para revisar la Transición se habla de «pacto de silencio» durante esa época, y se considera como «mito fundacional» la visión que hasta el momento se tenía de la misma.
Hoy se pretende elaborar un «relato» distinto de la misma al servicio de un proyecto político que pretende cambiar las bases sobre las que se asentó la democracia española.
En lugar de un acuerdo entre lo que se había venido denominando como «las dos Españas», la Transición se considera como un proceso político tutelado por el ejército franquista, realizado por las élites del régimen y que obligó a la izquierda a una permanente renuncia para poder participar en el juego político. Para estos autores, no hubo un verdadero cambio político sino que fue la primera etapa de un proyecto político necesariamente inacabado.
Este hecho sólo tendría la importancia de un debate historiográfico más si no hubiera entrado en la arena política, acompañando la acción del Gobierno que salió de las urnas en marzo de 2004 y azuzado por los intelectuales orgánicos del nuevo socialismo.
La especial relación entre el actual presidente con un exponente de este paradigma como es Suso de Toro, no es más que el icono de esta etapa en la que intelectuales tradicionalmente vinculados al socialismo de muy diversas formas como Francesc de Carreras, Antonio Elorza, Fernando Sabater o Juan Pablo Fusi, se han quedado al margen y alguno de ellos ha tenido que impulsar una plataforma política alternativa.
Hasta el año 2004 existía un consenso generalizado sobre el hecho de que la Transición había sido capaz de resolver de un modo satisfactorio y casi milagroso los principales conflictos que habían dividido a los españoles desde 1808.
Se resolvió la cuestión religiosa a través de garantizar su libertad en el seno de un Estado aconfesional que debería cooperar con la Iglesia católica y con el resto de confesiones profesadas por los españoles. Los acuerdos con el Vaticano en 1979 fueron un colofón inteligente.
Se resolvió la cuestión militar garantizando la lealtad de las Fuerzas Armadas al orden constitucional democrático que había sido impulsado por el Rey. El fracaso del golpe de 1981 fue la prueba definitiva. Se resolvió la cuestión política aceptando la presencia de todos los partidos, incluido el comunista, asunto entonces de una enorme delicadeza pero que Adolfo Suárez supo resolver con gran habilidad e inteligencia.
El modelo de Estado se abordó llevando a cabo la mayor descentralización de la historia de España a través de la creación de las comunidades autónomas. Su carácter abierto y con ello su permanente riesgo de inestabilidad por el significado del artículo 150.2 o la transitoria 4 referida a Navarra se evitaba a través de la lealtad mutua entre los dos principales partidos. Conscientes de ello trataron de sacar adelante la LOAPA y de la mano realizaron hasta 2005 todos los ajustes que resultaron necesarios en los diferentes Estatutos.
Por tanto, la transición fue un acuerdo formal en torno a la Constitución pero también fue un acuerdo informal consenso en torno a aspectos esenciales de la vida política del país que los dos principales partidos entendían que debían abordar conjuntamente.
Si algo se tuvo en cuenta durante esos años fue el pasado. La necesidad de no repetir errores del pasado. La anterior democracia española, la II República, se tuvo muy presente precisamente para no repetir ni sus principios ni sus errores.
Esa política de pactos de la Transición tuvo su inicio con los Pactos de la Moncloa para garantizar la estabilidad económica, y como último capítulo el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo para mostrar la voluntad inequívoca de derrotar a ETA por parte de los dos principales partidos. Ese espíritu se había mantenido de modo transversal en todas las circunstancias políticas por las que había atravesado el país hasta el año 2004.
Esos han sido los pilares sobre los que se ha asentado lo que ya algunos denominan el «régimen de la Transición» y que hoy están sometidos a una profunda revisión.
Para aquellos que siempre habían pensado que «España es de izquierdas», las elecciones de 2000 fueron un hecho traumático. Por esa razón, cuando las especiales circunstancias de 2004 pusieron en manos del PSOE el gobierno de la nación se impulsó un programa revisionista del significado de la Transición. La II República dejó de ser un error que había que evitar para pasar a ser un referente de «grandes aspiraciones» con «plena vigencia» gracias a su Gobierno.
Es más, la visión compartida del pasado para no hacer del mismo un asunto de confrontación política se sustituyó por una polémica Ley de Memoria Histórica. Se han producido tensiones en torno a la cuestión religiosa por la búsqueda de una confrontación tan innecesaria como premeditada. Pero quizás el asunto que más ha movilizado a la opinión pública ha sido lo concerniente a la revisión del modelo de Estado que se ha hecho a través de la reforma del Estatuto de Cataluña.
Por primera vez en la democracia una reforma de un Estatuto de la importancia del catalán se hacía sin el acuerdo entre los dos principales partidos a pesar del ofrecimiento expreso que hizo en enero de 2005 Mariano Rajoy al presidente del Gobierno.
El cambio profundo del modelo de Estado se puso de manifiesto durante el trámite parlamentario en el que los impulsores del proyecto reconocían que consagraba un modelo «confederal» o «plurinacional». En cualquier caso, un modelo distinto al pactado en 1978.
Este hecho ya había sido advertido en el oportuno manifiesto que promovieron durante el debate parlamentario Antonio Fontán y Fernando Álvarez de Miranda como presidentes de las Cámaras constituyentes y que tuvo un enorme respaldo social y un gran eco político.
El propio Consejo de Estado en el informe encargado por el Gobierno para proceder a una acotada reforma constitucional ya apuntaba a la necesidad de cerrar la cuestión del modelo de Estado que en algún aspecto la Constitución había dejado abierto.
Al mismo tiempo que el Gobierno ha ido renunciando a pactos como el de las Libertades y contra el Terrorismo, instituciones clave para el normal funcionamiento de la democracia como es el Tribunal Constitucional se han visto afectados por una crisis interna inédita en cualquier etapa anterior de nuestra democracia.
Incluso la propia figura del Rey, considerado como el motor o el piloto del cambio, no ha quedado en esta legislatura al margen de las controversias políticas que nos han acompañado.
Por tanto, todos los elementos esenciales de la mayor etapa de estabilidad política de nuestra historia contemporánea han quedado seriamente afectados por la agenda de un Gobierno que ha pretendido revisar de un modo profundo todos los pactos y acuerdos en los que se ha basado nuestra vida política democrática.
Ante este hecho resultan oportunos los llamamientos que se realizan a «un nuevo consenso» para recuperar el sentido y el espíritu de una época de nuestra historia de la que, sin lugar a dudas, más orgullos podemos estar.
Repite en numerosas ocasiones William Faulkner que el pasado no sólo nunca está muerto sino que ni siquiera está pasado. Creo que algo así ocurre con la Transición. Se anuncia ya una reforma constitucional para recuperar su espíritu. En países de nuestro entorno como Alemania, ante una crisis menor se ha buscado un gran pacto. Sarkozy en Francia lo que ha hecho ha sido vincular a su proyecto relevantes figuras del socialismo.
Se repiten en muchas ocasiones los conceptos plural y complejo para definir la nueva realidad social del siglo XXI. Para resolver este «sudoku» se emplean diferentes formas de transversalidad. Eso fue la Transición, una fórmula posible de transversalidad.
