Compartir:

El 23 de noviembre de 2006 los obispos españoles firmaban una Instrucción pastoral aprobada en el transcurso de la LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. El documento, titulado Orientaciones morales ante la situación actual de España, tiene como objetivo dotar a los católicos en particular y a toda la sociedad en general de argumentos para afrontar la situación que vive España en la actualidad. Se trata de una crisis antropológica que, si bien tiene una clara vocación universal, parece que algunos persiguen con empeño que tenga como epicentro España.


Esta Instrucción pastoral se divide en tres capítulos y una conclusión. Los dos primeros profundizan en la oleada de laicismo y el análisis de sus causas, sin huir de la responsabilidad que en su impulso ha podido llegar a tener la incoherencia de muchos católicos. En Nueva Revista hemos querido reproducir varios puntos del apartado «Algunas cuestiones que dilucidar» que se incluye dentro del tercer capítulo. En este exhaustivo apéndice se ponen de relieve asuntos de importante calado como la relación entre democracia y moral, el servicio al bien común, posibles mejoras de la democracia, el respeto y promoción de la libertad religiosa, el terrorismo, los nacionalismos y el ejercicio de la caridad.


En la reproducción del texto se han omitido las notas pero se ha mantenido la numeración del documento original que puede encontrarse completo en la página web de la Conferencia Episcopal Española: www.conferenciaepiscopal.es


DEMOCRACIA Y MORAL


52 Hay quien piensa que la referencia a una moral objetiva, anterior y superior a las instituciones democráticas, es incompatible con una organización democrática de la sociedad y de la convivencia. Con frecuencia se habla de la democracia como si las instituciones y los procedimientos democráticos tuvieran que ser la última referencia moral de los ciudadanos, el principio rector de la conciencia personal, la fuente del bien y del mal. En esta manera de ver las cosas, fruto de la visión laicista y relativista de la vida, se esconde un peligroso germen de pragmatismo maquiavélico y de autoritarismo.


Si las instituciones democráticas, formadas por hombres y mujeres que actúan según sus criterios personales, pudieran llegar a ser el referente último de la conciencia de los ciudadanos, no cabría la crítica ni la resistencia moral a las decisiones de los parlamentos y de los gobiernos. En definitiva, el bien y el mal, la conciencia personal y la colectiva quedarían determinadas por las decisiones de unas pocas personas, por los intereses de los grupos que en cada momento ejercieran el poder real, político y económico. Nada más contrario a la verdadera democracia.


55 No se puede confundir la condición de aconfesionalidad o laicidad del Estado con la desvinculación moral y la exención de obligaciones morales objetivas para los dirigentes políticos. Al decir esto, no pretendemos que los gobernantes se sometan a los criterios de la moral católica, pero sí al conjunto de los valores morales vigentes en nuestra sociedad, vista con respeto y realismo, como resultado de la contribución de los diversos agentes sociales. Cada sociedad y cada grupo que forma parte de ella tienen derecho a ser dirigidos en la vida pública de acuerdo con un denominador común de la moral socialmente vigente fundada en la recta razón y en la experiencia histórica de cada pueblo. Una política que pretenda emanciparse de este reconocimiento, degenera sin remedio en dictadura, discriminación y desorden. Una sociedad en la cual la dimensión moral de las leyes y del gobierno no es tenida suficientemente en cuenta, es una sociedad desvertebrada, literalmente desorientada, fácil víctima de la manipulación, de la corrupción y del autoritarismo.


EL SERVICIO AL BIEN COMÚN


57 «La Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades». Sin el trabajo de los políticos, tanta veces ingrato, no sería posible la construcción del bien común. Al mismo tiempo hay que decir que el fundamento y la razón de ser de la autoridad política, así como la justificación moral de su ejercicio, en el gobierno y en la oposición, es la defensa y la promoción del bien del conjunto de los ciudadanos, respetando los derechos humanos, favoreciendo el ejercicio responsable de la libertad, protegiendo las instituciones fundamentales de la vida humana, como la familia, las asociaciones cívicas, y todas aquellas realidades sociales que promueven el bienestar material y espiritual de los ciudadanos, entre las cuales ocupan un lugar importante las comunidades religiosas.


Ese servicio al bien común es el fundamento del valor y de la excelencia de la vida política. Todo ello se deteriora cuando las instituciones políticas centran el objetivo real de sus actividades no en el bien común, sino en el bien particular de un grupo, de un partido, de una determinada clase de personas, tratando para ello de conseguir el poder y de perpetuarse en él. Las ideologías no pueden sustituir nunca al servicio leal de la sociedad entera en sus necesidades y aspiraciones más reales y concretas: «El valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve: son fundamentales e imprescindibles, ciertamente, la dignidad de cada persona, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como considerar el bien común como fin y criterio regulador de la vida política».


MEJORAR LA DEMOCRACIA


61 En la medida en que la democracia es un sistema que permite convivir en libertad y justicia, es absolutamente necesario que sea perfectamente respetado el recto funcionamiento de las diferentes instituciones. Para la garantía de la libertad y de la justicia, es especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces. Esta autonomía debería estar custodiada desde la misma designación o elección de los cargos dentro de la institución judicial. Es también necesario que la actuación de los gobiernos responda fielmente a las exigencias del bien común rectamente entendido, al servicio de todos los ciudadanos y de sus derechos, por encima de alianzas o compromisos que impidan o desfiguren la verdadera razón de ser de la representatividad política que ellos ejercen.


La discrepancia entre partidos es un procedimiento al servicio del bien común, pero no debe convertirse en un modo de acaparar el poder en provecho propio, buscando la descalificación y la destrucción del adversario. Finalmente, pensamos que hay que estar prevenidos contra la tendencia de las instituciones políticas a ampliar el ámbito de sus competencias a todos los órdenes de la vida, con el riesgo de invadir ámbitos familiares o personales que corresponden a las decisiones de las familias y de los ciudadanos desarrollando un intervencionismo injustificado y asfixiante.


RESPETO Y PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA


62 La vida religiosa de los ciudadanos no es competencia de los gobiernos. Las autoridades civiles no pueden ser intervencionistas ni beligerantes en materia religiosa. En esto precisamente consiste la aconfesionalidad sancionada por la Constitución de 1978 y la laicidad de las instituciones civiles. Su cometido es proteger y favorecer el ejercicio de la libertad religiosa, como parte primordial del bien común y de los derechos civiles de los ciudadanos, que el Estado y las diversas instituciones políticas tienen que respetar y promover.


Un Estado laico, verdaderamente democrático, es aquel que valora la libertad religiosa como un elemento fundamental del bien común, digno de respeto y protección. Forma parte del bienestar de los ciudadanos el que puedan profesar y practicar la religión que les parezca en conciencia más conveniente, o bien dejar de practicarla, sin que el Estado intervenga ni a favor ni en contra de ninguna de las posibles opciones, siempre que sean conformes con las leyes justas y las exigencias del orden público.


64 Estas cuestiones tienen una especial importancia en la sociedad española. Vemos con preocupación ciertos síntomas de menosprecio e intolerancia en relación con la presencia de la religión católica en los programas de la enseñanza pública, en el rechazo de la presencia de los signos religiosos en centros públicos, en la negativa a apoyar de modo proporcionado con fondos públicos a las instituciones religiosas en sus actividades sociales o específicamente religiosas. La religión no es menos digna de apoyo que la música o el deporte, ni los templos menos importantes para el bien integral de los ciudadanos que los museos o los estadios.


En unos momentos en los que vemos con gran preocupación el debilitamiento de las convicciones morales de muchas personas, especialmente de los jóvenes; cuando crecen prácticas tan inhumanas como la promiscuidad y los abusos sexuales, el recurso al aborto -especialmente, entre adolescentes y jóvenes-, así como la drogadicción o el alcoholismo y la delincuencia entre los menores de edad; o cuando observamos con pena cómo crece la violencia en la escuela y en el seno de las mismas familias, no se entiende el rechazo y la intolerancia con la religión católica que manifiestan entre nosotros algunas personas e instituciones.


Sin educación moral, no hay democracia posible. Nadie puede negar que la religión clarifica y refuerza las convicciones y el comportamiento moral de quien la acepta y la vive adecuadamente. Gobierno e Iglesia deberíamos ponernos de acuerdo en la necesidad de intensificar la educación moral de las personas, muy especialmente de los jóvenes, de manera que la Iglesia, en vez de ser mirada con recelo, fuera reconocida, al menos, como una institución capaz de contribuir de manera singular a ese objetivo tan importante para el bien de las personas y de la sociedad entera que es la recta educación moral de la juventud. Desde todos los puntos de vista, es urgente la colaboración de todas las instituciones, incluidas las familias y la escuela, para mejorar la calidad de la enseñanza y de la educación moral de la juventud.


EL TERRORISMO


68 Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político. Los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad y ceñirse a establecer las condiciones conducentes a la desaparición de la organización terrorista, en nuestro caso, de ETA.


La exigencia primordial para la normalización de la sociedad y la reconciliación entre los ciudadanos es el cese absoluto de toda violencia y la renuncia neta de los terroristas a imponer sus proyectos mediante la violencia. La justicia, que es el fundamento indispensable de la convivencia, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror. Una sociedad madura, y más si está animada por un espíritu cristiano, podría adoptar, en algunos casos, alguna medida de indulgencia que facilitara el fin de la violencia. Pero nada de esto se puede ni se debe hacer sin que los terroristas renuncien definitivamente a utilizar la violencia y el terror como instrumento de presión.


LOS NACIONALISMOS Y SUS EXIGENCIAS MORALES


71 Para emitir un juicio moral justo sobre este fenómeno es necesario partir de la consideración ponderada la realidad histórica de la nación española en su conjunto. Los diversos pueblos que hoy constituyen el Estado español iniciaron ya un proceso cultural común, y comenzaron a encontrarse en una cierta comunidad de intereses e incluso de administración como consecuencia de la romanización de nuestro territorio. Favorecido por aquella situación, el anuncio de la fe cristiana alcanzó muy pronto a toda la Península, llegando a constituirse, sin demasiada dilación, en otro elemento fundamental de acercamiento y cohesión. Esta unidad cultural básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de la historia, ha buscado también, de distintas maneras, su configuración política. Ninguna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los pueblos de España.


72 La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diferentes maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles. Son los dirigentes políticos y, en último término, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa, transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico político más conveniente. Ninguna fórmula política tiene carácter absoluto; ningún cambio podrá tampoco resolver automáticamente los problemas que puedan existir.


En esta cuestión, la voz de la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás. En todo caso, habrá de ser respetada siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones o recortes de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos bienes comunes que a todos nos enriquecen.


L EJERCICIO DE LA CARIDAD


80 En cada lugar y en cada época hay necesidades diferentes. En cada momento son distintas las urgencias. En estos momentos de la sociedad española, nos parece que los inmigrantes necesitan especialmente la atención y la ayuda de los cristianos. Y, junto a los inmigrantes, los que no tienen trabajo, los que están solos, las jóvenes que pueden caer en las redes de los explotadores de la prostitución, las mujeres humilladas y amenazadas por la violencia doméstica, quienes no tienen casa ni familia donde acogerse: todos son nuestros hermanos. La práctica de la solidaridad y del amor fraterno en la vida política nos lleva también a trabajar para superar las injustas distancias y diferencias entre las distintas comunidades autónomas, tratando de resolver los problemas más acuciantes como son el trabajo, la vivienda accesible, el disfrute equitativo de la naturaleza, compartiendo dones tan indispensables para la vida como el agua.


En este tiempo, en el que la Iglesia necesita mostrar más claramente su verdadera identidad y nuestros hermanos tienen también necesidad de signos que les ayuden a descubrir el verdadero rostro de Dios y la verdadera naturaleza de la religión, pedimos a todos los católicos que se esfuercen en vivir intensamente el mandato del amor a Dios y al prójimo, en el que se encierra la Ley entera. Al ver a los demás con los ojos de Cristo podremos darles mucho más que la ayuda de cosas materiales, tan necesarias: podremos ofrecerles la mirada de amor que todo hombre necesita.


Compartir: