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Pero, además, la emergencia de dos nuevas potencias nucleares representa una gravísima amenaza a todo el régimen de no proliferación nuclear que las Naciones Unidas han ido construyendo pacientemente en estos últimos años, y puede significar el comienzo de una carrera hacia el armamento nuclear por parte de países inestables, que pueden amenazar la paz internacional.

La explosión de cinco ingenios nucleares por la India a los pocos meses de la llegada al poder del partido Braratiya Janata Party (BJP) supone una quiebra de la tradicional doctrina pacifista que la nación india heredó de su padre fundador, el Mahatma Ghandi. Sin embargo, difícilmente pueden decir los observadores de la política de ese gran país que el ejercicio de la denominada «opción nuclear» por parte del nuevo gobierno nacionalista haya supuesto una sorpresa total. En muchas declaraciones públicas del BJP en materia de defensa se anunciaba ya su intención de convertir a la India en una potencia nuclear, algo que el BJP considera imprescindible para la defensa nacional. La diplomacia india había adoptado una postura contraria a la firma de los dos principales instrumentos jurídicos para el control del armamento nuclear, el denominado Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y el Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), abierto a la firma de los Estados en 1996, tras laboriosas negociaciones en Ginebra. Para los indios, estos dos tratados internacionales establecen un apartheid nuclear que divide al mundo entre los poseedores del arma atómica (los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) y el resto de los países. La India había declarado su intención de firmar ambos tratados, a condición de que las cinco potencias nucleares se comprometieran públicamente a eliminar totalmente sus arsenales nucleares en un plazo de tiempo fijado.

No obstante, para comprender las razones que han llevado a los nacionalistas indios a dar este paso decisivo, es preciso tomar en consideración razones tanto de política exterior como de política interna. Entre estas últimas, es preciso señalar que el BJP preside una inestable coalición de partidos nacionales y regionales que precisa consolidar en las elecciones parciales de este mes, en las que están en discusión 48 escaños de la cámara baja del parlamento indio. El recurso al nacionalismo primario del electorado puede ser un recurso eficaz, a falta de otras promesas y realizaciones en el campo social y económico, que las finanzas públicas no permiten.

Por otra parte, subyace en la mentalidad del Gobierno indio el deseo de ver reconocido a su país en la misma categoría que China, miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo que constituye un objetivo prioritario de la política exterior de la India. Una posible reforma de la ONU y del mismo Consejo de Seguridad ofrecería la oportunidad que los indios buscan. Finalmente, aunque el pretexto oficial para los ensayos nucleares haya sido buscar la paridad estratégica con China -que ganó a la India una guerra convencional en 1962-, no puede descartarse ni el motivo de prestigio señalado más arriba, ni la voluntad de mantener una cierta supremacía militar en el subcontinente frente al rival tradicional, Pakistán, al que sin embargo la India ya derrotó en tres conflictos desde 1947, fecha de proclamación de la independencia de ambos países.

La repuesta pakistaní, derivada de la necesidad de equilibrar todo avance estratégico indio, se produjo apenas una semana después, cuando el 28 de mayo estallaban cinco artefactos nucleares en la zona desértica de Chagai (Baluchistán). Sin duda, la presión ejercida por la opinión pública pakistaní, y muy en especial por el poderoso estamento militar, resultó imposible de contener para el primer Ministro Nawaz Charif, temeroso de un suicidio electoral, en caso de no replicar inmediatamente a los ensayos indios con otros equivalentes, utilizando para ello el material y la tecnología facilitados por China. Se ha creado así una situación delicada, en la que ninguna de las partes parece tener la intención de recurrir al arma nuclear, pero que puede degenerar en una escalada armamentística, de agravarse el enfrentamiento que ambos países mantienen por Cachemira.

Esta región, de población mayoritariamente musulmana, accedió a la Unión India al producirse la separación de la antigua colonia británica en dos dominios, India y Pakistán, por decisión de su Maharaja, de religión hindú. Aunque la fusión con la India se produjo bajo ciertas condiciones que intentaban preservar un grado de autonomía para este reino, lo cierto es que ni Nehru ni sus sucesores al frente del Ejecutivo indio respetaron jamás este compromiso. Cachemira fue ocupada militarmente, y se generó una situación de tensión con la población que, convenientemente atizada por Pakistán, ha degenerado en una rebelión interna. Los asesinatos cometidos por los insurgentes, las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad indias y el empobrecimiento general de Cachemira complican una posible solución, quizá más difícil de alcanzar bajo un gobierno de BJP que pretende dar al antiguo reino el mismo tratamiento político que a cualquier otro Estado de la federación india.

La reacción internacional ante ambos ensayos ha sido unánime y claramente condenatoria. La Unión Europea, mediante sendas declaraciones, ha exhortado a ambos países a firmar las dos convenciones internacionales sobre no proliferación nuclear y a no instalar armas atómicas en obuses o misiles, así como a buscar un arreglo pacífico a sus diferencias. Por otro lado, el «Grupo de los ocho», sanedrín de las grandes potencias, lanzó por boca de sus ministros de Asuntos Exteriores, reunidos en Ginebra, un firme mensaje (que no llegó a ser condenatorio por la renuncia rusa a condenar a su tradicional cliente, la India de cautela), doblegado con otro de rechazo explícito, formulado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a la admisión -y por ende, de Pakistán- en su restringido club.

Así las cosas, no parece probable que las sanciones económicas decretadas por Estados Unidos contra la India y Pakistán, que implicarán también la denegación de préstamos a ambos países por parte del Banco Mundial, del FMI, y de otras agencias financieras internacionales, vaya a disuadir a uno u otro país de abandonar el curso emprendido. Efectivamente, corre ahora en Nueva Delhi un juego de palabras que, en castellano muy forzado, podría traducirse como «lo que ha sido testado (tested) puede ser destacado, pero no des-testado (de-tested)». En otras palabras, la Humanidad tiene que acostumbrarse a contar irreversiblemente con dos potencias nucleares más, cuya población conjunta representa un quinto de la total del planeta.

Muy probablemente, la India buscará un acomodo con Occidente y, de hecho, su Primer Ministro, Athal Vejan Bajpajee, ha ofrecido firmar el CTBT y el NPT a cambio de ver reconocido el estatuto de potencia nuclear para la India. Por su parte, Pakistán puede alegar que sus acciones han sido meramente defensivas y una respuesta a la iniciativa india, pero lo cierto es que venía recibiendo desde hace años ayuda de China para desarrollar sus propios programas nucleares y armamentísticos. Cuenta, pues, con la primera «bomba nuclear islámica», lo que sin duda empleará como baza para realzar su posición dentro de los países musulmanes. La debilidad de la economía pakistaní, unida a la corrupción de su administración, la fragilidad de su sistema político y un posible contagio del fundamentalismo islámico convierten a este país en un actor internacional poco estable y de reacciones impredecibles en un futuro.

En cualquier caso, la estrategia occidental para desarrollar un régimen de no proliferación nuclear de cobertura universal ha sufrido un gravísimo golpe, y tampoco cabe descartar que otros Estados (Corea del Norte, Irán y el mismo Israel) sigan el ejemplo de los dos países indostanos y se declaren abiertamente potencias atómicas. Sin duda alguna, un mundo en el que la proliferación sea un hecho tendrá un equilibrio mucho más precario y presentará nuevos problemas, que no siempre serán fáciles de afrontar.

Alfonso López Perona (Madrid, 1956) es licenciado en Derecho e ingresó en 1984 en la Carrera Diplomática. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Zaire, Perú, Estados Unidos, India, Portugal, Argelia y Guinea Bissau. Ha sido subdirector general de Programas de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional; jefe del Gabinete Técnico del presidente del Tribunal Constitucional, y subdirector general de América del Norte.