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La presidencia española de la Unión Europea va a coincidir con una situación económica poco brillante. Cabe discutir cuál será el grado de la desaceleración de la actividad o si llegaremos o no a tasas de crecimiento negativas. Pero todo el mundo parece estar de acuerdo en que los resultados económicos de, por lo menos, el próximo año no van a ser buenos. No resulta sorprendente, por tanto, que la preocupación fundamental de los gestores de la política económica sea hoy la adopción de medidas concretas para hacer frente a la situación. Y la elección de unas u otras políticas ha reabierto un debate que pensábamos que había quedado resuelto hace ya tiempo, el referido a la conveniencia o no de aplicar políticas de demanda como instrumento para combatir las fluctuaciones cíclicas.

Como las ideas cambian deprisa y nos olvidamos pronto de lo que pensábamos en el pasado, no está de más recordar los que fueron, hasta la década de 1980, los principios que inspiraron la política macroeconómica de nuestro mundo occidental. Uno de los efectos del triunfo absoluto de las ideas keynesianas, en el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial, fue la aceptación casi general de la idea de que los Estados no sólo tenían la obligación de garantizar el crecimiento estable de sus economías nacionales, sino que también disponían de los medios adecuados para conseguirlo. Instrumento importante para ello eran las políticas dirigidas al control de la demanda agregada, que debería ser estimulada por el Estado en la fase baja del ciclo y restringida cuando el crecimiento se acelerara en exceso.

En una primera versión ingenua del modelo, se llegó a considerar que los desequilibrios macroeconómicos se debían siempre a desajustes al alza o la baja de la demanda agregada. Así, la depresión y el desempleo que la acompañaba se debían —de acuerdo con esta teoría— a una insuficiencia de demanda. La inflación, en cambio, se entendía motivada por un crecimiento excesivo de aquella variable. La conclusión era que el problema podía arreglarse, en todo caso, manipulando la demanda agregada. La posibilidad de que se produjeran simultáneamente paro e inflación no era contemplada en este modelo tan simple.

Sin embargo, una vez que se comprobó que, en la realidad, ambos fenómenos ocurrían simultáneamente, fue preciso complicar la argumentación. En una segunda versión de la teoría, se aceptaba ya la existencia simultánea de paro e inflación, pero se consideraba que la política dirigida a reducir una de estas variables tendría, normalmente, efectos negativos sobre la otra. Lo que se ofrecía, a los gobiernos era la opción de reducir el paro o la tasa de crecimiento de los precios, pero sabiendo cuál sería el coste a pagar. Si el desequilibrio de una de las variables —el paro, por ejemplo— era muy acentuado, merecería la pena aceptar un poco más de inflación para crear empleo. De forma muy simplificada, éste es el modelo que los economistas conocen con el nombre de curva de Phillips.

Este modelo fue también objeto de serias críticas. Y, aunque todavía se acepta generalmente su validez para decisiones a corto plazo, parece claro que a medio y largo plazo la supuesta relación inversa entre el paro y la inflación no existe. Y es lógico que sea así, porque las causas que determinan las tasas de inflación y de paro en una economía son sustancialmente diferentes. El desempleo se debe a un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo; y las políticas adecuadas para solucionar este problema deben ir dirigidas a lograr un mejor funcionamiento del mercado laboral, para lo cual resulta inevitable eliminar — o al menos reducir— las múltiples regulaciones que hoy afectan a las relaciones entre empresarios y trabajadores. La inflación es, en cambio, un fenómeno monetario, del que es responsable quien regula la política monetaria, es decir, los bancos centrales. Es cierto que existe alguna relación entre ambas variables, pero la conexión radica más en el hecho de que la inflación crea incertidumbre y hace que las empresas reduzcan su demanda de trabajo, que en las ideas macroeconómicas que han servido de base teórica a la curva de Phillips.

Y esta visión de las limitaciones de la política macroeconómica es la que recogen las instituciones de la UE diseñadas en Maastricht. Las reformas de estos años han consistido precisamente en controlar al máximo la discrecionalidad tanto de los gobiernos nacionales como de la propia Unión, para hacer política anticíclica. Por una parte, el propio Tratado de Maastricht establece muy claramente que el objetivo fundamental del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de los precios; y sólo de forma subordinada se hace referencia a la obligación del Banco de apoyar las políticas económicas generales de la Unión. Por otra, la propia Unión Europea ha establecido límites estrictos a los déficit presupuestarios de los Estados miembros mediante los pactos de estabilidad. Es decir, las posibilidades de hacer política de estabilización anticíclica de Europa están seriamente restringidas, tanto en lo que respecta a la política monetaria como en lo que se refiere a la política fiscal.

Tales restricciones han demostrado tener efectos muy positivos, tanto para evitar que vuelvan a repetirse los procesos inflacionarios a los que estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo, como para disciplinar a los políticos en el poder, siempre dispuestos a utilizar el gasto público en su propio interés o para favorecer a los grupos de presión más poderosos. Y no se llegó a estos acuerdos por casualidad. Son, por el contrario, el resultado de una estrategia coherente dirigida a lograr unos objetivos de estabilidad que se consideraron en su momento básicos para el crecimiento y la prosperidad de los países europeos.

Ha bastado, sin embargo, un cambio acusado de la tendencia del ciclo, agravado además por el ataque terrorista de Nueva York y las actuaciones militares que aquél provocó, para que estos principios, que parecían firmemente establecidos, sean de nuevo cuestionados. Numerosas propuestas de volver a la aplicación de políticas keynesianas para reactivar la economía mediante presupuestos deficitarios y una política monetaria expansiva no surgen sólo en Europa. Esta vez son los Estados Unidos los que encabezan el movimiento. El tándem Bush-Greenspan parece actuar en forma coordinada, y el reciente plan de reactivación de la economía presentado por el presidente va en la misma dirección que la política de la Reserva Federal de rebajas continuas de los tipos de interés realizadas este año, y acentuadas tras el once de septiembre.

Lo que todo el mundo se pregunta hoy es qué harán los países europeos en los próximos meses. Y dar una respuesta va a ser una de las actividades más importantes que deba realizar la Unión Europea en los meses de presidencia española. El pasado cinco de octubre el Financial Times parodiaba la conocida frase de Milton Friedman «ahora todos somos keynesianos»; y titulaba su primer editorial: «Ahora todos son keynesianos». El argumento del Financial Times era que la vuelta a la política anticíclica discrecional no puede ser actualmente una buena solución para los problemas de las economías occidentales; y recomendaba a los gobiernos que mantuvieran unas finanzas públicas sólidas, sin abandonar el principio del equilibrio presupuestario. Esto no excluiría que el funcionamiento de los estabilizadores automáticos—es decir, la reducción de ingresos fiscales debida a la menor actividad económica y el crecimiento del gasto causado por un aumento de los pagos por susbsidios de paro y ayudas de la seguridad social— produjeran pequeños déficit. Pero no se debería ir más allá; y habría que oponerse a la estrategia de buscar el déficit como instrumento expansivo, en la tradición keynesiana.

Menciono este artículo no por su especial originalidad, sino como una simple muestra de la aceptación de una idea con la que muchos economistas estamos de acuerdo; y que el gobierno español acepta también, al menos en el campo de los principios. Pero los políticos españoles no lo van a tener fácil para convencer a algunos de sus colegas, mucho más inclinados a recurrir a las políticas tradicionales antes descritas. Y tampoco está claro que los economistas europeos vayan a defender con firmeza la ortoxia financiera que inspira las instituciones económicas de la Unión. Hace sólo algunas semanas habría afirmado con bastante seguridad que la mayoría de la profesión estaba claramente en contra de esta sorprendente vuelta al keynesianismo. Hoy ya no estoy tan convencido.

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Sobre la economía pesan, como sobre tantas otras cosas, juicios preestablecidos que se traducen con enorme frecuencia en grandes errores a la bora de explicar el funcionamiento de los mercados. Son muchos los libros dedicados a la divulgación de los principios de la economía, pero muy pocos los que, con lenguaje claro y directo, desmontan los prejuicios comúnmente asumidos sobre esta materia y ponen de manifiesto las equivocaciones elementales en las que medios de comunicación y analistas de diversas disciplinas incurren con más frecuencia de la que sería deseable. Grandes errores en economía es uno de ellos. En él, el catedrático de Economía Francisco Cabrillo recoge las columnas que a lo largo de año y medio ha ido publicando en La Gaceta de los Negocios, en las que ha tratado precisamente de presentar equivocaciones comunes que cometemos cuando discutimos sobre asuntos económicos. El volumen recoge así temas relacionados
con el mercado de trabajo, las finanzas o la nueva economía, pero también cuestiones de indudable actualidad como la llamada «excepción cultural» que algunos desean para sectores como el cine, los problemas que afectan a los recursos naturales o las cuestiones relacionadas con la maternidad. Un libro para todo tipo de lectores.

NAZABETH ECHART


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