No cabe esperar del orden espontáneo la solución de problemas económicos de mercado, en ausencia de un mercado en libertad. Es decir, que aquella entropía, aquella fuerza interior que era perceptible en el sistema de economía libre, y que Adam Smith la representara en la imagen de la «mano invisible», como instrumento capaz y más eficaz, para gobernar el mundo económico, se desvanece ante un mercado regulado, ante un mercado intervenido, cualquiera que sea el campo en el que se produzca la intervención. En estos casos, es el artífice de la regulación, el que debe de arbitrar los instrumentos para que la regulación quede sin efecto (es decir, desregular) o bien asumir que la regulación sea capaz, al menos, de producir los efectos deseados, con tanta eficacia como lo habría hecho la libertad de mercado.
Una regulación que prefiera vivir de espaldas a la realidad, o que permanezca en estado letárgico cuando las condiciones del mercado en el que interviene se alteran con extraordinaria rapidez, está lejos de poderse considerar parte de una política económica, convirtiéndose, por el contrario, en una rémora para los objetivos económicos de una comunidad. Esto, que es siempre grave, se acentúa de manera extraordinaria, cuando el mercado sujeto a intervención, lo es, de un bien o de un recurso de notable importancia, por su dimensión o por su influencia en la configuración de otros bienes finales o intermedios, de los que mayoritariamente se abastece la población.
La energía es un recurso que cumple con creces estas dos características de manera simultánea. Pues, resultaría difícil, cuando no imposible, vislumbrar hoy un bien o una mercancía de las que están presentes en el mercado que no lleve incorporada una parte, quizá sustantiva, del recurso energético. En general, las actividades de las economías de consumo, así como las que se desarrollan en las economías de producción o en la propia economía del sector público, se ven acompañadas de la participación de la energía, en sus diversas formas y aplicaciones.
En este sentido, merecería la consideración de «recurso estratégico». Denominación que uso para la mejor comprensión de su importancia, pero a la que presento todas mis reservas, pues, al abrigo de lo estratégico, se han producido las intervenciones más delirantes en el mundo económico. Apelando a esta justificación dogmática para encubrir la irracionalidad de una medida reguladora o interventora, se han podido producir daños al sistema económico de muy difícil reparación.
El sector energético en España se desenvuelve en un marco de regulación torpe, anquilosada y contradictoria con los intereses de la economía española y de los españoles. Ello, evidentemente, si es que podemos cifrar como interés de ambos el disponer de energía abundante, segura, de calidad y a precio competitivo. En ello, y en ausencia de mercado, juega un papel de suma importancia la administración de los precios, las autorizaciones requeridas para la suficiencia de las instalaciones productivas y la capacidad y seguridad de las infraestructuras de transporte en todos los casos de modalidades energéticas.
En cuanto a seguridad, hay hechos recientes en la memoria de todos que no precisarían de mayor concreción para conocer cuál es el resultado de una red de transporte y distribución cuando se le somete a una carga que supera con mucho los límites tolerables de exceso que técnicamente puedan considerarse permisibles. Apagones, incendios, interrupciones en el suministro; en definitiva, inseguridad e irregularidad que atenta seriamente a las necesidades que cualquier actividad económica manifiesta para su ordinario desarrollo.
Pero, junto a ello, la insuficiencia de nuestro sector energético interior y, por tanto, nuestra dependencia del exterior en esta materia es tan elevada que no puede menos de dar origen a la conciencia de una debilidad cierta que, necesariamente, se percibe acompañada de una imagen de fragilidad de nuestras estructuras económicas. Una evidencia de lo que acabamos de decir, la podemos encontrar en la relación entre consumo y producción interior de energía primaria, que se representa en el gráfico 1. Que el autoabastecimiento energético se sitúe en el entorno del 20%, no puede menos de generar una gran inquietud.
Más aún si comprobamos la tendencia de esta relación de dependencia que ha incrementado notablemente en los años del presidente Rodríguez Zapatero. Así, mientras en el año 2001 nuestro autoabastecimiento se situaba en el 24,2% del consumo total, en el año 2004 ese nivel de suficiencia disminuiría al 21,3%, haciéndolo al 19,0% en 2005 y al 19,8% en 2006.
Una inquietud que se acentúa cuando somos conscientes de que la economía española tiene una estructura productiva que requiere mayores inputs energéticos para una unidad de output, que aquellos que son comunes en la media de la Unión Europea. Esta falta de eficiencia en el uso energético hace más dramática, si cabe, la situación del escaso nivel de autoabastecimiento al que nos hemos referido dificultando, consecuentemente, las posibilidades de crecimiento sólido y sostenido.
Ante esta panorámica, la política energética mira hacia otro lugar, con el fin de no verse obligada a actuar a través de medidas que quizá restaran popularidad a quien las tomara.
UNA DEPENDENCIA DE MAYOR PREOCUPACIÓN
Lo que acabamos de señalar, no puede quedar reducido exclusivamente a un mero dato estadístico de suficiencia o insuficiencia indiferenciada, en esa relación entre consumo energético y producción interna de energía. La cuestión es de mayor entidad cuando analizamos la fuente de suministro en la que situamos nuestra dependencia energética.
Si analizamos la estructura de nuestro consumo de energía, atendiendo a las fuentes de procedencia, constataremos que por encima del 50% del total de energía consumida procede del petróleo, a la cual, si añadimos la procedente del gas natural, alcanzamos un porcentaje que se sitúa por encima del 70%, tal y como se desprende del gráfico 2. Considerando que nuestra producción conjunta de ambos recursos energéticos, en el año 2006, se sitúa en el 0,7% del total de producción energética en nuestro país, resulta evidente la debilidad y dependencia de nuestra estructura productiva de fuentes de energía externas.
Ello, sin ahondar más en la consideración geopolítica de la localización de las fuentes referidas; primordialmente, países que viven en prolongados conflictos internos y externos, con estructuras de poder escasamente democráticas y ligadas a una inestabilidad, que hace difícil presagiar la seguridad del suministro y, menos aún, la estabilidad de los precios.
No sería la primera vez que el petróleo ha sido utilizado como arma de confrontación política entre los países productores y el mundo occidental, entendiendo como tal el mundo desarrollado de regímenes democráticos.
Por otro lado, cuando tanto se habla del cambio climático y de compromiso con la naturaleza y con las condiciones de vida de las generaciones futuras compromiso este último que comparto plenamente, resulta cuando menos contradictorio mantener la estructura de consumo energético presente prevalencia de energías sucias, incluso sentir patente la amenaza de esa errática política energética si es que la cabe tal calificativo en el sentido de ir reduciendo hasta su eliminación la producción nacional de energías limpias.
El consumo de energía de origen nuclear se ha reducido, como se deduce del gráfico 2, al 11%, aproximadamente, en 2006, cuando en 2001 se había situado en el 13,4%. Suscribir Kioto, y mantener las emisiones que se producen con las actuales energías consumidas, no pasa de ser una falacia, sumida en la contradicción, de la que son buena muestra las manifestaciones de la Unión Europea, según las cuales, España es el país de la Unión que tendrá que realizar mayores esfuerzos para cumplir con los objetivos fijados de reducción de gases de efecto invernadero.
Proclamar, sin justificación técnica alguna, el objetivo político de reducción y subsiguiente eliminación de la producción de energía de origen nuclear en nuestro país, no es más que una irresponsable concesión demagógica a posiciones trasnochadas, sólo presentes en los países intelectual y económicamente atrasados. Mientras tanto, aquellos que no se dejan llevar por esas corrientes abandonadas en vía muerta, producen más y mejor energía, más limpia y más barata, lo cual permite a su economía producir a costes más bajos y competir en condiciones ventajosas en el mercado internacional.
Pensar hoy que la solución al problema energético está en manos de la energía eólica o de la solar, no pasa de ser una afirmación gratuita, además de suicida. Ni tecnológicamente, ni menos aún económicamente, existe el mínimo espacio para pensar en tal solución. Ello no significa abandonar la senda de la investigación y mejora en los procedimientos de producción de tales energías, pero lo que no cabe es ignorar que, en el momento presente, todas ellas conjuntamente apenas alcanzan el dos por ciento del consumo energético total.
Se hace necesaria pues, una política energética que se sitúe en el mundo real en el que vivimos y que nos capacite para cumplir los compromisos que asumimos. Las elecciones generales, como las autonómica y locales, sin duda son importantes, pero lo que el interés general y el bien de la comunidad no permiten es ser hipotecados por unos objetivos efímeros de presente, subordinados a ideologías pretéritas, elocuentes en su fracaso, ni a objetivos partidistas de unas elecciones que siempre se consideran próximas.
