El servicio público de la enseñanza superior está regulado en cada país de una manera específica y puede prestarse por un gran número de instituciones, aunque predominen en España las denominadas como universidades públicas. Este término hace referencia a la regulación actual en España de las instituciones de enseñanza superior de titularidad pública, cuyo origen fue sustituir a las instituciones de la Iglesia, que desde hace ochocientos años tenían como misión aglutinar, conservar y transmitir los principales saberes presentes en nuestra cultura desde esos tiempos pretéritos.
La primera pregunta que podemos plantearnos es si aglutinar, conservar, transmitir y crear o desarrollar los diferentes saberes: teóricos o prácticos, artísticos o profesionales, filosóficos o científicos debe de ser la misión de un solo tipo de instituciones monolíticas fuertemente reguladas, o de muchas instituciones, con diferentes niveles de regulación, y con una variedad de características que las haga suficientemente diferentes entre sí.
Es evidente que existen similitudes y diferencias en la concreción y regulación de los sistemas universitarios de los principales países desarrollados. En todos ellos las instituciones denominadas universidades tienen un papel predominante, para arrogarse un cierto monopolio de la transmisión y certificación de los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para ejercer la mayoría de las profesiones relevantes en nuestras sociedades desarrolladas.
Así, la enseñanza superior está concebida como un sistema ordenado de selección, para facilitar el acceso a las principales profesiones requeridas por nuestro sistema económico y social solamente a una parte elegida de la población.
Este sistema ordenado de selección es el que debe de estar regulado para garantizar el acceso a cada profesión, en igualdad de oportunidades, a los ciudadanos, jóvenes o adultos, que deseen esforzarse y conseguir los méritos suficientes para situarse en la parte alta del reconocimiento social en la profesión elegida.
Además, nuestro sistema económico y social necesita que una parte de la juventud se forme con mayor intensidad que el resto y durante más años, tres, cuatro o muchos más, en unos saberes profesionales «superiores» que requieren una constancia y unas capacidades intelectuales disponibles solo para algunas personas. Estas personas son principalmente elegidas por unos sistemas de «enseñanzas medias» parcialmente selectivos para ir descartando a los menos capaces.
La enseñanza superior es, por lo tanto, un sistema de conservación y desarrollo del saber basado en la capacidad y el mérito de quienes acceden al mismo a través de las universidades públicas o de las universidades privadas.
Pero las diferencias semánticas son importantes, porque los nombres son formas convencionales para designar una realidad. Desde su origen, las universidades que no forman parte de la red pública de instituciones universitarias son conocidas en España bajo el calificativo de «privadas». El término cumple su función. Así, cuando nos referimos a las universidades «privadas», todos entendemos que estamos hablando de la titularidad de estas instituciones. En nuestro sistema universitario europeo dominan las universidades de titularidad pública; por lo que el resto de universidades, al no ser públicas, reciben la denominación genérica de «privadas».
El problema reside en que por privado podemos entender aquello que tiene su origen en un interés de parte, frente a lo que promueve el interés general. Se emplea también este término para designar los lugares de acceso restringido, frente a aquellos que son de libre circulación.
El uso del calificativo «privado» remite incluso a bienes cuya posesión y disfrute se deriva de derechos exclusivos, están a disposición de algunos pero no de todos.
Para quienes comprendan el término privado bajo estas acepciones, la noción de universidad «privada» puede llegar a ser una contradicción en sí misma, una especie de oxímoron. Nada más contrario al concepto de universidad, entendida como lugar abierto, como un espacio libre para la generación y transmisión de conocimiento (un bien que, por su propia naturaleza, nunca es exclusivo), o como una institución que solo cobra sentido cuando surge de la sociedad y sirve a la sociedad.
Como los lectores de este artículo no se dejan engañar por los señuelos terminológicos, dejemos de lado la discusión acerca del nombre que podríamos dar a las conocidas como universidades «privadas»: ¿Universidades de iniciativa social, universidades a secas? La cuestión es mucho más práctica y acuciante: ¿Qué valor aportan las diferentes instituciones de educación superior que existen en España al reto de situar a nuestro país, en términos de conocimiento, en el nivel al que podemos aspirar?
Los datos oficiales cuantitativos sobre universidades, campus y centros en España se presentan a continuación porque «el sistema universitario español (SUE) lo conforma, en el curso 2013-2014, un total de 82 universidades (impartiendo docencia 80), distribuidas en 236 campus las presenciales y 112 sedes las no presenciales y especiales» (Datos básicos del sistema universitario español, curso 2013-2014).
«De las 82 universidades, 50 son de titularidad pública y 32 privada. El número de universidades privadas está proliferando en los últimos años, en concreto, desde el año 2001 se han creado catorce universidades privadas, es decir, prácticamente una universidad por año».
«De las nuevas universidades creadas desde 2001, cuatro son universidades privadas no presenciales, de manera que en el curso 2013-2014 imparten docencia oficial seis universidades no presenciales».
Valga esta presentación numérica para ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad de regulación de un único servicio público de enseñanza superior y sobre las características de las instituciones públicas o privadas que sean las protagonistas del sistema de enseñanza superior.
A todos nos parece obvia la necesidad de competir con otros países, con otras empresas o con otras instituciones en el mundo complejo, interdependiente y desarrollado que nos ha tocado vivir. Competir significa esforzarse y diferenciarse para hacerlo mejor que los demás, para hacerlo mejor que nuestros competidores.
Competir significa también asignar mejor los recursos disponibles, hacerlo con mayor eficiencia y obtener mejores resultados que nuestros competidores. Competir significa saber hacer nuestro trabajo y ejercer nuestra profesión con un grado de perfección que es observado y «medido» por los demás de manera inmediata.
En definitiva, competir es mejorar, entre todos, nuestro sistema económico y social a través de la generación del esfuerzo y de la intensidad en el trabajo que nos hace compararnos con los resultados que están obteniendo quienes realizan actividades comparables con las nuestras.
La prestación del servicio de enseñanza superior necesita garantizar, al mismo tiempo, la igualdad de oportunidades entre los candidatos de un sistema de acceso y la competencia o competitividad, es decir, la capacidad de competir entre las instituciones y las personas que son protagonistas de dicho sistema.
En este contexto de competir para mejorar, con igualdad de oportunidades, es donde el servicio público de la enseñanza superior necesita ser prestado por una variedad de instituciones, públicas o privadas, que se adapten con buenos resultados a los desafíos del progreso y de la estabilidad de la sociedad española actual.
Los datos de los cuadros anteriores y el análisis pormenorizado de los grandes temas planteados en esta revista, el sistema universitario, la selección de profesorado, los sistemas de gobierno, los títulos, la investigación, los estudiantes, la financiación, las nuevas tecnologías, la acreditación y la validación del sistema, la internacionalización, la voz de la administración y el Espacio Iberoamericano de Educación Superior pueden mostrar la gran aportación de las «universidades privadas» a nuestro sistema de enseñanza superior, a pesar de su juventud y de únicamente admitir a una media del 15% de las personas que acceden al sistema español de enseñanza superior en grado y una media del 30% en posgrado (máster).
Las universidades de iniciativa social o «privadas» (junto con el resto del sistema de educación superior) están llamadas a aportar un valor decisivo en el proyecto compartido de consolidar y mejorar la posición de España en el concierto internacional, a través de la formación y el conocimiento.
Vamos a resaltar cuatro fortalezas de las universidades «privadas» o de la Iglesia católica para prestar a la sociedad española un servicio público de educación superior en los mejores términos de excelencia y de calidad.
· Las universidades «privadas» no reciben ayudas del sector público para la docencia y son capaces de establecer sus propias fuentes de financiación (matrículas, ayudas empresariales, prestación de servicios, convocatorias competitivas y donaciones). Por lo tanto no consumen recursos públicos cuando prestan el servicio público de calidad a la sociedad.
· Las universidades «privadas» tienen una buena capacidad de gobierno y de gestión interna para establecer sus estrategias, definir objetivos y ofrecer resultados. Compiten entre sí y con el resto de las universidades de manera leal y eficiente. En consecuencia, las universidades «privadas» han generado una auténtica capacidad competitiva en el mercado nacional de alumnos universitarios, como demuestra el hecho de que han aumentado su cuota de mercado en España en un 0,5% anual, durante los últimos diez años y siguen haciéndolo en la actualidad.
· Las universidades «privadas» y de la Iglesia católica pueden protagonizar un auténtico proceso de diferenciación entre las instituciones universitarias, que es absolutamente necesario en esta «era del conocimiento» por la fuerte competencia que se establece entre los diferentes países.
· Si estas características reflejan la realidad del conjunto de las universidades de iniciativa social o «privadas», se podría afirmar que su papel va a ser determinante en la evolución del sistema universitario español.
Dicho con otras palabras, el concepto de universidad incluye retos de tal envergadura, que hasta cierto punto los calificativos con los que lo clasifiquemos tienen una relevancia menor. El objetivo es aproximarse al ideal de lo universitario. Quien mejor lo consiga, más merecedor se hace de ese título. Es obvio que las universidades públicas y «privadas» tienen rasgos específicos y diferenciales, pero lo deseable —a mi juicio— sería que, ante la sociedad, lo más significativo fuera el grado de calidad o de excelencia que cada una de ellas alcance, más que la titularidad de las diferentes instituciones de educación superior.
Es la hora de abandonar disputas estériles acerca de si la aportación a la sociedad es mayor desde las instituciones públicas o desde las instituciones de iniciativa de los ciudadanos. No tiene sentido establecer vínculos exclusivos entre conceptos como la calidad o el servicio, por una parte, y la titularidad pública o privada, por otra. En estas páginas no se pretende reivindicar el papel de la sociedad civil en el ámbito de la educación superior, frente al que juegan las instituciones públicas. La propuesta, encendida y convencida, es a favor de la mejora de la Universidad, con mayúsculas. De lo que hagamos todos los que intervenimos en la promoción y desarrollo de las universidades depende nuestro futuro, y este es el gran desafío de la actividad de las universidades públicas y «privadas» o de iniciativa social en España, porque prestan un único servicio público.
