El camino de la servidumbre1 se refería al emprendido por las economías planificadas, según la voz de alarma que daba Hayek en Londres en 1944. En ese libro señalaba los peligros a los que se enfrentarían los países que, siguiendo la estela alemana, italiana y rusa, continuasen impulsando políticas de centralización económica. El resultado sería la aniquilación de la libertad individual y, en suma, la victoria del totalitarismo con el que precisamente se estaba en guerra en ese momento. Porque el centralismo planificador, tras abolir la propiedad privada, pone en manos de autoridades funcionariales el desarrollo del país; y el que la autoridad sea una y se ejerza sobre todos los ciudadanos en todos los aspectos de su vida, impide, según el vaticinio de Hayek, precisamente ese desarrollo.
Ahora bien, hay en la actualidad países cuya falta de desarrollo no se puede atribuir a la planificación estatal. En Iberoamérica, como en otras regiones del mundo, el Estado brilla más por su ausencia que por el control ejercido sobre la vida de sus ciudadanos. Un reciente estudio sobre Estados fallidos2 indicaba que, junto a Haití, la República Dominicana y Venezuela, Colombia se encuentra entre los Estados iberoamericanos con más indicios de haber fracasado. La deslegitimación del Estado, los desplazamientos, las presiones demográficas y los desequilibrios en su desarrollo son los factores que sitúan a Colombia en el puesto número 14 del mundo de Estados fallidos, entre Corea del Norte y Zimbabwe.
COLOMBIA, ¿ESTADO FALLIDO?
El abandono de las funciones del Estado colombiano no ha sido sólo territorial, impuesto por las acciones terroristas de las FARC, los paramilitares de la AUC o los narcotraficantes. También lo ha sido administrativo y legal. Siguiendo la terminología de Hernando de Soto3, la arquitectura legal en Colombia que permite aplicar los beneficios de la propiedad privada para la generación de capital está reservada a los pocos que se encuentran dentro de la «campana de cristal» (bell-jar) que marca los límites de la economía formal.
Los que se hallan fuera del sistema están abocados a una economía informal en la que el Estado no garantiza la seguridad jurídica que requieren los títulos de propiedad para ser movilizados y convertirse en capital productivo. Al mismo tiempo, quien, al estar en la economía sumergida, no contribuya a los ingresos del Estado, por lo general, tampoco será receptor prioritario de sus servicios básicos y se tendrá que poner al final de la cola para recibirlos.
El origen de las enormes desigualdades que marcan las economías iberoamericanas está en esta disfunción estatal. Una disfunción que no es la de planificación de la actividad económica, sino la de la falta de un Estado de derecho que abarque a todos los miembros de una misma comunidad. Si en el primer caso se utiliza la ley para primar los intereses de ciertos grupos privilegiados, en el segundo los privilegios derivan del hecho que la ley sólo se aplica, en términos prácticos, a los estratos más altos de la sociedad. El problema aquí no es, como denunciaba Hayek, el ámbito (scope) de aplicación de la ley, sino su aplicación práctica. La previsibilidad de los efectos de la ley planificadora (que también denunciaba Hayek por cuanto negaba el libre albedrío de los individuos para provocar efectos no previstos) se aplica de igual forma a los casos de ausencia de ley formal, causando pobreza, frustración y falta de libertad.
En este contexto, el problema de la corrupción adquiere una nueva dimensión. De la misma manera que, como escribió Hayek, la planificación socialista lleva inexorablemente al totalitarismo, la exclusión de una parte de la sociedad del ámbito de aplicación de la ley lleva a la corrupción generalizada. Cuando la política no es nacional, cuando los intereses que se defienden no son generales, las bases están echadas no sólo para que la corrupción exista, sino para que se convierta en un obstáculo insalvable para el desarrollo. En este caso, los frutos del desarrollo nunca son verdaderamente repartidos, contrariamente a lo que ocurrió en Asia donde, pese a altos grados de corrupción, sí que hubo voluntad de sacar a las poblaciones de la pobreza.
Los datos económicos de desigualdad en Colombia son contundentes. Casi dos de cada tres colombianos son pobres según la clasificación del Banco Mundial, es decir, viven con ingresos de menos de dos dólares al día. Sin embargo, el PIB per cápita diario es de alrededor de 5 dólares. Esto se debe a que el 20% más rico de la población controla más del 60% de la riqueza del país. Este es precisamente el 20% de la población colombiana que sí disfruta de los beneficios derivados de la aplicación de un Estado de derecho.
Ahora bien, más allá de los derechos de propiedad privada, la función que se le exige a un Estado es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Y, por desgracia, la incapacidad del Estado colombiano en este sentido ha sido aún más flagrante4. En los cuarenta años que dura el conflicto han muerto más de 100.000 colombianos. En la actualidad, hay entre dos y tres millones de desplazados internos en Colombia (y, evidentemente, ni el Estado de derecho ni prácticamente la propiedad privada se respetan en los campos de refugiados).
TENDENCIA POSITIVA
Sin embargo, la tendencia en Colombia es claramente positiva, contrariamente a la gran mayoría de los demás Estados fallidos del mundo. La llegada de Álvaro Uribe a la presidencia colombiana en 2002 produjo un cambio radical en la situación del país a través de su política de «seguridad democrática». Valgan algunos ejemplos: entre 2003 y 2004 los homicidios cayeron un 15% (alcanzando la tasa más baja desde 1985); las masacres, un 52%; los secuestros, un 35%; y los desplazamientos forzados, un 37%).
La estrategia del presidente Uribe ha consistido en extender la presencia del Estado en las zonas usurpadas por guerrillas y paramilitares. Así, a finales de 2003 se consiguió tener una presencia policial en los 158 municipios que no la tenían en el momento en que Uribe tomó posesión de su cargo, en agosto de 2002.
La acción militar (enmarcada en el Plan Patriota) ha sido particularmente difícil, dada la falta de efectivos que caracteriza a las Fuerzas Armadas colombianas. Un país con una población similar a la española, un territorio que dobla el español y unos problemas de seguridad derivados de los alrededor de 20.000 guerrilleros de la FARC (más los decrecientes 10.000 del ELN) y un número similar de los paramilitares de las AUC (de los que se ha desmovilizado a más de 5.000), dispone de poco más de 160.000 efectivos militares (España tiene cerca de 130.000). Los gastos en defensa han aumentado del 2% al 5% del PIB, pero con una economía (formal) que representa sólo una décima parte de la española, las cifras absolutas son pequeñas. Se calcula en unos 18.000 millones de dólares lo gastado en Defensa hasta ahora por Uribe, a lo que se suma la parte proporcional de los 3.500 millones de dólares aportados por Estados Unidos a través de su Plan Colombia desde el año 2000.
Pese a la modestia de estos medios (particularmente en relación a las fuerzas a las que se enfrenta), los resultados han sido espectaculares. Frente a un Gobierno que por fin conseguía que el Estado proporcionase el bien público que más justifica su existencia -la seguridad-, los sondeos de opinión han dado dos vuelcos. Por un lado, la media en la cota de popularidad del presidente desde 2002 ha sido de alrededor del 70%; y, por el otro, las encuestas sobre las mayores preocupaciones de los colombianos han comenzado a estar dominadas por problemas más comunes a los Estados no fallidos como, por ejemplo, el desempleo5.
REELECCIÓN
El proyecto de reforma constitucional que permita al presidente en ejercicio presentarse para su reelección debe ser analizado en este contexto. La reforma -aprobada en diciembre de 2004, pero pendiente aún de un dictamen de constitucionalidad que la Corte Constitucional deberá emitir antes de final de año- es un hito en la política iberoamericana por una principal razón: crea un precedente por el que un dirigente político es considerado un activo nacional y no un mal necesario a sufrir hasta que sea reemplazado por el siguiente.
Las reformas constitucionales que han hecho tantos países de la región -en Colombia en 1991; en Centroamérica tras los acuerdos de paz que terminaron con sus conflictos civiles- para limitar a uno los mandatos de sus presidentes son ciertamente sorprendentes. Muy poca confianza se debe tener en las capacidades e intenciones de los políticos de estos países si se les obliga constitucionalmente a irse tras cuatro o cinco años de gobierno. Pero, no siendo esta afirmación ninguna novedad, lo realmente significativo es que, por fin, la población de un país iberoamericano demuestra que realmente quiere que les continúe gobernando un dirigente, incluso si supone cambiar la Constitución.
Todavía no es seguro que Uribe pueda presentarse a las elecciones de mayo de 2006 (que serán precedidas por unos comicios legislativos en marzo). Dependerá de la decisión de la Corte Constitucional. Y, aunque se presente, nada asegura que las vaya a ganar; una ofensiva de las FARC en las semanas o meses previos podría dar al traste con el sentimiento de seguridad que su presidencia ha traído al país. Pero lo indudable es que la nación colombiana ha mostrado, seguramente por primera vez en mucho tiempo, estar unida detrás de una causa política.
UN NUEVO PATRIOTISMO
La razón principal de que las naciones iberoamericanas (en caso de existir realmente, lo cual es discutible para muchos países) hayan estado tan fragmentadas es que sus gobiernos no han gobernado con un sentido de interés general. Si la acción de gobierno no tiende a unificar a sus ciudadanos; si no busca la mejora de las condiciones de vida de todos; si no aspira a integrar a todos dentro de un mismo marco de convivencia legal (idóneamente, el Estado de derecho), el pueblo se divide y el consenso es prácticamente imposible de alcanzar.
La reacción de los colombianos ante la posibilidad de que Uribe continúe en su cargo es prueba de ello, sensu contrario. Uribe sí que ha aspirado a desarrollar una política -en particular, de seguridad- de la que se puedan beneficiar todos: tanto los ricos a los que ya no se secuestrará, como los pobres a los que ya no se masacrará, ni desplazará. El verdadero patriotismo se demuestra unificando a la nación; el populismo teñido de los colores de la bandera nacional proclama la unidad pero en realidad divide al unir a unos mediante el conflicto con otros.
La transitoriedad del poder es una de las fundaciones del ideario liberal. El poder político no es intrínseco al hombre, sino al cargo que ocupa. Por ello, la persona ejerce poder mientras ocupa el cargo y lo pierde al dejarlo. El poder personal es característico de los sistemas autoritarios en los que el monopolio de poder de uno se consigue a través de la reducción de las libertades de todos los demás.
Los esfuerzos, por lo tanto, de Álvaro Uribe por continuar en el poder podrían ser considerados como una amenaza para las libertades de Colombia. Sin embargo, como ha intentado defender este artículo, mientras Uribe gobierne teniendo el bien general como objetivo, la posibilidad de que se vuelva a presentar estará justificada.
GARANTIZAR LA LIBERTAD
Ahora bien, hay un dato inquietante que nos trae de vuelta a las consideraciones expresadas en el comienzo de este artículo. Existen indicios de que, pese a que el agregado de las cifras de seguridad ha mejorado espectacularmente, dichas mejoras se han centrado en las ciudades de Bogotá y Medellín. De ser ciertos, estaríamos enfrentados al mismo problema de «campana de cristal» que sufren los colombianos abocados a la economía informal, disfrutando unos más que otros de los servicios del Estado. La desigualdad económica se vería multiplicada de esta manera por una de seguridad personal.
Por ello, una verdadera política de interés general deberá, en un hipotético segundo mandato de Uribe, atacar los muy graves problemas de desigualdad en el país en todos los aspectos. Desigualdades que son de renta, pero que, en el fondo, como nos recuerda Amartya Sen en Development and Freedom6, son de libertad. Los colombianos más desfavorecidos no tienen ni la seguridad, ni la cobertura jurídica, ni la salud, ni la educación para desarrollar todas las capacidades y aprovechar todas las oportunidades que una verdadera libertad les proporcionaría. Aumentando sus capacidades, Uribe aumentará su libertad. Y aumentando su libertad, aumentará sus capacidades y desarrollo.
NOTAS
1 F. A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press (50 Anniversary Edition), 1994.
2 Foreign Policy the Fund for Peace, The Failed State Index, julio/agosto 2005.
3 Hernando de Soto, The Mystery of Capital, Basic Books, 2000.
4 Dejo en el aire la cuestión de si su incapacidad en el primer sentido ha podido influir en su fracaso en el segundo, dadas las distorsiones que provoca el fenómeno del narcotráfico, aunque es indudable que la ilegalidad fomenta la ilegalidad.
5 Un dato muy revelador de los sondeos del Latinobarómetro es que la mayor preocupación de los iberoamericanos es, con veinte puntos de diferencia, el desempleo. No la educación, ni la sanidad ni ninguno de los otros servicios a los que, en tan gran proporción, son más apoyados por la cooperación occidental al desarrollo. Por supuesto, la ayuda se debe centrar en las necesidades de los más pobres, pero da que pensar el hecho de que lo que más quieren los iberoamericanos es lo mismo que los españoles y tantos otros: un empleo, una fuente de ingresos que les permita decidir por su cuenta en qué se gasten el dinero.
6 Amarcya Sen, Development as Freedom, Anchor Books, Nueva York, 2000.
