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De entrada, concurría al Consejo una nueva generación de líderes, en su mayoría al frente de gobiernos de signo socialdemócrata. Entre ellos, José María Aznar era la excepción más destacable, como gobernante de un partido de centro-derecha. Han pasado ya a la historia de la construcción europea los Kohl, Mitterrand y González que, junto con Delors y Santer como Presidentes de la Comisión, forjaron el mercado interior, determinaron los criterios de la cohesión y pusieron las bases de la moneda única. Los nuevos dirigentes europeos han llegado al poder en un clima económico radicalmente diferente al de los primeros años noventa. El nuevo ciclo expansivo plantea cuestiones nacidas de un entorno mundial que registra mudanzas considerables. Entre ellas figura un amplio consenso en torno a las políticas favorables al libre mercado, que ya ningún político europeo con responsabilidades de gobierno cuestiona.

Por otro lado, las históricas tasas de crecimiento económico que vienen registrando los Estados Unidos al amparo de importantes aumentos de productividad, consecuencia en buena medida del uso de nuevas tecnologías, precisaba una pausada reflexión por parte de la cúpula dirigente europea. En parte, se impone la necesidad de competir en los mercados globalizados frente a los productos norteamericanos pero, y con independencia de ello, también la sociedad europea en su conjunto necesita adoptar una orientación distinta para poder afrontar sus problemas sociales más acuciantes. Me refiero a la creación de empleo y la supresión de la marginalidad que nace de la exclusión social, es decir, una suma de pobreza y desempleo (a las que en algunos casos se asocia también la delincuencia), cuyos costes se han evaluado entre un quinto y un octavo del PIB europeo

Por otra parte, Europa es la región del mundo desarrollado con mayor número de parados y en donde menos puestos de trabajo se han creado en los últimos 25 años (18,7 millones frente a los 50,9 de Estados Unidos, en el periodo 1970-1997). Sin embargo, lo cierto es que el «modelo renano» de economía, que ha servido de referencia en nuestro continente, se ha caracterizado por una serie de leyes, prácticas administrativas, instituciones, e incluso costumbres y valores que han calado hondamente en la ciudadanía europea. Seguramente, un proyecto político ajustado a estas realidades debe tratar de corregir los obvios excesos y disfunciones del «Estado del bienestar» mediante la introducción de medidas liberalizadoras que lo modernicen. A esto parece ser que se refirió en Lisboa el Consejo Europeo al hablar de «modernización del modelo social» o de «Estado del bienestar activo». Estos eran, en definitiva, los parámetros que enmarcaban los trabajos de la Cumbre de Lisboa.

Con carácter previo, la Comisión europea había definido sus objetivos estratégicos para el periodo 2000-2005. En ellos se reflejaban dos preocupaciones esenciales: cómo mejorar las formas de gobierno europeo al tiempo que se incremente la competitividad de la economía de la Unión y se cree empleo, sin olvidar la necesaria respuesta europea a las cuestiones derivadas de la globalización y del nuevo clima geopolítico. Además, la Comisión había elaborado un documento de trabajo que se planteaba como objetivo sostener una sana política macroeconómica.

A su vez, esta finalidad y los nuevos retos deberían encontrar respuesta en torno a dos ejes fundamentales. De un lado, la prosecución de las reformas económicas encaminadas a la «nueva economía». De otro, la adopción de medidas para consolidar el modelo social europeo y fomentar la inversión en capital humano. Como suele ocurrir en los documentos programáticos de la Comisión, subyace en ellos el intento de síntesis entre planteamientos liberales y socialdemócratas, que son, a la postre, las dos grandes filosofías políticas predominantes en el panorama europeo.

En lo tocante a la reforma de las estructuras económicas, la Comisión lanzaba la iniciativa «e-Europa», destinada a crear una «sociedad de la información» para ciudadanos y empresas. Además, se esbozaba una porción de medidas, tales como la adopción de directivas para perfeccionar el mercado interno antes del año 2004, la plena integración de los mercados financieros antes del 2005, el estudio de los instrumentos financieros de la Comunidad con vistas a asegurar su compatibilidad con las prioridades políticas que se establecen en ellos, la creación de un «espacio de integración» antes del 2002, o la llamada «Promoción de Empresa Europa», sistema de evaluación dirigido a crear las condiciones que permitan fomentar la iniciativa privada en la Unión.

Este conjunto de programas de alcance económico se complementa con una serie de prioridades dirigidas a asegurar y modernizar -ambas finalidades deben concebirse hoy como interdependientes- los sistemas de protección social y a aumentar la inversión en educación y formación para una «economía del conocimiento». De este objetivo destaca la aspiración a dotar a todas las escuelas europeas de una conexión a Internet antes de finales de 2001, y promover la formación a lo largo de toda la vida profesional.

Con motivo de la Cumbre, el Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, declaraba que era preciso adoptar en Lisboa «objetivos y plazos concretos para liberalizar los sistemas productivos y poner en marcha la economía del futuro, basada en el conocimiento y la comunicación, con la finalidad de avanzar hacia el pleno empleo». En una carta conjunta, los dos primeros ministros español y británico urgían a sus colegas a diseñar una reforma económica y laboral a través de un pacto que contemplase «resultados prácticos y concretos», alcanzados mediante un calendario que estableciese fechas límite para completar las reformas económicas.

La carta Aznar-Blair venía a apoyar las propuestas de la Comisión, respaldadas a su vez por la Presidencia portuguesa, y orientadas a conseguir una liberalización de los mercados de la electricidad, los hidrocarburos y la aviación (propuesta ésta que se encontró con objeciones por parte de Francia) y a fomentar el uso de la informatización en las escuelas y en la Administración pública (Administración on line). Esto último reposa en el fomento de Internet. Para lograrlo, se pretende un abaratamiento de las tarifas de las operadoras locales de la red y la instauración de un nuevo marco regulador del comercio electrónico. Se trataría de que Europa adoptase las fórmulas de éxito en las que se ha basado el exponencial crecimiento de la economía norteamericana, es decir, aumentos de productividad basados en una mayor competencia, en la liberalización de los sectores productivos y en el uso intensivo de las nuevas tecnologías.

Esta expresión de nuevo cuño, la «economía del conocimiento», pretende representar un nuevo concepto: el de un entramado económico que refuerce las ventajas comparativas europeas en un mercado global, principalmente la riqueza que supone contar con una población altamente educada en su conjunto, que precisa, no obstante, adaptarse a puestos de trabajo que requieren el uso intensivo de la informática y de otras tecnologías de vanguardia, porque, entre otras razones, es precisamente en estos sectores donde existe una mayor demanda de mano de obra. Entre las propuestas más ambiciosas que figuran entre las aprobadas por los Quince dentro de este rubro, cabe señalar también la puesta en funcionamiento de una red transeuropea para las comunicaciones científicas electrónicas, que conectaría centros de investigación con universidades y bibliotecas, así como la identificación de una lista de centros europeos «de excelencia» en investigación y desarrollo. Esta lista de medidas se completa con la creación de un sistema europeo de patentes único, barato y fácil de obtener. Un espacio europeo unificado de investigación vendría a reforzar este programa de innovaciones.

Con todo lo anterior, el Consejo Europeo pretende alcanzar un objetivo ambicioso: conseguir que, para el año 2010, la tasa de paro haya descendido del 10%, en que se sitúa la media europea, hasta el 4%, al mismo tiempo que se aumenta la tasa de actividad del actual 60% al 70%. Ello supondría crear veinte millones de empleos nuevos.

Para controlar el desarrollo de las resoluciones adoptadas en Lisboa, el Consejo Europeo acordó celebrar cada primavera una Cumbre extraordinaria dedicada al análisis y seguimiento de temas económicos. En definitiva, se trataría de reforzar las bases económicas del espacio económico integrado, innovador y competitivo que el continente europeo precisa para llegar a tener una entidad propia.

Es cierto que, en el programa de Lisboa, sólo se habla de «coordinación» de las medidas nacionales, porque los políticos europeos no están en posición de renunciar a las soberanías nacionales en materia económica y laboral. Además, algunos de los proyectos enunciados chocan con promesas electorales en algunas de las grandes potencias comunitarias, como Francia, Italia o Alemania. Cabe, por tanto, hablar de objetivos europeos que habrán de perseguirse fundamentalmente con medios nacionales, que no pasará de lo que el eufemístico lenguaje comunitario llama ahora «una coordinación abierta». De otro lado, el eje franco-alemán, tradicional motor de los cambios en la historia de las Comunidades, ha sido sustituido por una alianza informal de líderes de países periféricos: Aznar, Blair, D’Alema y Guterres llevaron la voz cantante a la hora de proponer innovaciones en el seno de la Unión, frente a un tándem franco-alemán claramente renuente a algunas de las propuestas liberalizadoras.

¿Podríamos hablar de un nuevo «funcionalismo» en la construcción europea? Una vez eliminadas las trabas a la libre circulación de medios de producción, de mercancías y de servicios, habiéndose dotado de normativas jurídicas sectoriales obligatorias para todos los países socios, y tras la adopción del Euro como moneda común, se precisa llevar a cabo reformas que afecten a las mismas estructuras económicas y sociales europeas que conocemos, si Europa quiere mantener la viabilidad de un capitalismo con perfiles propios. Para ello será imprescindible unificar todo el territorio de la Unión en un espacio económico integrado, así como dotarse de las instituciones y de los recursos que permitan afrontar adecuadamente el milenio en el que entramos.


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Alfonso López Perona (Madrid, 1956) es licenciado en Derecho e ingresó en 1984 en la Carrera Diplomática. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Zaire, Perú, Estados Unidos, India, Portugal, Argelia y Guinea Bissau. Ha sido subdirector general de Programas de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional; jefe del Gabinete Técnico del presidente del Tribunal Constitucional, y subdirector general de América del Norte.