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Partamos de que nadie ha creado esta tecnología, sino que ha aparecido casi espontáneamente. Es cierto que Internet tiene su origen en un programa de investigación del Departamento de Defensa de EE. UU., que a partir de 1966 trató de establecer un sistema seguro de comunicaciones entre ordenadores, que sobreviviera a un ataque nuclear. Pero enseguida la red primitiva pasó a manos de investigadores de otros ámbitos, atraídos por las posibilidades de comunicación del invento y favorecidos por ordenadores cada vez más potentes y baratos.

Desde ese momento inicial, Internet se basa en un acuerdo entre los miembros de distintas redes de adherirse a un protocolo que les conecta entre sí. Los usuarios de estas redes no conocen ni controlan el funcionamiento de la red de redes, y su protocolo y estructura técnica evoluciona a través de mejoras creadas y pactadas por los propios usuarios.

SIN GOBIERNO Y SIN LEY

Los creadores y primeros navegantes en la red eran sobre todo profesores universitarios, ingenieros e investigadores, muchos con talante libertario y opuestos a que ningún gobierno regulase la nueva tecnología. Llegaron a definir la red como un opt out de cualquier gobierno. Tenían mentalidad de pioneros, de haber descubierto un territorio nuevo: el ciberespacio. Internet era un continente sin explorar, abierto a todos y que no pertenecía a nadie en particular. Las especificaciones técnicas y el software puesto en Internet debían ser accesibles y gratuitos. Cualquier persona podía beneficiarse de la red y, a partir de una capacidad técnica elevada, contribuir a su desarrollo o mejorar su estructura.

La red de redes creció entre 1969 y 1997 a través de este sistema abierto, con una mínima intervención del Gobierno de EE. UU. y gracias al clima de innovación y capacidad de experimentación creado a su alrededor. El ejemplo de creatividad más citado de este periodo experimental es el de Linus Torvald, estudiante de la Universidad de Helsinki, quien en 1991 puso en la red el borrador de un nuevo sistema operativo para ordenadores, por si alguien podía desarrollarlo. Varios investigadores usaron el modelo de Torvald para mejorar enormemente otro sistema ya existente y el resultado de esta colaboración, de uso público, ha servido para desafiar nada menos que el sistema operativo de Microsoft.

Durante esta etapa experimental, se explicó el modelo político de la red en términos utópicos. Se empleó la imagen de la construcción de un granero, según la tradición alternativa de algunas comunidades rurales norteamericanas que emplean el trabajo colectivo y voluntario en beneficio de toda la comunidad. Se desarrolló también, a través de un consenso imperfecto y evolutivo, un cierto código de buenos modales en la red.

Pero cualquier aspecto comunitarista de gobierno de la red chocaba desde el principio con la idea de neutralidad sobre lo que cada uno hiciera con Internet, algo también muy presente en la tradición libertaria de los fundadores de la red, y muy conforme con la anarquía y la evolución democrática -de abajo arriba- de la estructura y de los contenidos de la red. Además, la apertura de la red a nuevos usuarios e ideas servía para limitar, mediante la competencia, el poder de cualquiera de los participantes en ella o de sus emergentes comunidades de usuarios.

Aunque no ha existido ni existirá un gobierno formal de la red, desde el principio se han establecido normas sociales no escritas, relaciones de poder entre los usuarios y una cierta autorregulación a través de múltiples y cambiantes organizaciones de usuarios. Al principio, estas entidades estuvieron en mayor o menor medida tuteladas o incluso subsidiadas por el Gobierno de EE. UU., como la dedicada a la adjudicación de dominios y direcciones.

Las organizaciones de autorregulación se han dedicado al establecimiento de estándares técnicos que permiten que la red funcione y crezca. Asimismo, se han aplicado a resolver las apelaciones sobre estos estándares, coordinar la investigación sobre la red, solucionar problemas mediante el contacto entre expertos en la red y estudiar el desarrollo de Internet en todas sus vertientes, aspectos técnicos y políticos incluidos. Todas estas organizaciones han oscilado entre el logro de la representación efectiva de la creciente diversidad de intereses de los usuarios y la concentración en los aspectos técnicos de la red.

En todo caso, la arquitectura técnica de Internet no es neutral, sino que privilegia ciertos intereses y valores, y a algunos actores sobre otros.

Durante los años iniciales de su funcionamiento, buena parte de la autoridad ha residido en individuos creativos, reconocidos por las comunidades de usuarios. Con la comercialización de la red, han ganado influencia en el diseño de Internet empresas con notable capacidad de captura de las organizaciones de autorregulación. La complejidad técnica deja todavía hoy en una posición secundaria al usuario medio, que puede ver cómo su libertad de expresión, su vida privada o su derecho de propiedad se ven afectados negativamente mientras navega, comercia o se educa en la red.

Pero volvamos a nuestra cronología. En 1988, una vez conseguido un desarrollo técnico suficiente, se abrió el uso de Internet a particulares y empresas. En 1997 todos los países del mundo estaban conectados. Entre estas dos fechas se produjo la transición a una nueva etapa de Internet, distinta de su primera fase experimental y romántica. El profesor Andrew Shapiro califica este nuevo periodo como «instrumental», ya que la red pasó a ser un instrumento para hacer de todo: socializar, trabajar, vender, comprar, informarse, opinar o participar en política.

EL PERIODO INSTRUMENTAL

Shapiro explica que la nueva etapa ha hecho desaparecer la sensación de que Internet es un lugar autónomo de nuestro mundo real. La red ya no es un lugar soberano, aunque a veces lo parece, sino una tecnología que transforma nuestra sociedad occidental.

Los fraudes en las ventas de acciones por Internet, la posible utilización por terroristas de esta vía de comunicación, la difamación en la red, la falta de protección de la infancia o la desaparición de los derechos de autor son realidades que han planteado con toda crudeza en estos años recientes el debate del gobierno de Internet.

Así, la segunda generación de usuarios se encuentra alejada de la actitud extrema antigobierno de algunos fundadores de la red. Sin embargo, hay varias circunstancias que hacen que no sea posible un control gubernamental clásico de la red, ni tampoco tratar a Internet como una tecnología de comunicación más.

Numerosas empresas han descubierto el filón económico de hacer negocios a través de la red y tratan de preservarla como un espacio de libertad, sin normas escritas ni impuestos, desde el que crecer y también presionar a sus gobiernos para la liberalización de otras partes de la economía real. No pocos reguladores admiten este discurso (Clinton ha definido la red como «un gran área de libre comercio») y aceptan que la intervención gubernamental puede hacer que la red pierda su dinamismo y su extraordinaria capacidad de innovación tecnológica y creación de oportunidades empresariales.

DESCENTRALIZACIÓN

Pero el problema principal a la hora de plantearse el gobierno de la red no es ideológico, sino estructural. El diseño descentralizado de la red de redes impide un control central. No hay un punto de Internet por el que pase toda la información. Así, existe la posibilidad real de que los sometidos a las reglas cambien de jurisdicción siempre que lo necesiten y busquen reglas más favorables a sus intereses ante cualquier intento de regulación gubernamental. La existencia de múltiples jurisdicciones deriva en la práctica hacia una inquietante ajurisdicción. En la red, en buena medida, son irrelevantes las fronteras físicas o la localización física de los usuarios y proveedores. De este modo, no puede funcionar el «centralismo legal», basado en un solo gobierno y un mecanismo central de aplicación de sus normas.

A cambio, nos encontramos con un libre mercado de reglas, matizado por la autosanción, los contratos entre usuarios y la organización de fuerzas sociales dentro de la red con más o menos formalidad. Y a la hora de introducir una necesaria dimensión pública, por ejemplo de derecho penal o para garantizar la seguridad en las transacciones comerciales, tropezamos con la necesidad de coordinación entre todos los gobiernos, que tienen que hacer frente a costes de transacción muy altos para aplicar sus normas a esta nueva tecnología de comunicación. La primera de estas barreras es la enorme dificultad de fijar, desde todos los gobiernos, estándares comunes de protección de los mismos bienes jurídicos, que eviten el forum shopping.

REGULACIONES NACIONALES

Mientras tanto, cada país proyecta en la red sus valores cuando regula, por su cuenta, algún aspecto de esta nueva tecnología. La sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. de 1997, que declaró la inconstitucionalidad de una de las primeras leyes norteamericanas de protección de la infancia en Internet -la Communications Decency Act– es un ejemplo de los problemas de una regulación unilateral, por su falta de eficacia. El Supremo norteamericano, en nombre de la libertad de expresión, decidió que el estándar de lo publicable en Internet era el mismo que el de la prensa escrita en EE. UU., pero no explicó cómo garantizar ese estándar mínimo, ni justificó su legitimidad fuera de su territorio nacional.

Por fortuna, a la hora de resolver los problemas comunes originados por el desarrollo de Internet, existen precedentes de regulaciones flexibles y multilaterales y de coordinación exitosa entre los gobiernos de todo el mundo. El enfoque regulador, en todo caso, debe ser sectorial, consensuado con usuarios y proveedores, y basado en el objetivo de garantizar todos los derechos fundamentales de cada persona cuando utiliza la red. Internet presenta problemas mayores que otras tecnologías de comunicación a la hora de definir una dimensión de gobierno. Pero conviene tener presente que los intereses y valores dominantes en la red están transformando de forma acelerada a la propia sociedad occidental, que debate sobre el significado del ciberespacio.


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José M. de Areilza es Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Derecho y Master en Derecho por la Universidad de Harvard y Master en Relaciones Internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy. Actualmente es profesor ordinario en el Departamento de Derecho y en el Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE. Asimismo, desde 2013 es titular de la Cátedra Jean Monnet en ESADE, otorgada por la Comisión Europea. Secretario General de Aspen Institute España.