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Dentro de tres meses, por décima vez en los treinta años de la actual monarquía constitucional y parlamentaria, los ciudadanos españoles serán invitados a votar en unas elecciones generales. 

En la mayor parte de las ocasiones anteriores -siete de nueve, es decir, todas menos la de 1993- antes de los comicios se preveía generalmente cuál de los dos partidos nacionales obtendría la mayoría absoluta, o una minoría mayoritaria que le permitiera formar Gobierno. (Siempre ha habido, desde el 77, algunos partidos más que alcanzan representación parlamentaria, pero que para el regimiento general del Estado, sólo son complementarios).

En el 77 y en el 79 ganó, conforme se esperaba, la UCD del presidente Suárez; en los años 82, 86 y 90 los socialistas; en el 96 y en 2000 el Partido Popular. Y hasta la misma mañana del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, la opinión más generalizada era que repetirían poder los populares, sin Aznar ya de candidato y con un margen más bien corto. No ocurrió así por causas repetidamente examinadas por comentaristas y estudiosos y que todavía son objeto de debate. En ese 2004 el PSOE tuvo más votos y superó a sus rivales en el Congreso de los Diputados en doce escaños, que representan el 3,4% de la Cámara.

Si el 9 de marzo de 2008 los socialistas no triunfaran en las elecciones y se convirtieran en el principal partido de la oposición, sería la primera vez desde que España recuperó la democracia en que el Gobierno perdería el poder tras una sola legislatura.[[wysiwyg_imageupload:950:height=111,width=180]]

Hay crecientes indicios de que puede ser así. El actual Ejecutivo no ha resuelto de verdad la mayor parte de los problemas pendientes, que no eran pocos ni de escasa monta, sino que por el contrario ha creado otros nuevos y ha despertado imprudentemente expectativas de imposible cumplimiento. Ocurrió con las conversaciones de unos representantes del Gobierno y los cabecillas de ETA, cuya sola y desafortunada gestión arrastró el final del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que precisamente por iniciativa socialista se había conseguido llevar a término en la legislatura popular anterior, sin que se haya producido ninguna contrapartida de signo positivo.

También se han extendido los problemas y los enfrentamientos -menos académicos que políticos- al universo de la educación en todos los niveles y en todas las direcciones de la rosa de los vientos. Se derogó una ley del ministerio de Aznar, sin intentar siquiera ponerla en práctica aunque hubiera sido con algunas modificaciones. La ha sustituido, casi cuatro años después, otra ordenación que más que orientarse a la calidad como pretendía aquélla, encamina a docentes, escuelas y estudiantes por el plano inclinado de la facilidad. Al mismo tiempo la falta de un mínimo de disposiciones armonizadoras en este orden de la educación convierte la enseñanza de los jóvenes españoles en un revoltijo de planes, por así decir «territoriales», totalmente inadecuados para una sociedad dinámica y progresiva en que las gentes no están necesariamente adscritas al lugar o región de su nacimiento.

Se han abandonado los proyectos de acuerdo para la enseñanza de la religión conforme a los artículos 16 y 27 de la Constitución. Por el contrario se ha establecido con carácter obligatorio y compulsivo una llamada «Educación para la ciudadanía», sin paralelo en los planes de estudio de la mayor parte de las naciones de la Unión Europea.

La cuestión de la lengua en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, donde precisamente ejerce el poder la misma coalición tripartita que sostiene al gobierno nacional en el Congreso de los Diputados de Madrid, rebasa los límites de la escuela y la enseñanza, para extenderse por los campos de la justicia, de la cultura, de la política del libro y de los espectáculos, hasta pretender que los rótulos comerciales y las etiquetas del precio de los productos eviten las palabras del idioma castellano, que es la lengua oficial del Estado y que, según la Constitución, todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar.

Algunas importantes decisiones políticas -como las reformas de los Estatutos de Autonomía, incluso las adoptadas con el asentimiento o la tolerancia de los populares- son sencillamente inaplicables en sus nuevas redacciones de ahora, salvo que se ponga en riesgo la efectiva unidad del Estado y de la Nación española, tanto en el interior como en las relaciones internacionales, en el derecho a la igualdad de los ciudadanos residan donde residan en el país, y en varias de las treinta y dos materias cuya competencia reserva exclusivamente al Estado el artículo 149.1 de la Constitución. Pero eso probablemente podrán enmendarlo entre el nuevo parlamento y los nuevos ministros, si no son socialistas, porque es presumible que el PSOE y sus representantes se sientan condicionados por sus propios actos.

Desde otro gobierno y desde otras mayorías parlamentarias se pueden interpretar de manera distinta algunos preceptos fundamentales del ordenamiento jurídico nacional. Por ejemplo, la misión que, según el artículo 91 de la Constitución, tiene el Gobierno de dirigir «la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado», ejerciendo «la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes».

Por otro lado, ante una situación como la que está actualmente planteada, unas renovadas Cortes Generales podrían recordar que «representan al pueblo español» -pero a todo él-, que «ejercen la potestad legislativa del Estado» y «son inviolables» (artículo 66 de la Constitución).

Entre esas responsabilidades se halla la de ser el órgano del Estado que está facultado para poner en práctica, si fuera conveniente o necesario, el artículo 150.3 de la misma Constitución. «El Estado -se lee en él- podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas cuando así lo exija el interés general» «Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad». (Esas «leyes de armonía», según establece prudentemente ese precepto constitucional, son de una tramitación más minuciosa, e incluso más «garantista», que las «leyes orgánicas» del artículo 81, que pueden ser aprobadas por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, aunque no hubieran recibido el asentimiento mayoritario del Senado).

La coyuntura económica mundial y más en particular la de Occidente, según altos funcionarios, estudiosos e instituciones de reconocida solvencia, experimenta actualmente una inflexión, sin que se acabe de saber dónde se encamina ni en qué plazos empezarán a hacerse sentir sus efectos. Nuestro país es un agente menor, tanto en el orden de la producción como en el del consumo. Pero la industria de los costes relativamente bajos de que España se ha beneficiado parece desplazarse a otras latitudes. No sólo a la Europa del centro y oriental, sino a los más lejanos e inmensos espacios de las grandes potencias de Asia. No es el de ahora un momento de gasto y despilfarro, sobre todo si no está rigurosamente estudiado y no se controla la voracidad de los diversos y múltiples escalones de las corporaciones públicas. El desorden estatutario de ahora parece exigir que con leyes de armonía, o por otros procedimientos que habrían de ser consensuados por Gobierno y oposición, sean cuales sean sus respectivos colores, se consiga una disciplina presupuestaria técnicamente correcta y social y políticamente igualitaria en toda la nación.

La historia de las naciones viejas es integradora. Muy particularmente en casos como el de España, que remonta su milenaria identidad hasta los tiempos de romanos y visigodos (Séneca, Trajano e Isidoro forman en las filas de nuestros «mayores»). Luego se reconstruyó laboriosa y tenazmente durante la Edad Media entre invasiones africanas, cruzadas europeas, recuperación de territorios como Granada y Navarra, asimilaciones culturales y étnicas de judíos y moriscos, entre los primeros de los cuales se hallaban los médicos y tesoreros de los Reyes Católicos, los abuelos de Santa Teresa, el filósofo Luis Vives y muchos ilustres nombres más (aunque quizá no tantos como le hubiera gustado a Castro). Todo ello en medio de una discontinua sucesión de enfrentamientos y abrazos, progroms e inquisiciones cuando se practicaban en otros muchos países de Europa.

Esta España total es fruto y continuidad de la España de nuestra historia. En ella se alinean, por ejemplo, bajo Felipe II Antonio Pérez y Carranza; después Olivares y Calderón; a fines del XVIII Godoy, un gobernante a su modo progresista, y Jovellanos; y ya casi en nuestro tiempo, es la España de Verdaguer y Galdós, de Menéndez Pelayo y Giner, de Cánovas y Sagasta, de Cambó y Prat, de Maura y Pablo Iglesias (que casualmente fallecieron el mismo día); de Castro y Sánchez Albornoz, de Azaña y Ortega, de Unamuno y Maeztu; de Gil Robles y Prieto; de Suárez y González, etc. Pero sobre todo la de la dinastía española del siglo XX, en la que don Juan Carlos, sobre la experiencia de la «historia» de sus mayores convertida en «memoria» y aplicada a la realidad de la vida, tuvo la abnegada decisión de abrazar la idea de que la Corona hiciera suyos todos los capítulos de esos más de mil años de trial and error, triunfos y derrotas, gozos y dolores, en definitiva, de una nación que tiene más motivos para estar orgullosa de su pasado -y de su presente- que para sonrojarse por él.

Esa es la verdadera «memoria histórica» que deberían conocer y practicar los españoles de ahora y de las generaciones que siguen. La memoria individual de las personas está constituida por sus más vivos o borrosos recuerdos, por las generosidades y los egoísmos de sus buenos o malos tiempos. La historia de ayer la vivieron -bien o mal- los mayores y la juzgan los estudiosos desde sus respectivos puntos de vista. Pero las mujeres y los hombres de ahora sencillamente la asumen y miran al futuro, sin echar a voleo condenas o glorificaciones, escasamente documentadas. Ese es el «consenso de la transición» que los españoles de hoy tienen el deber de proseguir a la altura de los tiempos, que no son los de ayer, sino los de hoy, o más bien los de mañana.


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