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Las potencias europeas, que por fuerza tuvieron que asumir en los tres últimos siglos los procesos de independencia de sus colonias de ultramar, pudieron comprobar que en ellas la libertad política y la prosperidad económica no siempre habían llegado a ser efectivas. Después de un largo proceso de adaptación, las metrópolis sustituyeron su anterior intervención «imperialista» por otra más solidaria y adecuada a los nuevos tiempos que se materializó, ya en el siglo XX, a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Aunque con cierto retraso, España ha tomado parte en este esfuerzo para promover el desarrollo en los países iberoamericanos, con preferencia a otras regiones del mundo, por evidentes razones de cultura y lengua.

A finales del siglo XX y debido a que los resultados de la Ayuda Oficial al Desarrollo no habían sido todo lo satisfactorios que cabría esperar con relación al volumen de fondos invertidos, se ha generado entre los ciudadanos de los países donantes una cierta decepción, teñida no pocas veces de recelo y escepticismo. Si bien la respuesta de los gobiernos y de la opinión pública sigue siendo de una solidaridad abrumadora cuando se trata de ayuda humanitaria -así se ha comprobado hace pocos meses en el caso del devastador tsunami que ha afectado las costas del sudeste asiático-, en lo que se refiere a los recursos dedicados a programas de desarrollo integral se detecta desde hace ya tiempo un acusado grado de fatiga.

Es cierto que si los esfuerzos de la cooperación internacional hubieran dado los frutos perseguidos, ya se habría logrado reducir el nivel de pobreza en las zonas receptoras de ayuda; pero lo que se percibe en apariencia es que no sólo esto no ocurre sino que, día a día, aumenta el flujo migratorio de quienes, presionados por la miseria, el hambre y la falta de trabajo se agolpan en las fronteras de los países desarrollados.

Más de medio siglo de cooperación internacional es tiempo suficiente para acumular experiencia y perspectiva temporal para aprender las correspondientes lecciones. Las cumbres mundiales que se celebran bajo los auspicios de la ONU, tanto para los actores de la sociedad civil como para los jefes de Estado y de Gobierno, suelen ser momentos adecuados para hacer balance de los objetivos planteados y proyectar nuevas metas. Analizando los textos y declaraciones elaborados en esas ocasiones, se observa en los últimos diez años una evolución de forma lineal y sin retroceso que parte del asistencialismo y se encamina hacia la corresponsabilidad.

Esto no significa que los recursos dedicados a los programas de cooperación internacional se hayan entregado en vano. La Ayuda Oficial al Desarrollo es necesaria, pero lo que se ha puesto de manifiesto es que por sí sola no basta para generar desarrollo sostenible, sino que ha de ir acompañada de otros factores que le proporcionen viabilidad a largo plazo, como son: a) un Estado de derecho donde la corrupción sea algo perseguible y no la norma general de actuación; b) políticas comerciales adecuadas, tanto para la exportación como para la circulación interna de productos nacionales; c) servicios e infraestructuras básicas.

Para poder analizar la relación entre cooperación internacional, comercio y desarrollo sostenible, es preciso detenerse a considerar las funciones que cada uno de estos elementos desempeña en los países más necesitados de crecimiento económico.

lemdlci1.jpgEn primer lugar es imprescindible tener presente que sólo en una sociedad en la que se haya consolidado un sistema político estable, donde se respeten los derechos fundamentales de la persona y en el que la remoción de los gobernantes se produzca de forma pacífica por voluntad de los ciudadanos expresada en un entorno de libertad, es posible crear las condiciones para un crecimiento económico viable. Por tanto el Estado de derecho es la condición sine qua non para el desarrollo de un pueblo. No quiere esto decir que una dictadura no pueda lograrlo; no obstante y en el actual período histórico, lo que un sistema autoritario no puede en ningún caso es asegurar prosperidad más allá de una generación -la del propio dictador-.

Convencidos de esta realidad, los países donantes han centrado los esfuerzos de la cooperación internacional en la ejecución de programas que tengan como objetivo principal la educación y el fortalecimiento de la sociedad civil. Este es un papel fundamental, quizá poco conocido, muy diferente de las habituales fotografías de repartos de comida que muestran los diarios, pero realmente eficaz y que justifica el mantenimiento de la ayuda. Se pretende formar a los ciudadanos para que aprendan a valorar y ejercitar sus derechos y libertades. No se trata de financiar grupos de presión ni de alentar las guerrillas ciudadanas. En las anteriores dos legislaturas, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECl) ha destinado programas plurianuales de elevado presupuesto a la vertebración de la sociedad en Iberoamérica.

Esta nueva forma de ayuda de carácter pedagógico, muy alejada de los principios asistencialistas de mediados del siglo XX, tiene muchas manifestaciones concretas, como por ejemplo, la formación de funcionarios de la Administración central y local. En este tipo de programas se desplazan funcionarios del país beneficiario a España, donde reciben formación teórica y práctica sobre el funcionamiento de una unidad administrativa concreta -un registro de bienes muebles o inmuebles, un juzgado en caso de funcionarios del sistema judicial, un parque de bomberos, un ayuntamiento o un cuerpo de policía-. En estos casos, es el Estado español el que actúa mediante la colaboración de funcionarios españoles y extranjeros.

También se articulan programas dirigidos a los ciudadanos en cuanto particulares que deben aspirar y aprender a vivir en una sociedad democrática. Estas actuaciones se realizan mediante organizaciones no gubernamentales españolas en colaboración con sus contrapartes del país beneficiario. Esta acción es directa sobre el terreno y su finalidad es potenciar la estructura de la sociedad civil. En Iberoamérica la existencia del Estado puede ser escasamente perceptible para algunos ciudadanos, que se encuentran por ejemplo dispersos en grandes extensiones a veces poco accesibles, carentes de medios de comunicación.

Es frecuente que las comunidades, en su mayoría de población indígena, adopten formas de organización propias. Las actuaciones de cooperación internacional se dirigen a la formación de líderes locales para que tomen conciencia de su pertenencia a unidades políticas de mayor entidad (municipio, distrito, Estado), conozcan los principios básicos del sistema democrático y los transmitan a la comunidad.

Las actividades de formación de funcionarios y de organización de unidades de la Administración del Estado, así como los programas que tienen como finalidad el fortalecimiento de las estructuras sociales y culturales en Iberoamérica, han demostrado ser una vía eficaz para la lucha contra la pobreza, con una mayor proyección de futuro al incidir en la educación de las nuevas generaciones. La cooperación internacional tiene así un importante papel que cumplir aún para difundir y afianzar, desde la base de las sociedades en desanollo, los principios del Estado de derecho.

LA ACTUACIÓN DE LAS ONG

En este ámbito, la Agencia Española de Cooperación Internacional ha canalizado gran parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG), ya que aun siendo discutida su eficacia, lo cierto es que su actividad es de modo inapelable mucho más directa, cercana y fiscalizable que la ayuda entregada directamente al Estado receptor, de cuyo empleo éste no rendirá cuentas ante organismo alguno. Es preciso insistir en que las ONG españolas deben justificar con arreglo a las normas aplicadas por la Intervención General del Estado la totalidad de las subvenciones concedidas, pues se trata de una garantía de transparencia.

POLÍTICAS COMERCIALES

El segundo elemento que debe integrar una economía para ser capaz de generar un desarrollo sostenible es la existencia de políticas comerciales adecuadas tanto para la exportación como para la circulación interna de productos nacionales.

Esta cuestión, propia del ámbito puramente económico, tiene tanta repercusión sobre el crecimiento de los países, que en las últimas cumbres mundiales sobre desarrollo sostenible auspiciadas por la ONU (Monterrey, Johannesburgo) se han realizado continuas llamadas a la Organización Mundial del Comercio para que, dentro de sus competencias, proceda a establecer un marco comercial más solidario que permita a los países en desarrollo vender aquellos productos en los que resultan más competitivos.

Es totalmente cierto que el proteccionismo agrario que tanto Estados Unidos, como Japón y la Unión Europea (ésta, mediante la Política Agraria Común) aplican en la actualidad, provoca que en los países desarrollados se consuman productos subvencionados a precios muy altos, mientras se impide la entrada de productos baratos de mayor calidad. A nadie se le oculta la paradoja en la que vivimos hoy día, pues enviamos a los países receptores ayuda, fondos para comprar semillas y cultivar cosechas, que luego tendrán que dedicarse al autoconsumo en sus lugares de producción por falta de acceso a los mercados: así es como se prolonga sine die el ciclo de pobreza y la necesidad de recibir nuevas ayudas.

No es sin embargo la falta de apertura de los países desarrollados la única traba que existe al tráfico internacional; también entre los que se encuentran menos desarrollados hay numerosas dificultades a la entrada de bienes extranjeros en un intento por favorecer la producción interna.

Iniciativas como MERCOSUR o los acuerdos entre los países andinos son las únicas alternativas viables para conseguir un comercio internacional más fluido, que beneficie a todos sus integrantes y les proporcione cierta independencia frente a los más desarrollados.

Esta labor de favorecer el comercio para los países en desarrollo debe ser un complemento imprescindible de los programas de ayuda oficial al desarrollo, ya que en caso contrario se tendrían que enviar fondos para paliar la pobreza originada por la falta de liberalización económica que provocan los propios donantes al mantener el proteccionismo frente a las importaciones.

INFRAESTRUCTURAS

El tercer elemento esencial con el que debe contar un país para lograr el desarrollo sostenible está constituido por las infraestructuras y servicios básicos. Bienes tales como la atención médica, la educación, las comunicaciones viales, los medios de comunicación y opinión pública, las telecomunicaciones, la tecnología doméstica, algo tan cotidiano como la luz eléctrica, siguen siendo inalcanzables en muchos territorios de los países en desarrollo. España tiene respecto a Iberoamérica una responsabilidad histórica que ahora aparece agravada por la emigración masiva de sus ciudadanos menos favorecidos hacia nuestro país. La necesidad de dotar de infraestructuras a nuestras antiguas colonias es una labor que en parte ha sido cubierta por empresas multinacionales españolas como Telefónica o Endesa. No obstante, grandes extensiones de la zona andina en las que resulta poco rentable y muy dificultoso acceder con tendidos convencionales han sido abastecidas de luz mediante sistemas fotovoltaicos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

La instalación de puestos de salud dotados de luz eléctrica ha sido esencial para mantener las cadenas de frío en las campañas de vacunación. La construcción de viviendas y de infraestructuras para la canalización y potabilización de agua han mejorado las condiciones de vida en muchas poblaciones sometidas al azote de enfermedades que fueron erradicadas de Europa hace más de cien años.

UNA RESPONSABILIDAD ESPECIAL

La Ayuda Oficial al Desarrollo afronta todavía grandes desafíos en el ámbito de sus competencias, puesto que Iberoamérica requiere aún de un gran esfuerzo solidario de parte de España y de la comunidad internacional. A nuestro país le corresponde en gran medida la labor de portavocía de estas necesidades para hacer entender que, si bien es importante paliar las situaciones de hambre en Africa, igual de eficaz o quizá más aún puede resultar, por su repercusión en el desarrollo global, el esfuerzo dirigido a Iberoamérica. La reconstrucción de la clase media en esta zona es mucho más factible y productiva en términos económicos que la interminable sangría africana.

Si bien los frentes abiertos están bien delimitados, no es algo tan claro si la actual gestión al frente de la Agencia Española de Cooperación Internacional ha sabido determinar con claridad los objetivos que España debe plantearse y plantear ante los demás donantes. Lo que sí es evidente para todos es que sólo actuaciones de Ayuda Oficial al Desarrollo centradas en aspectos concretos y combinadas con políticas comerciales adecuadas, tendrán fuerza suficiente para frenar los flujos migratorios.

Abogada. Fundación Iberoamérica- Europa (Madrid)