Sobre la aprobación reciente de la Ley de Calidad que determina que la educación del país debe propiciar un debate abierto, sincero y con vocación de futuro para poder elaborar un proyecto que mantenga todo lo que ha supuesto un avance notable para nuestro sistema educativo.
El Ministerio de Educación y Ciencia presentó el pasado mes de septiembre su propuesta de reforma de la Ley de Calidad, aprobada en la legislatura anterior. El documento «Una educación de calidad para todos y entre todos» dice querer «propiciar un debate abierto, sincero y con vocación de futuro» para, a partir de ahí, «elaborar un proyecto de ley que mantenga todo lo que estando en vigor ha supuesto un avance notable para nuestro sistema educativo y que reforme aquello que consideramos necesario cambiar para poder avanzar hacia la ecuación de calidad para todos los ciudadanos que demanda nuestra sociedad». Sin ánimo de ser exhaustivos, merece la pena realizar algún comentario sobre el contenido del documento y la organización del debate.
UN DEBATE QUE NO ES DEBATE
El programa electoral del PSOE —elaborado por un partido que no contaba con gobernar— incluía el compromiso de paralizar la Ley de Calidad. En cumplimiento con tal compromiso, y con el argumento de que la LOCE fue aprobada sin debate ni acuerdo suficiente, una de las primeras decisiones del Gobierno de Rodríguez Zapatero fue aprobar un real decreto por el que se suspendía la aplicación del calendario establecido en el desarrollo normativo de la ley. Nos encontramos así en una situación sin precedentes en la historia de la democracia española, con una ley orgánica vigente, pero paralizada por simple real decreto. No debe obviarse este dato a la hora de valorar el debate que propone el Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos responsables vienen insistiendo en su deseo de enriquecer el diálogo para elaborar una propuesta final que contemple las aportaciones de todos, en particular de centros educativos, profesores, alumnos y familias.
El punto de partida permite cuestionar la «sinceridad» del debate. Durante la tramitación legislativa de la Ley de Calidad, el PSOE insistió en que ésta se había elaborado a partir de un diagnóstico erróneo. El ministerio ha llegado a reconocer ahora que el diagnóstico del sistema educativo elaborado por la LOCE era correcto y la única razón que ha aportado para adoptar la decisión de iniciar un nuevo proceso legislativo es que «sus propuestas (las de la Ley de Calidad) fueron consideradas insatisfactorias por importantes sectores de la comunidad educativa», sin precisar siquiera cuáles. Pero ¿resulta coherente suspender de un día para otro la aplicación de una ley votada por la mayoría parlamentaria y abrir acto seguido un diálogo «con todos», apelando a la necesidad de ofrecer estabilidad al sistema educativo? ¿No constituye tal decisión la mejor muestra de la escasa importancia que se otorga a la estabilidad de dicho sistema? De ahí que pueda cuestionarse el debate que propone el Gobierno. Nos encontramos ante un debate que no es tal, por más que los foros de discusión en Internet organizados y orientados por el ministerio traten de que lo parezca.
UNA REFORMA MÁS QUE «REFORMISTA»
El texto presentado por el ministerio ha sido recibido, en general, con escepticismo. Se ha dicho en algunos foros que su contenido no es sustancialmente distinto al de la Ley de Calidad; que incorpora todos aquellos aspectos de ésta considerados válidos y reforma sólo aquello que resultaba a todas luces indispensable modificar. Se ha extendido así la percepción de que el Gobierno desea realizar una reforma «reformista», valga la redundancia.
Una lectura atenta del texto, sin embargo, conduce a pensar otra cosa. Aunque el texto propuesto por el ministerio (que todavía debe traducirse en un texto articulado, con todo lo que ello implica) mantiene, sin decirlo, algunos aspectos recogidos en la Ley de Calidad (los referidos al aprendizaje de lenguas extranjeras o de nuevas tecnologías, por ejemplo), las diferencias entre la propuesta ministerial y el texto de la LOCE son, sin embargo, de un calado más importante.
La Ley de Calidad agrupa las medidas para promover la mejora de la calidad en torno a los siguientes ejes: el valor del esfuerzo y la exigencia personal; la orientación del sistema educativo hacia los resultados y el refuerzo del papel de la evaluación como factor básico de calidad; el establecimiento de distintas opciones -itinerarios-, adaptadas a las necesidades, aptitudes, intereses y ritmos de maduración de los alumnos; la mejora de la consideración social del profesorado y su formación y, finalmente, el desarrollo de la autonomía de los centros.
La nueva propuesta dice, sin embargo, defender «una educación de calidad con equidad», una educación que permita conseguir mejores resultados y al mismo tiempo ofrezca «una igualdad efectiva de oportunidades educativas a todos los alumnos, sin excepciones». Como puede observarse, este planteamiento actualiza la tradicional tensión entre los conceptos de libertad e igualdad, apostando por este último, esta vez etiquetado con el sustantivo más sofisticado de «equidad». Merece la pena destacar, sin embargo, el error que subyace en tal planteamiento. Para el nuevo equipo ministerial, «la igualdad de oportunidades pregonada en la LOCE tiene más, por tanto, de constatación de las diferencias individuales y sociales existentes y de su traducción educativa que de un verdadero esfuerzo colectivo que combine calidad con equidad. La equidad de la educación es concebida del modo más simple, como oferta de posibilidades a los alumnos, sin preguntarse por la justicia o injusticia que implican las desigualdades existentes».
Ese argumento es, a la vez, el que sirve a los autores del texto para justificar las bondades de la LOGSE, a la que se considera responsable del supuesto buen nivel de equidad que posee el sistema educativo español en comparación con el de otros países de la OCDE. Y así es como se deja en un segundo plano la alarmante cifra de fracaso escolar de nuestro país -en torno a un 27%-, cifra en la que algo ha tenido que ver la aplicación de algunos aspectos de la LOGSE. Esta norma, so pretexto de pretender la igualdad de los alumnos, alimentaba una igualdad de resultados (que todos los estudiantes sepan lo mismo, aunque eso obligue a rebajar el nivel para adaptarlo a los más rezagados) que, en la práctica, perjudicaba a quienes los socialistas creen o dicen defender: los más desfavorecidos. Porque han sido quienes partían con más desventajas de salida los que se han visto más perjudicados por un modelo educativo que, con independencia de su capacidad y de su esfuerzo, les obligaba a rebajar sus posibilidades de aprendizaje. Por el contrario, en la medida en que la Ley de Calidad hace del esfuerzo individual un principio fundamental del aprendizaje, contribuye a promover un tipo de educación que puede hacer de verdad efectiva la igualdad de oportunidades, compensando las desigualdades de partida.
A partir de ahí, no puede extrañar que la noción de esfuerzo individual se sustituya por la de esfuerzo social, y que de este modo la responsabilidad se traslade del sujeto individual al colectivo: «La responsabilidad del aprendizaje y la formación no debe recaer sólo en el alumno, por importante que sea su esfuerzo, sino que también debe ser asumida por las familias, por las Administraciones educativas, por los centros y por el conjunto de la sociedad. El esfuerzo debe ser de todos, al igual que de todos depende el mayor o menor éxito final de cada uno de los alumnos y del conjunto del sistema educativo. Una manifestación más, por tanto, del tradicional «biempensismo» de la izquierda, a la que no le importa ignorar de este modo que, planteando el esfuerzo en estos términos, resultará mposible establecer ningún tipo de responsabilidad del rendimiento del sistema educativo.
Otros asuntos merecen también comentario: los errores en los datos y en su interpretación que contiene el texto; la llamada atención a la diversidad; la transmisión de valores cívicos y democráticos y la enseñanza de la religión (el tema hacia el que, estratégicamente, el Gobierno ha tratado de dirigir el debate, al menos el debate en los medios de comunicación); el regreso a la selectividad; la elección de centro (una cuestión clave en lo que a derechos y libertades educativas se refiere); la dirección, autonomía y evaluación de los centros educativos, abordados aquí «desde la perspectiva de las exigencias del servicio público de la educación», etc.
La conclusión, en cualquier caso, apunta a la pregunta que sobrevolaba el comienzo de estas líneas: ¿era de verdad necesario paralizar la LOCE?
