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El pasado 20 de noviembre de 1995 se han celebrado los veinte años de la segunda Restauración de la Monarquía en España. Este importante evento ha dado ocasión para que se reúna, en torno al Monarca, la totalidad del espectro político y social de España en una "foto de familia" sin precedentes, por cuanto simboliza el más amplio consenso y reconocimiento de la institución desde principios del siglo XIX. Pocos días antes, la Corona aparecía en la prensa diaria, como víctima de un intento de chantaje, algo que en realidad era el resultado de las acciones irresponsables de aventureros y aprovechados. Nihil novum sub solé: es una vieja práctica de la política aprovechar "proximidades" de forma torticera, en beneficio propio. Sin embargo, lo más notable de esa lamentable anécdota es que ha servido para poner de manifiesto la fortaleza de la Corona. Es más: la sorprendente estabilidad de esta última etapa del gobierno socialista, a pesar de los continuos escándalos, se explica por la solidez de la Corona, la serena presencia del Rey y la vigencia y respeto de la Constitución.

Una simple enumeración de los distintos casos -desde Juan Guerra al GAL-sugiere la pregunta de qué gobierno europeo habría soportado, sin caer, aunque fuera solo la cuarta parte de lo que ha pasado en España. En otras circunstancias, en plena Segunda República, en 1934, Lerroux, Presidente del Consejo de Ministros, tuvo que dimitir por el regalo de un reloj a su sobrino.

En las páginas que siguen me propongo analizar las causas de esa fortaleza, que, a mi juicio, tiene sus raíces en la historia, en la experiencia colectiva de los españoles en general y en la de la clase política en particular.

La historia, fundamento de las naciones

Según Burke y Cánovas del Castillo, el origen de las naciones se encuentra en la delimitación de un territorio por obra de la Corona.

Es decir, que las naciones son producto de la historia y en la historia encuentran su fundamento. De ahí el protagonismo de algunas dinastías europeas en la constitución histórica de las grandes naciones: los Capetos, los Borbones, los Hannover, los Romanov, los Austrias… Si tuviéramos que juzgar la "voluntad de ser" de los reinos cristianos de la Península Ibérica a lo largo de la Edad Media, habría que reconocer que la prolongada contienda con el Islam fue forjando una nación cristiana, plenamente integrada en los valores europeos, a diferencia del extremo oriental del Mediterráneo, también invadida por los musulmanes.

La fusión del territorio, población y Corona tuvo su expresión más acabada en la figura de los Reyes Católicos: por eso no es casual que sus efigies ocupen un lugar preferente y destacado en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional.

En la España contemporánea, la personificación de la libertad e independencia nacional se centró en los derechos históricos de Fernando VII frente al invasor. Y aunque algunos aspectos del programa ilustrado de José Bonaparte respondían a las necesidades de la época, el rechazo del "Rey intruso" demostró lo inviable de la racionalista ingeniería política francesa, consistente en entronizar por toda Europa a los hermanos y cuñados de Napoleón. Esta artificiosidad alteraba todo el sentido tradicional de continuidad y de constitución histórica de las naciones que encarnaban los monarcas y las dinastías. El fracaso de Napoleón en Europa fue el primer fiasco constructivista en Europa. El siglo XX ha asistido a dos nuevos intentos -por la vía de las armas- provenientes del centro y oriente de Europa, y ahora asistimos a otro -por vía pacífica- pero igualmente racionalista-constructivista.

Al final de su reinado, Fernando VII comenzó a separarse de la facción cortesana que pretendía el mantenimiento del absolutismo y que había encontrado en su hermano Carlos un banderín de enganche ante la inminente sucesión. La viuda de Fernando VII, la Reina Gobernadora María Cristina de Borbón, encontró en los liberales el apoyo necesario para defender los derechos sucesorios de su hija Isabel II: "ayudadme y os ayudaré". Desde 1834, la Corona, en plena sintonía con la mayor parte de la opinión, se inclinó definitivamente en favor del régimen liberal y constitucional. Y esa decisión marcó desde entonces una dirección que hizo de España uno de los pocos países europeos que disfrutó de un régimen parlamentario a lo largo de todo el siglo XIX.

Pero, además -con la excepción del periodo de la Dictadura de Primo de Rivera, a la que luego me referiré- la dinastía borbónica no concebía el ejercicio de las funciones de la Corona si no era por medio de la Constitución. Haciendo esto, la Corona interpretaba el sentir del pueblo español en su conjunto, que, después de 1833, no quería un posible retorno a un gobierno ilustrado, y tenía exclusiva confianza en la Corona, como lo demuestra la movilización de las ciudades españolas durante la Primera Guerra carlista, entre 1833 y 1840. La solución constitucional que dieron los liberales moderados fue la de la "soberanía compartida" entre las Cortes y la Corona. Con este principio (diferente del ensayado en Cádiz en 1812 y en la Revolución democrática de 1868) se buscaba un equilibrio entre el poder de las Cortes (titular de la soberanía nacional) y el poder de la Corona (expresión de la continuidad y tradición histórica de la nación española).

Pero lo que había surgido como una fórmula de compromiso entre la solución "democrática" de 1812 y las pretensiones liberales moderadas, y mostró, a lo largo de todo el siglo XIX y hasta 1923, de una extraordinaria virtualidad. En efecto; cuando en 1868 se invirtió en favor de las Cortes la ecuación de la co-soberanía, o de la doble confianza, no había manera de interpretar y dirimir la opinión, y el intento democrático del Sexenio fracasó. Y cuando en 1923, Alfonso XIII inclinó la balanza en favor de la Corona frente a las Cortes, le costó el exilio.

En 1873, en el Mensaje de Renuncia al Trono, Amadeo i de Saboya expresó con claridad meridiana la dificultad de interpretar la opinión en una sociedad como la europea de aquella época, en la que todavía no estaba articulado el cuerpo electoral. De ahí lo anacrónico de las apelaciones a la democracia en el siglo xix por parte de algunos sociólogos e historiadores, que ignoran que el concepto de democracia en Europa -salvo quizás en Suiza y en parte en Inglaterra- era simplemente inaplicable. Decía Amadeo i en su mensaje de renuncia: "entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos; entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla".

La Corona y la opinión

De nuevo fue el genio político de Cánovas el que vio en la solución de la doble confianza el equilibrio posible, a la vez, de una monarquía parlamentaria civil y constitucional. El turno y la co-soberanía, el poder moderador de la Corona como intérprete de la opinión

mientras no hubiera un cuerpo electoral maduro, fueron las soluciones aplicadas constitucionalmente durante la Restauración, cuyo origen se encuentra en la fórmula aplicada por la Reina Gobernadora desde 1834. Así lo manifestaba Cánovas en su discurso al Congreso el 8 de febrero de 1888: "mientras en España no se constituya un cuerpo electoral como el que existe en Inglaterra (un cuerpo electoral independiente que derrotara a los ministros mientras lo son y que cambiara las mayoría y las minorías) la Corona está llamada, no digo sin peligro suyo, pero ésta es la fatalidad que nace del estado de nuestro país (…) la Corona está obligada a dirimir y dirimirá los grandes conflictos parlamentarios".

Ese "peligro suyo", es decir, el riesgo de ejercer la prerrogativa regia en la dirección equivocada de forma reiterada, junto con la inexistencia de un turno civilista articulado, le costó el Trono a Isabel II.

Por eso, Cánovas se apoyó en la experiencia anterior, de modo que la Restauración se articuló de forma más perfeccionada, y el sistema de partidos configuró la opinión de tal forma que la Regencia fue capaz de superar tanto el prematuro fallecimiento de D. Alfonso XII como la difícil crisis de 1898.

Pero, con todo, el mayor peligro procedía de la aplicación del poder moderador en una dirección no prevista en la Constitución de 1875: la de ceder el poder a un impulso ajeno al sistema de partidos.

En 1922, Don Alfonso XIII, en el tramo final de la virtualidad del sistema restauracionista de 1875, llamó al poder a García Prieto con el encargo expreso de que gobernara mediante una coalición liberal.

García Prieto reunió en la Concentración Liberal a los reformistas de Melquíades Álvarez y a las diversas facciones liberales (la propia de Álvarez, más la de Alba, Gasset y Romanones). En el programa de aquel gobierno constaba la reforma constitucional y una nueva ley electoral de carácter proporcional. La intensa vida parlamentaria y los progresos del "expediente Picasso", en el que se depuraban las responsabilidades por el desastre de Annual, estimularon a los sectores golpistas del ejército y a los apoyos antiparlamentarios presentes en la sociedad española desde el inicio del reinado de Alfonso XIII.

Sólo faltaba encontrar un militar de prestigio que encabezara el pronunciamiento militar. Primo de Rivera lideró las corrientes anticonstitucionales y se sublevó en Barcelona el 13 de Septiembre de 1923.

El Rey aceptó como un hecho consumado la nueva situación y llamó al general Primo de Rivera a la capital de España, para que ocupara el poder.

Primo de Rivera interrumpió los cincuenta años de tradición civilista, el gran empeño de Cánovas, la idea de que los militares debían estar en los cuarteles. Pero además, el golpe de 1923 se diferenciaba netamente de los pronunciamientos decimonónicos que se hacían desde el liderazgo de partidos constitucionales: los generales Narváez, Serrano y O'Donnell eran líderes de partidos y facciones civiles.

Por el contrario, Primo de Rivera inauguraba un nuevo tipo de intervención golpista contra "los políticos" y contra la Constitución, desde la perspectiva corporativa y autoritaria propia del siglo XX en toda Europa.

Políticos e intelectuales (Sánchez Guerra, Melquíades Álvarez, Romanones, Cossío, Unamuno) hicieron desde el principio una valoración negativa del golpe de estado de Primo de Rivera, señalando los riesgos en que colocaba a la Corona. El historiador británico Raymond Carr ha sido quien ha valorado de una manera más clara que el régimen de la Restauración, entre 1918 y 1923, entraba en una vía de progresiva democratización, que el cuerpo electoral -la opinión- se estaba "constituyendo" (en palabras de Cánovas). Según Carr, lo que hizo el golpe fue poner fin "no a un cuerpo enfermo, sino a un recién nacido". Resultaba evidente que, frente a las erráticas opiniones de algún historiador empeñado en justificar el golpe de Primo de Rivera, en ningún caso se puede apelar -en el caso de una intervención militar, fuera del juego político constitucional- al ejercicio moderador de la Corona como intérprete del estado de la opinión, pues no es lo mismo llamar al poder a un político con representación parlamentaria que a un militar por la fuerza de las armas. Sin duda, el error de Alfonso XIII, que le costó el reinado, fue aceptar el golpe cuando, como Rey constitucional que era, pudo y debió haberse enfrentado a Primo de Rivera.

Lo cierto es que la Dictadura supuso un golpe de gracia a los partidos dinásticos protagonistas y mantenedores del sistema de la Restauración.

Movimientos y partidos antiparlamentarios de izquierda y de derecha celebraron el nuevo orden de cosas, y vieron en la Dictadura una oportunidad favorable para su propio desarrollo. El republicanismo, dividido y en parte encauzado constitucionalmente en el sistema político por medio del Partido Reformista, en el que militaba Don Manuel Azaña, encontró durante la Dictadura un desarrollo extraordinario, preludio de su influencia en la opinión en los años treinta.

Si el gran error de Alfonso XIII fue aceptar y sostener durante seis años a Primo de Rivera, su gran acierto fue apartar a la Corona de la contienda política entre los españoles, al comprender, en 1931, que no contaba con el favor de la opinión pública. Aquel gesto facilitó extraordinariamente la aceptación de la solución restauracionista de la "dinastía histórica" en la Constitución de 1978. Terminada la dictadura del General Franco, la Corona ha vuelto a conectar con la opinión -esta vez democráticamente expresada-, con un cuerpo electoral maduro y constituido, algo que no existió en España hasta la década

de los años treinta.

El nuevo escenario: la opinión democrática La Corona entendió perfectamente desde los años treinta de 1800 cuál era el signo de los tiempos: el régimen constitucional liberal. Un

siglo después, los equilibrios de moderación y continuidad que representaba la Corona no estuvieron presentes en la España de los años centrales de mil novecientos treinta -y bien que se notó-. El servicio que en la compleja historia de España ha hecho y puede hacer en el futuro la Corona se pone de manifiesto en la Transición, en la Constitución de 1978 y en su defensa ante el intento golpista del 23-F de 1981. Si bien la solución democrática y de continuidad histórica encuentra en la Corona y en la Constitución a la vez su expresión y garantía, no por ello ha dejado ni dejará de tener riesgos y adversarios: las críticas indiscriminadas a "los políticos" constituyen una vieja cantinela que no pretende otra cosa que desprestigiar al sistema en su conjunto y sustituir unos políticos elegidos en las urnas por otros que alcanzan el poder por vías no constitucionales. En esa trampa cayó Alfonso

XIII, y España se precipitó hacia la polarización política. E igualmente desafortunadas son las críticas "al régimen" cuando se pretende, con esa expresión, definir la hegemonía obtenida en las urnas legítimamente por un partido político. Lo único que hace la confusa ecuación

Gobierno-Régimen es alimentar las vías no constitucionales. Contra un gobierno se puede elegir otra mayoría; frente a un régimen solo cabe derrocarlo o alterar el marco constitucional. Y cualquier deslizamiento en esa dirección lo que consigue es, cuando menos, abrir un camino de inestabilidad que termina, con muchas probabilidades, en una nueva dictadura.

Otra vía de riesgo es el canto de sirenas de una suerte de neocarlismo en favor de una Corona de la España "confederal", un camino al que se han aficionado algunos líderes de la política y la opinión.

En favor de esa tesis se encuentran, en parte, algunos partidos nacionalistas y también un mal entendido proceso de construcción europea que pretende diluir las grandes naciones históricas del viejo continente.

La virtualidad de la Corona y de la Constitución se encuentra, precisamente, en que satisface -a la vez- el procedimiento democrático de gobierno y de representación junto a la configuración histórica a la que se referían Cánovas y Edmund Burke.

La existencia de un cuerpo electoral maduro, que cada tres o cuatro años establece una mayoría parlamentaria, reduce afortunadamente aquel "peligro suyo" -de la Corona- del que Cánovas hablaba, y el del ejercicio del poder moderador por parte de aquella. El peor servicio que se podría ofrecer a la alternancia democrática, base del funcionamiento de cualquier sistema de partidos, es la impresión de que la Corona otorga o quita confianzas. Eso sería una magnífica y oportunista excusa para un fin de mandato, cuando lo realmente importante es que sea el cuerpo electoral constituido el que diga si un líder político tiene que retirarse o si un partido ha de estar en el gobierno o en la oposición.

La estabilidad política es el resultado del acierto de una fórmula constitucional que ha permitido el encuentro feliz entre la democracia y la continuidad histórica de España, encarnada en la Corona. La celebración de los veinte años de reinado de Don Juan Carlos I anuncia un futuro de progreso, estabilidad y alternancia política sin traumas, que constituye un servicio impagable para un país cuya memoria colectiva vincula la Corona a largos periodos de libertad y constitucionalismo, frente a otros ensayos en los que España en su conjunto ha salido perdiendo. •


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