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MARÍA JOSÉ CANEL Y NAZARETH ECHART – Comencemos por unas breves consideraciones sobre su gestión hasta ahora. Entre sus promesas electorales figuran la creación de ocho hospitales, la enseñanza bilingüe, la creación de la BESCAM, más de sesenta kilómetros de Metro, reducir las listas de espera a menos de un mes… Después de un año, ¿qué valoración puede hacer de lo realizado?

ESPERANZA AGUIRRE – La frase que lo podría definir es: «Cumplimiento del programa». En todas las materias: desde la licitación de los ocho nuevos hospitales y de los cincuenta centros de salud, de los cuales ya hemos inaugurado dos; la enseñanza bilingüe en los colegios públicos; el proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid -por primera vez esta comunidad se ha involucrado en la cuestión de la seguridad ciudadana, con la firma de convenios con los ayuntamientos, para poner 5.500 policías más en la calle-; la nueva ley del suelo (los expertos están ultimando el dictamen), que hará posible que la transparencia se imponga a la opacidad del planteamiento urbanístico y la agilidad a la lentitud y a la burocracia. En definitiva, creo que en un año hemos dado pasos de gigante en el cumplimiento del programa que los madrileños decidieron que era el que tenía que aplicar la Comunidad de Madrid.

MJC-NE – Acaban de reducir los impuestos. ¿Cómo se hará compatible esa reducción con el aumento de gastos en políticas sociales?

E A – Somos la única comunidad autónoma que ha anunciado la reducción en un punto del impuesto sobre la renta de las personas físicas; y la primera que ha utilizado las facultades que le concede la legislación vigente no para subir, sino para bajar ese impuesto. Eso es lo que haremos el año que viene, y tendrá un coste económico importante. Las reducciones de impuestos que hemos hecho hasta ahora -el impuesto de las sucesiones, el de transmisiones patrimoniales para familias numerosas, etc.- se han compensado más que sobradamente con los incrementos en la recaudación por el IVA y por el impuesto de la renta. Nosotros nos financiamos, en más de un 82%, con estos impuestos directos. El desarrollo de la Comunidad de Madrid, el incremento del empleo y el auge de la creación de empresas en nuestra comunidad ha determinado que cada año hayamos tenido un crecimiento del 9% en la recaudación y, por tanto, que hayamos podido aumentar un 9% en el gasto. Y eso, sin contar con la bajada de impuestos del Gobierno de Aznar, que se tradujo en 2003 en casi setenta euros por familia.

La Comunidad de Madrid es una manifestación palpable de que la curva de Laffer es cierta. Porque al bajar los impuestos se genera confianza, se crea más empleo, se invierte más y se recauda más. Las personas pagan menos, pero hay muchas más personas que pagan y, por esa razón, se recauda más. 720.000 madrileños que no tenían trabajo -y muchos de ellos, cobraban el paro- tienen ahora un empleo; y esos señores y, sobre todo, esas señoras -porque la inmensa mayoría son mujeres-, además de cotizar en la Seguridad Social, cotizan en renta, el 30% de la cual es para la financiación de la Comunidad de Madrid. Y como tienen mayor capacidad adquisitiva, su consumo genera también una mayor recaudación por IVA.

MJC-NE – ¿Y volverá a ser Madrid, junto con Baleares, la comunidad autónoma que no recurra al Fondo de Suficiencia del Estado?

EA – Sí, Madrid va a seguir siendo un contribuyente neto a la economía española. A Madrid le ha ido muy bien hasta ahora, siéndolo. Nos ha sido muy rentable el ser solidarios, el haber aportado mucho más de lo que hemos recibido. Quizá porque nuestro principal cliente son el resto de las regiones españolas y necesitamos que el resto de las regiones sean cada vez más prósperas para que puedan seguir comprando bienes y servicios en Madrid.

MJC-NE – En su discurso de investidura puso el acento en la necesidad de sanear la vida institucional de la política madrileña y apostó por realizar modificaciones reglamentarias y estatutarias para mejorar el funcionamiento de las instituciones (desaparición del Grupo Mixto, creación de la figura del diputado no adscrito, división de la comunidad autónoma en circunscripciones, etc.) ¿Qué avances se han producido en estos puntos?

EA – Todo eso, efectivamente, se está debatiendo en una ponencia que se ha creado en la Asamblea de Madrid entre todos los grupos políticos, y los avances en este terreno son notorios. Estamos tratando de llegar a un consenso, aunque éste no es imprescindible. Donde sí es necesario es en las modificaciones electorales para dividir nuestra comunidad en varias circunscripciones. Se trata de que Madrid sea como Asturias o Murcia, es decir, que deje de ser una circunscripción única, con ciento once diputados -lo que, sin duda, aleja al elegido del elector y dificulta el conocimiento de los representantes por los representados-. Esto haría posible que hubiese un grupo de diez diputados, por ejemplo, de la sierra norte, diez de la almendra central, del sur, etc. Eso requiere una modificación del Estatuto, y esta modificación exige dos tercios de apoyo parlamentario, es decir, el apoyo del PSOE, que por ahora no hemos logrado.

En lo demás -el diputado no adscrito, las comisiones de investigación, la reforma de la comunicación de los resultados electores, que ha sido causa de no pocos sobresaltos en esta comunidad-, no es necesario tener ese apoyo porque se trata del reglamento de la Asamblea, y por eso lo llevaremos adelante.

MJC-NE – ¿Aunque no haya acuerdo con el Partido Socialista?

EA – Es deseable que haya un máximo acuerdo, pero si no obtenemos el acuerdo necesario -que yo creo que lo vamos a conseguir- iremos adelante.

MJC-NE – Y respecto a las instituciones nacionales, y teniendo además en cuenta su experiencia como presidenta del Senado, ¿qué modificaciones piensa que debería impulsar el Gobierno central? ¿Qué opina de la propuesta del PSOE de reforma del Senado?

EA – El Partido Socialista no ha dicho cuál es la propuesta de reforma. Por ahora, lo único que han dicho los socialistas es que quieren reformar el Senado. Bueno, y algunas cosas dispares: hay quien afirma que quieren hacerlo más parecido al Bundesrat alemán, y enseguida se dice oficialmente que no. Por lo tanto, parece más bien que el Partido Socialista, para congraciarse con quienes le están apoyando en el Parlamento, dice que sí a cualquier cosa -«Cualquier Estatuto que salga del Parlamento de Cataluña lo vamos a aprobar», etc.-. Han planteado una reforma del Senado que nadie sabe en qué consiste. Dicen que es para convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial, lo que no deja de ser una frase manida y tópica. Pues el actual Senado ya es una cámara de representación territorial -así lo entiendo yo-, porque allí el voto del senador por la isla del Hierro, que representa a dos mil electores, vale lo mismo que el mío, cuando era senadora, o que el de Pío García Escudero ahora, que tiene más de un millón y medio de ciudadanos detrás. Por lo tanto, en el Senado actual están representados los territorios, no la población de esos territorios, como ocurre en el Congreso. Ahora bien, si lo que se quiere es un modelo de Senado en el que las comunidades autónomas tengan derecho de veto sobre lo que aprueba el Congreso, a mí eso, además de parecerme disparatado, creo que no gozará del consenso que requiere una reforma constitucional -un consenso que, en todo caso, ni siquiera parece que se esté buscando-.

MJC-NE – Yendo al fondo de las cuestiones políticas, usted ha dicho alguna vez que la gestión de la Comunidad de Madrid podría ser considerada como un prototipo de la gestión liberal de la política, en claro contraste con el modelo socialista. ¿Qué entiende por «gestión liberal»?

EA – Entiendo una gestión orientada a incrementar, en lo posible, la libertad real de los ciudadanos, sus libertades individuales -la económica, el ejercicio de sus derechos, etc.-; una gestión dirigida a la desregulación, en vez de a la regulación; y una gestión que, en lo económico, tiene el objetivo de generar confianza entre los que son creadores de empleo. Se trata de transmitir un mensaje de estabilidad institucional y de generación de confianza entre quienes están ahora mismo en la duda de si invertir o no invertir en la creación de riqueza y empleo en la Comunidad de Madrid. Me refiero tanto a los madrileños como al conjunto de los españoles, o también a los extranjeros; ellos han de saber que aquí no se van a subir los impuestos. Esto es muy importante, pues cuando se pretende poner barreras a la deslocalización de las empresas (así lo están haciendo en otras comunidades autónomas), no se percatan los gobiernos de que, como muchas veces ocurre, «el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones». Es decir: las barreras de salida a una empresa se convierten en barreras de entrada para las que están pensando en venir. Cuántas veces ocurre que el intervencionismo, que está orientado al logro de objetivos benéficos, sanos y buscados por todos, consigue exactamente el objetivo contrario de lo que perseguía. Por tanto, el Gobierno que presido no persigue el incremento de la regulación, sino lo contrario.

MJC-NE – Esa política liberal, ¿incluye el principio de subsidiaridad, según el cual la Administración pública ha de actuar allá donde no llegue la sociedad?

EA – Efectivamente, así es. Lo que ocurre es que nos encontramos en una situación en la que la mayoría de los servicios -de sanidad, de educación, etc.- no sólo son de titularidad pública sino que están siendo prestados directamente por la Administración pública. El Gobierno del que soy presidenta quiere transmitir a los ciudadanos la idea de que una cosa es la titularidad pública de un servicio -la garantía de los poderes públicos sobre la prestación gratuita de ese servicio, en condiciones de calidad, a todos los ciudadanos- y otra cosa muy distinta es que, por esa razón, la gestión de esos servicios tenga que ser también realizada por funcionarios. Mi experiencia es que la gestión privada de los servicios de titularidad pública es mucho más eficiente. Al final, al ciudadano poco le importa si quien le está prestando un servicio es o no funcionario; lo que le importa es que el servicio que se le preste sea de calidad.

MJC-NE – Entonces, ¿cuál es el papel de la Administración pública?

EA – Tiene un papel fundamental en tanto que regulador, fiscalizador, inspector, legislador, etc. Pero cuando la propia Administración es prestadora del servicio que ella misma ha regulado, se convierte en juez y parte a la vez. En lugar de tratar al ciudadano como cliente, lo trata como usuario, y en ello hay una gran diferencia. Cuando éste protesta por la gestión del servicio, quien tiene que instruir esa protesta se está, en realidad, defendiendo a sí mismo. Por eso yo no creo en la Administración como juez y parte. En mi opinión, el que un servicio sea de titularidad pública no exige que la gestión sea pública. Lo cual no significa que vaya a cambiarlo todo en la Comunidad de Madrid; bastante tengo con hacer pedagogía y con sacar a concurso los nuevos servicios.

MJC-NE – ¿Cuáles serían a su juicio las empresas públicas que sí deberían ser privatizadas?

EA – Mi compromiso es que el gobierno de la Comunidad de Madrid evaluará todos los años las empresas de titularidad y gestión pública para que, cuando no tenga sentido mantener una empresa en el sector público, sea privatizada. Este año, por ejemplo, hemos acordado privatizar la gestión de las pistas de esquí de Navacerrada y la inspección técnica de vehículos (ITV).

MJC-NE – Cuando habla de política liberal, ¿en qué país o en qué gobierno piensa como modelo?

EA – No es ningún secreto que yo soy anglófila. Para mí, Gran Bretaña es el modelo para cualquier política; transparencia, honestidad y control parlamentario son tres cosas que me parecen fundamentales.

MJC-NE – ¿Y cómo contrasta eso con el Gobierno socialista? Comparando las comunidades autónomas socialistas con las populares, ¿cree usted que existen claras diferencias en los modelos de gobierno y de gestión?

EA – Nosotros hemos constituido lo que hemos dado en llamar el eje de la prosperidad, que de momento está formado por Madrid, Valencia, Baleares, Murcia, y al que se han querido unir Castilla y León, La Rioja y Galicia, precisamente porque somos comunidades autónomas que creemos en una manera similar de hacer política. Lo que nos une es esta política que fomenta las libertades y no las prohibiciones.

MJC-NE – ¿Dónde están las políticas sociales en esa concepción liberal?

EA – El término «social» es muy complejo. Yo sostengo que, de todos los gastos de la Comunidad de Madrid, el 100% son gastos sociales. ¿Por qué? Porque si llamamos gastos sociales a los gastos de sanidad, de educación, de servicios sociales, ¿por qué no vamos a llamar sociales también a los gastos de vivienda, de transporte público -el Metro, por ejemplo-? Todo eso es gasto social. ¿Y no lo es el que se lleva la seguridad ciudadana? Esa es la principal reclamación de quienes tienen menos medios económicos y no se pueden pagar su seguridad en barrios más difíciles. A mí, desde luego, me parece que es un gasto eminentemente social.

Quienes quieren ponernos etiquetas, prefijos o apellidos, como el de «neoliberales», «liberales radicales», etc., lo hacen tratando de subrayar que nosotros no nos preocupamos de los ciudadanos y, concretamente, que nos despreocupamos de los más desfavorecidos. Pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. Yo me considero liberal porque me ocupo de lo social; porque creo que hay que hacer una buena gestión para poder atender bien a los ciudadanos, y mejor a los más desfavorecidos. No seríamos más sociales si los servicios nos salieran más caros, al contrario: somos más sociales si le cobramos menos al contribuyente por el gasto corriente del Metro, y con ese ahorro podemos hacer que el Metro llegue a nuevas localidades.

MJC-NE – ¿Y la política cultural?

EA – La idea de cultura que emana de los organismos públicos me repele ya de entrada. Los poderes públicos están comprometidos por supuesto a preservar el patrimonio histórico heredado de siglos anteriores; a garantizar que la cultura sea accesible al mayor número de ciudadanos y, en todo caso, a promover o fomentar la creatividad en las artes. Todo lo demás, me parece que cae fuera de las funciones de la Administración.

MJC-NE – Abordemos ahora la cuestión de la familia. ¿Qué lugar ocupa esta institución en el modelo liberal que usted defiende?

EA – Nuestro modelo defiende el máximo ejercicio de los derechos y libertades de todos los individuos, cualquiera que sea su orientación sexual. Otra cuestión es que la palabra «matrimonio» haya de referirse, a nuestro juicio, a la unión de un hombre y una mujer. No entendemos que sea matrimonio cualquier tipo de unión, porque entonces serían matrimonio dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre, etc. -es decir, que podríamos llamar «matrimonio» a cualquier tipo de uniones libres y voluntarias-. Por matrimonio entendemos, por tanto, la unión libre y voluntaria entre un hombre y una mujer, y lo demás son uniones que generarán los derechos que los propios protagonistas quieran -y, en mi opinión, tienen que generar todos los que se refieren a las decisiones de la pareja, sea cual sea su orientación sexual: hérencias, subrogaciones, pensiones, etc.-. No me parece, sin embargo, que sea un derecho la adopción, pues ése no es un derecho del adoptante

MJC-NE – ¿Cree que es lo mismo decir «política liberal» que «política reformista» o «política de centro», como ha defendido el Partido Popular los últimos años?

EA – Si en política hablamos del «centro», tenemos que reconocer, yo creo, varias aceptaciones del término. A mí no me parece que el centro sea el punto medio entre la derecha y la izquierda, como creen muchos. Porque la concepción política que se ha llamado durante siglos «la derecha» ha consistido en una defensa de privilegios que, sin embargo, ya no existe, ya no está representada en los parlamentos de Occidente; y la concepción tradicional de la izquierda, que es la revolución, tampoco está representada como tal en los parlamentos. Ni una ni otra existen hoy en día. Lo que en la actualidad existe es una dicotomía entre «liberales» e «intervencionistas» o socialistas. La concepción más liberal de la política cree que son los ciudadanos y sus familias los que mejor pueden decir sobre ellos mismos, sus vidas, la educación de sus hijos, la salud que quieren para ellos, etc., y otra concepción más «intervencionista» de la política -llamémosle así, o socialista, o como se la quiera llamar-, que cree que son los poderes públicos los que deben decidir sobre nuestra educación, sanidad, transporte, etc.

Y, desde mi óptica política, liberales los hay también en el Partido Socialista. Grandes medidas liberales se han tomado por ministros de gobiernos socialistas. Por ejemplo, Miguel Boyer liberalizó los horarios comerciales o la utilización de los apartamentos tanto para usos residenciales como de oficina, y liberalizó también los alquileres… Del mismo modo, podríamos decir que hay grandes intervencionistas en los partidos de centro derecha, o liberales. De hecho, hay quien dice que los intervencionistas de derechas son más peligrosos que los intervencionistas de izquierdas, porque cuando llegan al poder son más eficaces.

MJC-NE – ¿Podría decir en quién está pensando cuando habla de «intervencionistas» de derechas?

EA – Prefiero no poner ejemplos porque, aunque ellos se declaren políticos liberales, se considerarían seguramente ofendidos al verse llamados «intervencionistas». Lo raro es lo contrario, en todo caso: no ser intervencionista. Recordemos que Hayek dedica su Camino de servidumbre «A los socialistas de todos los partidos».

MJC-NE – Usted se ha declarado muchas veces «municipalista», convencida y partidaria de una segunda descentralización que otorgue mayores competencias a los ayuntamientos…

EA – Yo no reclamo mayores competencias para las corporaciones municipales, sino que se cumpla la legislación vigente. Estos veintiséis años de vigencia de la Constitución se han caracterizado por la transferencia de poderes desde la Administración del Estado a las comunidades autónomas; y las leyes que al principio se hicieron -concretamente, la Ley de Bases del Régimen Local, para garantizar la autonomía de los ayuntamientos- han sido fagocitadas por el poder de las comunidades autónomas. Me parece que los ayuntamientos, que ya gozan de autonomía fiscal, tienen también que poder ejercer en plenitud las competencias que les están atribuidas por la Constitución, sin cederlas a las comunidades autónomas.

MJC-NE – ¿A su juicio, qué puede aportar el Partido Popular al debate sobre el modelo territorial?

EA – Su principal aportación es la defensa del modelo territorial caracterizado, desde la Constitución de Cádiz, porque la «nación española» representa la soberanía del pueblo español y la libertad de todos los españoles. Por lo tanto, ahora que se habla de «comunidad nacional», de nuevos estatutos de autonomía, etc., creo que conviene recordar que la «nación» española es algo que desde los liberales gaditanos no se ha discutido. La primera vez que la soberanía -que no es otra cosa que el poder de decidir- se le confiere al pueblo es en la Constitución de Cádiz. En ella se habla textualmente de la «nación española» como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»; una definición maravillosa, que significa que los cubanos, los venezolanos, etc., no eran simplemente los habitantes de las «colonias», sino ciudadanos españoles con plenos derechos. De hecho, entre los redactores de aquella Constitución había personas de Venezuela, de San Salvador, de Cuba, de toda América. Por tanto, la aportación del Partido Popular al debate de la organización territorial es la defensa de la nación española. Y dentro de ella, que está perfectamente definida en el Título preliminar de la Constitución, y en los artículos uno y dos, se reconoce y se garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones, y la solidaridad entre ellas.

MJC-NE – Y la Comunidad de Madrid, ¿tiene previsto solicitar la revisión del Estatuto, para reclamar más competencias, tal y como están haciendo otras comunidades autónomas?

EA – En absoluto. Primero, porque nos sentimos muy cómodos en España. El encaje de Madrid en España no puede ser más armónico; y, por otra parte, con las otras comunidades autónomas. Y esto no es nacionalismo español, como algunos quieren decir para descalificarnos. Los «ismos» son ideas que se convierten en partidos: la idea social, en «socialismo»; la idea liberal, en «liberalismo»; y la idea nación, en «nacionalismo» -catalán, vasco o alemán-. No hay ningún partido en España nacionalista español. Nosotros creemos en la libertad, en la propiedad, el esfuerzo, la competencia y el patriotismo, en el sentido de trabajo en común.

MJC-NE – ¿Cree que será posible alcanzar algunos pactos o acuerdos para temas tan fundamentales como la inmigración, entre comunidades autónomas gobernadas por distintos partidos?

EA – El actual reglamento de regularización de la inmigración fue pactado por todos los grupos políticos. Ahora parece ser que hay otro proyecto de regularización, según el cual a Madrid corresponderían unos 250.000 ciudadanos que actualmente están en nuestra comunidad pero no de una manera legal ni regular; pero eso yo me temo mucho que contribuiría a fomentar el «efecto llamada». Yo soy, desde luego, partidaria de la inmigración. Creo que los países grandes y prósperos lo son, entre otras cosas, porque han aceptado y han integrado a un número enorme de personas provenientes de otros países, buscando mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Al mismo tiempo que se mejoran los países de donde proceden los inmigrantes, se ayuda también al país de destino. Como sucedió con los tres millones de españoles que estábamos hace bien poco en Suiza, en Alemania, etc., engrandeciendo a nuestro país y engrandeciendo a aquellos países a los que fuimos. Pero todo eso exige una regularización y un no tratar igual a quienes respetan las leyes y a quienes no las respetan. Porque, en caso contrario, acaba germinando la semilla de la xenofobia y del racismo -que, en España, por suerte, todavía no está presente-. Estas regularizaciones en masa no contribuirán a tranquilizar a la ciudadanía.

MJC-NE – Permítanos finalmente algunas preguntas sobre el Partido Popular. ¿Cuál cree que es el principal problema del partido ahora en la oposición?

EA – Como todos los partidos cuando pasan del gobierno a la oposición, el Popular se ve sujeto a que sean los gobernantes los que estén ahora en la cresta de la ola. A nosotros nos ocurrió cuando llegamos al gobierno en 1996 y, sobre todo, cuando obtuvimos la mayoría en el 2000; el Partido Socialista parecía más alejado del poder que nunca. Sucedió también en Inglaterra, la primera vez que ganó Tony Blair. Y, por tanto, es normal que estemos atravesando un momento de crisis. Pero los logros de los ocho años de gobierno, la solidez de los principios que hemos defendido, la categoría de nuestro líder, Mariano Rajoy y, sobre todo, la fidelidad de nuestros votantes, todo eso garantiza que, desde mi punto de vista, el Partido Popular va a volver al poder antes de lo que la gente cree.

MJC-NE – Mariano Rajoy y el Partido Popular han denunciado la estrategia del PSOE de laminar toda la gestión del PP de los últimos ocho años y sembrar dudas sobre la misma. Por otra parte, el PP se ha quedado en solitario en algunas votaciones parlamentarias. ¿Cómo cree que el partido debe abordar esta aparente soledad?

EA – A mí me impresiona oír hablar de la soledad del PP, que es la soledad de casi diez millones de votos. Querer comparar la soledad del PP con la de la diputada de Eusko Alkartasuna es cosa de broma, desde mi punto de vista. No nos olvidemos de que lo que quieren los socialistas, lo que han querido siempre ellos y los grupos mediáticos en los que se apoyan, es una sociedad hemipléjica, es decir: una sociedad que tenga una parte -la izquierda- perfectamente activa, perfectamente legítima, que gobierna y que tiene todas las de la ley para hacerlo y para ejercer el poder; y la otra parte, en cambio, paralítica, que nunca llegue a más de los cien escaños. Eso es exactamente lo que persiguen. Y hay diez millones de españoles que no estamos dispuestos a aceptar esa idea de una sociedad hemipléjica en lo político. Pero eso es lo que quieren, que no se nos olvide. Para ello nos dejarán, sí, hablar en el Parlamento, faltaría más; pero lo que les gustaría es que volviéramos a la Alianza Popular de los años ochenta.

MJC-NE – ¿Cree que el Partido Popular mantiene el espectro del electorado del centro?

E A – Por supuesto. ¿Podríamos tener diez millones de votantes, si hubiésemos abandonado el centro? Creo que hemos perdido muy pocos votantes en las últimas elecciones, a pesar de las condiciones terroríficas en las que tuvieron lugar: con las sedes cercadas, con la gente llamándonos «asesinos» y con la imputación -que continúan haciéndonos, como el día de la comparecencia de Aznar en la comisión parlamentaria, mostrándonos sus manos manchadas de rojo- de nada menos que el asesinato de ciento noventa y tres conciudadanos nuestros. Esto es incalificable.

MJC-NE – Para finalizar, ¿es cierto que dejará la política, tras dos mandatos, como parece haber afirmado recientemente?

EA – Esa es mi intención en este momento. Ahora bien, ¿significa eso que asumo ese compromiso? Pues no, yo tengo edad suficiente para no adquirir ningún compromiso. La idea que tengo en este momento es presentarme a la reelección; y si gano, continuar otro mandato. Para eso he optado a la presidencia del Partido Popular en Madrid. Porque, qué duda cabe, ganar la Comunidad de Madrid en condiciones de adversidad del gobierno de España no es fácil y requiere de toda la energía del más de millón y medio de madrileños que han venido apoyando al Partido Popular. Y, por tanto, si lo consigo, cumpliré el mandato para dejar luego paso a los que vengan detrás. Porque la política tiene que ser una actividad temporal, y hay que saber irse.